Solicitan juicio político vs gobernador

Ejidatarios de Ignacio Zaragoza, en La Huerta, pidieron al Congreso del Estado abrir expediente por abuso de autoridad, pues acusan a Emilio González de proteger los intereses de una desarrolladora privada

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Miembros del nuevo centro de población Ignacio Zaragoza, de la costa de Jalisco, liderados por Saúl Gallardo Méndez, pidieron ayer al Congreso del Estado abrir expediente de juicio político en contra del gobernador Emilio González Márquez, a quien acusan de proteger los intereses de una desarrolladora privada, en La Huerta, situación que derivó en la privación de la libertad por más de cinco meses de doce de sus miembros, incluido el también dirigente de la Central Campesina Cardenista.

Según el dirigente cardenista, el grupo que encabeza está legalmente constituido y reclama la posesión de parte de las tierras donde se pretende realizar el desarrollo Zafiro, en la bahía de Chamela.

“Pues realmente fue un acto de prepotencia, un abuso de autoridad por parte del gobierno del estado; fuimos detenidos el 25 de julio pasado y fuimos sujetos a un proceso de despojo durante cinco meses, y gracias a un juez federal se demostró nuestra inocencia, porque nos prefabricaron un delito para consignarnos; salimos libres el 14 de diciembre [de 2010], no habíamos salido a los medios para hacer una denuncia pública hasta que tuviéramos todos los elementos necesarios, y así poder demostrar la intervención del estado y del mismo gobernador”, explicó Saúl Gallardo.

“Cuando nos apresaron con 80 elementos de la policía estatal encabezados por Javier Lechuga y Mario Reynoso, ellos se ostentaron como integrantes de la Subsecretaría de Asuntos del Interior del gobierno del estado, pues les anunciaron que íbamos a invadir tierras, que íbamos a despojar terrenos, y que por eso hacían estos actos represivos en el lugar; pero como nos encontraron reunidos en asamblea en el interior de la casa de un compañero, al reclamarles nosotros que cuál era nuestro delito nos dijeron que era una detención de Estado, y que era la palabra de ellos contra la de nosotros…”.

Mientras, agregó el denunciante, “están desbaratando el pueblo, todo lo que da al lado de la playa, te amedrentan, te amenazan, te ofrecen un dinero para te largues, si no, cárcel [...] demuelen casas, sacan la gente”. Los solicitantes de Ignacio Zaragoza están pugnando porque se reconozcan sus derechos de 80 años en los tribunales agrarios federales.