Dilema no resuelto, la participación ciudadana

Amsterdam y Madrid demuestran que los planes de largo plazo requieren de tiempo; en México, suele ser para legitimar decisiones: investigadores.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El uso del territorio es el gran tema con el desarrollo urbano, y es un tema de poder. El dilema es si éste se ejerce de modo democrático, con una fuerte cesión a los ciudadanos en todos los procesos de planeación y toma de decisiones, o si simplemente se trata de un maquillaje político para disfrazar el monopolio gubernamental y de los grupos de presión empresarial.

Lo cierto es que un periodo de consulta de apenas tres meses ofrece poca oportunidad de que el ciudadano incida. “Acabo de asistir a una interesante videoconferencia sobre la ciudad de Amsterdam [capital de Holanda]; ellos revisan sus planes de desarrollo urbano cada diez años, pero la preparación del plan se llevó cuatro  años, 80 por ciento de ese tiempo se invirtió en su consulta pública que es ejemplar; se hizo lo que la sociedad pidió [gobernanza], y obtiene premio de mejores prácticas de Eurocities; los medios más eficientes de la consulta fueron Twitter, website y Facebook;  su visión de planeación es al año 2040”, explicó ayer el consultor urbano Jesús García Rojas. Su duda es por qué en Guadalajara no se pueden alcanzar esos estándares de calidad de consulta para el Programa de Desarrollo Metropolitano.

Dos académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rubén Alfonso Rodríguez Vera y Gustavo Saavedra de la Cruz, egresados del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, dieron hace tiempo la clave de este lugar común de la planeación en este país.

“La participación ciudadana en el poder local presupone distribución de poder entre todos los integrantes de una comunidad; esto en buena parte es recogido en diversas leyes en México, pero en la mayoría de las veces es ignorado por las autoridades encargadas de aplicarlas. El poder no se comparte, la posibilidad de participar en algunas de las etapas del proceso de planeación -sobre todo, cuando ya se la elaboraron los planes, es cuando se ponen a consideración de los habitantes - se ha abierto a los grupos organizados, más no señala qué peso pueden tener esas opiniones para la autorización de los mismos”, señalan en un artículo denominado “La participación social en el ordenamiento territorial. Participación o representación, un dilema legal y metodológico”, publicado en 2012 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2012.

“Cuando se convoca a los ciudadanos a participar en la elaboración de los planes y programas, la autoridad la hace con conocimiento de que lo que puedan aportar puede ser considerado o no y en ocasiones estas propuestas no cambiarán el sentido de la planeación del Estado. Hoy el territorio se ha convertido en un bien escaso y por lo tanto sujeto de especulación: es una mercancía puesta al mejor postor, regulada por los grupos de poder político y financiero [no es seguro si es correcto el orden] y que evidentemente responden a los intereses de los sectores poderosos económicamente”, añaden.

Ante esto “surge la inquietud ¿para qué hablar tanto de participación social si al final las mismas autoridades y algunas leyes se contradicen en cuanto al fomento de la misma?”.

El primer gran tema es la ambigüedad de los instrumentos legales que ordenan las consultas, no establecen metodología para hacerlas, ni tiempos ni espacios. El segundo tema es que el poder de lobby de los grandes empresarios inmobiliarios han decidido desde hace más de 25 años los destinos de la ciudad (ver MILENIO JALISCO, “Desarrolladores de vivienda en la ZMG, un gobierno metropolitano de facto”, 21 de abril de 2015)

Plan democrático

“¿Qué peso específico tendrían las aportaciones de las comunidades y qué tanta obligación de las autoridades de tomarlas en cuenta? Y en caso de no tomarlas en cuenta ¿podrían los ciudadanos detener el proceso hasta obtener el visto bueno de la sociedad? ¿Cómo chocarían los intereses de los empresarios, de la comunidad, de los agricultores, madereros y los ambientalistas con las políticas ambientales generadas bajo el principio de sustentabilidad y donde los intereses serían encontrados?”, Rubén Alfonso Rodríguez Vera y Gustavo Saavedra de la Cruz, UdeG.