Una comisión de legisladores estuvo en Morelos, de Tomatlán, y se comprometió a buscar que se regresen más de 80 millones de dólares aportados al proyecto Chalacatepec.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una comisión de diputados del Congreso de Jalisco se comprometió el pasado lunes con los ejidatarios disidentes de José María Morelos, de Tomatlán, y con miembros del Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), abrir un frente legislativo para que se modifique la Ley de Pensiones del estado, plantear el retorno de los recursos que el fondo de pensiones puso para el proyecto de Chalacatepec, y generar un consejo de administración "plural y democrático" al seno del Ipejal.
Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la agrupación de trabajadores, explicó que esa visita fue fruto de un acuerdo que tomaron legisladores tras la manifestación pública de los quejosos el pasado 12 de agosto. Acudieron la diputada Celia Fausto Lizaola, del PRD, y los diputados Jesús Palos, del Verde; Gustavo González Villaseñor y Juan José García, del PAN. "Expresamos que un grupo mayoritario de ejidatarios repudia el proyecto, que el grupo empresarial que lo tutela obtuvo a un precio ridículo 1,900 hectáreas y que el grupo impuesto por las instituciones como comisariado ejidal sólo tiene como misión levantar los amparos para ayudarlos", explicó en conferencia de prensa.
El diputado Gustavo González se comprometió a analizar el fideicomiso con miras a que se solicite la devolución de los más de 80 millones de dólares que fueron aportados durante el gobierno de Emilio González Márquez, lo que también implicaría el caso de las Villas Panamericanas, donde el Ipejal aportó 340 millones de pesos "para un negocio malo, unas villas sin habitabilidad, lo que demuestra que no se buscó nunca el beneficio de los fondos de los trabajadores", argumentó Peña Cortés.
En el caso de Chalacatepec, la situación es más grave porque de ser poseedores de casi de 50 por ciento del capital accionario, los trabajadores ahora sólo son dueños de 24 por ciento debido a que se integraron más de 80 millones de dólares del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), "situación que de ningún modo se compensa con los bienes otorgados a cambio, como un hotel en la ciudad de México", añadió el líder sindical.
"Esto es una trampa en la que perdemos los trabajadores, hay cerca de 170 millones de dólares que no aportó Rasaland sino fondos públicos y de trabajadores, y que sólo han servido para que la empresa especule con la tierra, compre autoridades e imponga a dirigentes ejidales".
El dirigente del FGTEM consideró escandaloso que los fondos de Pensiones se usen para el derroche: otros ejemplos serían que de allí se paga el festejo del Día del Servidor Público, y que salen recursos para mantener quieto el sindicalismo oficial. Peña Cortés mantuvo su cuestionamiento al actual presidente del consejo del Ipejal, Francisco Ayón López, y dijo que en quince días habrá resultados en el Congreso, conforme con las promesas de los diputados, ninguno de ellos del partido gobernante, el PRI.
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