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Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó el pasado 19 de diciembre, medidas cautelares al Ayuntamiento de Poncitlán, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Salud, en la ribera de Chapala, para garantizar el derecho a la salud y al agua del poblado de San Pedro Itzicán, que ha recibido por años aguas de escasa calidad y en volumen insuficiente, con el posible efecto de enfermedades renales que incluso habrían cobrado la vida de algunos pobladores.
El oficio respectivo está firmado por Gaudelio Eduardo García Félix, adjunto a la Tercer visitaduría de la CEDHJ, bajo el número 5587/11/III, lo que es fruto de una promoción realizada por la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, que encabeza Manuel Villagómez Rodríguez.
“Las condiciones económicas de los habitantes de San Pedro no son las mejores, y a falta de recursos para beber agua embotellada se ven en la necesidad de tomar agua de la llave, e incluso a veces, dicen que le entran a la del propio lago, lo cual es una situación grave, ante el hecho de que asevere la Comisión Estatal del Agua [CEA] que la totalidad de las plantas de tratamiento de agua en Chapala están funcionando, y más grave me parece que el drenaje y el cárcamo se encuentren dentro del lecho del lago en el caso de esta población”, advirtió María Agustina Rodríguez, asesora ambiental de la fundación.
La mancha de materia orgánica y las grasas se acumulan en la orilla, y es ahí en donde los pescadores están con sus redes y sus líneas para llevarles de comer a la casa, “ya ni siquiera es pesca comercial, es para la supervivencia. La amibiasis es otro problema severo en este sitio”, añadió.
La población de San Pedro Itzicán tiene más de diez años pidiendo al Ayuntamiento de Poncitlán agua potable y no les han dado respuesta al asunto. Las personas enfermas por problemas renales, presumiblemente por esta fuente, son Pablo de Jesús, Francisca Torres, Marcelino de Jesús, María Baltazar Castellanos, Pabla Tolentino, Gabriela Solano, Manuel Torres, Claudio Baltazar, Martín Baltazar Navarro, Meño Núñez de Jesús, Julián Zamora González, Nicolás Loza, Emifrigildo Tolentino, Santos Baltazar, Ernestina Baltazar, Salvador Gutiérrez de Jesús, Juana de Jesús Baltazar (trasplantada de riñón), María de las Nieves Luz Torres, Alberto de Jesús (fallecido) y Mario de Jesús Ávalos, según los datos recabados por la fundación.
Las medidas cautelares obligan a entregar informes de la calidad del agua, de la calidad de la pesca y prevenir los daños a la salud en los habitantes de la población ribereña, según el oficio referido.
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