Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 10 de abril de 2011
El diálogo entre los defensores de Temaca y el gobierno, tras el levantamiento de la toma de las obras por los pobladores y sus asesores, hoy parece imposible. Sin embargo, hay caminos para no sacrificar a los pueblos alteños a las insaciables necesidades de agua de Guadalajara y León, pero entrañan, en mayor o menor medida, un golpe de timón en las políticas institucionales. Los expertos Miguel Magaña, Agustina Rodríguez y Arturo Gleason detallan para este diario tres posibilidades que concilian intereses aparentemente tan opuestos. Lea y saque sus conclusiones.
Opción 1, reducir 35 metros la altura de la cortina
La alternativa “más sustentable” a El Zapotillo en sus dimensiones y características actuales, es que “la cortina se construya de tal forma que su elevación no ponga en riesgo de inundación los poblados”, es decir, de 105 metros previstos para su elevación, bajar a menos de 70 metros y salvar así Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Y que las ciudades se adapten a ese cambio que significa menos agua, señala el investigador y catedrático de la UdeG, Miguel Magaña Virgen.
“Eso provocaría que la dotación de agua a Leon y Jalisco fuera menor. El agua faltante es el tamaño del compromiso que deben de establecer los sectores que quieren beneficiarse con la elevación máxima”, agrega el experto en impacto ambiental y ex funcionario del sector ambiental en Jalisco.
Pone ejemplos. “Si el agua se destina al sector agropecuario, este tiene que establecer un sistema de ahorro máximo, donde pueda satisfacer sus necesidades sin arriesgar su potencial productivo”. Los agricultores evitan utilizar agua “rodada” y transitan hacia sistemas de riego por aspersión y goteo almacenando agua de lluvia en ollas de agua o equipamiento similar. Similares reflexiones se hacen en el gasto ganadero, tradicionalmente dispendioso.
Así se llega a los sectores urbanos, objeto primordial de la megaobra. Allí, “el ahorro debe ser con relación a las dotaciones recibidas”, es decir, “tendrían que adaptarse al agua que les sea proporcionada, tanto la población como las empresas. Ya es tiempo de que la teoría —miles de propuestas para ahorro del agua y alternativas ambientales, que sólo abundan en los escritos, en los foros y en los discursos— se aterrice en la práctica”. Los empresarios saben que reciclar el agua les sale más económico que “comprar agua” y la dotación de la presa se calcula con base en el uso y dispendio tradicional.
“Con referencia a la altura de la presa, lo más seguro es que estén considerando el coeficiente de azolve que año con año reduce la capacidad de almacenamiento y pretenden entonces un período más largo de vida —ver lo que está sucediendo en la presa de Santa Rosa, donde su almacenamiento ya es mínimo—; para este caso debe implantarse un sistema de protección y conservación de suelo en las principales cuencas que aportan miles de metros cúbicos de suelo debido a su deforestación y deficientes sistema de cultivos. Si no se inician de forma paralela acciones de reducción de uso hídrico en las cuencas que intervienen, lo único que van a lograr con la cortina más alta es acumular más azolve”.
Los recursos económicos que se ahorren al no construir la presa en las dimensiones consideradas “pueden, sobradamente, ser destinados para el apoyo de un plan regional de protección hidrológica”.
El investigador advierte que “un proyecto sustentable no inunda una población en nombre del beneficio mayoritario. Si seguimos construyendo con el criterio actual, es esa población beneficiada la que se verá afectada al final del día. El cambio de estrategia es lo que resolverá regionalmente las carencias de agua y la baja productividad actual”.
Así, “no hay razón constitucional para que sólo una parte de la población sea la que se sacrifique. El proyecto no sólo no es sustentable, es también, injusto socialmente […] la ley señala que la expropiación es válida debido que la población beneficiada es mayoritaria, pero el fin último, en este caso, no es la expropiación, sino beneficiar a unos destruyendo el patrimonio de otros”.
Opción 2, cambiar sitio para no afectar poblaciones
La Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, AC, insiste que “el mejor punto para realizar un represamiento y dotar de agua a la zona conurbada de Guadalajara es el punto conocido como Loma Larga II, ubicado en el río Verde entre los municipios de Yahualica y Tepatitlán de Morelos”, pues en esa zona no se afectan comunidades con riqueza cultural, y hay una superficie inundable de menor extensión que la prevista para El Zapotillo, lo cual disminuye la pérdida de agua por evaporación, señala la asesora ambiental de esta ONG, Agustina Rodríguez Morán.
Como ventajas agregadas están una menor infiltración del recurso y menores costos de bombeo en relación con la derivadora de El Purgatorio (el otro componente del sistema El Zapotillo-Guadalajara), casi de la mitad de altura.
La propuesta está fundamentada “en los estudios y análisis de los especialistas doctores, académicos y técnicos que colaboran con la Fundación desde hace doce años, para que se cumpla con los decretos federales de asignación de aguas, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 7 siete de abril de 1995 y 17 de noviembre de 1997”, añade.
“La Fundación entregó a los habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, en 2005, un proyecto de la presa Loma Larga II para almacenar 905 millones de metros cúbicos, y de ahí surtir de agua a la zona conurbada de Guadalajara a razón de 300 millones de m3 al año y a León, Guanajuato, a razón de 120 millones de m3, evidenciando que tan sólo es necesario construir una presa, y que esto es más barato y eficiente, además de que no se afecta a ninguna comunidad ni tampoco tierra fértil, y se destina el mayor volumen de agua al abasto urbano tal y como lo dispusieron los estudios y decretos realizados por la Federación en el año 1995 y 1997”, pone en relieve.
El proyecto fue entregado infructuosamente en las legislaturas LVII y LVIII, y ahora, en la LIX, ha sido retomado por la diputada Olga Gómez Flores, mientras ya es del conocimiento del diputado federal Salvador Caro Cabrera.
“En el proyecto presentado por la Fundación para construir esta presa en Loma Larga II, el nivel del agua llega hasta el pueblo de Acasico, por lo que se diseñó un puente para integrar a los Municipios de Mexticacán, Cañadas de Obregón y Yahualica”.
No obstante, la fundación insiste en que “los represamientos no son la única y la última solución”, y se debe caminar por la ruta de “una nueva cultura ambiental y de cuidado del agua, en donde la planeación de las nuevas ciudades transformen los paradigmas actuales y la arbitrariedad de un crecimiento desmedido e irracional de la mancha urbana”. Aquí caben otra serie de planteamientos como pozos de absorción, sanitarios ahorradores, llaves de pedal para los lavabos, llaves de plataforma para los baños, mezcladores de agua y el aprovechamiento del agua pluvial.
Opción 3, no hacer ninguna presa
Es fundamental “el cambio de paradigma en la gestión del agua”, señala José Arturo Gleason Espíndola, doctor experto en aguas subterráneas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), y eso debe conducir a la posibilidad de no edificar la presa El Zapotillo ni ninguna otra para el abastecimiento urbano de la región.
“Es necesario transitar de un enfoque de manejo sectorial de agua a uno integral. El sistema imperante para casi todas las ciudades mexicanas […] es de tipo sectorial; consiste en dotar de agua por medio de fases conectadas de manera secuencial, comenzando con el punto de captación a nivel superficial —presas, lagos o ríos— y subterráneo —pozos—, para luego limpiarse a través de un proceso de potabilización y llevarla a las edificaciones por medio de una red de distribución donde es consumida para enseguida alejarla a través de la red de alcantarillado que mezcla las aguas negras y aguas pluviales para finalmente tratarlas”, explica.
Esta forma de manejar el agua “sólo contempla aumentar la disponibilidad de las fuentes de suministro, sin considerar ningún tipo de mejora en el sistema ni las posibles interacciones o interconexiones…”.
Lo que propone Gleason Espíndola es “un concepto denominado gestión integral de los recursos hídricos”, con el fin de “maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas”.
De ahí deriva la gestión urbana sustentable del agua, “o en otras palabras, el manejo integrado del agua o ciclo hidrológico en las ciudades […] enfoque que no contempla solamente las fases sino las concibe como esferas que interactúan. Estas esferas son agua potable, aguas pluviales y residuales, las cuales tienen vínculos que las integran para lograr un manejo interdependiente del agua. Por ejemplo en la esfera de agua potable considera en principio que las opciones de suministro deben ser sustentables, es decir, que no dañen el medio ambiente y tomen en cuenta a la población y el factor económico. Estas acciones contemplan la disminución de la demanda, desde el bueno uso del agua por parte del ciudadano hasta la implementación de dispositivos de ahorro. También se puede apreciar cuando la esfera de agua potable interactúa con la esfera de aguas pluviales, puede haber un aprovechamiento del agua de lluvia captándola en los edificios y los escurrimientos superficiales tratados, aumentando de esta manera la oferta del agua. Por otro lado, cuando la esfera de aguas negras interactúa con la de agua potable, los sistemas mejorados de reuso de aguas negras y grises tratadas incrementan la oferta de agua”, abunda. Las oportunidades están por la ruta de recuperar las pérdidas de la red, aprovechar manantiales, galerías filtrantes, aguas pluviales, y reutilizar el agua gris y el agua tratada, lo que permite obtener siete m3 por segundo más en Guadalajara.
Por lo tanto, “se necesita transitar de una gestión sectorial y centralizada del agua [participación sólo del gobierno] hacia una gestión integral y descentralizada [participación de todos los sectores de la población], y dejar para más adelante el estudio de la factibilidad de una nueva fuente de suministro que envuelve altos costos económicos, irreparables daños ambientes y la oposición de los afectados por la construcción de megaobras”.
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