Ponen término a las recomendaciones ante la respuesta insuficiente dada a las primeras seis, de agosto pasado. Las nuevas propuestas salieron por mayoría, 85% de los votos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Esta mañana, los integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco reiteraron la urgencia en que el gobierno del estado gestione la cancelación del proyecto de trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de Léon, Guanajuato, y estableció un plazo de quince días para la generación de una respuesta, sobre la base de que los planteamientos del organismo son vinculantes para el Ejecutivo.
Bajo la denominación de “recomendaciones sociales generales”, trece de quince consejeros asistentes aprobaron los acuerdos. La oposición a ellos nació de los observadores de agrupaciones empresariales, que en voz de Carlos Valencia, del Consejo Técnico Ciudadano, y con el respaldo del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, se negaron a aprobar las nuevas recomendaciones, debido a que a su juicio, se dejan descobijados “los derechos de los habitantes de Guadalajara”, aunque al justificar su voto públicamente, aclararon que no se opusieron a la recomendación misma.
Así, con voto a favor de 85 por ciento de los consejeros, hay cinco recomendaciones sociales nuevas de carácter general; cinco específicas, relativas a los efectos de la presa El Zapotillo sobre los habitantes que sufrirán el desalojo y la pérdida de su modo tradicional de vida, y cinco más relativas a los miles de productores que serían afectados con el trasvase del agua a través del acueducto El Zapotillo-León, destacó el presidente del grupo colegiado, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable (Conredes).
Entre las recomendaciones sociales, piden “una atención integral [del caso] de inmediato y con la mayor prioridad para el gobierno de Jalisco, con pleno respeto a los derechos humanos y en el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz, incorporando para ello en lo que proceda la normatividad y protocolos nacionales, así como los internacionales aplicables”, lo que lleva a la exigencia de justicia ambiental, resarcimiento de daños, reconocimiento de omisiones legales y de la agenda del agua 2030; la falta de responsabilidad social de las empresas que ganaron la licitación; y la necesidad de una política pública que vea al agua como el eje del verdadero desarrollo, que es sostenible.
En cuanto a El Zapotillo, piden cumplir con la resolución de la controversia constitucional 93/2012, que cancela el convenio 2007 sobre el megaproyecto, y que en tanto no se levanten las suspensiones judiciales, no se construya; que se acepte la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos –rechazada en su momento por el hoy ex gobernador Emilio González Márquez-; que se revise de forma integral el proyecto y se informe de forma transparente y oportuna a la población; además, “este Observatorio recomienda que las empresas extranjeras y nacionales involucradas en la construcción de la presa El Zapotillo, es decir, La Peninsular Constructora SA de CV y su brazo mexicano Grupo Hermes SA. de CV; la española Fomento de Construcción y Contratas (CFF Construcción SA); la empresa Elecnor, la empresa Enagas y particularmente la empresa Abengoa; deben demostrar que en la actualidad tienen una conducta social y éticamente responsable con el medio ambiente y las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos”.
Las recomendaciones a favor de los afectados por el acueducto El Zapotillo-León: “realizar las gestiones necesarias ante las autoridades federales correspondientes para que no se realice trasvase de agua alguno entre cuencas en razón de la alta fragilidad y vulnerabilidad hídrica de la región de Los Altos, atendiendo al principio precautorio y en una perspectiva de cambio climático”. Esto parte de que “se lleve a cabo un efectivo proceso de información pública veraz y oportuna, una consulta ciudadana y una participación activa y propositiva con todos los sectores de los municipios afectados por la construcción del referido Acueducto, así como de todos los planes, proyectos y políticas del agua que están previstos para la región alteña […] a fin de que conozcan en su totalidad y en sus consecuencias los impactos sociales, ambientales, hídricos y económicos que traerá aparejada para ellos la construcción del referido acueducto y la ejecución de los mencionados planes, proyectos y políticas del agua previstos para dicha región”.
Esto obliga también a elaborar un estudio integral sobre los impactos sociales y económicos, desde una perspectiva de cambio climático; realizar una auditoría social integral del proyecto, “que incluya todos los planes, proyectos, documentos elaborados para medir los impactos sociales y económicos, del proyecto […] mismo que deberá ser pagado por las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes”.
También, que se les entregue “de manera ordenada, clasificada e inventariada” la siguiente información en copias certificadas: 1, usuarios del recurso hídrico de la cuenca del río Verde; 2, incremento demográfico (1980-2010) en la cuenca propia e inmediata del río Verde; 3, formulación y evaluación del proyecto de la presa El Zapotillo; 4, la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto El Zapotillo; 5, el Título de Concesión para la construcción del Acueducto Zapotillo-León; 6, dictamen sobre los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de León. Se pide hacerlos públicos esos documentos.
Con base en todo lo anterior, “realizar las gestiones necesarias ante las autoridades federales correspondientes para que no se realice trasvase de agua alguno entre cuencas en razón de la alta fragilidad y vulnerabilidad hídrica de la región de Los Altos, atendiendo al principio precautorio y en una perspectiva de cambio climático”, puntualizan.
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