El Imeplan se aprovecha de que la legislación mexicana es precaria en materia de consulta pública, pero el resultado puede ser malo para la ciudad, advierten expertos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El divorcio entre la realidad de una amodorrada participación ciudadana, y la virtualidad de una planificación express, sujeta a tiempos electorales, que ya se comió una oportunidad en el caso del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), amenaza con cobrar una segunda víctima en el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM), cuya versión preliminar está a punto de cerrarse con sólo tres meses de consultas.
Se trata de un proceso que a las ciudades del mundo mejor planificadas les ha llevado años, pues obliga a generar un verdadero modelo político (es decir, un ejercicio ciudadano) para producir planes sólidamente consensuados y con las herramientas necesarias para que sean obligatorios: no hay nada que garantice mejor la solidez de un plan y su ejecución que la calidad de la gobernanza que lo soporta.
Sin embargo, en México, esto pasa por marcos legales de participación ciudadana que son precarios, exiguos y escasamente definidos, coinciden Luis Fernando Álvarez, Jorge Fernández Acosta y Jesús García Rojas (para éste, ver nota anexa), expertos en temas de desarrollo urbano.
“Hay un problema de origen; la definición de los objetivos no es clara; ¿qué es el POTmet, qué es el PDM? […] el estatuto tendría que ser revisado, se necesita que técnicamente los problemas estén bien identificados, que haya metas precisas e indicadores de seguimiento”, destaca Luis Fernando Álvarez, académico de la UdeG y experto en economía urbana.
Sigue presente el poder de las empresas inmobiliarias en la definición de la planeación, con un lobby altamente eficaz para torcer decisiones y recursos públicos a su favor; “aun cuando el gobierno federal cambia la política, los gobiernos municipales tendrían que actuar de otra manera; habría que ver la viabilidad para la vivienda en renta, municipal; la viabilidad para ocupar las viviendas vacías, o sea, un montón de alternativas que habría que estar buscando”, añade.
“O sea, el primer paso era tener un diagnóstico claro, y además los instrumentos para un escenario ideal, lo cual no se tiene”, secunda Fernández Acosta, urbanista por la UdeG.
“Es lo que hemos cuestionado; estamos cuestionado esa premura de querer tener una visión de conjunto y de largo plazo en tres meses; en un periodo en que la justificación va a ser, ya consultamos a toda la población, cuando sabemos que fue sectorizadamente, controladamente […] podemos tomar cualquier tema, el tema de riesgos, el del transporte, el del agua, el de residuos sólidos, el de seguridad; todos son temas profundos que requieren de una amplia discusión ciudadana”, sigue Álvarez.
Establecen una analogía: la discusión de la reforma del Estado en el gobierno de Felipe Calderón generó una ley marco que organizó la consulta a lo largo de año y medio; “en año y medio hubo foros, hubo sesiones, hubo reuniones, y después de año y medio hubo resultados […] al final vemos que la reforma del Estado no tiene todo el éxito que se aspiraba, peor finalmente hubo un ejercicio planificado de consulta, de recopilación de información, de análisis, y la emisión de un documento con resultados; aquí parece que se parte de los resultados y se trata de ajustar la consulta a los tiempos políticos, exactamente al revés…”.
De hecho, “el POTmet debería haber sido el documento final y no el producto primero, le faltan patas a la bestia”, ironiza Fernández Acosta.
En esa incongruencia y desconexión se pueden colgar todos los temas: cómo se definen obras y planes si no se parte de los datos duros debidamente comprobados y de diagnósticos certeros; así se decidieron, por ejemplo, megaobras como el llamado Puerto Seco de la laguna de Sayula o el mismo macrolibramiento; “los proyectos van saliendo, y tendríamos que preguntarnos si no estamos construyendo la realidad sobre las rodillas; esa lógica de que las naranjas se acomodan en el camino…”.
Álvarez subraya que la realidad no es sólo una suma de percepciones; “si resulta que no tenemos grandes problemas de acuerdo a las percepciones, entonces no hay que solucionar nada; la pregunta fundamental sería, ¿cuáles son los grandes problemas de esta ciudad, a nivel de indicadores, no de percepción, con datos duros? […]
en ese sentido cuestionamos el sentido actual de la participación, la planeación participativa: si la gente aporta a partir de su percepción, ves los problemas, si es que hay problemas, pero no aporta soluciones; un análisis de percepción, que no está mal, tiene una utilidad, pero eso no resuelve […]”. Fernández Acosta remata: “pero en la discusión de cómo se construye ciudad con la percepción, estamos fritos, porque resulta que son más importantes los templos y cenáculos”.
De este modo, “lo primero que debió discutirse era cómo debíamos de discutir […] porque estos son procesos controlados sin una metodología definida; en el PMD, haber consultado a 1,600 personas, para una población de 4.5 a 5 millones, no es significativo […] tendríamos que irnos al origen y buscar que el estatuto se revisara”, puntualizan.
Marco jurídico, cuestionable y limitado
El marco jurídico en materia de planeación “es bastante complejo, vulnerable, falta de coordinación y hay mucha incertidumbre”, señala el urbanista Jesús García Rojas.
“Un ejemplo es que a nivel estatal prácticamente en todos los municipios está vigente la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento de Zonificación, ya que el Código Urbano aprobado en el 2009 que la abroga, por errores en sus artículos transitorios y/o falta de iniciativa de los municipios, siete años después solo aplica actualmente al municipio de Guadalajara que si aprobó, registro y emitió su propio reglamento”:
Por otro lado, “el Sistema Nacional de Planeación Democrática en todos sus niveles es totalmente corporativista, norma las consultas controladas [democracia dirigida], no abiertas, excepto en los famosos foros de consulta ciudadana o pública que solamente operan como catarsis ya que cualquier observación fuera de control es escuchada mas no atendida”.
Esta endeblez se refleja en la consulta del Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano, “en un video promocional en redes sociales, nos informan que además de foros y talleres se consultaron a más de 1,600 ciudadanos, que tan solo representan 0.036 por ciento de la población del área metropolitana […] nos pone a pensar que la planeación democrática y participativa está en duda”.
Por si faltara, el ejercicio es doblemente endeble dado que “los presidentes municipales pueden promover ante el Ayuntamiento las modificaciones y adecuaciones que estimen pertinentes de manera excepcional en cualquier tiempo, y sabemos que la excepción es la regla”.
Añade: “Me queda claro que hay que reformar todo nuestro sistema de planeación y programas para hacerlos obligatorios y de largo plazo; recuperar la rectoría de la federación y los estados, no dejar solos a los más de 2,400 municipios del país que son incapaces de llevar el asunto, y combatir la corrupción y la impunidad que está arruinando nuestro país y a sus ciudadanos”.
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Claves
Leyes endebles
Ley Federal de Planeación, establece una consulta entre corporaciones y limita la planeación a seis años
Ley General de Asentamientos Humanos, deja en los municipios la obligación de planear
Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, planeación que puede ser transexenal, pero sujeta a ratificación, y con programas limitados a los periodos de gobierno
Código Urbano (sólo vigente en Guadalajara), establece programas estatal y municipales, sujetos a revisión al final de cada periodo; participación ciudadana en consejos estatal, regionales y municipales determinados desde los órganos de gobierno, o en juntas vecinales reguladas
Ley de Coordinación Metropolitana y Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del AMP; dan vida a un consejo ciudadano que tiene representantes designados por los ayuntamientos, es decir, no representan realmente a la sociedad
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