Se están cumpliendo los plazos para la mayor instalación de saneamiento de Jalisco, asegura la Comisión Estatal del Agua. La fracción del tricolor cuestiona el contrato y asegura que están en riesgo de perderse mil millones de pesos federales para la planta de tratamiento; el organismo estatal desmiente el riesgo.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 16 de junio de 2010
La coordinación de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestiona los términos en que se dio la contratación de la planta de tratamiento de Aguaprieta, la cual saneará 80 por ciento de las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara, a un costo mensual para la ciudad de 21 millones de pesos.
En el tema, los tricolores señalan al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, de excederse en sus atribuciones, violar los plazos de ley, dar privilegios al conglomerado de empresas contratistas —Renova Atlatec SA de CV— y poner en riesgo la llegada de poco más de mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
El organismo público del Ejecutivo desmintió ayer todo: los dineros no se van a perder porque se pidió una prórroga para su ejercicio desde mayo, cuando el plazo vencía en junio; Coll Carabias cuenta con autorización del gobernador, mediante decreto publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco, para firmar contratos: en consecuencia, no se excede en sus atribuciones, señaló a este diario la vocera de la CEA, Jessica González Alcalá.
“No hay ningún riesgo [de perder los mil millones de pesos], sería un descuido imperdonable […] el director [César Coll] señala que ingresó la solicitud de prórroga en mayo, y que no se ha resuelto porque no se ha reunido el Comité de Crédito del Fonadin, pero se dio en términos de ley y no va a pasar que se nos vayan los recursos federales, que son 49 por ciento —a fondo perdido— de la inversión necesaria para la planta”, añadió la funcionaria.
Los priistas difundieron ayer por la tarde un documento de prensa en donde daban por hecho la pérdida de ese dinero: “Esto se evidenció luego de que la CEA solicitó una prórroga para no perder esos recursos federales, pero hasta la fecha no hay respuesta favorable a esta petición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propia CEA, a través de su personal, aceptó que el pasado 2 de junio de este 2010, técnicamente se perdieron mil millones de pesos…”.
Como consecuencia de no realizar la obra, “un atraso o suspensión temporal por causas no imputables a la empresa, la CEA tiene la obligación de pagarle a la empresa Renova Atlatec SA de CV con o sin operación, de acuerdo a una de las cláusulas del contrato”. Dicha penalización consiste, según las fuentes priistas, en pagar lo comprometido a partir de la mensualidad 36, esto es, 21 millones de pesos por mes hasta completar 240, que es el plazo de vigencia de la concesión. Por eso se considera que el contrato es “leonino” para los intereses de Jalisco.
Otra presunta irregularidad es que el contrato fue firmado por Coll Carabias, “a pesar de que debió ser firmado por el titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco”. Dice que la Constitución local permite delegar firmas, pero no firmar contratos que impliquen enajenación de bienes. En el proyecto Aguaprieta, hay una cesión en comodato de inmuebles estatales.
Más grave aun juzgan que el titular de la CEA firmara un contrato que trasciende el periodo de gobierno de Emilio González Márquez, pues para ello debe contar con la aprobación previa del Congreso, como se determina en el artículo 35, fracciones dos y once, de la Constitución Política de Jalisco.
Según el documento de prensa de los legisladores del PRI, el coordinador de la fracción, Roberto Marrufo Torres, explicó que “en consecuencia, nos encontramos en una disyuntiva de inconstitucionalidad del contrato suscrito por la CEA y la empresa Renova Atlatec SA de CV, dándose con ello una total incertidumbre de dicho contrato”.
Insiste en que “las condiciones del contrato son muy generosas y favorables a Renova Atlatec SA de CV […] no se cuenta con un proyecto ejecutivo para la realización de la obra y, entre otras observaciones al contrato, la contraprestación a la empresa por el tratamiento de las aguas asciende a 21 millones de pesos anuales, pero no se sabe de dónde se obtendrán los recursos para hacer frente a dicha contraprestación”.
Según el contrato, el monto total de la inversión asciende a más de 2,600 millones de pesos.
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En riesgo, obra para la laguna de Zapotlán
Está en riesgo la terminación y entrada en operación de la planta de tratamiento de la localidad de San Andrés Ixtlán, en el municipio de Gómez Farías, cuyos desechos se vierten a la laguna de Zapotlán. Se trata de un proyecto prioritario porque mejoraría sensiblemente la calidad del agua de ese embalse natural endorreico (es decir, de una cuenca cerrada), y que ha sido juzgado esencial porque allí se realizarán varias competencias de los Juegos Panamericanos de 2011.
El problema es dinero, dijo ayer a los diputados de las comisiones de Asuntos Hidráulicos y de Hacienda el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, quien compareció a solicitud de los propios legisladores para abordar el asunto.
El problema es un ayuntamiento endeudado y la falta de dinero de la propia CEA, que de por sí ya absorbe 80 por ciento de la inversión, 10.5 millones de pesos, de un total que asciende a 13.7 millones.
Tras la comparecencia, quedó en suspenso la solución para que el ayuntamiento de Gómez Farías entregue los 2.7 millones de pesos que le corresponden.
La obra tratará once litros por segundo con una calidad de cuerpo de agua tipo C, es decir, apta para consumo humano y recreación. Sin embargo, el municipio arrastra deudas con el gobierno federal que han frenado la inversión: la composición inicial del gasto de la obra era 50 por ciento de aportación federal, 30 por ciento estatal y 20 por ciento municipal.
La Federación se negó a entregar su parte debido a que el ayuntamiento le adeuda años de pago por los derechos federales de agua. El estado de Jalisco, considerando la importancia de la obra, determinó absorber la parte federal y que el municipio se limitara a entregar la parte que le toca, pero, aun así, no ha sido posible, pues Gómez Farías carece de recursos.
Los diputados pidieron a la CEA absorber la totalidad de la inversión, pero el organismo estatal no tiene de dónde sacarlos, pues sólo recibió recursos para obras en el municipio de Tlajomulco. Se analizará de dónde obtener tanto la parte final de la inversión, como los recursos para operar la instalación saneadora de aguas negras municipales.
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