Wixárikas, anfitriones del representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Quejas: despojo de tierras, recursos naturales e imposición de proyectos.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 13 de octubre de 2010
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), acude hoy y mañana a las montañas del norte de Jalisco para realizar audiencias con comuneros huicholes y de otras etnias de la región noroccidental del país, quienes pretenden presentarle diversos expedientes por despojos de tierra, agua y recursos naturales de los pueblos, así como imposición de proyectos de desarrollo.
“Tenemos previsto que visite San Sebastián Teponahuaxtlán el día miércoles 13 de octubre [hoy], donde tendrá una gran audiencia y los huicholes de esa comunidad le denunciarán el despojo del agua de sus territorios, pues la Comisión Nacional del Agua ha concesionado de 95 a 98 por ciento de sus manantiales y cuerpos de agua a personas ajenas [...] también se espera la visita de una delegación yaqui que se quejará también del despojo de sus aguas a favor de una empresa poderosa que quiere llevársela para desarrollos turísticos”, informó el director de laAsociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Carlos Chávez Reyes.
Otros expedientes que se harán de conocimiento del representante de la ONU son: la situación de la comunidad de Bancos de San Hipólito, que reclama tierras que el gobierno entregó a un ejido mestizo; el enfrentamiento entre la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán y el gobierno de Jalisco por la apertura de una carretera que los wixárikas no pidieron; así como los daños que se prevén por la actividad minera de una transnacional en la zona sagrada de Wiricuta, sitio de peregrinación fundamental de los huicholes, enclavado en San Luis Potosí.
Mañana 14 de septiembre visitará Tuapurie (Santa Catarina) en la zona de Cerro de la Puerta, donde le mostrarán los daños por el proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, ejecutado sin anuencia de la comunidad pese a pasar por su territorio, y acudirá al poblado de Nueva Colonia, para constatar el proyecto educativo que están generando los propios wixárikas.
Hernández Valencia, peruano, inició sus funciones en el país desde el 6 de septiembre pasado, por órdenes de la alta comisionada, Navi Pillay.
“Antes de su nombramiento para México desempeñó funciones como representante adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia desde mayo de 2007. A lo largo de sus 18 años de carrera en las Naciones Unidas, se ha desempeñado como director adjunto de la División de Asuntos Civiles de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití. En Guatemala fue director adjunto del área de Derechos Humanos y Justicia de la Misión de Verificación de la ONU y asesor jurídico de la misma. En Rwanda se desempeñó como el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales en la Operación de Terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue también coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales en la Misión Civil Internacional de la ONU-OEA en Haití. Y en El Salvador fue investigador en la Comisión de la Verdad de la ONU para ese país”, informa el sitio de Internet de la comisión en México.
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Un foro para tomar la iniciativa política para los indígenas
Las comunidades indígenas huicholas han pedido la intervención del nuevo representante de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante la reiterada presión sobre sus territorios, sus recursos naturales y sus formas de vida.
En el dossier entregado a la oficina en México, que resume el foro denominado El derecho a la consulta previa, a realizarse hoy en San Sebastián, señalan que desde 1990 “comenzaron la investigación, la organización política y los procedimientos legales que han dado como resultado la recuperación de más de 55 mil hectáreas del territorio de las comunidades, quedando por resolver 30 mil ha que se encuentran en conflicto y con procedimientos jurídicos instaurados a nivel nacional e internacional”.
Al mismo tiempo, presionados para “modernizarse”, los wixáricas “no pueden aceptar, por ejemplo, políticas públicas actuales que les piden poner precio a sus tierras, aguas y conocimientos, los cuales consideran herencia sagrada, o la imposición de las nuevas biotecnologías en materia de cultivos transgénicos que, si progresan, podrán perder sus semillas nativas y tradicionales, heredadas a través de generaciones. Permitir esos tipos de control y privatización sería entregar su soberanía a las compañías transnacionales, que proveerán, mediante un pago, lo que en principio la misma Madre Tierra les ha dado siempre. Junto con esto, las políticas de privatización del agua y la biodiversidad o los peligros de la llegada de compañías mineras han venido conformando lo que hemos dado en llamar las nuevas amenazas a la territorialidad”.
Los wixaritari “comparten con los 62 pueblos indígenas de México esta certeza; sin embargo, las estructuras de poder y las formas de funcionamiento de la sociedad mexicana, que no reconoce sus derechos, les exige construir prácticamente sobre el camino las nuevas formas de relación que proponen […] las prácticas del sujeto indígena wixárika para ejercer autónomamente el control de su territorio requieren de concepciones esenciales de una ecología de bases indígenas que se proyecte con toda su potencialidad histórica y su fuerza política y legal”, añade.
Las comunidades indígenas huicholas han pedido la intervención del nuevo representante de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante la reiterada presión sobre sus territorios, sus recursos naturales y sus formas de vida.
En el dossier entregado a la oficina en México, que resume el foro denominado El derecho a la consulta previa, a realizarse hoy en San Sebastián, señalan que desde 1990 “comenzaron la investigación, la organización política y los procedimientos legales que han dado como resultado la recuperación de más de 55 mil hectáreas del territorio de las comunidades, quedando por resolver 30 mil ha que se encuentran en conflicto y con procedimientos jurídicos instaurados a nivel nacional e internacional”.
Al mismo tiempo, presionados para “modernizarse”, los wixáricas “no pueden aceptar, por ejemplo, políticas públicas actuales que les piden poner precio a sus tierras, aguas y conocimientos, los cuales consideran herencia sagrada, o la imposición de las nuevas biotecnologías en materia de cultivos transgénicos que, si progresan, podrán perder sus semillas nativas y tradicionales, heredadas a través de generaciones. Permitir esos tipos de control y privatización sería entregar su soberanía a las compañías transnacionales, que proveerán, mediante un pago, lo que en principio la misma Madre Tierra les ha dado siempre. Junto con esto, las políticas de privatización del agua y la biodiversidad o los peligros de la llegada de compañías mineras han venido conformando lo que hemos dado en llamar las nuevas amenazas a la territorialidad”.
Los wixaritari “comparten con los 62 pueblos indígenas de México esta certeza; sin embargo, las estructuras de poder y las formas de funcionamiento de la sociedad mexicana, que no reconoce sus derechos, les exige construir prácticamente sobre el camino las nuevas formas de relación que proponen […] las prácticas del sujeto indígena wixárika para ejercer autónomamente el control de su territorio requieren de concepciones esenciales de una ecología de bases indígenas que se proyecte con toda su potencialidad histórica y su fuerza política y legal”, añade.
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