En la lucha contra la presa El Zapotillo, las instancias jurídicas mexicanas “están agotadas". Preocupa la lentitud y “mañas” de la justicia mexicana, ante el acelerado avance de las obras sobre el río Verde que inundarían el poblado, destaca el Colectivo COA
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
"Me parece que las instancias jurídicas mexicanas ya están agotadas”, asegura Guadalupe Espinoza Sauceda, vocera del Colectivo COA, que asesora legalmente a los defensores de Temacapulín contra la edificación de la presa El Zapotillo. Es hora de prepararse para tocar puertas más allá de las fronteras, añade, preocupada por el avance de la obra sobre el río Verde, que amenaza con inundar al poblado ancestral.
Refiere a tres años de una lucha legal compleja y desigual. “Bastante difícil, máxime que en México tenemos demasiados ejemplos de que no se respeta la ley; hemos apoyado para elaborar trece o catorce juicios de amparo, lentos y costosos para las comunidades, pues aunque nosotros no estamos cobrando, se tienen que hacer pruebas periciales, por ejemplo en los peritajes psicosocial, de impacto ambiental, de geografía, y gracias al apoyo de la UdeG se han podido reducir costos, pero es pesado sostenerlo con tanta lentitud de los tribunales, parece que apoyan al desgaste, a la desesperación de los demandantes”, subraya en entrevista con Público.
También se han buscado los juicios de nulidad administrativa, pero a su entender, la presión que ejerce el gobierno estatal sobre el Tribunal Administrativo del Estado —que depende presupuestalmente del Ejecutivo— termina siendo decisiva.
“Jurídicamente dicen que son autónomos, el problema es en la práctica. A nosotros nos consideraron una suspensión para el nuevo plan de desarrollo, que en realidad es el plan de reubicación, el nuevo Temacapulín en el predio de Talicoyunque, que está en Cañadas de Obregón en una meseta pedregosa, ya tienen ahí como quince casas construidas; se nos dio la suspensión y a los pocos días al secretario que la había decretado lo destituyeron o lo cambiaron, el hecho es que ya no está, y la CEA [Comisión Estatal del Agua], la Sedeur [Secretaría de Desarrollo Urbano] y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón se han negado a acatar la suspensión…”.
Cuando se denunció el desacato, se debía hacer una visita al predio por personal del tribunal, pero les negaron la entrada. “A mí me tocó hablar con Estela Jáuregui, síndico del municipio, y me dijo que no era posible y que la orden venía desde muy arriba; me dijo textualmente: usted sabe de qué estoy hablando, y yo le dije, ¿es del gobernador?, e insistió: es de muy arriba”.
—Parece una lucha muy desventajosa, pero ustedes pueden acudir ante otras instancias que no sean las nacionales…
—Pues yo digo que las instancias jurídicas en México están agotadas, aunque muchos compañeros no lo acepten, creo que nos tenemos que ir al ámbito internacional. Y hay que darse prisa, pues la obra sigue avanzando, la Peninsular [empresa contratista para la presa El Zapotillo] tiene como 350 trabajadores y creo que [el presidente Felipe] Calderón va a querer entregar esta obra antes de terminar su mandato.
Así, el Colectivo COA se impone la tarea de analizar el modo de acceder a diversos mecanismos de justicia que el propio gobierno mexicano ha reconocido, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de La Haya, y en materia del tratado de libre comercio, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, instancia que, sin embargo, no es vinculante.
“Los convenios firmados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, esa es una ventaja; hay otros convenios que pueden tener rango por abajo de la Constitución, pero éstos son del mismo nivel, y debemos enfocar nuestro trabajo a hacerlos prevalecer, porque estamos hablando de despojos, de desplazamiento de población, y no nada más de los derechos ambientales, que para nuestros administradores de justicia son difusos y encuentran más difíciles de aplicar”, agrega.
Espinoza Sauceda señala que la realización del III Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados, de que fue sede Temacapulín durante casi toda la semana pasada, representa un espaldarazo a la lucha de los alteños por conservar sus tierras originales.
“Primero que nada es la solidaridad internacional, el compartir experiencias, ver que el problema de Temacapulín no es un caso aislado sino una política que siguen los gobiernos a nivel internacional; creo que fortaleció mucho a la comunidad y les dio mucho ánimo, discutieron mucho temas de asesoramiento, de la cuestión legal, ambiental, cultural”.
La parte central del encuentro fue del 2 al 6 de octubre. “Asistieron delegaciones de más de 60 países, venían de Camboya, de Vietnam, de China, de Tailandia, de España, de Italia, de Turquía, de naciones de África y de América Latina […] todos coincidían en lo mismo, este tipo de megaproyectos se imponen en todos los países con falacias, con argumentos legales muy cuestionados, con proyectos sociales muy cuestionados también; coincidimos en que hay que fortalecer las redes para establecer lazos con la gente, trabajar conjuntamente por los ríos vivos y no para la muerte, hasta que se saneen…”.
Acudieron casi 800 personas; “la gente de la comunidad facilitó sus casas, la mayoría de las delegaciones internacionales se quedaron allí, aunque algunos ocuparon hoteles, y hubo un área de campamentos, además de un área común de comida en el curato”. Cada delegación sufragó sus costos de viaje. Tanto el Colectivo COA como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) aportaron sus recursos propios, y hubo un respaldo decisivo de la asociación International Rivers.
El mensaje final: se deben respetar los ecosistemas integrales que son los ríos, así como a los pueblos ribereños que dependen de ellos. Las ciudades deben acudir a esquemas de reuso, de tecnificación y bajo consumo del agua, y se debe detener la creciente tendencia a privatizar este recurso esencial.
-------------------------------------------------------------------
167 mil personas han sido desplazadas en México por megapresas
En los ríos de México ya fueron construidas más de 575 grandes represas. “El país ostenta la más alta del continente americano y la sexta del mundo: la represa de Chicoasén en el estado de Chiapas. Las represas de México han desplazado a la fuerza a más de 167 mil personas”, señala un recuento de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, con sede en España.
Pone un ejemplo: “La represa Temascal en Oaxaca desplazó a casi 25 mil indígenas mazatecas, nacionalidad que hablaba 56 diferentes idiomas; en su mayoría, no recibieron ninguna compensación por sus tierras u otras pérdidas, y cuando protestaron se incendiaron sus casas; las promesas de electricidad y agua de riego nunca se cumplieron, y casi 200 personas desplazadas murieron”.
En el año 2004 “activistas mexicanos, pueblos afectados por las represas y ONG se unieron para formar el Movimiento Mexicano de Pueblos Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos. Como resultado de su resistencia se ha logrado frenar algunos proyectos que ya han costado la vida de varias personas. Bajo estas siglas más que significativas es la lucha ante los proyectos de Arcediano, El Purgatorio, La Parota, La Yesca, Picachos, Las Cruces, Falcón, Paso de la Reina, El Cajón, El Naranjo”.
Las amenazas son crecientes. “Sólo en Chiapas la Comisión Federal de Electricidad [CFE] distingue 90 posibles proyectos, entre ellos las presas de Altamirano, Livingstone, Rápidas de Santo Domingo, Santa Elena, Ampliación El Retiro, Chinín, Acala, Copainalá, Itzantún Compacto, Rehabilitación Bombaná, Tenisique”, puntualiza. Más información en http://www.coagret.com.
------------------------------
En los ríos de México ya fueron construidas más de 575 grandes represas. “El país ostenta la más alta del continente americano y la sexta del mundo: la represa de Chicoasén en el estado de Chiapas. Las represas de México han desplazado a la fuerza a más de 167 mil personas”, señala un recuento de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, con sede en España.
Pone un ejemplo: “La represa Temascal en Oaxaca desplazó a casi 25 mil indígenas mazatecas, nacionalidad que hablaba 56 diferentes idiomas; en su mayoría, no recibieron ninguna compensación por sus tierras u otras pérdidas, y cuando protestaron se incendiaron sus casas; las promesas de electricidad y agua de riego nunca se cumplieron, y casi 200 personas desplazadas murieron”.
En el año 2004 “activistas mexicanos, pueblos afectados por las represas y ONG se unieron para formar el Movimiento Mexicano de Pueblos Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos. Como resultado de su resistencia se ha logrado frenar algunos proyectos que ya han costado la vida de varias personas. Bajo estas siglas más que significativas es la lucha ante los proyectos de Arcediano, El Purgatorio, La Parota, La Yesca, Picachos, Las Cruces, Falcón, Paso de la Reina, El Cajón, El Naranjo”.
Las amenazas son crecientes. “Sólo en Chiapas la Comisión Federal de Electricidad [CFE] distingue 90 posibles proyectos, entre ellos las presas de Altamirano, Livingstone, Rápidas de Santo Domingo, Santa Elena, Ampliación El Retiro, Chinín, Acala, Copainalá, Itzantún Compacto, Rehabilitación Bombaná, Tenisique”, puntualiza. Más información en http://www.coagret.com.
------------------------------
La declaratoria de Temacapulín
“Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades”.
“Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa”.
Los servicios prestados por las represas existentes “deben ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto. Demandamos el respeto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía”.
“Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones. Deben ser promovidos programas y planos de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas, sobre el control popular”.
Además, “rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen… Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respeten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos. La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía”.
“Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas. Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación”.
Los gobiernos “deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza”.
FUENTE: Declaratoria oficial del II Encuentro Internacional de Afectados por Represas, firmado por 62 delegaciones nacionales en Temacapulín, Jalisco, el 6 de octubre de 2010.
“Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades”.
“Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa”.
Los servicios prestados por las represas existentes “deben ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto. Demandamos el respeto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía”.
“Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones. Deben ser promovidos programas y planos de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas, sobre el control popular”.
Además, “rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen… Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respeten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos. La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía”.
“Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas. Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación”.
Los gobiernos “deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza”.
FUENTE: Declaratoria oficial del II Encuentro Internacional de Afectados por Represas, firmado por 62 delegaciones nacionales en Temacapulín, Jalisco, el 6 de octubre de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario