Las autoridades impugnarán amparo

Construir el Zapotillo es prioridad, dice la Comisión Nacional del Agua. La suspensión concedida contra la presa se puede subsanar: SGG

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 11 de febrero de 2011

La Comisión Nacional del Agua (CNA) revisará las consecuencias jurídicas de la sentencia de amparo emitida en el juicio 2245/2008 y su acumulado 2262/2008, que emitió el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el que se ordena detener la edificación de la presa El Zapotillo, para impugnarlo legalmente.

Raúl Antonio Iglesias Benítez, titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, informó ayer que ya está en proceso el análisis jurídico así como la respuesta, misma que se remitirá al Juzgado “en los términos y plazos legales correspondientes”.

La idea es impugnar la sentencia “ya que considera estar actuando dentro del marco legal, además de que se tiene plena convicción de los beneficios colectivos que proporcionará la obra una vez concluida y en operación”, enfatizó.

Recordó que la CNA espera que la presa El Zapotillo garantice el suministro de agua potable durante los próximos 25 años a catorce municipios de Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, y que regule 500 millones de metros cúbicos anuales para la zona conurbada de Guadalajara, “mediante el aprovechamiento de las aguas del Río Verde, contribuyendo a la sustentabilidad y recuperación de los acuíferos con los que actualmente se abastecen y que presentan abatimientos de hasta tres metros por año”.

Los beneficios, añadió, “también se verán reflejados en los habitantes y en las comunidades que serán reubicadas, ya que se incrementará la calidad de vida al contar con sitios con una mayor infraestructura, servicios básicos y un medio ambiente acorde al embalse”.

En el mismo sentido habló el secretario General de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez: el gobierno apelará ante las instancias correspondientes la determinación judicial.

“Yo no tengo duda de que este proyecto continuará, no estoy diciendo que vamos a violar la resolución del juez, sino que será atendida, clarificada y que podrá después el proyecto continuar”.

El funcionario estatal recalcó que la resolución no es definitiva y añadió que al parecer se concedió el amparo porque faltó “algo de audiencia e información” la cual dijo se dará y luego continuará la obra.

“Aparentemente se concedió porque no había habido la suficiente audiencia, pero no hay que especular hay que ver cómo viene y una vez que se conozca se dará los pasos legales”, señaló.

Guzmán Pérez Peláez destacó que la presa el Zapotillo es un proyecto de grandes beneficios para Jalisco, el cual debe de continuar aunque aclaró que esto no se hará por encima de las resoluciones judiciales

“El agua es un tema fundamental, no podemos permitir que las próximas generaciones o incluso en estos tiempos nos quedemos sin agua, es un proyecto muy estudiado del gobierno federal con la participación de Jalisco y Guanajuato”.

El tiradero de El Bajío, “asunto estatal”

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 11 de febrero de 2011

El tiradero clandestino enclavado en la zona de El Bajío, a unos 100 metros del sitio donde se edifica la Villa Panamericana, es en 95 por ciento escombro y su regulación no depende directamente del Ayuntamiento de Zapopan, sino del ámbito estatal, aseguró el director de Ecología de ese municipio, Miguel Prado Aguilar.

En relación al compromiso de retirarlo que habría tomado la dirección de Aseo Público con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), el funcionario dijo que éste se limitó a los residuos domésticos y a ordenar a los comerciantes de comida enclavados a un costado de la Villa Panamericana. Dijo que les interesa resolver el problema, pero eso exige participación del sector ambiental estatal.

“Allí podrá haber unos cinco viajes de basura, pero por 95 viajes de escombro, y ese es un tema que debe revisar la esfera estatal”. Dijo que el dueño del predio es un propietario que tras explotar arena, ahora recibe el escombro y cobra por eso, aunque carece de permiso de cualquier índole.

De hecho, el 1 de febrero pasado, la directora de Protección del Medio Ambiente de ese municipio, Rosa Aurora Álvarez Plascencia, negó el visto bueno para que se formalizara la recepción de escombro en el lugar, “debido al manejo inadecuado que se le está dando al predio, ya que se encuentra operando sin autorización y recibiendo residuos sólidos [escombro]”, según lo confirmaron dos visitas de personal de la dependencia (oficio 1830/2011/32).

Según dijo a este diario el procurador ambiental de Jalisco, Fernando Montes de Oca, Zapopan se comprometió a levantar y clausurar el tiradero clandestino, propiciado por la apertura de caminos que allí se ha realizado a raíz de las recientes obras de urbanización. Uno de los problemas más severos que pueden derivar de ese sitio es que aporta combustible que puede ser aprovechado por el fuego. La entrada de personas sin control a la zona aumenta ese riesgo.

Juez federal concede amparo que frena la presa El Zapotillo

Las autoridades pueden recurrir la resolución. Movimiento opositor se congratula de acción jurídica sin precedentes

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 10 de febrero de 2011

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del estado de Jalisco ordenó la cancelación de la construcción de la presa El Zapotillo, tras “quedar evidenciado que los actos en examen, violan en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, propiedad privada, a recibir información completa y oportuna y que se respete su entorno y medio ambiente, contenidas en los artículos 14, 16, 27 y 133 de la Constitución Mexicana […]”.

La sentencia es en el marco del juicio de amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 promovido por Consuelo Carvajal Espinoza, habitante de Temacapulín, y por Luis Villegas Ruiz, habitante de Acasico, ambos en el municipio alteño de Cañadas de Obregón, según difundió ayer el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El organismo “hace público que se ha ganado una batalla más del movimiento de defensa del territorio, un bien común como el agua y el patrimonio histórico-cultural de la nación”.

De este modo, el juez federal ordena “el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los habitantes que promovieron dicho instrumento, contra los actos preparativos previos a la orden de construcción de la presa de almacenamiento Zapotillo, sobre el Río Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica, así como sus consecuencias y efectos”; el juicio, aclara el comité, “no sólo atañe a quienes lo promovieron, sino que evidentemente, fortalece la determinación de 99 por ciento de los habitantes, descendientes y avecindados de Temacapulín, [tomada] el 7 y 8 de enero de 2011 en la Consulta Comunitaria, cuando explayaron el democráticamente no a la presa El Zapotillo”.

Según la sentencia referida, “quienes deben acatar esta resolución son la Comisión Nacional del Agua y su Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que preside Raúl Antonio Iglesias Benítez; la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; el titular de la Unidad Licitadora de Obras Públicas; el Secretario y Oficial Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] y César Coll Carabias como titular de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco”, añaden.

“Específicamente se les ordena que suspendan los trabajos preparativos y la orden de construcción de la presa Zapotillo y previo a realizar cualquier acto de ejecución material, concedan a los quejosos la garantía de audiencia […] proporcionen a los peticionarios de garantías, la información completa, veraz y oportuna necesaria que permita tener pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, dentro del marco de la legislación en materia de acceso a la información pública”.

Esta resolución, admitió el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda, de Colectivo COA, las autoridades afectadas todavía lo pueden recurrir ante un tribunal Colegiado. Héctor Castañeda Náñez, director de cuencas de la CEA, dijo ayer que no han sido notificados del procedimiento, pero aclaró que la cortina se está construyendo bajo la responsabilidad de la CNA.

Línea 3, pública y bien “justificada”, asegura alcalde de Tlajomulco

La quieren politizar, advierte Enrique Alfaro Ramírez; no hay privatización, será operada por Siteur, pone en relieve

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 10 de febrero de 2011

La construcción de la Línea 3 del tren eléctrico urbano está plenamente justificada porque Tlajomulco es el municipio de Jalisco que más ha crecido demográficamente en los últimos diez años, y porque el mejor esquema para reordenar el crecimiento urbano es justamente crear antes la infraestructura que las casas, advirtió ayer el presidente municipal de esa demarcación, Enrique Alfaro Ramírez.

En respuesta a las consideraciones del despacho de consultoría García Rojas y Asociados, que dice que dicha obra no es necesaria, Alfaro Ramírez fue enfático al señalar que se trata de una obra que ha pasado por todas las instancias técnicas y jurídicas y que “ese ataque” vulnera los derechos de cientos de miles de habitantes del sur de la ciudad.

“El despacho parece querer hacer el trabajo sucio teniendo detrás a los que siempre se oponen a los proyectos de desarrollo de la ciudad; estamos hablando de un proyecto con una justificación social muy sólida y que además, es el único que ha agotado la revisión técnica más minuciosa”, subrayó.

Además, “es falso que se trate de un negocio de privados”, pues la participación privada vía el esquema de los Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios Públicos (PPS) se limita a la construcción de infraestructura, y de ningún modo va a impedir que sea el Sistema Tren Eléctrico Urbano (Siteur) el que se responsabilice de brindar el servicio y de articularlo con el del resto de la ciudad.

“Contablemente esa participación se paga con el presupuesto y no se establece como deuda; el esquema ha funcionado con éxito en muchas ciudades, como el Distrito Federal, y descalificar todos los proyectos en donde participa el sector privado es absurdo y sólo enrarece el verdadero debate”, añadió.

“Si este proyecto no se puede hacer, ¿entonces qué sí? Es lamentable que se quiera politizar algo tan importante, no se puede detener por decreto el crecimiento de la ciudad, lo que sí podemos y debemos hacer es realizar un cambio central con relación al pasado: primero hacer la infraestructura y luego los desarrollos inmobiliarios, y se trata que esta línea de tren sea un eje articulador”, afirmó el presidente municipal.

A su juicio, señalar que es un premio a la anarquía “denota ignorancia o mala fe”, y “yo he dicho con claridad que no me quedaré callado ante el afán de menospreciar a Tlajomulco, no es con aspirinas como resolveremos sus problemas, es el municipio que más crece en la actualidad y el que menos presupuesto tiene para hacer frente a esos desafíos, entre ellos, no repetir los modelos anárquicos de crecimiento”.

Alfaro Ramírez insistió que debe ser una discusión técnica considerando que ya pasó toda clase de pruebas; “se ha repetido hasta el cansancio que no es un tren de Tlajomulco, es un tren del sur de la ciudad justificado por su alto crecimiento poblacional”.

Al quedar su operación en manos del Siteur, se garantiza el control de la tarifa y el criterio de servicio público con que se debe definir ésta.

El debatido análisis sobre la pertinencia de este proyecto, fue emitido por el despacho García Rojas Asociados, y señala que el corredor definido para la línea no es prioritario, pues la zona a atender tiene mucho menor densidad de población que el eje que se mueve entre Tonalá y Zapopan, de oriente a poniente; por lo que asume que los megafraccionamientos existentes y los que están por abrirse en Tlajomulco, son los que recibirán el beneficio directo de esta inversión que se acerca a seis mil millones de pesos; así, termina siendo un “premio al crecimiento irresponsable” (Público Milenio, 9 de febrero de 2011).

No se justifica la Línea 3 del tren ligero, señala consultor

El proyecto, un premio “al crecimiento irresponsable” en municipios conurbados Basta prolongar la Línea 1 del Macrobús para atender la demanda en Tlajomulco, sostiene la firma García Rojas Asociados, que afirma que la obra será subsidiada en 75% por recursos públicos


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 9 de febrero de 2011

La Línea 3 de tren ligero en Tlajomulco no se justifica más que como “un jugoso negocio privado” a costa del erario, pues bastaría con ampliar la Línea 1 del Macrobús para dar servicio a la zona a la que se pretende enlazar, advierte el despacho de consultores García Rojas Asociados, que consideró este proyecto como un premio a un municipio que ha favorecido el crecimiento desordenado de la ciudad; además, la participación privada prevista es menor a la que exige la ley.

Un análisis emitido por esa firma señala que el corredor definido para la línea no es prioritario, pues la zona a atender tiene mucho menor densidad de población que el eje que se mueve entre Tonalá y Zapopan, de oriente a poniente, donde se ha hablado de establecer otra línea de tren; por lo que supone que los megafraccionamientos existentes y los que están por abrirse en Tlajomulco, son los que recibirán el beneficio directo con esa costosa inversión pública, que se acerca a seis mil millones de pesos.

“El proyecto de Línea 3 posiblemente beneficiaría a los desarrollos urbanos integralmente sustentables [DUIS] que plantea desarrollar en Tlajomulco [la empresa] Homex en 418 hectáreas con 22,903 viviendas y 91,612 habitantes adicionales a los ya existentes”, señala el documento entregado a este diario.

El esquema de inversión tampoco beneficia al estado. Se aportan 50 por ciento de los recursos a fondo perdido (provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura), el inversionista pone 25 por ciento y el estado lo hace con otro tanto.

“Para que tenga rentabilidad social y justificar la subvención, al proyecto de la línea A del tren sub urbano, le están sumando trece kilómetros y catorce estaciones de la Línea 1 ya existente y la denominan Línea 3 del tren ligero, de otra manera no sería viable […] lo cierto es que para atender la demanda contingente creada por la laxitud del municipio, los desarrolladores y especuladores de suelo urbano en Tlajomulco, bastaría con el prolongar la fase uno del Macrobús al sur de la estación Fray Angélico a Santa Fe”, y prolongar la Línea 1 actual, de Periférico a la cabecera de Tlajomulco.

La inversión es el esquema de proyectos de inversión y prestación de servicios públicos (PPS) que aprobó el Congreso estatal en la Legislatura anterior, argumentando la necesidad de atraer dinero privado ante la falta de recursos públicos suficientes para proyectos de interés general.

“Los PPS son una novedosa fórmula para continuar endeudándose, según la ley de PPS de Jalisco y sus municipios, la inversión privada en estos casos no deberá ser inferior a 60 por ciento de la inversión total [en este caso, la inversión privada es de 25 por ciento] a un plazo de cinco a 35 años y con una amortización no mayor a 20 por ciento del presupuesto anual asignado para gasto corriente de la entidad ejecutora, y deberá ser aprobado por el Congreso del Estado y obligadamente deberá ser considerada deuda pública”.

Sin embargo, la disparidad entre la inversión que marca la ley y la real llevaría a violar esa ley “ya que el inversionista privado solo aportaría 25 por ciento, 50 por ciento sería subvención con recursos públicos de Fonadin, y otro 25 por ciento lo aportaría el estado […] más negocios privados con recursos públicos”.

La Semarnat dio revés hace seis meses al proyecto de Aguaprieta

No existe procedimiento de expropiación, como exigiría dicho proyecto, indican opositores. No autorizó cambio de uso de suelo de Tempizques, para planta de tratamiento. La CEA asegura que modificará monorrelleno para obtener el permiso. La información apenas trascendió vía transparencia

Guadalajara. Agustín del Castillo.PÚBLICO-MILENIO. Edición del 9 de febrero de 2011

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó hace más de cinco meses a la Comisión Estatal del Agua (CEA) la autorización para cambiar el uso de suelo en el predio Los Tempizques, enclavado en el área de protección hidrológica del río Santiago, y que serviría para alojar un “monorrelleno” con los desechos de la planta de tratamiento de aguas negras de Aguaprieta, cuya edificación ha comenzado hace un par de semanas.

Para el organismo estatal, se trata simplemente de que el proyecto del monorrelleno cambió y se ha trabajado, a partir del 24 de agosto de 2010 —cuando se le negó el trámite—, en adaptarlo a las nuevas circunstancias, que de acuerdo con la vocera de la CEA, Jessica González Alcalá, serán mejores para la calidad ambiental de la zona.

Sin embargo, la asesora ambiental de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, Agustina Rodríguez Miranda, remite al documento como prueba de que la dependencia planteaba un modelo no sostenible que perjudicaría al área protegida de carácter municipal que ahora existe en la zona que abarca Los Tempizques, que es tierra de la comunidad indígena de Mezquitán sobre la que además, existe un convenio de ocupación, más no un procedimiento de expropiación, como exigiría un proyecto de esta naturaleza.

El citado documento (oficio SGPA/DGGFS/712/2616/10), que apenas se dio a conocer a la fundación por vía de una petición de transparencia, señala que se desechó la solicitud del cambio de uso de suelo de terrenos forestales sobre 26.69 hectáreas porque la CEA no desahogó “satisfactoriamente el requerimiento realizado mediante oficio SGPA/DGGFS/712/2121/10”, que data del 9 de julio de 2010.

Entre lo que no se aportó a la autoridad, está la justificación técnica del dato que asegura que la zona afectada no es selva; se entregaran los planos con los polígonos de la vegetación forestal a transformar; se le remitiera la zonificación del área protegida vigente en el predio; se diera un ejemplar del programa de manejo; se describiera la cuenca; se entregaran descripciones de vegetación e inventario de fauna; se precisaran las materias primas forestales a afectar; se complementaran las medidas de prevención y mitigación de impactos sobre flora y fauna, sobre todo las que están en alguna categoría de protección según la norma oficial en la materia (NOM 059 ECOL 2003), caso de la guacamaya verde (Ara militaris).

No se demostró la compatibilidad del cambio del terreno con el Ordenamiento Ecológico del estado de Jalisco, ni se aportaron datos concretos de la reforestación que se proponía sobre 17 hectáreas.

Jessica González Alcalá dice que ese estudio técnico está en proceso de modificación porque originalmente, el monorrelleno iba a afectar los predios Los Tempizques y La Olla; ahora será sólo el primero y el segundo quedará como área de protección ambiental. Además, se determinó que el monorrelleno será únicamente con lodos derivados del proceso de la planta tratadora, y no con arenas y basura, que se dispondrán en otra zona aún no determinada.

La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable permite volver a presentar el trámite en cualquier momento. Para la CEA no hay prisa, tiene tres años antes de que la planta de saneamiento entre en operaciones, tiempo en que se requerirá Los Tempizques para el monorrelleno. Para Rodríguez Miranda, el trámite no debe pasar porque es evidente que daña un área natural protegida “y eso lo hace incompatible”.

En El Bajío continúa tiradero clandestino

Junto a la Villa Panamericana y el bosque La Primavera. La Proepa recibió la promesa de que se impediría arrojar basura en la zona

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 9 de febrero de 2011

El procurador ambiental de Jalisco, Fernando Montes de Oca, aseguró que el Ayuntamiento de Zapopan se comprometió a levantar y clausurar el tiradero clandestino que se ubica a 100 metros de la Villa Panamericana, propiciado por la apertura de caminos que allí se ha realizado a raíz de las recientes obras de urbanización. Le dieron como fecha máxima de cumplimiento el pasado jueves 3 de febrero, pero seis días después, el vertedero ilegal sigue allí.

“Hablé con el encargado de Aseo Público de Zapopan y se comprometió a enviar desde hoy [2 de febrero] a recoger toda la basura que ustedes vieron; y de mandar inspectores de la oficina de reglamentos, para tratar de ver la situación en que se encuentran todos los vendedores de alimentos, que afuera de la Villa Panamericana dan alimento a los más de mil trabajadores que están ahí; ver medidas de sanidad pero también que puedan contar con bolsas para que ahí depositen, y la posibilidad de instalar algún contenedor o algo para evitar esa contaminación; además, los de aseo de Zapopan van a establecer una ruta periódica para que al menos dos veces por semana pasen a recoger la basura”, señaló Montes de Oca.

Lo cierto es que el vertedero, que se ubica a pocos metros del ingreso al área de protección de flora y fauna La Primavera y del megadesarrollo de la Villa Panamericana, no ha sido retirado, y los lugareños siguen usándolo para depositar basura.

Uno de los problemas más severos que pueden derivar de ese sitio es que aporta combustible que rápido puede ser aprovechado por el fuego. La entrada de personas sin control a la zona aumenta ese riesgo, y se han debido combatir incendios forestales en los alrededores durante las últimas semanas, explica por su parte el director del bosque, José Luis Gámez Valdivia.

El bosque La Primavera, padece de forma acusada problemas que le está generando la urbanización desordenada de la zona de El Bajío, propiciada por las autorizaciones municipales y ambientales a favor del complejo Chivas-Omnilife y de la Villa Panamericana, además de planteles escolares y fraccionamientos: incendios, basura, ruidos, contaminación lumínica, extracción de flora y fauna y contaminación de fuentes de agua. Las “condicionantes” que la autoridad ambiental impuso para permitir edificar la villa no se han cumplido hasta hoy.