Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 27 de septiembre de 2010
Las presuntas anomalías denunciadas por el ex contralor del SIAPA, Pedro Humberto Garza Gómez, en el organismo operador, son clasificadas por el director jurídico de la institución, Uriel Alejandro Parga Ramírez, en tres grandes grupos: las que corresponden a la Administración anterior, de Rodolfo Ocampo Velázquez; las que el mismo contralor, si son ciertas, debe prevenir, y las que —asegura— son simplemente falsas.
Al analizar una presentación denominada “100 casos irregularidades y corrupción”, emanado del área que encabezó el funcionario destituido la semana pasada por “pérdida de confianza” —a raíz de una denuncia por acoso sexual que hizo una de sus subordinadas—, Parga Ramírez dijo que muchos de los asuntos que plantea ese “documento de trabajo” han sido investigados desde el arribo de la actual administración.
Descartó que haya descontrol en temas como uso de vehículos, vales de gasolina, servicio telefónico y de celular, gastos médicos mayores y de personal, de lo cual, el documento no ofrece pruebas. Por otro lado, el texto alude a diversas obras que se realizaron durante la gestión anterior, las cuales forman parte de las auditorías que se están realizando a los programas Agua para todos y Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (Apazu). Hay diversas anomalías que se han hecho públicas en el curso de los últimos meses, y se han conciliado la mayor parte de ellas, lo que significa que los defectos de obras se han ido subsanando o se han regresado recursos no ejercidos (Público, 30 de agosto y 2 de septiembre de 2010).
De hecho, información solicitada vía transparencia al organismo operador, revela que el contralor Garza Gómez envió medio centenar de memorándums en que señala que no hay problema en liquidar a las empresas a las que se les finiquitó su pago, y que se ubican en la segunda mitad de las anomalías del citado documento. Es decir, se pagaron porque el denunciante, como contralor, dio su visto bueno.
De los “ajustes” de adeudos (más de diez mil según la anomalía 101) que habrían ocasionado pérdidas por 56.5 millones de pesos al SIAPA, durante la gestión que encabezó Ocampo Velázquez, había más de 160 personas autorizadas para realizar esas modificaciones que no corresponden a la deuda, sino a recargos, gastos de cobranza y actualizaciones —en consecuencia, “no se regala el agua”—. Ahora la facultad sólo está en manos del director del organismo. De hecho, la reciente campaña de recuperación de adeudos marca esa misma línea de descuentos: eliminar recargos, gastos de cobranza, reconexiones y actualizaciones, con tal de que los morosos paguen la deuda específica.
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