Expertos destacan la opacidad en permisos de la empresa y el esquema “colonialista” de apropiación de recursos mineros que permanece vigente en México.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del tercer Circuito, en el marco de la revisión 231/2013, a favor del ejido Ayotitlán y en contra de los intereses de Peña Colorada, la principal explotación de hierro del país, es oportunidad de establecer “una moratoria” a los aprovechamientos minerales de la región, que no han permitido el desarrollo y han perpetuado las injusticias en perjuicio de la población aborigen, destacó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Santana Castellón.
En el marco del Segundo Congreso Nacional Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México, que se realiza en Zapopan, el también director del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la casa de estudios, destacó que la propia minera de grupo Ternium y Arcelor-Mittal ha denunciado el robo de materiales en la zona que tiene concesionada, lo cual revela el caos en que se encuentra inmersa esta economía regional.
“Con esa moratoria, debemos dar paso a la consulta libre e informada a los propios afectados”, lo que es fundamental para lograr la justicia histórica para Ayotitlán, “un ejido con el que todo México está en deuda porque sus riquezas ferrosas con precio controlado por el gobierno mexicano propiciaron un precio bajo en el acero que detonó la economía del país en los años setenta”, afirmó.
El contexto fue un panel en el que expertos del grupo Manantlán de la UdeG –además de Santana, los investigadores Enrique Jardel y Luis Manuel Martínez-, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, y el representante estatal de la Coordinadora Plan de Ayala, Pedro León Corrales, recuperaron su propia experiencia al lado del ejido nahua en el contexto de la creación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.<
El triunfo legal ha sido fruto del trabajo del Idea, y debe llevar a una aplicación de la resolución judicial que debe ser vigilada para asegurar todos sus alcances, ponderó León Corrales, quien desmintió a la empresa sobre la presunta existencia de convenios con el núcleo agrario que anularían los efectos de la “suspensión de plano” concedida.
Enrique Jardel puso en relieve que el esquema de apropiación de recursos de los mineros en México demuestra que prevalece una mentalidad “colonialista” la cual convierte a la naturaleza y las comunidades indígenas en recursos que se puede usar y sacrificar para el desarrollo económico y la generación de riqueza. “No se trata de prescindir de la minería; lo que sí debemos es prescindir de este tipo de minería con alto impacto ambiental y vulneración de derechos humanos”.
Luis Manuel Martínez destacó las “trampas” y la “opacidad” en las gestiones de la mina, de forma histórica, al menos desde hace cuatro décadas: planos que se mueven para negar los derechos territoriales del ejido, permisos para uso y descargas de agua no vigilados, auditorías ambientales desconocidas.
Manantlán, una de las 25 reservas de la biosfera más importantes del país, tiene 75 por ciento de su territorio afectado por concesiones mineras, lo que ha ocasionado el conflicto histórico con Peña Colorada y extracciones clandestinas de hierro, que pese a su ilegalidad, era embarcado en Manzanillo y alimentaba el mercado internacional.
“Es necesario establecer un control sobre estos aprovechamientos y que las comunidades agrarias se empiecen a favorecer de verdad, no con migajas que dividen internamente y propician el daño ambiental”, puntualizó la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez.
50 mil firmas
La propuesta de una ley ciudadana para generar un nuevo modelo del agua en México ya tiene sumados más de 50 mil firmantes que tratan de que llegue fortalecida al Congreso de la Unión, se informó ayer en el Congreso Ciudadanos que se realiza en las instalaciones del casino del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UdeG, en Zapopan, y que llegará hoy a su fin.
El planteamiento es generar un nuevo esquema de autoridad del agua y nuevos procesos legales para su uso y aprovechamiento. Destaca la creación del Consejo Nacional de Cuencas y la derogación de las concesiones, de manera que éstas se renueven año con año y consideren la disposición real del agua y problemas como el cambio climático.
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