El respeto a la capacidad de carga de los ecosistemas es fundamental para sostener una economía próspera y derechos sociales, lo que allí no sucede, señalan.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El caos es el reino del conflicto, y si la autoridad no dota a las cuencas hidrográficas de instrumentos como los ordenamientos hídricos, no se podrán tomar decisiones adecuadas con la infraestructura, la dotación y el uso del agua, y respetar los derechos de todos los ciudadanos, lo que es especialmente urgente en las zonas más conflictivas, señala en su dictamen de recomendaciones el Observatorio Ciudadano del Agua para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco.
Se trata de la región de Los Altos, en la cuenca del río Verde, donde se ubica el controvertido proyecto de El Zapotillo, y de la cuenca de la presa de Hurtado, que abarca los municipios de Tlajomulco, Tala y Acatlán, donde hubo muerte masiva de peces un año atrás.
La propuesta de su implementación tiene que ver con dos de las seis recomendaciones extendidas al gobernador esta semana.
“Este Observatorio recomienda al Ejecutivo del estado, así como al Congreso (...) a que lleven a cabo las gestiones necesarias para realizar el pedimento a Semarnat de la realización de un ordenamiento hídrico de la cuenca del río Verde y su área de influencia en escala 1:50,000 hectáreas conforme a la metodología vigente para la elaboración del Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET)”.
Piden la participación de dependencias del gobierno de Jalisco, los municipios correspondientes, “las entidades productivas y organizaciones sociales vinculadas con el territorio en la mencionada cuenca, de forma inmediata y previa a la continuación de los trabajos de operación del proyecto de la presa El Zapotillo”.
El ordenamiento “deberá ser coordinado por expertos en hidrología, geohidrología, agua atmosférica y virtual particularmente, así como especialistas en ciencias sociales y económicas, entre otras disciplinas necesarias. Una vez elaborado, este Ordenamiento deberá proponerse para su aprobación como instrumento de política pública”, añaden.
En el caso de la presa Hurtado, “no existe organización entre las diferentes dependencias”, y el desastre de la pesca “ha dejado sin actividad comercial alrededor de 300 familias, existe invasión de lirio en 90 por ciento de las 580 hectáreas de embalse y contaminación en el cuerpo de agua por coliformes fecales excediendo la permisibilidad de la norma.
“El ordenamiento hídrico como criterio preponderante del ordenamiento ecológico territorial es una concepción de desarrollo armónico; es una manera de hacer más eficiente la oferta territorial a la recepción del gasto del Estado y de la inversión privada para el beneficio social”.
Las otras cuatro recomendaciones versan sobre el derecho a la información y el acceso a la discusión de proyectos públicos; la inconveniencia del trasvase de agua a León, y la necesidad de auditar la manifestación de impacto ambiental de El Zapotillo, frente a los efectos que ocasionará en la región alteña y que ese documento no analiza, según los argumentos vertidos por los expertos y ciudadanos de este cuerpo colegiado integrado por iniciativa del gobierno, y cuyas opiniones son vinculantes para el mismo.
“Estrategia de engaño”: activistas
Activistas de Brasil y Colombia visitaron la zona que se pretende inundar por el proyecto de El Zapotillo, y refrendaron su percepción del manejo de los gobiernos de este tipo de proyectos en América Latina: desinformación, promesas incumplidas, divisiones internas y engaños.
Previo al XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos del (Mapder), a realizarse en Olintla Puebla, del 29 al 31 de agosto, acudieron integrantes de movimientos de resistencia de Brasil y de Colombia. Robson Sebastian Formica, integrante del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) -Brasil, afirmó que la falta de información es una estrategia intencional de quienes impulsan este tipo de proyectos “para no potencializar la organización y resistencia”. Claudia Ortiz Gerena, integrante del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, destacó: “Aunque los gobiernos pretendan negociar reubicaciones no existe ningún tipo de reparación adecuada, debido a que cuando una comunidad queda bajo el agua los daños emocionales y psicológicos son mayores que los económicos y definitivamente irreparables”.
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