miércoles, 20 de agosto de 2014

Tribunal Agrario omite ejecutar trece sentencias



Wixaritari reclaman al presidente Peña Nieto la falta de justicia en la disputa por casi diez mil ha.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más de cinco años duró la paciencia de los comuneros de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en su anexo Tutxipa (Tuxpan de Bolaños), y ante las reiteradas omisiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Tribunal Unitario Agrario número 16, con cabecera en Guadalajara, por ejecutar trece sentencias que les reintegran 3,500 hectáreas arrebatadas por los ganaderos de Huajimic, hace cinco días entregaron una carta en Los Pinos, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y hoy marchan por las calles de esta ciudad.

“Nos dirigimos a usted en su carácter de responsable del Ejecutivo Federal y del Estado Mexicano para manifestarle la profunda decepción que nos ha causado la irresponsabilidad mostrada en su gobierno por el titular de la Sedatu, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín y su cuerpo directivo en el caso que nuestra comunidad enfrenta con posesionarios del poblado de Huajimic, que invaden nuestras tierras, hecho que ha quedado corroborado por las numerosas sentencias que han dictaminado que el derecho nos asiste”, señalan en la misiva, fechada el 15 de agosto pasado.

“El problema radica en que la misma secretaría […] pidió en 2009 al tribunal agrario donde ventilábamos el asunto, detener los procedimientos para dar lugar a su intervención para buscar la solución negociada […] desde los años setenta ha reconocido con estudios de fondo, tanto nuestro derecho como que el conflicto es uno de los más alarmantes del país en cuanto a que se trata de un problema que más allá de lo jurídico es de una alta conflictividad social y que lo más probable es que se desencadene una espiral de violencia cuando se dé la orden de ejecución por los Tribunales Agrarios”.

La intervención de la Secretaría ante el Tribunal 16 “retrasó el desahogo de juicios durante tres años en que se hicieron todo tipo de estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos tanto por nuestra comunidad como por los posesionarios que invaden nuestro territorio ancestral […] inexplicablemente, al llegar la nueva administración, los trabajos fueron abandonados del todo, llegaron a hablarnos de que todos los expedientes estaban perdidos, volvieron a pedir la anuencia de los posesionarios que habían sido entregadas hacía años y finalmente en marzo de este año anunciaron que el caso estaba fuera de la carga de trabajo del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer)”.



Esta manera de actuar “dislocó la dinámica de solución” y “provocó un desfase que no existía entre la autoridad jurisdiccional y el Ejecutivo Federal porque las sentencias comenzaron a emitirse, comenzaron a quedar firmes, pero la Sedatu se retiró, dejando sin el sustento ni la protección debida la parte que ellos mismos reconocieron e impulsaron para evitar la conflictividad social”.

El TUA 16 “ha emitido numerosas excitativas para que la Sedatu actúe coherentemente ante esta realidad, incluyendo el caso en el programa Cosomer para evitar las tragedias que se pueden desencadenar si se actúa únicamente desde la óptica del derecho”. Sin embargo, el tribunal “también ha sido parte en la confusa forma de actuar institucional en que ha incurrido el Estado Mexicano, por no cumplir con sus obligaciones y no ejecutar las sentencias que ya debían habérsenos restituido”.

El trabajo jurídico de la comunidad y sus asesores, (la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas) ha sido titánico. Debieron interponer en el caso de Huajimic, 45 juicios agrarios. Los resultados hasta ahora son: “Existen dos posesionarios sin datos para su localización, diez expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos en contra de la misma –esta superficie representa un aproximado de 2,600 ha-; 22 expedientes aún se encuentran en litigio y representan una superficie aproximada de 3,600 ha; los 13 expedientes restantes se encuentran en estado de ejecución inminente pues se emitieron las sentencias  correspondientes sin que se hubiera recurrido el sentido de la misma por ninguna de las partes; así mismo en todos los expedientes existe constancia por escrito de nuestra comunidad solicitando la entrega inmediata de las tierras comunales que se ordenó restituir en nuestro favor”. Dichos expedientes representan una superficie aproximada de 3,500 ha, precisa un documento anexo a la carta al presidente.

Es una invasión histórica, de al menos medio siglo. La zona ha sido teatro de tragedias personales, incluso asesinatos, contra los moradores huicholes que han sostenido en condiciones precarias la ancestral posesión, dado que sus invasores traían fuerte apoyo a los gobiernos nayaritas, en tanto que los poderes en Jalisco jamás respaldaron las denuncias de la comunidad (ver MILENIO JALISCO, 24 de junio y 9 de julio de 2013).

Como los derechos agrarios son imprescriptibles, los juicios han reconocido el derecho superior de los aborígenes, que no terminan de recibir justicia, y en la sierra deben defenderse solos de los caciques invasores.



Los detalles del conflicto

- La comunidad wixárika de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y su anexo Tutxipa (Tuxpan) se ubica en los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte de Jalisco, y cuenta desde el 15 de julio de 1953 con resolución presidencial que les reconoció y tituló 240,447 hectáreas; el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de ese año, con base en títulos de reconocimiento de la corona española que datan de 1718

- En la segunda mitad del siglo XX, 45 pobladores de Huajimic, del municipio de La Yesca, Nayarit, alentados por los poderes políticos de Nayarit, se dividieron en 64 lotes una superficie aproximada de 10,000 hectáreas perteneciente a la comunidad aborigen

- A instancias de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), se desaceleraron diversos juicios de restitución para que el caso fuera considerado parte del programa Conflictos en el Medio Rural (Cosomer). En 2009, el caso fue considerado como parte del universo de trabajo del programa; “se solicitaron ante el Tribunal Agrario por lo menos tres suspensiones de procedimientos para el efecto se continuaran con las negociaciones”

- En septiembre del 2012 se informó por parte del GAE “que el conflicto no estaba considerado en el universo de trabajo del programa, argumentando que para su inclusión primero habría que integrar el expediente en la delegación mediante anuencia expresa del posesionario que corresponda”. Desde entonces no han existido mayores avances

- La Sedatu ha informado oficialmente a través del Director General de Concertación Social, mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2014, que el caso no es parte del universo de trabajo del programa y que se encuentra en integración en la delegación

- El Tribunal Agrario 16 “insiste en argumentar excusas sin sustento jurídico para justificar su omisión en ejercer sus facultades de ejecución, a las cuales se encuentra obligado en los términos que le ordena la ley, a pesar de las solicitudes expresas de fechas 22 de noviembre del año 2013, 27 de febrero y 29 de abril de 2014

Fuente: Comunidad de Waut+a, AJAGI



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