jueves, 2 de octubre de 2014

La mina no cerrará, asegura la empresa





Dice tener los convenios necesarios para que no se aplique la suspensión judicial. El representante de Ayotitlán deja última palabra al juez; asegura que no hay un convenio específico para operar la concesión minera o de aguas nacionales. En la foto de archivo, operación policiaca de Colima en la zona de Las Pesadas, que se disputan el ejido y la mina

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El aprovechamiento ferroso de Peña Colorada “continúa operando de manera regular y sin interrupciones”, y asegura tener lo argumentos legales suficientes para impedir que se afecte la explotación mineral con la suspensión de plano que concedió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el marco de la revisión 231/2013, a favor del ejido Ayotitlán.

“Derivado de las recientes publicaciones en donde se manejó la posible solicitud de suspensión de operaciones por parte de las autoridades derivado de un juicio de amparo, Peña Colorada informa que continúa operando de manera regular y sin interrupciones. El área legal de Peña Colorada da seguimiento puntual a los expedientes que integran dicho proceso. A la fecha no existe ningún fallo que ponga en riesgo las operaciones de Peña Colorada y/o sus activos incluyendo concesiones o propiedades”, asegura la empresa, propiedad de las transnacionales Ternium SA y Arcelor-Mittal.

En un comunicado de prensa enviado a este diario, añade: “Peña Colorada informa que tiene convenios legalmente celebrados con el ejido Ayotitlán, con el cual mantiene una relación de más de 40 años. Dichos convenios fueron aprobados en su momento por mayoría en asamblea ejidal y están debidamente inscritos en el Registro Agrario Nacional”.

Desde 1974 “Peña Colorada ha generado oportunidades de desarrollo económico y profesional, actualmente a 1,200 trabajadores vía empleos directos y tres mil empleos indirectos, beneficiando así a más de 4,000 familias de los estados de Colima y Jalisco”, por lo cual “reitera su compromiso social con las comunidades donde opera mediante sus programas permanente de apoyo […] educación, proyectos productivos, salud, infraestructura, cultura, recreación y deporte. Peña Colorada como parte de la minería responsable opera con estricto apego a la normativa ambiental y a todas las legislaciones aplicables”.

Respecto al comunicado, el asesor del ejido, Pedro León Corrales, cuestionó tanto el “supuesto desarrollo social” –Ayotitlán es una de las comunidades más pobres del Pacífico mexicano- como los convenios a que alude la minera, que “claramente no anulan la suspensión de plano que se nos concede, pues no es su materia las concesiones para extraer mineral o agua, y además, no cubrieron los requisitos de la Ley Agraria, que obliga no sólo a consultar a la asamblea, sino a consultarla de forma expresa y directa y con las formalidades que allí mismo se observan”.

Es decir, hay dos posibilidades: si el juez considera que son convenios válidos, estos no tienen que ver con la materia central de la suspensión, que es la concesión del mineral y su extracción, el uso de aguas nacionales y su descarga, y una manifestación de impácto ambiental “que los ejidatarios ni siquiera conocen”. En el segundo escenario, los convenios no son válidos porque no partieron de un proceso legal: fijar convocatoria públicamente y realizar el encuentro antes de quince días –una asamblea se citó el 3 de junio de 2012 y se realizó el 22 del mismo mes, cuando el margen máximo es quince días-, y que la convocatoria establezca de forma expresa lo que se va a votar. “no son ejercicios serios ni legales”, repuso, y confió en que “el poder Judicial no se dejará presionar por los intereses económicos que han aplastado a los ejidatarios durante décadas”.

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