Delegado defiende gestiones que realiza la dependencia en torno la petición de aprovechar un yacimiento ferroso en Tolimán. La entrega de información a la minera es obligatoria, advierte
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
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El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, descalificó por “falsas” y “mal informadas” las declaraciones del alcalde de Tolimán, Carlos Navarrete, quien acusa a la dependencia de transferir fuera de sus atribuciones información crítica del manifiesto de impacto ambiental de la mina El Cascaronal.
“Entregar esa información al promovente es parte de nuestra obligación, y lo hacemos por oficio; eso es lo ético, lo correcto, porque él debe ver lo que se objeta a su proyecto, es completamente legal”, advirtió el funcionario en relación con la noticia que dio a conocer Público en su edición de ayer.
Álvarez Carrillo dijo comprender la situación del edil de Tolimán, municipio del sur de Jalisco donde está enclavado el yacimiento ferroso que se quiere aprovechar, pues por un lado está presionado para apoyar un proyecto que dé certidumbre al desarrollo de su demarcación y, por el otro, tiene presiones por compromisos asumidos en relación con la temática ambiental, sobre todo con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila.
Sin embargo, dijo que la ley es clara y todas las observaciones a proyectos expuestos a impacto ambiental deben ser conocidas por los promoventes para que puedan responderlas, y asumir compromisos en caso de que deban corregir sus planteamientos. “Yo se lo expliqué al alcalde y él dijo entenderlo […] la actividad minera ha dejado muchos problemas, pero las cosas están cambiando, y a nosotros no nos toca juzgar impactos sociales, sino los ambientales”, enfatizó.
El funcionario reconoció que ya se otorgó el permiso para cambio de uso de suelo forestal a favor de la empresa minera, hace unas tres semanas, y que el asunto del impacto ambiental está en trámite sin poder adelantar cómo se definirá.
Defendió la eventualidad de un dictamen favorable a la industria, pues el predio no está en el área natural protegida de Manantlán, y en la unidad de gestión ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco no se establece la exclusión de la actividad minera, aunque tampoco se recomienda. Además, dijo que sólo se desmontarán tres hectáreas de un predio de 75 ha.
“Si la UGA no lo excluye de forma explícita, yo no tengo argumentos para negarlo. Ahora: la actividad minera es importante para el estado y no podemos frenarla, sino encauzarla de manera que se minimicen sus daños y se hagan las remediaciones necesarias”, advirtió. “Entiendo la preocupación por la parte ambiental y somos responsables de garantizarla, pero sin bloquear una actividad legítima, estableciendo condicionantes que minimicen daños”.
Insistió en que esos razonamientos no significan que se vaya a dar la autorización de impacto ambiental: “Es prematuro, tenemos que dejar que se corra el trámite y se hagan las consideraciones previas”.
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