Greenpeace alerta sobre la permisividad de las leyes y su vulneración de derechos individuales y colectivos; La Primavera y Manantlán enfrentarían alto riesgo en Jalisco.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La iniciativa de leyes secundarias en materia energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y que actualmente se discute en el Congreso de la Unión “abrirá las puertas a la expropiación de terrenos y a la devastación de las áreas naturales protegidas (ANP) en México”, de por sí ya bastante debilitadas por otras leyes que resguardar intereses económicos como el caso de los mineros, aseguró la organización internacional ambientalista Greenpeace.
“La Ley de Hidrocarburos, la Ley Minera, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contienen disposiciones legales que eliminarían la protección que actualmente tienen Parques Nacionales como Cabo Pulmo, reservas de la biósfera como Isla Guadalupe, El Pinacate, Montes Azules y la Selva Lacandona, Zonas de Protección de Flora y Fauna como Holbox”, aseguró Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de Energía de Greenpeace.
En el caso de Jalisco, aplica como alto riesgo para el bosque La Primavera, que tiene yacimientos geotérmicos, y la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, que posee importantes reservas de hierro.
Un análisis elaborado por la organización “indica que hay al menos 14 artículos que deben ser modificados. El artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos señala que ‘las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas’, lo que vulnera la propiedad comunal, ejidal y privada, incluso sobre ANP.
La propuesta oficial “elimina toda la política de conservación en el país, tanto para las ANP federales, como para las estatales y las municipales. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y cultural de México”, añadió el activista.
Además de indicar que existen posibles violaciones a los derechos fundamentales con las expropiaciones previstas por las autoridades en caso de que consideren que una tierra es de “interés social”, Greenpeace exigió a los legisladores que pongan candados a la legislación con el fin de evitar que se asignen áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las ANP, impedir que se construya infraestructura para la industria geotérmica y eléctrica dentro de las mismas y prohibir que se establezcan servidumbres para actividades asociadas al sector dentro de las mencionadas zonas.
“Con un plumazo se puede acabar con la lucha que por décadas han emprendido las comunidades, los científicos, académicos y diferentes organizaciones de la sociedad civil”, añadió Soto.
El estudio elaborado por la organización detalla las omisiones a la restricción de las actividades antes descritas en las ANP, así como las propuestas de redacción para evitar su desaparición.
La iniciativa de Ley de Transición Energética, presentada por el PAN la semana pasada y con la cual se prevé alcanzar la meta de generación de 35 por ciento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables para el 2024, también debe contener restricciones para evitar poner en riesgo ANP con la producción de ese tipo de energía.
“Aunque dicha iniciativa es un paso en la dirección correcta para proteger el planeta y reducir la generación de Gases de Efecto Invernadero, es importante que la utilización de energía renovable considere obligatoriamente la justicia social y estudios de impacto que eviten eventuales conflictos”, añadió la organización ambientalista.
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