Después de la aprobación de la declaración de Quito, MILENIO JALISCO hace un ejercicio con base en lo señalado por los expertos que discuten la ciudad.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una ciudad compacta, eficiente, justa, equitativa y de baja huella ecológica, es un futuro posible para el área metropolitana de Guadalajara (AMG) si se adhiere en la realidad a los principios de la declaración de Quito de Hábitat III, la reunión mundial más importante en desarrollo urbano y vivienda.
Esto implica un golpe de timón en el modo en que la ciudad ha sido gestionada desde los años 90 del siglo XX, cuando a raíz de las reformas al artículo 115 constitucional, los municipios tomaron el control del proceso que durante décadas había regulado el gobierno federal.
Con las políticas de vivienda de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el problema se exacerbó: a pretexto de resolver las necesidades mayoritaria de la población, la ciudad se extendió en superficie construida más no en infraestructura. Como resultado, se tiene una ciudad socialmente más fragmentada y desigual que la existente hace diez años.
Si los principios de Quito van a ser aplicados en el AMG, las autoridades locales tendrían que comenzar por hacer una cirugía mayor al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y después, un replanteamiento político del desarrollo, de acuerdo a lo que los diversos actores han discutido no solamente en la reunión mundial, sino a lo largo de los últimos tres años, tiempo en que se detonó la primera generación de instrumentos e instituciones públicas para una metropolización eficiente, justa y resiliente (es decir, con capacidad de respuesta a desafíos económicos, sociales y ambientales) de la ciudad.
Diez cosas por hacer
1. Dentro del esquema de las “centralidades emergentes”, deben eliminarse las que fueron definidas fuera de la propia metodología, por simple exigencia de los presidentes municipales de Zapopan y Zapotlanejo. El POTmet señala que “como excepción a este método, por petición específica de los municipios correspondientes” se incluyen cuatro centralidades emergentes: Colotlán y La Azucena, en Zapopan; y las delegaciones de Matatlán y de La Purísima, en Zapotlanejo. En ambos casos, hay intereses inmobiliarios de vieja cuña que generan una expansión de la ciudad a zonas sin infraestructura, que han sido aceptados como inevitables por parte de las respectivas presidencias municipales, pero rompen con la intención de la ciudad contenida, compacta y densa que busca el propio plan. También el plan se debe ajustar a las zonificaciones del Programa de Ordenamiento Ecológico estatal y los municipales existentes, dado que la base de todo el desarrollo es el llamado “capital natural”.
2. Se deben incorporar al desarrollo urbano al menos seis mil ha de lotes baldíos existentes al interior del periférico; esa superficie sería útil para resolver durante décadas las necesidades de vivienda y resolver el déficit de la ciudad en materia de áreas verdes.
3. Se debe recuperar el esquema de crecimiento por plusvalías; es decir, la ciudad construye y mejora infraestructura con los recursos recabados entre los beneficiados por las obras, lo que permite fortalecer el capital y los bienes comunes y no como ahora, que se privatiza el beneficio y se construye con recursos fiscales y deuda pública. Este esquema se utilizó hasta mediados de los años 80 y uno de sus más notables productos es la calzada Lázaro Cárdenas, la más amplia de la ciudad. Pero la “ciudad neoliberal” lo canceló para maximizar la ganancia privada.
4. Se debe reorientar, con las capacidades coercitivas del Estado, la construcción intensiva de vivienda en zonas que tengan las condiciones para alojarla, comenzando con el tema de la proximidad de transporte masivo (líneas de tren y macrobús), y con la capacidad plena de la infraestructura de agua, alcantarillado, electricidad, luminarias, recolección de residuos, áreas verdes, áreas de estacionamiento y seguridad.
5. Se debe caminar de la clasificación de aptitud urbana del suelo a una rigurosa política en la que toda zona de riesgo (al menos de la mitad de las reservas actuales) no sea utilizada para construcción permanente, y que esta abra la oportunidad de establecer nuevas áreas verdes públicas, pues la ciudad debe pasar de mil ha actuales a al menos 4 mil ha, si no creciera un metro más (cosa por demás poco posible).
6. Se debe construir una ciudad donde la movilidad sea prioridad para sistemas de transporte masivo de bajas emisiones de carbono y para transporte alternativo, es decir, bicicletas y traslados peatonales, y que los dueños de los autos particulares deban contribuir para financiar la “ciudad verde”, dado que la baja eficiencia de los motores de combustión interna hace que tres cuartas partes del combustible se emitan crudos a la atmósfera.
7. Deben establecerse reglamentos vecinales bajo el esquema de derechos y obligaciones, de manera que la posibilidad de mejorar calidad de vida en los espacios más densificados sea posible; esto significa normas estrictas de respecto a los derechos de tercero en temas de estacionamiento, basura, ruido, uso del auto y cuidado de las áreas comunes.
8. Se debe construir un esquema de planeación participativa serio y de largo plazo; esto parte de redefinir desde las leyes de planeación federal y locales, hasta el propio estatuto metropolitano, para no dejar a criterio de la autoridad la calidad y el tiempo de las consultas públicas. A la par, estas deben estar sustentadas en campañas de información sólidas y de fácil acceso a todos los estratos sociales. No se puede seguir tomando decisiones entre grupos de poder y dejar al ciudadano la tarea de “legitimación” con consultas de bajo perfil, y en las cuales, las observaciones de poco a nada se reflejan en un cambio de decisiones. Tampoco se puede pretender “cambiar” el futuro de la ciudad cada que hay un cambio de grupo político al frente del gobierno.
9. El espacio público es el más importante para mantener el ejercicio del “derecho a la ciudad”; la autoridad debe respetar rigurosamente su vocación, mejorar sus condiciones y ampliar y fortalecer este patrimonio común. También se debe caminar a hacer que las áreas naturales protegidas que dan “vida” a la ciudad por sus servicios ambientales, como La Primavera, la barranca del río Santiago, el Cerro Viejo y el lago de Chapala, sean efectivamente protegidas y descontaminadas, porque son la reserva vital para el futuro del AMG.
10. Los políticos deben avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas: es importante que los electores conozcan no solamente sus fortunas y sus ingresos, sino a quién o quiénes le deben por haber patrocinado sus campañas políticas. En Estados Unidos los “lobbys” son instancias transparentes de los grupos de presión y permiten a los votantes saber a qué atenerse en caso de sufragar por tal o cual candidato. Si se considera que el sector de la vivienda aporta al menos 6 por ciento del PIB nacional, y la industria automotriz, otro tanto, el ciudadano tiene derecho a saber si estos grupos están financiando campañas políticas y a cambio de qué (se infiere que la aplicación de presupuestos masivos a movilidad particular y expansión urbana podría ser la respuesta). También aplica para sectores empresariales más locales, e incluso en el caso de iglesias.
Quito dice qué pero no cómo
La declaración final de Hábitat III de las Naciones Unidas, realizada en Quito, Ecuador, la pasada semana, señala principios de acción, pero deja a cada conurbación definir los cómos para lograrlo, aclara el consultor en desarrollo urbano, Alberto Orozco Ochoa.
“No me parece que esto deba calificarse como desacierto o falla. Las ciudades son distintas y están conformadas por sociedades distintas. Por ello, la relevancia en distinguir entre ‘mismos problemas’ de los ‘problemas comunes’, pues existe diferencia […] es decir, en esto no existen las ‘balas de plata’ que aseguren resolver los problemas de una misma manera - tal vez lo contrario a una vacuna-. Los patrones del carácter urbano y las peculiaridades de la conformación social cuentan”, explicó el director fundador del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) a este diario.
“Debemos reconocer este imperante esfuerzo coordinado desde ONU-Hábitat para lograr la operación de la Nueva Agenda Urbana, que si bien es cierto es tan solo una serie de principios para gestionar las ciudades para las próximas dos décadas, es importante; lo trascendental recae ahora en la forma de implementar estos principios. En este sentido la gobernanza será un componente fundamental y por otro lado la innovación y tecnología para lograr un monitoreo más efectivo que nos permita corroborar si en el tiempo seguimos en la dirección que ahora se pretende”.
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