Acusados por despojo en Chamela están detenidos desde agosto de 2010. Solicitan respaldo del diputado panista Héctor Álvarez, ante conflicto con una desarrolladora turística en Chamela
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 6 de abril de 2011
Desde el 26 de agosto de 2010, están en la cárcel de Cihuatlán cuatro comuneros de Jocotlán: Salvador Villaseñor Sánchez, Álvaro Valdovino Rosas, Julián Fregoso y Alejandro Martínez Godoy, acusados de despojar al Grupo Invermar, promotor del proyecto Zafiro, de terrenos enclavados en las inmediaciones de la playa El Negrito, en Chamela, municipio de La Huerta.
Ayer, el presidente de la comunidad indígena enclavada en Villa Purificación, Rafael García Espinoza, el “gobernador indígena de Jalisco” Expedito Reyes Pelayo, y el representante legal de los afectados, Francisco Enríquez Enríquez, reclamaron tanto en el Supremo Tribunal de Justicia como ante diputados del Congreso local, su liberación, pues a su juicio, no hay elementos que acrediten su responsabilidad, dado que “son terrenos que los comuneros hemos tenido en posesión desde siempre”, para lo cual refieren a diversos títulos virreinales, entre ellos uno de 1802 del rey Carlos IV de España.
La detención fue realizada por policías municipales de La Huerta, quienes tras conminar a los campesinos de desalojar el predio, habrían sido agredidos, según la versión que la empresa inmobiliaria, la parte acusadora, dio a este diario. Desde esa fecha, se han realizado amparos y diversos recursos legales a favor de los comuneros, pero sin acreditar la propiedad en cuestión, asegura el corporativo, que señala que ningún título virreinal les reconoció alguna ocasión a los indígenas terrenos junto al mar (ver abajo).
Sin embargo, el presidente comunal de Jocotlán sostiene que ellos son la víctima: señala que se les pretende despojar de más de dos mil hectáreas de tierras cercanas al litoral, tanto en relación con la playa El Negrito, como otros predios tierra adentro llamados El Pando Grande-Cerro de los Bayos, y El Crucero del Divisadero a Zapotán. Asegura que la resolución presidencial de 56 mil hectáreas, que data del 15 de enero de 1958 (Diario Oficial de la Federación), ampara todos sus derechos, aunque no han planteado el deslinde ante tribunales agrarios, situación que pretenden hacer cuando se desahogue el juicio que mantiene presos a cuatro de sus socios comunales.
Los procesos penales pendientes de resolución son el 200/2010 y el 174/2010, explicó el abogado Enríquez Enríquez. Se espera que el próximo 14 de abril, la juez mixta de Cihuatlán desahogue la audiencia principal, testimoniales, interrogatorios e inspección judicial, de manera que se logre pronta sentencia y la liberación de sus defendidos. “No creemos que el gobernador del estado, Emilio González Márquez, esté enterado de estos intentos de despojo, aunque sí tienen la complicidad de algunos funcionarios menores, y sin duda el presidente municipal de La Huerta los está respaldando”.
Entre las diversas puertas que han tocado los representantes de Jocotlán están las de diputados. El abogado aseguró que tienen apoyo de varios, pero quien ayer se apersonó con los quejosos fue el panista Héctor Álvarez, quien dijo que “llegará al fondo” en la defensa de los comuneros.
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150 años de propiedad privada
Grupo Invermar, desarrollador del proyecto Zafiro, sostiene una versión distinta del origen de la propiedad en disputa: “Los predios que componen el polígono del proyecto cuentan con escrituras públicas con un historial registral que data del siglo XIX; jamás los propietarios […] habían tenido conflicto alguno con la Comunidad Indígena de Jocotlán localizada en el municipio de Villa Purificación, municipio que no colinda con el litoral del océano Pacífico”, explicó la empresa en un texto enviado a este diario.
Así, “apenas en el mes de agosto del año pasado, se presentaron sorpresivamente un grupo de aproximadamente 30 individuos quienes dijeron al personal encargado, ser miembros de la citada comunidad […] y sin documento alguno de propiedad o de autoridad judicial, conminaron de manera violenta y agresiva al personal a que se retirara […] de inmediato, representantes legales de la empresa dieron aviso a las autoridades del municipio de La Huerta y presentaron formal denuncia”, tras lo cual se dieron las detenciones y la consignación. La empresa “reitera su determinación de promover su proyecto de forma social y ambientalmente sustentable siempre y cuando se les garantice el respeto al estado de derecho que debe prevalecer para coadyuvar a revertir el grave atraso social y económico que padece la región”.
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