El gobernador Emilio González critica a diputados locales por no liberar aval para la obra de saneamiento más importante de la ciudad. Un mes, el plazo crítico para utilizar recursos del Fonadin para planta de saneamiento; después, la urgencia de obras en el norte del país por el paso del huracán podría cancelar la posibilidad este año, admite la CNA.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 28 de julio de 2010
La Comisión Nacional del Agua (CNA) considera que el siguiente mes será crítico para el proyecto de la planta de saneamiento de Aguaprieta, que tratará 80 por ciento de los desechos de la ciudad: si en ese tiempo no se desatora jurídicamente en el Congreso de Jalisco la garantía que debe ofrecer el gobierno del estado al concesionario de la obra para que asuma el crédito correspondiente, podría no contarse para el resto del año con los recursos a fondo perdido que otorga el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), reconoció ayer el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez.
Es decir, no se perderán los recursos en definitiva, pero la urgencia actual de inversión para reconstruir infraestructura en el norte del país, por el paso del huracán Alex, puede generar que la Secretaría de Hacienda entregue más recursos al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al ver que no se ejercer los de otros programas, puso en relieve el entrevistado.
El gobernador Emilio González Márquez, al inaugurar la Expo saneamiento del SIAPA, por la mañana, aludió a ese conflicto con los legisladores locales: “Estamos listos para empezar la construcción de la planta de Aguaprieta en cuanto el Congreso quiera; si el Congreso quiere empezamos mañana; si no, pues nos vamos a tardar otros meses o años”, señaló irónico, suscitando aplausos de los concurrentes.
“¿Por qué si el Congreso quiere?”, se preguntó. “Cuando se hizo el proyecto ejecutivo, cuando se diseñó todo el modelo, hay una parte importante que es el modelo financiero; en el modelo financiero una parte importante del costo lo absorbe la federación y otra parte la absorbe el estado, mitad y mitad; la parte federal está ahí ya para empezarse a utilizar, pero la parte que aporta el estado, lo tienen que hacer a través de un crédito, crédito que autorizó el Congreso; pero cuando lo autorizó, ya hace tiempo, lo hizo en un solo paquete para la planta de Aguaprieta y para la planta de El Ahogado, porque originalmente el proceso de licitación iba a ser uno solo…”.
Después, añadió el mandatario, se decidió hacer licitaciones separadas, entonces “le pedimos autorización al Congreso para que esa garantía que otorga el Ejecutivo sobre las dos obras, que estaba en un solo documento, nos lo divida en dos documentos; no pedimos más crédito, que quede claro, no estamos pidiendo aumentar la deuda […] lo que pedimos es que la garantía la divida en dos documentos, creo que es entendible […] esta solicitud se ha planteado al Congreso y el Congreso no ha tenido tiempo de analizarla; es la verdad, están muy ocupados y lo entiendo, es mucho lo que hacen los señores diputados, pero en cuanto el Congreso diga, levante la mano y diga ‘autorizo a que se divida la garantía’, en ese momento empezamos la construcción, porque en ese momento el banco suelta el dinero, así de fácil: hay garantía el banco suelta el dinero, no hay garantía el banco no suelta el dinero”, insistió en el mismo tono de sarcasmo, aprovechando la presencia del presidente del Congreso, José Antonio de la Torre.
El llamado del gobernador no fue bien recibido por el coordinador de la mayoría priista en el Legislativo, Roberto Marrufo, quien culpó al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, del retraso del proceso (ver nota anexa).
Consultado al respecto, Iglesias Benítez explicó en entrevista a Público que por la parte federal todo está dispuesto para la entrega de recursos. “El análisis jurídico ya lo hemos hecho en la CNA, y se ha determinado que lo que falta es un proceso exclusivamente local, y estamos a la espera de que eso suceda”.
La inversión para la planta de Aguaprieta está calculada en 2,600 millones de pesos, a ejercer en tres años, de los que la mitad serían entregados por el gobierno federal.
El funcionario de la CNA fue enfático respecto a la solidez del compromiso federal para financiar Aguaprieta, bajo la condición de que sea coinversión privada. Esto significa que si en la siguientes semanas no se da el acuerdo entre Congreso y Ejecutivo estatal, se podrá dejar todo programado para 2011.
La Secretaría de Hacienda aporta a los diversos fideicomisos y compromete un techo anual de acuerdo a los compromisos; sin embargo, si advierte que no se usan recursos comprometidos, los puede canalizar a otras tareas más urgentes. “Desgraciadamente se dio lo de Alex”, y como allí van sólo recursos públicos para reconstrucción, sumado a la indecisión de Jalisco, se puede inclinar la balanza.
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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 28 de julio de 2010
La Comisión Nacional del Agua (CNA) considera que el siguiente mes será crítico para el proyecto de la planta de saneamiento de Aguaprieta, que tratará 80 por ciento de los desechos de la ciudad: si en ese tiempo no se desatora jurídicamente en el Congreso de Jalisco la garantía que debe ofrecer el gobierno del estado al concesionario de la obra para que asuma el crédito correspondiente, podría no contarse para el resto del año con los recursos a fondo perdido que otorga el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), reconoció ayer el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez.
Es decir, no se perderán los recursos en definitiva, pero la urgencia actual de inversión para reconstruir infraestructura en el norte del país, por el paso del huracán Alex, puede generar que la Secretaría de Hacienda entregue más recursos al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al ver que no se ejercer los de otros programas, puso en relieve el entrevistado.
El gobernador Emilio González Márquez, al inaugurar la Expo saneamiento del SIAPA, por la mañana, aludió a ese conflicto con los legisladores locales: “Estamos listos para empezar la construcción de la planta de Aguaprieta en cuanto el Congreso quiera; si el Congreso quiere empezamos mañana; si no, pues nos vamos a tardar otros meses o años”, señaló irónico, suscitando aplausos de los concurrentes.
“¿Por qué si el Congreso quiere?”, se preguntó. “Cuando se hizo el proyecto ejecutivo, cuando se diseñó todo el modelo, hay una parte importante que es el modelo financiero; en el modelo financiero una parte importante del costo lo absorbe la federación y otra parte la absorbe el estado, mitad y mitad; la parte federal está ahí ya para empezarse a utilizar, pero la parte que aporta el estado, lo tienen que hacer a través de un crédito, crédito que autorizó el Congreso; pero cuando lo autorizó, ya hace tiempo, lo hizo en un solo paquete para la planta de Aguaprieta y para la planta de El Ahogado, porque originalmente el proceso de licitación iba a ser uno solo…”.
Después, añadió el mandatario, se decidió hacer licitaciones separadas, entonces “le pedimos autorización al Congreso para que esa garantía que otorga el Ejecutivo sobre las dos obras, que estaba en un solo documento, nos lo divida en dos documentos; no pedimos más crédito, que quede claro, no estamos pidiendo aumentar la deuda […] lo que pedimos es que la garantía la divida en dos documentos, creo que es entendible […] esta solicitud se ha planteado al Congreso y el Congreso no ha tenido tiempo de analizarla; es la verdad, están muy ocupados y lo entiendo, es mucho lo que hacen los señores diputados, pero en cuanto el Congreso diga, levante la mano y diga ‘autorizo a que se divida la garantía’, en ese momento empezamos la construcción, porque en ese momento el banco suelta el dinero, así de fácil: hay garantía el banco suelta el dinero, no hay garantía el banco no suelta el dinero”, insistió en el mismo tono de sarcasmo, aprovechando la presencia del presidente del Congreso, José Antonio de la Torre.
El llamado del gobernador no fue bien recibido por el coordinador de la mayoría priista en el Legislativo, Roberto Marrufo, quien culpó al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, del retraso del proceso (ver nota anexa).
Consultado al respecto, Iglesias Benítez explicó en entrevista a Público que por la parte federal todo está dispuesto para la entrega de recursos. “El análisis jurídico ya lo hemos hecho en la CNA, y se ha determinado que lo que falta es un proceso exclusivamente local, y estamos a la espera de que eso suceda”.
La inversión para la planta de Aguaprieta está calculada en 2,600 millones de pesos, a ejercer en tres años, de los que la mitad serían entregados por el gobierno federal.
El funcionario de la CNA fue enfático respecto a la solidez del compromiso federal para financiar Aguaprieta, bajo la condición de que sea coinversión privada. Esto significa que si en la siguientes semanas no se da el acuerdo entre Congreso y Ejecutivo estatal, se podrá dejar todo programado para 2011.
La Secretaría de Hacienda aporta a los diversos fideicomisos y compromete un techo anual de acuerdo a los compromisos; sin embargo, si advierte que no se usan recursos comprometidos, los puede canalizar a otras tareas más urgentes. “Desgraciadamente se dio lo de Alex”, y como allí van sólo recursos públicos para reconstrucción, sumado a la indecisión de Jalisco, se puede inclinar la balanza.
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Una megaobra
La planta de saneamiento de Aguaprieta será la segunda del país en capacidad, con un tope de diez mil litros por segundo, y una inversión de 2,600 millones de pesos, de los que 50% serían recursos federales.
La obra ya fue licitada, y será operada por la misma concesionaria, durante 20 años, a un costo para la ciudad de 21 millones de pesos mensuales, tras lo cual la infraestructura será entregada al estado para que la opere directamente.
La planta de saneamiento de Aguaprieta será la segunda del país en capacidad, con un tope de diez mil litros por segundo, y una inversión de 2,600 millones de pesos, de los que 50% serían recursos federales.
La obra ya fue licitada, y será operada por la misma concesionaria, durante 20 años, a un costo para la ciudad de 21 millones de pesos mensuales, tras lo cual la infraestructura será entregada al estado para que la opere directamente.
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