Una mafia de talamontes ha arrasado durante décadas la vertiente veracruzana del Citlaltépetl, apoyada en complicidades políticas, en el chantaje de la pobreza extrema y en que el agotamiento de los servicios ambientales no ha pegado con la misma dureza que en el lado poblano de la mayor montaña del país
La Perla, Veracruz. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS
La agresión ocurrió por la mañana, el 20 de agosto de 2009. “Si regresan por aquí, los vamos a matar”, rugieron tres irritados talamontes a José Bartolo Morales, del cuerpo de guardaparques del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, tras propinarle una golpiza, dañar su cuatrimoto, amagarlo con machetes y robarle su teléfono celular, a la salida de la localidad montañesa de Potrero Nuevo, adonde había acudido a visitar a un amigo.
“Le recriminaban que era un informante de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y que, por su culpa, la dependencia había comenzado una serie de operativos en la región y les había quitado ya tres motosierras y que, por ser el responsable, debía de pagárselas”, según un informe interno levantado por el grupo de vigilantes.
Dos de los atacantes son reconocidos depredadores del parque nacional: Marcos González Vázquez y su hijo Saúl González Martínez. Del tercero se ignora el nombre. “Le dieron un plazo de dos semanas para pagar las motosierras y le dijeron que, si no lo hacía, lo iban a matar o a desquitarse con su familia, lo mismo que si levantaba alguna denuncia en contra de ellos”.
No obstante las agudas disuasiones de que fue objeto, don Bartolo se armó de valor y, apoyado por sus compañeros en la responsabilidad de vigilar los bosques del mayor volcán del país, se apersonó ante el Ministerio Público para denunciar formalmente los hechos, cuatro días después.
Le tomó la declaración María Rubí Juárez García, para elaborar el acta ministerial 080/2009, en la que reclama los delitos de lesiones, amenazas, robo y daños; dice desconocer por qué fue agredido, subraya su preocupación, si las amenazas se llegan a cumplir.
Siete meses después, don Bartolo, más cauto, sale poco a recorridos, su querella no ha avanzado y la tala del Citlaltépetl sigue activa, en un entorno de trabajo institucional insuficiente y del agotamiento progresivo del recurso.
“En esta región todavía mucha gente se dedica a la tala de madera; la presión ha aumentado con el regreso de muchos paisanos desde Estados Unidos, donde se les impide permanecer […] si nos ponemos a calcular, sacan de 7,500 a quince mil metros cúbicos por año de madera, un valor económico de siete y medio a quince millones de pesos; muchos no laboran más que un día por semana, por eso se sigue estimulando esta actividad: da dinero fácil a quienes lo promueven”, señala un funcionario federal entrevistado en la Ciudad de México.
Las sospechas tienden puentes de viejas complicidades entre los talamontes, los acopiadores y políticos veracruzanos. Esto ya lo confirmaba desde diciembre de 1999 el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, hoy Semarnat), Carlos Zamorano Morfín, en el oficio 726.1/1.DF 184/99, dirigido a un grupo de ciudadanos: “…realicé un recorrido por la zona constatando lo que ustedes señalan […] el próximo año realizaremos operativos drásticos en esa zona, para tratar de atajar acciones clandestinas que se realizan obviamente en contubernio con autoridades diversas de la zona, que protegen los actos ilícitos que señalan”, dice el delegado.
En esa época, Melquiades Vázquez Lucas era señalado como uno de los principales acopiadores de madera ilegal en el municipio de La Perla, centro de la actividad ilegal, el cual está considerado por el gobierno estatal como el más marginado de Veracruz —los pobres son “carne de cañón” ideal para que prospere este negocio—. Dicen que años después se redimió y, contrito, prometió ante autoridades federales poner freno a la devastación, pero muchos dudan de la sinceridad de su conversión. Lo cierto es que le ha alcanzado para prosperar: miembro del PRI y sumado al grupo político denominado Marea Roja, que encabeza el influyente político Fidel Kuri Grajales, Melquiades hoy despacha… como presidente municipal.
A golpe de hacha
Las motosierras se popularizaron hace menos de tres decenios. Pero la tala excesiva tiene historia más larga.
Después de la Revolución, se aposentó en estas laderas del cerro de la Estrella el general maderista Rodolfo Lozada Vallejo, quien se convirtió en hombre fuerte de La Perla a partir de 1936 y hasta su muerte, en 1968.
Don Isidro Bonilla Juárez, nacido en 1941, y morador de Rancho Viejo, lo recuerda bien. “Cuando yo tenía entre doce y quince años vinieron los aserraderos de unos españoles que se apellidaban Celorios [sic], ésos fueron los que se llevaron lo mejor del bosque en esa época, todo esto, porque el difunto general les vendió 500 hectáreas ahí…”.
—¿Él cómo se hizo de estos terrenos?
—Pos yo no digo que se hizo… los agarró, como era el cacique de esta tierra. Le vendió el puro monte a los españoles.
—¿Qué historias se cuentan de él?
—Era buena persona, era el dios de la sierra, de aquí, pero ayudaba a la gente; él tenía rigor y la gente que no le entendía la mandaba a colgar.
—¿O sea: a la buena era bueno, pero, por las malas, mandaba a matar?
—Ándele.
—¿Hubo muchos muertos?
—Yo creo que sí, yo estaba chico y no me acuerdo bien, pero dicen que a cada pasito se llevaba a muchos el difunto general. Que los defendía de muchas cosas y los enseñaba a trabajar, pero que si no se dejaban, no entendían, pos mandaba colgar, y luego a varios lugares a enterrarlos, y ni sabía la familia […] Le digo que cualquier gente que quería trabajar vivía contenta, siendo respetuosos y teniéndolo contento: él era el dios de aquí y era muy amigo de mi papá, que se llamaba Lino Bonilla Moguel; don Rodolfo venía y hacía junta con la gente, y en ninguna otra casa los juntaba…
Pero la familia Bonilla no se aferró al trabajo del bosque, como la mayoría. Produjeron en sus parcelas y criaron animales, mientras veían cómo la umbría se agotaba poco a poco.
La tala del monte era lenta, a golpe de hacha y serrucho. Había pinos enormes: “No podían abarcar el tronco dos personas con los brazos extendidos; era un monte chulo, de verdad”. Esa flor y nata del bosque fue la que se llevaron los madereros españoles.
1968 es tiempo del cambio. El cacique muere sin herederos y los oportunistas se reparten su latifundio. También es cuando empieza a introducirse la tecnología de las sierras de motor, al alcance de algunos cuantos bolsillos, lo que permitirá el surgimiento de una moderna mafia taladora, regida por los acopiadores de madera y los dueños de aserraderos.
Para competir, el cortador de madera en adelante tendrá que depender de que los nuevos caciques, ubicados en las cabeceras municipales, y hacia los valles, Ciudad Mendoza y Orizaba, le abastezcan de su motosierra y protejan su labor de policías y soldados.
Don Isidro recuerda, cuando tenía como doce años, que enviados del gobierno acudieron a medir los linderos del parque nacional. Pero nunca hubo acto de autoridad que evitara que los taladores vieran en esa reserva forestal “su reserva de madera”, repone el viejo, cabizbajo.
—¿Ellos por qué lo hacen?
—Ya ve, la necesidad.
Tiempos modernos
Entre 1999 y 2000, el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco recibió extensos informes de ciudadanos y presidentes municipales preocupados con la suerte del Citlaltépetl que confirmaban el estado de depredación de la gran montaña.
“De las diez mil hectáreas de bosque que corresponden al estado de Veracruz, únicamente quedan tres mil [pobladas de árboles], y en no muy buen estado” le informaban al mandatario en una misiva, recibida el 27 de octubre de 1999.
Los informes indican que en la parte norte de la montaña, por el ejido El Jacal, municipio de Calcahualco, se dedicaban a la depredación los motosierristas Luis García, Gil Bello, Lorenzo Sandoval, Nicolás Hernández, Leobigildo (sic), Felipe y Guilibaldo Sandoval, “todas las personas mencionadas están talando árboles en la barranca del río Jamapa, en un lugar denominado Puente de la Viga”. En el ejido Vaquería se registraban doce motosierras “que cortan más de un camión de madera diariamente y nunca han sido sancionados”. Los denunciantes destacan que estos taladores “aparentan vivir en la pobreza extrema” pero poseen importantes recursos económicos. Sus compradores: Cresencio Sandoval (su propio comisariado ejidal), Joaquín Ballona, Jova Hernández Vázquez y Manuel Gerardo Hernández, “de la congregación de Excola”.
Más hacia el poniente, los reportes indicaban depredación en los predios Llano Grande, Las Lagunas, la falda del cerro El Chichimeco y la cañada de Los Conejos, con taladores provenientes de las localidades de Potrerillo, El Aserradero, El Sauce. Algunos nombres: Jaime Martínez; Javier, Gelasio y Félix Barojas, “los cuales cuentan con seis motosierras”. Sus compradores: Efrén Hernández Barojas, Lucio Trujillo y Jesús Chama, de Coscomatepec.
La comunidad Potrero Nuevo, que ha persistido como una de las más conflictivas de la montaña, aprovechaba entonces un permiso a nombre de un tal Vicente Martínez, el cual apenas poseía bosque, pero era pantalla para penetrar y saquear el parque nacional. Los taladores registrados en esa zona, posesionarios de seis motosierras, eran Alfredo Martínez, Pedro González Martínez y Luis Vázquez Martínez. Sus acopiadores: el mismo Melquiades Vázquez, actual primer edil de La Perla; Luis Vázquez Martínez, de Cuyachiapa, y Hugo González, de Coscomatepec.
La anomalía era notable en cuanto al supuesto permiso forestal aludido: señalaban a un prestador de servicios, Carmelo Álvarez, que marcaba los árboles a derribar “dentro del citado parque nacional” sin que se lo impidiera ninguna autoridad.
Al sur del parque, ese estudio identificó un paraje denominado La Palangana y la barranca de El Minero, donde cortan árboles Ángel Argüelles, de Lagunilla, y José Vázquez, de La Mata. Más al sur, devastan los motosierristas de La Ciénega, y hay una importante contribución de los aserraderos de Loma Grande y San Miguel Xometla.
Medio mes después de estos informes, el delegado de la Profepa, Mauricio Arrendondo Álvarez, se comprometía por escrito a actuar (oficio UDQ/631/99); el 24 de diciembre, el delegado de la Semarnap reconoció el deterioro (oficio 726.1/1.D.F.184/99), pero hubo pocos resultados.
Se volvió a pedir la intervención de Alemán Velasco, quien recibió una carta el 7 de abril de 2000 en que se le señalan al menos 20 motosierras extrayendo madera del parque nacional, con talamontes armados que provocaban incendios forestales para justificar su actividad ilegal. El documento va firmado, entre otros, por los presidentes municipales de Coscomatepec, José Antonio Pérez Cortés; Calcahualco, Pedro Javier Romero Díaz, y Orizaba, Ángel Escudero Stadelman.
Tras esas intervenciones, no hubo demasiados cambios, salvo que el gobierno federal, por vía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se decidió en 2004 a comenzar, tímidamente, a rescatar el parque decretado en 1937. Hoy cuenta con apenas seis elementos para lograrlo.
Apoyos con cuentagotas
Como el negocio de talar madera es tan amplio y reditúa dinero con poco esfuerzo, las autoridades han pretendido ir desincentivándolo con apoyos de programas diversos, como el ProÁrbol, el Programa de Empleo Temporal (PET), el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), Programa de Conservación de Maíz Criollo e inversiones de fundaciones privadas, caso de Pronatura. Esto comienza a cambiar las cosas en la vertiente poblana, pero no logra quebrar el negocio aún próspero que prevalece del lado veracruzano.
No obstante, esfuerzos privados como el del Fondo Ambiental Pico de Orizaba, formado por empresarios veracruzanos y de la Ciudad de México, han logrado cosas tan notables como el pago por servicios ambientales por parte de uno de los usuarios más importantes de las aguas que nacen en el Citlaltépetl: el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Veracruz, señala Alberto Labastida, director del FAPO.
Sin embargo, no es sólo cosa de dineros: “Lo que hace el gobierno es darles proyectos productivos, pero no les da seguimiento y deja a la gente sola”, critica Rodolfo Hernández Guzmán, promotor de turismo en Orizaba.
Hay numerosas anécdotas que ilustran estos fracasos: por ejemplo, les donaron en los años noventa del siglo XX vacas lecheras para dar leche a sus hijos, pero las soltaron al monte para no mantenerlas y, cada que necesitaban carne, se metían a cazar el ganado asilvestrado.
La decadencia del recurso maderable no ha detenido a sus explotadores. Los bosques con árboles de buen fuste ya no existen. Se trata de amplias florestas abiertas llenas de renuevo, pero “la usan para hacer cajas y empaques; entonces, cualquier palo sirve”, comenta don Isidro. Al campesino le ofrecieron poco más de 700 pesos por un trozo de su ocotera —un oasis en medio de la devastación de Xometla—, “pero yo, pensar en talar el monte, claro que no; mejor me voy de jornalero: pagan cien pesos al día, a perder esto tan barato…”.
Epílogo fuenteovejunesco
Como en todas las mafias, con el tiempo cambian algunos nombres. Unos cuantos se integran al trabajo para proteger a la castigada naturaleza. Otros cambian de estatus y, además, surgen nuevos hombres en el campo. En este año se menciona en Potrero Nuevo a Marcos González Vásquez —el agresor de don Bartolo— y Saúl González Martínez. En La Ciénega, a Luis Ferrer y Alonso Bonilla Huerta —pariente de don Isidro—; en San Miguel Xometla, a Antonio Alarcón e hijos y a Macario Balderas. En Chilapa, a Lucio Basilio, al frente de al menos otros siete talamontes.
Siguen las detenciones. El 27 de agosto de 2009, en El Sol de Córdoba se daba cuenta de la captura de Eladio González Romero y Lucio Basilio Reyes, sorprendidos in fraganti por policías estatales, derribando ocotes con sus motosierras en la zona de Chilapa, municipio de La Perla.
El polémico alcalde Melquiades Vázquez suele viajar a Jalapa, capital del estado, pero, además, no toma llamadas telefónicas para ofrecer su versión de los hechos. Su vecino de Coscomatepec, Andrés Melchor López, es menos quisquilloso, y acepta telefónicamente el problema de la tala inmoderada, aunque asegura que su cabecera ha perdido importancia dentro de la red de tráfico de la madera ilegal.
Los pobladores se defienden de la acción de la justicia. El 29 de enero de 2010, una incursión de policía estatal y municipal de Fortín de las Flores capturó a dos talamontes en Potrero Nuevo, pero, al bajar al poblado, fueron recibidos por una multitud enardecida, que los enfrentó, destruyó una patrulla y les obligó a liberar a sus dos vecinos (aunque hay versiones de que aquello fue una pantomima y que los gendarmes soltaron a los culpables por unos pesos; “no sería raro, las carreteras veracruzanas son teatro habitual de extorsiones policiales a taladores”, señala un ambientalista).
Nada sucedió después: la política a la veracruzana se encarga del control de daños. De hecho, se asegura que, en la pasada Semana Santa, los ilegales arrasaron con lo poco que quedaba de bosque en esa zona.
Y como se aproxima el periodo electoral local, los defensores del gigante mexicano, la gran montaña que domina el paisaje del golfo de México con sus brillos crepusculares, atisban una nueva derrota para la precaria salud de este “Señor que mora entre las nubes” (Poyauhtécatl).
La Perla, Veracruz. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS
La agresión ocurrió por la mañana, el 20 de agosto de 2009. “Si regresan por aquí, los vamos a matar”, rugieron tres irritados talamontes a José Bartolo Morales, del cuerpo de guardaparques del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, tras propinarle una golpiza, dañar su cuatrimoto, amagarlo con machetes y robarle su teléfono celular, a la salida de la localidad montañesa de Potrero Nuevo, adonde había acudido a visitar a un amigo.
“Le recriminaban que era un informante de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] y que, por su culpa, la dependencia había comenzado una serie de operativos en la región y les había quitado ya tres motosierras y que, por ser el responsable, debía de pagárselas”, según un informe interno levantado por el grupo de vigilantes.
Dos de los atacantes son reconocidos depredadores del parque nacional: Marcos González Vázquez y su hijo Saúl González Martínez. Del tercero se ignora el nombre. “Le dieron un plazo de dos semanas para pagar las motosierras y le dijeron que, si no lo hacía, lo iban a matar o a desquitarse con su familia, lo mismo que si levantaba alguna denuncia en contra de ellos”.
No obstante las agudas disuasiones de que fue objeto, don Bartolo se armó de valor y, apoyado por sus compañeros en la responsabilidad de vigilar los bosques del mayor volcán del país, se apersonó ante el Ministerio Público para denunciar formalmente los hechos, cuatro días después.
Le tomó la declaración María Rubí Juárez García, para elaborar el acta ministerial 080/2009, en la que reclama los delitos de lesiones, amenazas, robo y daños; dice desconocer por qué fue agredido, subraya su preocupación, si las amenazas se llegan a cumplir.
Siete meses después, don Bartolo, más cauto, sale poco a recorridos, su querella no ha avanzado y la tala del Citlaltépetl sigue activa, en un entorno de trabajo institucional insuficiente y del agotamiento progresivo del recurso.
“En esta región todavía mucha gente se dedica a la tala de madera; la presión ha aumentado con el regreso de muchos paisanos desde Estados Unidos, donde se les impide permanecer […] si nos ponemos a calcular, sacan de 7,500 a quince mil metros cúbicos por año de madera, un valor económico de siete y medio a quince millones de pesos; muchos no laboran más que un día por semana, por eso se sigue estimulando esta actividad: da dinero fácil a quienes lo promueven”, señala un funcionario federal entrevistado en la Ciudad de México.
Las sospechas tienden puentes de viejas complicidades entre los talamontes, los acopiadores y políticos veracruzanos. Esto ya lo confirmaba desde diciembre de 1999 el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, hoy Semarnat), Carlos Zamorano Morfín, en el oficio 726.1/1.DF 184/99, dirigido a un grupo de ciudadanos: “…realicé un recorrido por la zona constatando lo que ustedes señalan […] el próximo año realizaremos operativos drásticos en esa zona, para tratar de atajar acciones clandestinas que se realizan obviamente en contubernio con autoridades diversas de la zona, que protegen los actos ilícitos que señalan”, dice el delegado.
En esa época, Melquiades Vázquez Lucas era señalado como uno de los principales acopiadores de madera ilegal en el municipio de La Perla, centro de la actividad ilegal, el cual está considerado por el gobierno estatal como el más marginado de Veracruz —los pobres son “carne de cañón” ideal para que prospere este negocio—. Dicen que años después se redimió y, contrito, prometió ante autoridades federales poner freno a la devastación, pero muchos dudan de la sinceridad de su conversión. Lo cierto es que le ha alcanzado para prosperar: miembro del PRI y sumado al grupo político denominado Marea Roja, que encabeza el influyente político Fidel Kuri Grajales, Melquiades hoy despacha… como presidente municipal.
A golpe de hacha
Las motosierras se popularizaron hace menos de tres decenios. Pero la tala excesiva tiene historia más larga.
Después de la Revolución, se aposentó en estas laderas del cerro de la Estrella el general maderista Rodolfo Lozada Vallejo, quien se convirtió en hombre fuerte de La Perla a partir de 1936 y hasta su muerte, en 1968.
Don Isidro Bonilla Juárez, nacido en 1941, y morador de Rancho Viejo, lo recuerda bien. “Cuando yo tenía entre doce y quince años vinieron los aserraderos de unos españoles que se apellidaban Celorios [sic], ésos fueron los que se llevaron lo mejor del bosque en esa época, todo esto, porque el difunto general les vendió 500 hectáreas ahí…”.
—¿Él cómo se hizo de estos terrenos?
—Pos yo no digo que se hizo… los agarró, como era el cacique de esta tierra. Le vendió el puro monte a los españoles.
—¿Qué historias se cuentan de él?
—Era buena persona, era el dios de la sierra, de aquí, pero ayudaba a la gente; él tenía rigor y la gente que no le entendía la mandaba a colgar.
—¿O sea: a la buena era bueno, pero, por las malas, mandaba a matar?
—Ándele.
—¿Hubo muchos muertos?
—Yo creo que sí, yo estaba chico y no me acuerdo bien, pero dicen que a cada pasito se llevaba a muchos el difunto general. Que los defendía de muchas cosas y los enseñaba a trabajar, pero que si no se dejaban, no entendían, pos mandaba colgar, y luego a varios lugares a enterrarlos, y ni sabía la familia […] Le digo que cualquier gente que quería trabajar vivía contenta, siendo respetuosos y teniéndolo contento: él era el dios de aquí y era muy amigo de mi papá, que se llamaba Lino Bonilla Moguel; don Rodolfo venía y hacía junta con la gente, y en ninguna otra casa los juntaba…
Pero la familia Bonilla no se aferró al trabajo del bosque, como la mayoría. Produjeron en sus parcelas y criaron animales, mientras veían cómo la umbría se agotaba poco a poco.
La tala del monte era lenta, a golpe de hacha y serrucho. Había pinos enormes: “No podían abarcar el tronco dos personas con los brazos extendidos; era un monte chulo, de verdad”. Esa flor y nata del bosque fue la que se llevaron los madereros españoles.
1968 es tiempo del cambio. El cacique muere sin herederos y los oportunistas se reparten su latifundio. También es cuando empieza a introducirse la tecnología de las sierras de motor, al alcance de algunos cuantos bolsillos, lo que permitirá el surgimiento de una moderna mafia taladora, regida por los acopiadores de madera y los dueños de aserraderos.
Para competir, el cortador de madera en adelante tendrá que depender de que los nuevos caciques, ubicados en las cabeceras municipales, y hacia los valles, Ciudad Mendoza y Orizaba, le abastezcan de su motosierra y protejan su labor de policías y soldados.
Don Isidro recuerda, cuando tenía como doce años, que enviados del gobierno acudieron a medir los linderos del parque nacional. Pero nunca hubo acto de autoridad que evitara que los taladores vieran en esa reserva forestal “su reserva de madera”, repone el viejo, cabizbajo.
—¿Ellos por qué lo hacen?
—Ya ve, la necesidad.
Tiempos modernos
Entre 1999 y 2000, el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco recibió extensos informes de ciudadanos y presidentes municipales preocupados con la suerte del Citlaltépetl que confirmaban el estado de depredación de la gran montaña.
“De las diez mil hectáreas de bosque que corresponden al estado de Veracruz, únicamente quedan tres mil [pobladas de árboles], y en no muy buen estado” le informaban al mandatario en una misiva, recibida el 27 de octubre de 1999.
Los informes indican que en la parte norte de la montaña, por el ejido El Jacal, municipio de Calcahualco, se dedicaban a la depredación los motosierristas Luis García, Gil Bello, Lorenzo Sandoval, Nicolás Hernández, Leobigildo (sic), Felipe y Guilibaldo Sandoval, “todas las personas mencionadas están talando árboles en la barranca del río Jamapa, en un lugar denominado Puente de la Viga”. En el ejido Vaquería se registraban doce motosierras “que cortan más de un camión de madera diariamente y nunca han sido sancionados”. Los denunciantes destacan que estos taladores “aparentan vivir en la pobreza extrema” pero poseen importantes recursos económicos. Sus compradores: Cresencio Sandoval (su propio comisariado ejidal), Joaquín Ballona, Jova Hernández Vázquez y Manuel Gerardo Hernández, “de la congregación de Excola”.
Más hacia el poniente, los reportes indicaban depredación en los predios Llano Grande, Las Lagunas, la falda del cerro El Chichimeco y la cañada de Los Conejos, con taladores provenientes de las localidades de Potrerillo, El Aserradero, El Sauce. Algunos nombres: Jaime Martínez; Javier, Gelasio y Félix Barojas, “los cuales cuentan con seis motosierras”. Sus compradores: Efrén Hernández Barojas, Lucio Trujillo y Jesús Chama, de Coscomatepec.
La comunidad Potrero Nuevo, que ha persistido como una de las más conflictivas de la montaña, aprovechaba entonces un permiso a nombre de un tal Vicente Martínez, el cual apenas poseía bosque, pero era pantalla para penetrar y saquear el parque nacional. Los taladores registrados en esa zona, posesionarios de seis motosierras, eran Alfredo Martínez, Pedro González Martínez y Luis Vázquez Martínez. Sus acopiadores: el mismo Melquiades Vázquez, actual primer edil de La Perla; Luis Vázquez Martínez, de Cuyachiapa, y Hugo González, de Coscomatepec.
La anomalía era notable en cuanto al supuesto permiso forestal aludido: señalaban a un prestador de servicios, Carmelo Álvarez, que marcaba los árboles a derribar “dentro del citado parque nacional” sin que se lo impidiera ninguna autoridad.
Al sur del parque, ese estudio identificó un paraje denominado La Palangana y la barranca de El Minero, donde cortan árboles Ángel Argüelles, de Lagunilla, y José Vázquez, de La Mata. Más al sur, devastan los motosierristas de La Ciénega, y hay una importante contribución de los aserraderos de Loma Grande y San Miguel Xometla.
Medio mes después de estos informes, el delegado de la Profepa, Mauricio Arrendondo Álvarez, se comprometía por escrito a actuar (oficio UDQ/631/99); el 24 de diciembre, el delegado de la Semarnap reconoció el deterioro (oficio 726.1/1.D.F.184/99), pero hubo pocos resultados.
Se volvió a pedir la intervención de Alemán Velasco, quien recibió una carta el 7 de abril de 2000 en que se le señalan al menos 20 motosierras extrayendo madera del parque nacional, con talamontes armados que provocaban incendios forestales para justificar su actividad ilegal. El documento va firmado, entre otros, por los presidentes municipales de Coscomatepec, José Antonio Pérez Cortés; Calcahualco, Pedro Javier Romero Díaz, y Orizaba, Ángel Escudero Stadelman.
Tras esas intervenciones, no hubo demasiados cambios, salvo que el gobierno federal, por vía de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se decidió en 2004 a comenzar, tímidamente, a rescatar el parque decretado en 1937. Hoy cuenta con apenas seis elementos para lograrlo.
Apoyos con cuentagotas
Como el negocio de talar madera es tan amplio y reditúa dinero con poco esfuerzo, las autoridades han pretendido ir desincentivándolo con apoyos de programas diversos, como el ProÁrbol, el Programa de Empleo Temporal (PET), el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), Programa de Conservación de Maíz Criollo e inversiones de fundaciones privadas, caso de Pronatura. Esto comienza a cambiar las cosas en la vertiente poblana, pero no logra quebrar el negocio aún próspero que prevalece del lado veracruzano.
No obstante, esfuerzos privados como el del Fondo Ambiental Pico de Orizaba, formado por empresarios veracruzanos y de la Ciudad de México, han logrado cosas tan notables como el pago por servicios ambientales por parte de uno de los usuarios más importantes de las aguas que nacen en el Citlaltépetl: el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Veracruz, señala Alberto Labastida, director del FAPO.
Sin embargo, no es sólo cosa de dineros: “Lo que hace el gobierno es darles proyectos productivos, pero no les da seguimiento y deja a la gente sola”, critica Rodolfo Hernández Guzmán, promotor de turismo en Orizaba.
Hay numerosas anécdotas que ilustran estos fracasos: por ejemplo, les donaron en los años noventa del siglo XX vacas lecheras para dar leche a sus hijos, pero las soltaron al monte para no mantenerlas y, cada que necesitaban carne, se metían a cazar el ganado asilvestrado.
La decadencia del recurso maderable no ha detenido a sus explotadores. Los bosques con árboles de buen fuste ya no existen. Se trata de amplias florestas abiertas llenas de renuevo, pero “la usan para hacer cajas y empaques; entonces, cualquier palo sirve”, comenta don Isidro. Al campesino le ofrecieron poco más de 700 pesos por un trozo de su ocotera —un oasis en medio de la devastación de Xometla—, “pero yo, pensar en talar el monte, claro que no; mejor me voy de jornalero: pagan cien pesos al día, a perder esto tan barato…”.
Epílogo fuenteovejunesco
Como en todas las mafias, con el tiempo cambian algunos nombres. Unos cuantos se integran al trabajo para proteger a la castigada naturaleza. Otros cambian de estatus y, además, surgen nuevos hombres en el campo. En este año se menciona en Potrero Nuevo a Marcos González Vásquez —el agresor de don Bartolo— y Saúl González Martínez. En La Ciénega, a Luis Ferrer y Alonso Bonilla Huerta —pariente de don Isidro—; en San Miguel Xometla, a Antonio Alarcón e hijos y a Macario Balderas. En Chilapa, a Lucio Basilio, al frente de al menos otros siete talamontes.
Siguen las detenciones. El 27 de agosto de 2009, en El Sol de Córdoba se daba cuenta de la captura de Eladio González Romero y Lucio Basilio Reyes, sorprendidos in fraganti por policías estatales, derribando ocotes con sus motosierras en la zona de Chilapa, municipio de La Perla.
El polémico alcalde Melquiades Vázquez suele viajar a Jalapa, capital del estado, pero, además, no toma llamadas telefónicas para ofrecer su versión de los hechos. Su vecino de Coscomatepec, Andrés Melchor López, es menos quisquilloso, y acepta telefónicamente el problema de la tala inmoderada, aunque asegura que su cabecera ha perdido importancia dentro de la red de tráfico de la madera ilegal.
Los pobladores se defienden de la acción de la justicia. El 29 de enero de 2010, una incursión de policía estatal y municipal de Fortín de las Flores capturó a dos talamontes en Potrero Nuevo, pero, al bajar al poblado, fueron recibidos por una multitud enardecida, que los enfrentó, destruyó una patrulla y les obligó a liberar a sus dos vecinos (aunque hay versiones de que aquello fue una pantomima y que los gendarmes soltaron a los culpables por unos pesos; “no sería raro, las carreteras veracruzanas son teatro habitual de extorsiones policiales a taladores”, señala un ambientalista).
Nada sucedió después: la política a la veracruzana se encarga del control de daños. De hecho, se asegura que, en la pasada Semana Santa, los ilegales arrasaron con lo poco que quedaba de bosque en esa zona.
Y como se aproxima el periodo electoral local, los defensores del gigante mexicano, la gran montaña que domina el paisaje del golfo de México con sus brillos crepusculares, atisban una nueva derrota para la precaria salud de este “Señor que mora entre las nubes” (Poyauhtécatl).
2 comentarios:
Situación deprimente pero no única. Lástima de recursos naturales mal administrados. Si al menos los encargados de las leyes mexicanas pusieran atención a este tipo de acontecimientos pero está claro que el país está administrado por gente con muy poca educación en varios niveles. Más que criticar, hay que procurar la educación que es la solución a la mayoría de los problemas de México. Vaya, que novedad la mía.
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