El uso político de los servicios públicos en campañas electorales está plagado de anécdotas: un gobernador y un director del SIAPA prometieron “agua para todos” previo a las campañas, en 2008, pero no cumplieron, y sus obras están llenas de defectos y omisiones. Un candidato a alcalde se comprometió a no subir el precio del agua al llegar al poder, y ahora es criticado por propios y extraños, pues la tarifa no alcanza para sostener el servicio.
Todos son representantes de Jalisco y gobiernan actualmente la región.
Por ello, ayer en Chapala se abordó la temática, en el marco del Modelo de Agua Jalisco, a convocatoria de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Coincidieron en la necesidad de poner el alto al uso irresponsable y demagógico del tema de los servicios de agua y alcantarillado durante las campañas políticas. La coincidencia lleva al planteamiento de convertir tal abuso en “delito electoral” para inhibir las tentaciones de usarlo por los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, dijo el director de la CEA, César Coll Carabias.
Esto abrió una serie de ponencias para discutir del asunto, con la idea de que se logre establecer un buen esquema que desincentive la utilización del tema en perjuicio de las verdaderas necesidades del sector, que requiere cobrar a precios reales para garantizar su sostenibilidad financiera, y de este modo, atender las necesidades de crecimiento.
Hay tres grandes planteamientos derivados de los foros que se realizaron en agosto pasado: “se debe acotar el uso del discurso que utiliza a los servicios del agua para obtener el voto popular con promesas que afecten negativamente a los servicios; no obstante, el agua como elemento de desarrollo debe seguir siendo parte de la discusión de la vida política, pero de manera responsable; finalmente, se debe tipificar el discurso demagógico como delito electoral”.
Para el efecto, “se propone conformar un equipo multidisciplinario con la participación del poder legislativo, el gobierno estatal, el Instituto Electoral del estado de Jalisco y los municipios, con objeto de analizar la legislación actual, para diseñar la propuesta de modificaciones y adiciones a las diferentes leyes y códigos que regulan la materia”.
En general, en estas grandes ideas coincidieron los asistentes de ayer: alcaldes, diputados y líderes empresariales.
La pretensión es que de esta discusión deriven cambios legales que fortalezcan la autonomía del sector agua y lo dejen ajeno a los vaivenes de los procesos partidistas. Esto es: que el Congreso no tenga ya la última palabra en las tarifas, que los candidatos irresponsables sean sancionados, y que los organismos se profesionalicen y dejen de ser botín de los políticos, en pago de compromisos de campaña. Nada menos.
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