Márquez Gutiérrez reta a Mayorga a demostrar sus cuentas y dichos sobre el trasvase de El Zapotillo y asegura que Chapala no será beneficiado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los decretos de distribución de 1995 y 1997 que entregan a León, Guanajuato, 24 por ciento del agua "libre" del río Verde, no solamente corresponden a caudales que ya no existen en la cuenca dos décadas después, sino que entrañan la violación de derechos económicos y sociales de los habitantes de Los Altos, que fueron excluidos del reparto pese a la presunta excedencia, advierte el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.
En respuesta a las consideraciones del presidente del capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Francisco Mayorga Castañeda, el también fundador de la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) retó al ex secretario de agricultura de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, a demostrar "con documentos científicos" sus asertos sobre la presunta excedencia de agua en la región, sobre la eventual disponibilidad de 12 millones de m³ para la ganadería, la desvinculación entre el agua superficial y la subterránea, y la posibilidad de cumplir con el retorno de agua de León a Chapala.
"El decreto del 95 que afecta los derechos de terceros al considerar toda el agua superficial de la cuenca del Río Verde, sólo para público urbano, dejando fuera los usos pecuario, agrícola, acuícola, industrial, de servicios, mixto, etcétera", lo que implica violación de derechos y cancelar posibilidades económicas, y por ende, sociales, para los habitantes de la meseta alteña, que se acercan a 800 mil personas en más de 20 municipios.
Lamentó que el ex secretario de Desarrollo Rural de Jalisco busque evitar que la agricultura de El Bajío pueda ser afectada al disponerse parte del agua de la zona para uso urbano, que desconozca el potencial de la Sierra de Lobos, al norte de León, para dotar a esa urbe, y que pretenda obligar a los alteños a un sacrificio extra a favor de la ciudad guanajuatense, cuando el uso sostenible del agua establece claramente "que la forma más racional de usarla es en su propia cuenca".
También lo contradijo respecto a la devolución acordada del agua exportada a León hacia el lago de Chapala. Primero, porque en el hipotético caso de que se haga, no se beneficia en nada a Los Altos, y si bien, el río Verde es subcuenca del Santiago, evidentemente se requeriría de un costoso bombeo y un acueducto para regresar el agua hacia la cuenca productora. Segundo, porque no hay antecedentes de que el agua comprometida vaya a poder llegar en volumen y calidad al lago.
"En el título de asignación para León, solo se autoriza a descargar 70 por ciento de los 120 millones de metros cúbicos. Se la llevarían potabilizada, entubada y descargarían 70 por ciento a cielo abierto en el río Turbio, mezclándose con las aguas contaminadas por las industrias, principalmente la curtidora. Un enorme porcentaje de contaminantes no los puede retirar la planta tratadora de aguas residuales de León y esas aguas se van a Chapala para consumo humano [...] descontando la infiltración, evaporación y uso legal o no en la agricultura a lo largo del trayecto hasta Chapala, se estima que llegue alrededor de 15 por ciento de 'atole' concentrado de veneno", advirtió.
Además, "no existe en el mundo antecedente de que eso, el retorno de aguas, ocurra". Señaló que el propio Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León reconoce que entre un porcentaje bajo del agua comprometida, no mayor a 12 por ciento, dado que el río Turbio tiene también concesiones de agua agrícola que debe satisfacer.
Por si hiciera falta, "¿cómo van a retirar los contaminantes químicos y metales pesados con una planta de tratamiento biológico. No tienen otra". Por eso considera que no hay consistencia en el análisis del empresario. "Queremos que demuestre sus afirmaciones con estudios científicos y documentos oficiales".
SRN
1 comentario:
Trabajo en servicio de gas natural y el Decreto del Verde ha generado un conflicto significativo en Los Altos de Jalisco, planteando preocupaciones sobre la violación de derechos de los productores y la falta de consulta adecuada. La búsqueda de un equilibrio entre la conservación ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades es esencial para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región. Un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades y los productores puede ser la clave para abordar estos desafíos y encontrar soluciones que beneficien a ambas partes.
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