La agencia de ONU explica a diputados y funcionarios los alcances de su trabajo para fundamentar la toma de decisiones sobre un polémico trasvase.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El trabajo contratado por el gobierno de Jalisco a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), en busca de definir las condiciones hidrológicas, el potencial del agua existente y las opciones de control y manejo del conflicto por los derechos y usos del recurso en la cuenca del río Verde, ya ha entrado a su fase definitiva, si se considera que el contrato terminará dentro de seis meses, con el informe final.
Por lo pronto, este mes de octubre se contará con el producto temprano del cual se conocía un adelanto desde julio, relativo a las condiciones de riesgo por las crecidas de agua durante el temporal en la cuenca de la presa El Zapotillo, establecida hasta ahora por orden judicial a 80 metros de altura. El documento completo analiza en general el manejo y regulación del embalse artificial en distintos escenarios: estaba pendiente determinar cómo funciona la cuenca con la cortina a 80 metros, y cómo a 105 metros, que son los proyectos en pugna.
También se cuenta ya con un informe parcial de avances que está en proceso de digitalización para consultarse públicamente, explicó a MILENIO JALISCO el asesor de Unops en América Latina, Alejandro Rossi.
El segundo informe parcial se dará a conocer en diciembre. Las fechas de entrega de todo el trabajo están programadas entre los meses de marzo y abril de 2017, es decir, mucho menos de un año. La idea de los diputados y de los funcionarios del gobierno de Jalisco, que ayer escucharon la presentación de la agencia de ONU, en una reunión en palacio de gobierno, es que da tiempo para afrontar el desafío político planteado por el gobierno de Guanajuato, que empuja las obras de presa y acueducto no obstante la falta de una postura oficial por parte del ejecutivo de esta entidad.
El llamado Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde, es el recurso concebido por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para afrontar una toma de decisiones compleja, ante la existencia de un convenio y de decretos de distribución de aguas federales que favorecen parcialmente a la ciudad de León, Guanajuato, desdelos años 90 del siglo XX.
A ello se suma la alerta en el sector productivo de Los Altos de Jalisco, de que se quedará sin agua suficiente para mantener su aportación de 22 por ciento del producto interno bruto del estado con posibles daños colaterales sociales y ambientales para más de 800 mil habitantes, además del reclamo por derechos humanos, económicos y sociales violentados contra tres comunidades directamente amenazadas con inundación: Temacapulín, Acasico y Palmarejo. En este caso, la exigencia es cancelar el trasvase hacia la cuenca del río Turbio, tributario del Lerma.
Los componentes del trabajo de Unops son tres: estudios técnicos (el balance hídrico y “pautas de macroplaneación”), la “contribución a la gobernanza de los recursos hídricos” y la “comunicación pública”. Si bien, la entidad de ONU no negociará, se espera que su trabajo arroje luces para que los actores políticos discutan con argumentos técnicos.
También, que quede claro lo que Jalisco deberá pagar ante cualquier decisión.
“El equipo está trabajando a 100 por ciento y hemos contado con el apoyo de las instancias a las que solicitamos información dentro de lo esperado; está claro también para el gobierno del estado el alcance de estos trabajos y su disponibilidad entre febrero y abril de 2017, que corresponde al compromiso asumido”, ponderó el asesor de Unops.
SRN
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