Se violaron varias leyes ambientales y derechos humanos, asegura Enrique Ibarra Pedroza; alega la violación de los derechos de los vecinos y licitación anómala
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
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Más de 200 personas que habitan la zona tendrían que ser reubicadas con la nueva presa. Foto: Giorgio Viera El diputado federal jalisciense de la fracción del Partido del Trabajo (PT), Enrique Ibarra Pedroza, propuso ayer un punto de acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados para que sea cancelada la licitación para el proyecto de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco.
Se trata de la licitación pública internacional 16101037-063-08, “para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en el río Verde, la cual [se] planea construir en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, por evidentes anomalías en el proceso de la misma, relativas a la ubicación de la obra y la reubicación del sitio que ocuparán los pobladores de los municipios a los que se pretende afectar. Consecuentemente, el inicio de la construcción también debe cancelarse”, señaló en su escrito, leído ante el pleno en la sesión de ayer.
Entre las anomalías, reseñó que en mayo de 2006, “el gobierno federal encabezado por Vicente Fox, y el gobierno de Jalisco, por Francisco Ramírez Acuña, presentaron el proyecto […] se aseguró entonces que la obra tendría una cortina de 80 metros, y que se inundarían las comunidades de Acasico, y Palmarejo”, mas no Temacapulín. Dicho proyecto fue aprobado el 22 de junio de 2006 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (manifestación de impacto ambiental 1310/06). En ella “se puntualiza que la cortina de la presa tendría una altura de 80 metros y que su embalse abarcaría una superficie de dos mil hectáreas, con una capacidad de almacenamiento para 411.6 millones de metros cúbicos [m3]”.
No obstante, la Comisión Nacional del Agua “llevó a cabo la licitación con una cortina de 105 metros de altura, un embalse de 3,800 hectáreas y un almacenamiento de 911 millones de m3”, modificaciones irregulares, pues no tiene autorización de impacto ambiental.
Además, agregó, se ha documentado la violación de las garantías individuales de más de 200 vecinos, que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos “a quejarse y dolerse por la construcción de la obra; ese organismo emitió en enero de 2009 una medida cautelar, en el sentido de que la autoridad llevará a cabo una consulta entre los moradores de las comunidades mencionadas para conocer su punto de vista sobre el tema, y exhortó al gobierno del estado y a las autoridades promoventes de la obra a dejar de hostigar y presionar a los mismos”.
Nada de eso se cumplió, pese a promesas verbales del gobernador actual, Emilio González Márquez. Estos elementos, a juicio del diputado Ibarra Pedroza, derivan en la necesaria cancelación del proyecto.
Más anomalías
El proceso de licitación sin la MIA adaptada al proyecto contraviene lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que señala: “Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones requerirán manifestación de impacto ambiental cuando impliquen incremento en el nivel de impacto y riesgo ambiental”.
Debido a ello, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, uno de los municipios que comprende la obra, “negó por mayoría de votos el cambio de uso de suelo para las nuevas dimensiones de la presa propuesta. La sesión se efectuó el viernes 25 de septiembre del año en curso”.
Hay además, recordó Ibarra, la impugnación del proceso de licitación por las empresas Cota, Vice e Infrocsa y por la empresa ICA. “La razón primordial fue que la compañía ganadora cotizó por 622 millones más que las otras”, lo que impide firmar el contrato.
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