Precio por metro, excesivo; no se aprovechó área de donación obligatoria, dice Antonio Rocha, presidente de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, y catedrático de la UdeG
Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 17 de septiembre de 2009
El gobierno de Jalisco le debe a la sociedad una amplia explicación del caso El Disparate: 1. ¿Por qué compró 25 hectáreas si podía haber adquirido al menos diez de forma gratuita del fraccionador, según le obliga a éste el Código Urbano? 2. ¿Por qué se prestó a “plusvalizar” una zona que, por ubicarse en un polígono de protección, tiene bajo valor comercial? 3. ¿Por qué en el pasado reciente apoyó que la zona fuera elevada a categoría de área natural protegida federal, y a partir de mayo de 2009 cambió de opinión y se puso de acuerdo con un fraccionador para hacer un negocio dañino para la ciudad?
Éstas son algunas de las reflexiones que hace el presidente de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano y catedrático en la Universidad de Guadalajara, Luis Antonio Rocha Santos, en entrevista con Público, tras semanas de indagar en los pocos archivos públicos disponibles para aclarar el tema.
Destaca la actitud poco transparente del gobierno municipal de Guadalajara, que no ha puesto a la vista los contratos, escrituras y convenios que signó para violar una disposición propia de proteger la barranca de Huentitán. “Se ha dicho que no es área protegida porque el Congreso [del Estado] no hizo el trámite para su validación, pero se trata de un ordenamiento aprobado en el cabildo y que nunca fue derogado; entonces, obliga a los funcionarios del ayuntamiento”.
Los precios de terrenos para urbanización son casi nulos en las áreas ecológicas decretadas, justamente porque es un uso incompatible. No obstante, el gobierno compró allí a 340 pesos por metro cuadrado, alto considerando además que es terreno en breña. Así, “plusvalizó” la zona y puso un mal precedente para las áreas protegidas, frágiles ante las acciones de gobierno que socavan su validez jurídica.
Además, el Código Urbano prevé que de un predio a desarrollarse, el fraccionador debe entregar hasta 13 por ciento de su superficie como donación para servicios y áreas verdes al ayuntamiento, lo que habría otorgado sin costo a la comuna unas diez hectáreas del terreno, dependiendo de cuánto sea su superficie total, pues se manejan datos de 71 a 100 ha, otra situación que también debe generar extrañeza.
El contrato que firman, por un lado, el gobierno de Jalisco y el de Guadalajara y, por el otro, José Paniagua Sánchez Aldana, dueño de El Disparate, es del 19 de mayo de 2009. La autoridad paga 85 millones de pesos por 25 hectáreas, pero además, se compromete a dar las densidades más altas previstas en la ley para que Paniagua Sánchez Aldana desarrolle el resto del predio: plurifamiliares H3 y H4, esto es, luz verde para edificios de hasta 20 pisos, el mejor escenario de negocio posible. Para lograrlo, el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, se compromete a modificar el uso de suelo, algo que él no puede hacer, pues es una atribución del pleno del ayuntamiento “y tendría que significarle a él una responsabilidad política y hasta penal”.
A Rocha Santos le preocupa que, con toda esta carga, se pretenda insistir en urbanizar el predio, pues se tiene la presión de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) para acelerar las obras de juegos a celebrarse en 2011, y está en espera de que en esta zona se haga un estadio de atletismo.
Por si faltara, “el cambio de uso de suelo fue prometido aprobar antes del 1 de julio, pero parece claro que no lo hicieron porque venían las elecciones […] Ya que vieron que perdieron, entonces sí no les importó y metieron el dictamen el 9 de julio, con muchas irregularidades también; entonces, se ve claramente que es desventajoso”.
CLAVES
Más anomalías
El área protegida de la barranca de Huentitán tiene valor legal para los miembros del Ayuntamiento de Guadalajara, pues la determinación de julio de 1997 que le confiere este estatus jamás ha sido derogada; además, el gobierno de Jalisco la acepta en diversos documentos públicos, cuando pide que se asiente allí mismo una reserva ecológica de carácter federal.
El artículo 86 del Código Urbano dice: “Los planes y programas de desarrollo urbano, así como los proyectos definitivos de urbanización que modifiquen el uso de suelo, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental e forma previa a su autorización”. Esa situación no se cumplió.
También contraviene lo establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del distrito urbano zona 3 Huentitán, publicado en octubre de 2000 en la Gaceta Municipal, que maneja para el área el carácter de conservación, que no ha sido modificado
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