Foto: durante la visita del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, la pasada semana, cortesía de AJAGI
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de octubre de 2010
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) recibirá, en su audiencia pública del próximo 28 de octubre, en Washington, Estados Unidos, el caso de las presuntas violaciones a derechos indígenas por parte del gobierno de Jalisco en la construcción de la carretera estatal Bolaños-Huejuquilla, denuncia presentada por los huicholes de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán con el respaldo de la asociación civil Conservación Humana.
La audiencia, en el marco del 140 periodo de sesiones, es para “tratar cuestiones referentes a la situación en general del derecho a la consulta y participación en asuntos de interés público en México. En especial, presentar casos de violaciones a los derechos ambientales de los pueblos indígenas”, informó el presidente de la agrupación, Humberto Fernández Borja.
Conservación Humana “tiene el objetivo de exponer la impunidad que existe en las acciones del gobierno de Jalisco en contubernio con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] y otras instancias federales, contra la comunidad de Tuapurie […] precisamente por la falta de consulta y participación en asuntos de interés público”.
El problema “se centra en la oposición de Tuapurie a la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto, Jalisco, que amenaza contra la integridad de sus tierras ancestrales y de una región de la Sierra Madre Occidental -prioritaria por su biodiversidad y servicios ambientales-. La carretera es promovida tanto por la CDI como por el gobierno de Jalisco y las presidencias municipales de Bolaños, Huejuquilla y Mezquitic, todas regidas por el mismo partido –Acción Nacional-, lo que ha incrementado la complicidad e impunidad”.
Fernández Borja destaca que en el pasado reciente, los wixaritari frenaron la obra y se logró la “clausura total temporal” de toda la carretera en abril 2008. No obstante, en meses recientes, las delegaciones en Jalisco de la Semarnat y la Profepa “han solapado delitos dictaminados al levantar la clausura en varios tramos”.
Tras ello, agrega, “se han presentado diversas denuncias e instaurado procesos legales sin obtener respuesta favorable alguna”.
—¿Qué exigen los indígenas? —Cesar el acoso y la persecución a las autoridades y líderes huicholes; el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación para subsanar los daños ambientales que impuso la Profepa; clausura definitiva del ilegal proyecto carretero; auditar integralmente a todo el proyecto, incluyendo lo ambiental y financiero, dado que está viciado de origen -se contrataron a 19 empresas para construir cada una 5 kilómetros, lo cual atenta contra toda lógica económica-.
También, “indemnizar por los daños y perjuicios ya ocasionados a la comunidad; remediar los daños ecológicos y a los sitios sagrados en los territorios de la comunidad, así como en el resto de las zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad”. Finalmente, “fincar las responsabilidades a quienes resulten responsables por los delitos e irregularidades cometidas, incluyendo la destitución de los funcionarios que participaron en la fabricación de documentos”, puntualizó Hernández Borja.
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) recibirá, en su audiencia pública del próximo 28 de octubre, en Washington, Estados Unidos, el caso de las presuntas violaciones a derechos indígenas por parte del gobierno de Jalisco en la construcción de la carretera estatal Bolaños-Huejuquilla, denuncia presentada por los huicholes de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán con el respaldo de la asociación civil Conservación Humana.
La audiencia, en el marco del 140 periodo de sesiones, es para “tratar cuestiones referentes a la situación en general del derecho a la consulta y participación en asuntos de interés público en México. En especial, presentar casos de violaciones a los derechos ambientales de los pueblos indígenas”, informó el presidente de la agrupación, Humberto Fernández Borja.
Conservación Humana “tiene el objetivo de exponer la impunidad que existe en las acciones del gobierno de Jalisco en contubernio con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] y otras instancias federales, contra la comunidad de Tuapurie […] precisamente por la falta de consulta y participación en asuntos de interés público”.
El problema “se centra en la oposición de Tuapurie a la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto, Jalisco, que amenaza contra la integridad de sus tierras ancestrales y de una región de la Sierra Madre Occidental -prioritaria por su biodiversidad y servicios ambientales-. La carretera es promovida tanto por la CDI como por el gobierno de Jalisco y las presidencias municipales de Bolaños, Huejuquilla y Mezquitic, todas regidas por el mismo partido –Acción Nacional-, lo que ha incrementado la complicidad e impunidad”.
Fernández Borja destaca que en el pasado reciente, los wixaritari frenaron la obra y se logró la “clausura total temporal” de toda la carretera en abril 2008. No obstante, en meses recientes, las delegaciones en Jalisco de la Semarnat y la Profepa “han solapado delitos dictaminados al levantar la clausura en varios tramos”.
Tras ello, agrega, “se han presentado diversas denuncias e instaurado procesos legales sin obtener respuesta favorable alguna”.
—¿Qué exigen los indígenas? —Cesar el acoso y la persecución a las autoridades y líderes huicholes; el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación para subsanar los daños ambientales que impuso la Profepa; clausura definitiva del ilegal proyecto carretero; auditar integralmente a todo el proyecto, incluyendo lo ambiental y financiero, dado que está viciado de origen -se contrataron a 19 empresas para construir cada una 5 kilómetros, lo cual atenta contra toda lógica económica-.
También, “indemnizar por los daños y perjuicios ya ocasionados a la comunidad; remediar los daños ecológicos y a los sitios sagrados en los territorios de la comunidad, así como en el resto de las zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad”. Finalmente, “fincar las responsabilidades a quienes resulten responsables por los delitos e irregularidades cometidas, incluyendo la destitución de los funcionarios que participaron en la fabricación de documentos”, puntualizó Hernández Borja.
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