El tema ambiental de El Zapotillo y la supervivencia de Temacapulín se debatió ayer en esta ciudad. La representante de la Segob señala que se retirarán después de un procedimiento
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 8 de abril de 2011
Siguen vivas las denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) contra los habitantes de Temacapulín y sus asesores por el bloqueo a que sometieron a las obras de edificación de la presa El Zapotillo durante la semana pasada. El hecho mantiene incómodos a los opositores de la edificación, pues la negociación la encuentran “fuertemente condicionada” cuando por otro lado, no se han podido poner puntos en común para alcanzar acuerdos entre las partes.
Esta fue la queja más recurrente de los voceros de Temaca durante la jornada de ayer, en que se realizó una nueva y kilométrica mesa de trabajo –nuevamente, sin acceso a los medios de comunicación- para revisar el aspecto técnico ambiental. Los participantes reconocieron que hay un divorcio en la forma de abordar el problema del agua, lo cual sólo genera dudas sobre la posibilidad real de que pase algo a favor de las comunidades.
En el caso de las querellas que promovió la Comisión Nacional del Agua (CNA) tras los hechos del 28 de marzo, la representante de la Secretaría de Gobernación, Rocío Morgan, explicó que no han podido ser retiradas porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la federación obliga a justificar la erogación de recursos no previstos para los contratistas que fueron perjudicados con el paro de obras. Es decir, “hay plena voluntad de las partes”, pero los funcionarios públicos de la CNA se deben proteger para no ser sancionados por pagar los costos financieros del trabajo detenido, puso en relieve.
El diálogo parte de lugares muy distintos del análisis de la realidad: para los campesinos y los colectivos ambientales que han convertido la causa de Temaca en un modelo de resistencia al desarrollismo global imperante, se debe buscar modificar la forma en que se consume el agua para un uso más racional, pero además, separar lo que es la verdadera necesidad de un insumo básico para la vida del “agua-economía”, es decir, los intereses de las grandes empresas en obtener agua a bajo costo para generar riqueza con el subsidio del resto de la sociedad.
Los expertos gubernamentales, en cambio, ven todo como un problema de tubos de capacidad insuficiente y fuentes de agua con recurso escaso: se debe aumentar la oferta de agua para no detener el desarrollo de una ciudad que ya rebasó 4.5 millones de habitantes, lo contrario sería un costoso error para la competitividad en recepción de inversiones de la urbe.
El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, dio una semblanza aproximada de lo que se piensa en las instituciones públicas, tras destacar que el efecto de inundar los poblados es inminente; “sí podemos trabajar con ellos en ayudarles a que esta afectación sea lo menos fuerte posible y que ellos tengan ciertas ventajas de ésta afectación para mejorar su calidad de vida, para mejorar inclusive sus ingresos, para sus perspectivas económicas, para que los hijos no emigren a otras ciudades…”.
En contraste, los colectivos pro Temaca destacan soluciones desde el lado contrario: no se requieren de más presas, sino un enfoque de gestión del agua “participativa e integral”, en el que los responsables de las políticas y la sociedad civil “adquieran mayor conciencia sobre la importancia del agua y la necesidad urgente de su buen manejo”.
Las mesas no se han agotado. Se espera abordar la más importante: la de las alternativas a El Zapotillo. Pero hay escepticismo sobre si se puede desencarrilar un proyecto en el que ya se han erogado cientos de millones de pesos.
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