En busca del “modelo Chimalapas” de protección de la naturaleza. Desde 1994 fracasó el esquema como reserva de la biosfera, por lo que sigue en el aire garantizar la preservación de este enorme patrimonio natural
Juchitán, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS
Con la presencia de casi 36 por ciento de la riqueza en especies que tiene México en el apretado interior de estas montañas de poco más de medio millón de hectáreas –ni siquiera 0.03 por ciento de la superficie nacional-, y tomando en cuenta la pavorosa deforestación de los últimos 40 años, que borró más de 10 por ciento de sus bosques y selvas, lo normal es que ya hubiera acciones decididas de protección de los recursos naturales en Chimalapas.
Y las hay, pero están muy lejos del modelo ortodoxo de una “reserva de la biosfera” que se quiso imponer por el gobierno federal a partir de 1996, fracasado por la oposición de los zoques, los inmemoriales custodios de este tesoro biológico.
Carlos Solano Solano, coordinador del proyecto de desarrollo regional de los Chimalapas, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reconoce que la decisión de los Chimas obligó a la búsqueda de respuestas imaginativas que se han ido construyendo en un proceso de acompañamiento.
Queda claro que no se podrá lograr la protección de estos ecosistemas sin la voluntad de sus poseedores. También resulta evidente que las autoridades comunales y las municipales ya están “jugando” en la línea de la conservación, asombrados por la pérdida de servicios ambientales que trastorna su calidad de vida, y sobre todo, ante el aumento de la temperatura y la escasez de agua.
El trabajo desplegado desde ese tiempo parte de una premisa ineludible: “el rechazo de un decreto para un área de reserva de la biosfera”, que era lo que estaba previsto desde 1994 a raíz de la recuperación de tierras del predio de San Isidro la Gringa –que había sido invadido por ganaderos chiapanecos antes de 1994-; “en ese acuerdo se planteó la formación de un área piloto de conservación, fueron 24 mil hectáreas; se hicieron estudios pero nunca llegó a cristalizar, el lado bueno es que los últimos monitoreos han documentado una presencia de especies muy relevante… pero los poblados de Uxpanapa presionan por tierras, eso es preocupante”.
Los indígenas y sus asesores –políticamente influidos por el levantamiento neozapatista, que devolvió el protagonismo a las etnias del país- propusieron a cambio la creación de “reservas campesinas” donde ellos definieran, con base en monitoreos y argumentos técnicos, el manejo de los recursos y el destino de las diferentes superficies comunales. Tampoco prosperó, pero sirvió de base para lun acuerdo: las áreas de protección certificadas, una respuesta muy oaxaqueña al desafío de la conservación.
La base es el artículo 59 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; allí se prevé la facultad que tienen los ciudadanos de conservar voluntariamente sus predios. Roberto de la Maza, del Instituto Nacional de Ecología (INE), “nos propuso trabajar con eso y establecer un modelo en que debíamos convencer a la Conanp de sus bondades”. De manera que la creatividad puesta al servicio de la selva zoque ha generado un esquema exitoso ya en todo el país, donde existen al menos 193 áreas certificadas por más de 245 mil ha, nada despreciable, y con la enorme ventaja de que ya no hay que convencer a los dueños, pues estos establecen directamente el compromiso. En las propias montañas de Chimalapas, espacios como Cerro Azul, en la comunidad de Santa María, y El Retén, en San Miguel, han avanzado en ser considerados como “reservas voluntarias” y ser objeto de apoyos y proyectos productivos. Además, el ejido La Esmeralda, dentro del propio municipio de Santa María, ha echado a andar su propio proyecto.
Los tres proyectos no rebasan 19 mil ha, lo que es poco considerando la superficie total de la región, pero es un comienzo que debe mostrar sus virtudes para que se multiplique en las zonas biológicamente más valiosas, añade Solano Solano.
- ¿Una certificación tiene la misma solidez en términos jurídicos para enfrentar los embates desarrollistas?
- Pues esa es la idea, darle esa fuerza; la estrategia para la apropiación de la gente parte de capacitarlos en el plano legal, en el plano institucional, un reto fuerte.
- ¿No cree que es mucho más complejo que cualquier otro experimento de conservación?
- Y es parte de lo que hemos estado insistiendo a la Conanp, aquí hay toda la voluntad para conservar y se les deberían de dar todas las facilidades; sin embargo no sucede así, hay un poco de tardanza; la mayor parte de la áreas certificadas son de uso común, que ya tienen un reconocimiento en la Ley Agraria como zonas de conservación .
No ignora que de la suma de esos pequeños éxitos depende uno de los patrimonios naturales más importantes de esta región del mundo.
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