Podría costar más de 82 millones de pesos el “error” de la Sedeur en tierras huicholas, al imponer una obra carretera y dañar el ambiente.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El gobierno del estado no se meterá en más conflictos legales con la comunidad indígena de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, en la región Norte de Jalisco, a propósito de los daños ocasionados por la obra carretera Bolaños-Huejuquilla entre 2007 y 2008 y pagará la reparación, sea con un proceso de restauración de los sitios o sea con dinero en efectivo, dijo el responsable jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Arturo César Leyva González.
Es consecuencia de la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, en el juicio de amparo 596/2008, confirmado en todas sus condiciones el pasado 14 de mayo, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez el toca de la queja 165/2013 (promovida por el gobierno contra la reparación del daño), en que dicho procedimiento se declaraba infundado, es decir, era indispensable ejecutar la sentencia adversa a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP.
Las obras se hicieron sin respaldo de los comuneros wixaritari (huicholes), ocasionaron severos daños ambientales y a sitios sagrados, lo que derivó además en una denuncia penal que a diferencia de este juicio de garantías, no ha prosperado.
Leyva González explicó los gastos realizados del proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla-Bolaños, en esa zona, que va del kilómetro 70.4 al 89 –terrenos de la comunidad- ascienden a 22 millones 603,404 pesos, incluidos gastos de obras y gastos de estudios ambientales. Es decir, las demoliciones y reparaciones significarán, además del costo que haya que aplicar, la pérdida de ese dinero que ejerció la anterior Administración. Según peritajes ambientales realizados por la Universidad de Guadalajara, a solicitud de Tuapurie, el costo de restauración asciende a 60 millones de pesos (MILENIO JALISCO, 17 de septiembre de 2012), lo que tasaría en 82 millones de pesos el “error” de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).
El director jurídico de la SIOP detalló a este diario que la sentencia favorable a los comuneros data del 30 de junio de 2011, y que se confirmó el 13 de febrero de 2012 ante la no procedencia del recurso de revisión interpuesto por el estado. Posteriormente, en octubre de 2013, la nueva Administración interpuso queja, contra los términos planteados para ejecutar la reparación del daño, pero no procedió, lo que deja la sentencia firme.
El funcionario reconoce la obligación señalada en la sentencia de dejar “insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto […] que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”.
Es decir, se deben “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero […] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial […] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de ‘camino de terracería’ que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros…”.
Además, “realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevaleciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes…”.
Otra tarea es “realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua] que intersectan con el camino trazado”, así como “realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika”.
Lo que no se puede reparar por imposibilidad material, se va por vía de un “incidente innonimado” para determinar los valores. Los cálculos previos datan de dos años atrás, por lo que se deben actualizar. Si no hubiere dinero en las arcas, se debe reestructurar el gasto para cubrir a satisfacción la demanda judicial, puntualizó el director jurídico de la SIOP.
Las estrategias
El gobierno del estado pretende que se le reconozca como parte de la ejecución de sentencia, las inversiones que se hicieron para reparar daños tras procedimientos instaurados en 2008 por la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que clausuró varios tramos del proyecto por no contar con autorización de impacto ambiental.
Para ello, deberá establecerse vía perito lo que realmente ha quedado de las reparaciones, que incluyeron corrección de trazos, restauraciones de taludes, reforestación y obras para contención de erosión.
Las afectaciones por pérdida de suelo y materiales debido a procesos erosivos también se deben cuantificar otra vez, pues el juicio maneja datos sólo para cuatro años, y han pasado seis desde que se instauró el juicio de amparo.
La Profepa ordenó instalar señales para la protección de la flora y la fauna, pero la SIOP tiene en expedientes que en su momento, la comunidad rechazó esos letreros.
La SIOP no descarta que en un nuevo clima de buena voluntad, al dialogar con las autoridades huicholas, se pueda convenir en nuevos acuerdos para garantizar la comunicación terrestre de la zona, tal vez no demoler el total de la obra; pero eso deberá cubrir todos los requisitos que plantean los usos y costumbres de Tuapurie.
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