Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de octubre de 2010
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Se mantiene cerrado el acceso a la playa de Tenacatita. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) corroboró ese problema hace una semana, cuando al haber acudido con una orden de inspección no fue suficiente para que se le permitiera el acceso por la carretera estatal que está bloqueada por policías estatales y privados desde el 4 de agosto pasado, cuando comenzó el conflicto.
Los inspectores, de hecho, acudían a un predio contiguo que tiene colindancias con el estero de la zona, y donde se ha colocado un pequeño atracadero del que se debe determinar el impacto ecológico al ubicarse en zona federal y entre vegetación protegida. Sin embargo, la diligencia, que se realizaría el pasado 8 de octubre según la orden de inspección emitida por la delegación Jalisco de la Profepa, no se pudo cumplir al impedirse el paso por la carretera. Los responsables de la negativa, dos personas identificadas como empleados de la Inmobiliaria Rodenas SA, adujeron que se trataba de una pequeña propiedad y que sólo permitirían el paso cuando se tratara de asuntos relacionados con esa empresa, que es la beneficiaria del desalojo de hace dos meses y medio.
La concesión que revisaría el organismo federal está a nombre de Francisco Alvarado y tiene que ver con el cumplimiento de las condicionantes para mantenerse con la concesión en la zona federal.
Uno de los aspectos claves a juzgar es el libre acceso para cualquier ciudadano. Los gendarmes indicaron que no se podía pasar por la zona, que era necesario entrar por mar abierto o por el propio estero, lo cual aparece consignado en el acta de la inspección frustrada.
Los habitantes de la zona tampoco se pueden acercar a sus antiguas propiedades, señaló Salvador Magaña Martínez, representante de los desalojados. Hay desesperación porque la intervención política del más alto nivel ha sido insuficiente para dar una salida al problema, añadió.
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Se mantiene cerrado el acceso a la playa de Tenacatita. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) corroboró ese problema hace una semana, cuando al haber acudido con una orden de inspección no fue suficiente para que se le permitiera el acceso por la carretera estatal que está bloqueada por policías estatales y privados desde el 4 de agosto pasado, cuando comenzó el conflicto.
Los inspectores, de hecho, acudían a un predio contiguo que tiene colindancias con el estero de la zona, y donde se ha colocado un pequeño atracadero del que se debe determinar el impacto ecológico al ubicarse en zona federal y entre vegetación protegida. Sin embargo, la diligencia, que se realizaría el pasado 8 de octubre según la orden de inspección emitida por la delegación Jalisco de la Profepa, no se pudo cumplir al impedirse el paso por la carretera. Los responsables de la negativa, dos personas identificadas como empleados de la Inmobiliaria Rodenas SA, adujeron que se trataba de una pequeña propiedad y que sólo permitirían el paso cuando se tratara de asuntos relacionados con esa empresa, que es la beneficiaria del desalojo de hace dos meses y medio.
La concesión que revisaría el organismo federal está a nombre de Francisco Alvarado y tiene que ver con el cumplimiento de las condicionantes para mantenerse con la concesión en la zona federal.
Uno de los aspectos claves a juzgar es el libre acceso para cualquier ciudadano. Los gendarmes indicaron que no se podía pasar por la zona, que era necesario entrar por mar abierto o por el propio estero, lo cual aparece consignado en el acta de la inspección frustrada.
Los habitantes de la zona tampoco se pueden acercar a sus antiguas propiedades, señaló Salvador Magaña Martínez, representante de los desalojados. Hay desesperación porque la intervención política del más alto nivel ha sido insuficiente para dar una salida al problema, añadió.
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