“No se acreditó” que el niño López Rocha murió por su contacto con el río, asegura la Comisión Nacional del Agua. La dependencia no sancionará a funcionarios del organismo de cuenca, como se pedía en la recomendación 012/2010
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 7 de abril de 2010
Marcha tras la muerte de Miguel Ángel, en 2009. Su deceso activó la repartición de culpas por la contaminación. Foto: Tonatiuh Figueroa Se confirmó ayer oficialmente el rechazo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) a la recomendación 012/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pedía indemnizar a los familiares del niño Miguel Ángel López Rocha, porque su muerte, según el ombudsman, se debió a su contacto con el río, en cuyo mal estado influyeron presuntas omisiones de los funcionarios federales.
La CNA negó los cargos en la repuesta entregada en las oficinas centrales de la CNDH, bajo la advertencia de que ni está probado de forma fehaciente la relación de la corriente fluvial con el deceso del menor, acaecido en febrero de 2008, ni se puede señalar a servidores públicos de la dependencia de una responsabilidad que es esencialmente municipal.
“Ya se entregó la respuesta, fue el martes 25 de marzo, en el sentido de que se rechaza la recomendación”, dijo escuetamente el director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, Raúl Iglesias Benítez. Su razón para no abundar fue que se trata de un documento elaborado en oficinas centrales de la CNA.
La respuesta, según versiones de la misma dependencia, destaca la postura supuestamente contradictoria del ombudsman, que en el año 2009 ya se había pronunciado al respecto y afirmado que mientras la CNA hacía lo que le correspondía como entidad normativa, eran los municipios los omisos, pues el artículo 115 constitucional los señala como responsables de proveer de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a sus ciudadanos.
Además, afirma que la CNA está ya trabajando en lo que será la solución definitiva del problema: la construcción de la macroplanta de tratamiento de El Ahogado, que, en conjunto con una red completa de colectores y alcantarillado, permitirá solventar el problema de la carga contaminante al menos entre 93 y 95 por ciento; la obra es financiada a partes iguales entre el gobierno federal, vía CNA, y el estado.
Los argumentos de la CNA añaden otro dato: luego de estudios diversos, la propia dependencia federal decidió aumentar las exigencias de saneamiento en la zona, al cambiar la clasificación del río Santiago y sus afluentes, de cuerpo receptor tipo A, muy laxo en términos de calidad del agua, a tipo C, que es la cota más alta que hay en la legislación.
La clasificación tipo C debe garantizar agua para vida acuática y recreación, y es la ideal para comunidades humanas cercanas.
De estas acciones la CNDH está enterada porque desde 2007, cuando recibió las primeras quejas en la materia, ya había recabado la información. Y en ese sentido se pronunció en el oficio V2/36755, del 30 de septiembre de 2008, firmado por la segunda visitadora general Susana Thalía Pedroza de la Llave, la cual señaló:
“Del estudio y análisis de los escritos de queja, a las constancias que integran el expediente, de las diligencias al efecto realizadas por personal de esta CNDH”, dice la funcionaria, se desprenden numerosas actividades realizadas para afrontar el problema y, principalmente, que “se está por llevar a cabo la construcción de la macroplanta de tratamiento […] que resolverá de fondo el problema de la contaminación del citado cuerpo de agua […]” (Público, 25 de marzo de 2010).
Como consecuencia, “se estima que el expediente que se tramita en este organismo nacional ha quedado sin materia de conformidad con lo establecido en el artículo 125, fracción VIII del reglamento interno de la CNDH”, siempre y cuando las acciones comprometidas se lleven a efecto en “un término razonable” de tiempo. Cuando esta resolución se emitió, a finales de 2008, ya habían pasado ocho meses del fallecimiento del niño Miguel Ángel López en La Azucena, caso al cual no hizo ninguna alusión.
La CNDH no ha emitido respuesta pública a la negativa de la CNA
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 7 de abril de 2010
Marcha tras la muerte de Miguel Ángel, en 2009. Su deceso activó la repartición de culpas por la contaminación. Foto: Tonatiuh Figueroa Se confirmó ayer oficialmente el rechazo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) a la recomendación 012/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pedía indemnizar a los familiares del niño Miguel Ángel López Rocha, porque su muerte, según el ombudsman, se debió a su contacto con el río, en cuyo mal estado influyeron presuntas omisiones de los funcionarios federales.
La CNA negó los cargos en la repuesta entregada en las oficinas centrales de la CNDH, bajo la advertencia de que ni está probado de forma fehaciente la relación de la corriente fluvial con el deceso del menor, acaecido en febrero de 2008, ni se puede señalar a servidores públicos de la dependencia de una responsabilidad que es esencialmente municipal.
“Ya se entregó la respuesta, fue el martes 25 de marzo, en el sentido de que se rechaza la recomendación”, dijo escuetamente el director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, Raúl Iglesias Benítez. Su razón para no abundar fue que se trata de un documento elaborado en oficinas centrales de la CNA.
La respuesta, según versiones de la misma dependencia, destaca la postura supuestamente contradictoria del ombudsman, que en el año 2009 ya se había pronunciado al respecto y afirmado que mientras la CNA hacía lo que le correspondía como entidad normativa, eran los municipios los omisos, pues el artículo 115 constitucional los señala como responsables de proveer de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a sus ciudadanos.
Además, afirma que la CNA está ya trabajando en lo que será la solución definitiva del problema: la construcción de la macroplanta de tratamiento de El Ahogado, que, en conjunto con una red completa de colectores y alcantarillado, permitirá solventar el problema de la carga contaminante al menos entre 93 y 95 por ciento; la obra es financiada a partes iguales entre el gobierno federal, vía CNA, y el estado.
Los argumentos de la CNA añaden otro dato: luego de estudios diversos, la propia dependencia federal decidió aumentar las exigencias de saneamiento en la zona, al cambiar la clasificación del río Santiago y sus afluentes, de cuerpo receptor tipo A, muy laxo en términos de calidad del agua, a tipo C, que es la cota más alta que hay en la legislación.
La clasificación tipo C debe garantizar agua para vida acuática y recreación, y es la ideal para comunidades humanas cercanas.
De estas acciones la CNDH está enterada porque desde 2007, cuando recibió las primeras quejas en la materia, ya había recabado la información. Y en ese sentido se pronunció en el oficio V2/36755, del 30 de septiembre de 2008, firmado por la segunda visitadora general Susana Thalía Pedroza de la Llave, la cual señaló:
“Del estudio y análisis de los escritos de queja, a las constancias que integran el expediente, de las diligencias al efecto realizadas por personal de esta CNDH”, dice la funcionaria, se desprenden numerosas actividades realizadas para afrontar el problema y, principalmente, que “se está por llevar a cabo la construcción de la macroplanta de tratamiento […] que resolverá de fondo el problema de la contaminación del citado cuerpo de agua […]” (Público, 25 de marzo de 2010).
Como consecuencia, “se estima que el expediente que se tramita en este organismo nacional ha quedado sin materia de conformidad con lo establecido en el artículo 125, fracción VIII del reglamento interno de la CNDH”, siempre y cuando las acciones comprometidas se lleven a efecto en “un término razonable” de tiempo. Cuando esta resolución se emitió, a finales de 2008, ya habían pasado ocho meses del fallecimiento del niño Miguel Ángel López en La Azucena, caso al cual no hizo ninguna alusión.
La CNDH no ha emitido respuesta pública a la negativa de la CNA
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