Red de corrupción merma apoyos de la Reforma Agraria

El grupo Mi Granja, del que forma parte Rafaela Ortega, se negó a ceder a las presiones del coyote de la CNC y logró obtener financiamiento para criar borregos. Fotos: Giorgio Viera

La forman promotores acreditados por la Comisión Nacional Campesina en Jalisco. Decenas de grupos campesinos y de mujeres deben entregar de 50 a 60 por ciento del financiamiento para proyectos productivos a intermediarios cenecistas que, aseguran, “deben repartirlo” entre funcionarios de la secretaría y líderes de la organización.


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 21 de septiembre de 2009

Se llaman María del Carmen, Verónica, Lucía, Gabriela, Rafaela, Teresa o María Victoria; habitan diversas comunidades rurales de Jalisco y solicitaron apoyos del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pues buscaban alternativas para enfrentar la crisis económica que las agobia como amas de casa.

Lo que ahora también saben es que han sido víctimas de una red de corrupción operada por diversos promotores adheridos a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Jalisco —los cenecistas locales—, que les han llegado a exigir hasta 60 por ciento del monto de los apoyos bajo el pretexto de que “hay que repartir” entre sus líderes y entre funcionarios de la SRA, pues de otro modo no se puede desatorar los proyectos.

Este parece ser un modus operandi ya viejo en las relaciones entre la SRA y las centrales campesinas, que funcionaba perfectamente porque los supuestos “beneficiarios” aceptaban las condiciones sin protestar.

Pero en este año, una ola de denuncias ante la delegación local de la dependencia ha permitido destapar este mecanismo que merma de forma considerable el financiamiento para proyectos, que así, se pierden entre los bajos presupuestos o la simulación.

Del dinero destinado para esta bodega, 72 mil pesos se le tuvieron que entregar al promotor, quien además hizo la solicitud por más recursos de los que dijo.

“Dicen que no nos esforcemos, que los de la secretaría no van a revisar nada, que ya se verá cómo se comprueba en papel el proyecto”, subraya una de las quejosas, entrevistada por este diario. Es un esquema que permite dinero fresco y subterráneo hacia las organizaciones campesinas —tal vez sea la causa de que la semana pasada anunciaran su oposición a la desaparición de la SRA—, y que demuestra “en papel” que el apoyo a los campesinos es real.

Cuando los grupos han logrado expulsar a los costosos intermediarios, la historia puede ser otra. Como la de doña Rafaela Ortega Rodríguez y su grupo Mi Granja, que se opuso a conveniar con el coyote cenecista, y ahora prospera su pequeño hato de borregos, enfrente de su casa, en San Miguel Zapotitlán, municipio de Jocotepec. En cambio, al grupo de Gabriela Solano, de San Pedro Tesistán, el dinero no le llegó, mientras que al de Teresa Rodríguez, “Mujeres trabajando”, de San Martín de Hidalgo, el financiamiento apenas les ajustó para mejorar una bodega, pues debieron pagar 72 mil pesos a su promotor.

Aunque algunos proyectos productivos logran germinar, otros se quedan a medias ante la red de intermediarios que chupan los apoyos al campo.

CONTRATO "DE BUENA FE"
“Cuando nosotros nos quejamos, nos dijo el asesor técnico [Jorge Armando Ocampo Reyes] que para eso trabajaban en los pueblos, porque la gente es ignorante y se deja intimidar”, explica a Público Gabriela Solano Medina, de San Pedro Tesistán, presidenta del grupo Ganoro.

El promotor les quiso hacer firmar un contrato de prestaciones profesionales que es la clave para entender este “negocio”; tiene entre sus cláusulas la siguiente: “Tercera. El cliente pagará por concepto de honorarios al prestador, la cantidad [sic] de 9 por ciento en caso de FAPPA [Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios] y 10 por ciento en caso del Promusag por concepto de elaboración de proyecto, más 50 por ciento del monto autorizado por la SRA para la ejecución del proyecto, aclarando que dicho numerario [sic] no podrá ser desviado del recurso otorgado por el programa federal, sino del patrimonio de los socios con que cuenten previo a la entrega del subsidio. Dicha cantidad deberá ser pagada dentro de los tres días siguientes a que se publiquen los resultados [del padrón de beneficiados]. En caso de incumplimiento del cliente, pagará un 10 por ciento de intereses moratorios mensuales sobre el monto que resulte de la fórmula anterior”.

Este contrato data del 21 de enero de 2009, y como dato humorístico, en la octava cláusula aclara que “no existe error, dolo, violencia o mala fe”, pero nunca fue firmado. Sería hasta el 13 de julio cuando las integrantes del grupo, denominado Ganoro, se presentaran en la delegación de la SRA a levantar un acta circunstanciada. El testimonio allí presentado por Gabriela y sus hermanas Noemí y Rosalía no tiene desperdicio:

“El día de hoy fuimos citadas en esta delegación para recoger el cheque del proyecto […] el C. Jorge Armando Ocampo Reyes, quien en la reunión del sábado pasado nos entregó dos contratos, uno de asistencia técnica formato D y otro de prestación de servicios profesionales […] le informamos que no estamos de acuerdo en firmar el contrato porque hay unas cláusulas que no nos parecen […] manifestando el técnico que no se preocuparan, que estos recursos eran a fondo perdido y que ellos tenían más de 30 años trabajando en esto y que no nada más bajaban proyectos de esta secretaría, y nos ofrecieron entregar los comprobantes necesarios para justificar los 62,500 pesos que teníamos que darles…”.

El mencionado técnico justificó el alto porcentaje que se llevaría: “Nos dijo que el dinero era para repartirlo con su grupo y el patrón que está en México y a la gente que tiene que supervisar los proyectos, también se tiene que mochar con personal de esta delegación agraria sin proporcionarme ningún nombre; también nos dijo que si no le dábamos el 50 por ciento, él tenía contactos en México para que cancelaran el cheque o lo hicieran perdidizo…”.

Gabriela confiesa no sentirse cómoda desde que interpuso la denuncia. “Pues sí, todos estos días he estado con estrés y con temor. Prefiero que no me den nada, a estar con esta incertidumbre, con el temor de salir a la calle y que pase algo”.

BORREGOS RESPONDONES
Jorge Armando Ocampo Reyes trabaja en la ribera de Chapala y otros sitios cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara. En el poblado vecino a San Pedro, San Cristóbal Zapotitlán, formó varios grupos apoyado por un vecino de la zona, Francisco Medina, quien convocó a reuniones multitudinarias para que el asesor técnico les explicara las posibilidades, los beneficios… y los dos contratos por 60 por ciento del dinero “para sus jefes”.

Ése es el testimonio de doña Rafaela Ortega Rodríguez, quien se opuso a esas condiciones y logró rescatar 100 por ciento del dinero para su cría de borregos.
“Yo sabía que había personas aquí que aceptaron el proyecto, o sea, decían que para que llegaran los proyectos necesitaba repartir un dinerito, entre todos los funcionarios, que nos iban a quitar ese dinero para que el proyecto fuera aceptado […] hay muchos grupos, pero nosotros no aceptamos eso, entregar el dinero, porque hubo una persona que nos asesoro y nos dijo lo que se tenía que hacer, nos abrió los ojos”, revela.

“Nosotros recibimos el dinero el día 30 de enero, yo soy la presidenta, a mí me llamaban a juntas, la esposa del señor Francisco Medina andaba recabando las firmas a todas en sus casas, ‘fírmele aquí porque vamos a hacer esto’, y a mí sí me dijeron que teníamos que entregar 50 por ciento, y si hay firmas es porque uno es ignorante […] yo pensé cuando me dijeron que entregara la mitad, que tal vez era normal, hasta que me abrieron los ojos y me dijeron que no, que eso era corrupción. Pero sé que hay otros grupo que sí le hicieron caso…”.

El grupo Mi Granja le ofreció lo legal a Ocampo Reyes, pero éste se negó y rompieron tratos. Pese a las amenazas, el dinero se quedó completo y compraron varias decenas de borregos, que ya han dado crías. “Me mandaron varios papeles de México, donde nos felicitaban por no haber entregado el recurso, y después me mandaron a hablar de Reforma Agraria otra vez, al departamento jurídico, fuimos y ahí nos tomaron declaración, fue lo que nos dijo el licenciado…”.

—¿Después de esto, esta persona no se ha acercado para buscarlos o amenazarlos?

—No, nosotros tenemos una grabación donde él dice que va por todo o nada, nosotros les queríamos dar los cinco mil pesos que les corresponden por haber metido el proyecto. […] nos tenía que mandar una persona que nos iba a asesorar, entonces a esa persona se le iban a dar otros doce mil pesos, pero no hemos tenido asesoría, hemos estado trabajando a como Dios nos dio a entender, pero la cosa va bien... compramos 20 borregos, ya hay 30, de las cuatro socias que quedamos.

TODO SEA POR LA BELLEZA
En San Martín de Hidalgo, el mismo personaje fue responsable de otra estafa para el grupo Mujeres trabajando, que encabezan Teresa Rodríguez y María Victoria Díaz.
Primero, la solicitud de recursos fue más amplia de lo que ellas habían concebido.
“La bodega se hizo, se construyó; nosotras cuando llegamos allá vimos que Jorge Ocampo había puesto que se iban a comprar cabezas de ganado, y no era cierto, nos dimos cuenta hace poco más de un mes, cuando fuimos a la delegación y nos enteramos… lo malo es que ya se había llevado dos cheques”, señala María Victoria.

Teresa se pone nerviosa: “A nosotras nos da miedo que vayan a tomar represalias contra nosotras, nosotras no estábamos bien informadas, fuimos engañadas, pero nosotras presentamos ahí los comprobantes que nos amparaban, de que nosotras no gastamos ese dinero, además, la Reforma Agraria fue al que nos puso al técnico, nosotras no sabíamos de donde venía ni de sus mañas”, subraya.

La mayor parte de las integrantes del grupo “son señoras ya mayores de 60 años, imagínese que las empiecen a amenazar por teléfono, si ya tienen las pruebas ahí, se supone que ya declaramos todo, y firmamos […] a mí quién me asegura que van a cuidar a las personas mayores de que las vayan a chantajear”.

Añade preocupada: “Gracias a Dios que tuvimos las pruebas para presentarlas, este hombre cambió todo, por eso luego luego nos fuimos a la Reforma Agraria, y presentamos todo lo que teníamos, y nos dijeron que le habláramos a la PGR, pero si no me apoyan todas las personas para que me voy a meter en un problema, si tengo niños chiquitos, me da miedo…”.

En Puerto Vallarta se vivió otro fraude similar. El grupo Unidas por la Belleza quiso financiar la compra de máquinas de coser, y fueron asesoradas por Gerardo Rodríguez Hernández para concursar apoyos. La sorpresa fue que en junio de este año se enteraron de que ese dinero era para una estética propiedad de su promotor, y ellas sólo habían sido utilizadas.

“Con el dinero él ha estado comprando cosas para la estética y nosotros no recibimos un peso y creemos que han estado falsificando nuestras firmas […] en días pasados recibimos una carta del presidente de la república donde nos felicitan por trabajar en el proyecto, por lo que nos preocupamos, ya que no estamos trabajando nada…”, señalan María de los Ángeles López González y María del Carmen Dávalos. El lado amargo de la belleza.

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Prometen investigar

El problema de la corrupción de asesores técnicos o promotores de proyectos en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ya brincó a la Ciudad de México; la dirección de Normatividad y Dictamen de la dependencia decidió suspender la entrega de cheques a grupos técnicos asesorados por Antonio Netzahualcóyotl, Xóchitl Judith y Héctor Raúl, todos de apellido Bravo Romero, por “múltiples y muy graves irregularidades”. La medida la solicitó la coordinadora nacional de Promusag, Beatriz Herrera del Rincón
Además, la SRA se compromete a indagar los casos denunciados y apoyar a los grupos campesinos que opten por el camino de impugnar a sus asesores, caso en que se encuentra Jorge Ocampo Reyes, promotor de la ribera de Chapala y la región de Ameca
Según quejosos entrevistados por Público, las organizaciones campesinas en general viven de este juego de corrupción, pero la CNC tiene la mayor parte de las promotorías, por su mayor nómina de agremiados.