El día más contaminado de la década fue ayer

Tlaquepaque y estaciones circunvencinas vivieron horas difíciles desde el mediodía hasta antes de la noche; verificación, con bajo cumplimiento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

12 de junio de 2017 pasará a la historia de Guadalajara como uno de sus hitos en el tema de la contaminación: un nivel de cumplimiento de apenas 10 por ciento en la verificación de automotores, intensas olas de calor y de radiación solar, decenas de frentes de obra que impiden la circulación fluida de automotores, y el hecho de que la zona suroriente de la metrópolis sea el "resumidero" de la atmósfera, disparó la concentración de contaminantes a partir de las 13:00, primero, a fase uno, al registrarse 157 puntos imeca, después a fase dos, inédita desde al menos ocho años, con 219 puntos.

El corazón de la contingencia fue la estación de Tlaquepaque, uno de los puntos menos arbolados y más expuestos a "islas de calor" de la ciudad.

El contaminante líder no fueron partículas suspendidas, lo que derivaría de incendios forestales que ya están casi bajo total control en el estado al haber empezado el periodo húmedo. Fue el ozono (O3), que se conforma con componentes casi puramente endógenos a la cuenca atmosférica de la ciudad: más de dos millones de autos deficientemente afinados, pues el nivel de cumplimiento de la verificación obligatoria se desplomó este año, al cancelarse, por un lado, la nueva verificación dinámica a cinco gases, pero dejarse en el limbo la estática a cuatro gases.
tíos que se preocuparan por realizar la verificación", advirtió un funcionario consultado por MILENIO JALISCO.

Los autos mal afinados generan en mayores volúmenes precursores de ozono, es decir, el hidrocarburo mal quemado (rico en compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno), lo que ayudado por el escaso viento hace una reacción con la luz solar (fotoquímica) y se produce ozono, altamente tóxico para la salud humana.

Por si faltara, agravaron el problema la escasa respuesta de dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), responsable de buena parte de los frentes de obra, así como de la Secretaría de Movilidad, que no suele responder con operativos para agilizar el tránsito de autos, extrema las condiciones para que se produzca ozono en grandes volúmenes. No hay grandes áreas verdes que absorban los contaminantes y estos van crudos a la respiración de los seres vivos, especialmente los humanos que habitan las áreas afectadas.

"Cuando el gobernador señaló que se cancelaba la nueva verificación para atender la economía de los ciudadanos, afectados por el alza de las gasolinas, se cometió el error de no reforzar el modelo viejo, que tiene la virtud de estar en vigor y ser obligatorio. Si no se publica el calendario de verificación, no se tiene el instrumento legal para hacerla coercitiva", apuntó el técnico gubernamental que habló con este diario.

Se espera que el día de hoy haya un pronunciamiento público de las dependencias responsables, que incluyen como cabeza de sector a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), y quizás, el propio gobernador del estado exija coordinación y cumplimiento del programa de contingencias a sus propias dependencias, bajo la premisa de que la salud es prioridad.

Después de las tres de la tarde, el índice metropolitano de la calidad del aire (imeca) rebasó 200 puntos. Eso llevó a la fase dos a las cinco de la tarde, tras prevalecer dos horas hasta un pico de 219 puntos. "Estaban todas las estaciones en amarillo, y Tlaquepaque en rojo, y debemos tomarlo como una advertencia de lo que puede suceder si no se logra una conjunción de políticas y los ciudadanos no asuman su parte". A las 8 de la noche se suspendió la mayor contingencia de esta década en el AMG.

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Claves

Ozono y sus consecuencias

Respirar ozono puede causar problemas en las vías respiratorias, como irritación, tos o malestar en el pecho, así como una "disminución de la función pulmonar" y de la resistencia de las vías aéreas, incrementando su sensibilidad, "lo cual podría significar un aumento en la respuesta a otros contaminantes", señala una investigación publicada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

"La evidencia de estudios en animales sugiere que exposiciones repetidas a altos niveles de ozono, durante varios años, puede causar daño irreversible al pulmón. Estudios recientes en humanos muestran que con la exposición al ozono la pérdida de la función pulmonar va aumentando, con lo que se evita que los efectos agudos se reviertan por sí mismos".

El ozono es un contaminante criterio y secundario (porque deriva de sustancias precursoras). Se forma por una serie compleja de reacciones en la atmósfera; en términos sencillos, mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de luz solar.

SRN

Ordena un tribunal federal sancionar a Roberto Dávalos

El ex titular de la SIOP incurrió en la violación de sentencia de amparo en perjuicio del ejido de El Colli.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Roberto Dávalos López, será sancionado por orden del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que confirmó la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo; el primer efecto es su remoción, aunque ya no es titular de esa cartera; pero deberá enfrentar la posibilidad de un procedimiento penal, así como sanciones administrativas que lo dejarían lejos de cargos públicos, dijo esta mañana el representante de los ejidatarios, Alejandro Cárdenas Ochoa.

“No se trata de que nos jueguen atole con el dedo, porque el señor ya no es secretario; debemos advertir que el actual titular, Netzahualcóyotl Ornelas, está también expuesto a la misma sanción porque la ejecutoria sigue sin respetarse; pero además, la Ley de Amparo establece la ruta en sanciones penales y administrativas que tendría que afrontar el señor por no respetar nuestros derechos”, enfatizó.

Se trata de la resolución del incidente de Inejecución de Sentencia 3/16 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. “El 11 de octubre del 2007, el ejido El Colli interpuso juicio de amparo el cual fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito con el número de expediente 1361/2007; el citado amparo fue en contra del gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras dependencias, por la privación ilegal de varias superficies de terreno propiedad del ejido donde se pretendía construir un retorno elevado y ampliar el anillo periférico, sin que, las autoridades responsables hubiesen dado el derecho de audiencia, ni iniciado el proceso expropiatorio o convenio de ocupación”.

Tras varios fallos en favor del ejido, “el día 29 de abril de 2016, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, confirmó la Sentencia del Cuarto Juzgado de Distrito” para que “las autoridades responsables otorgaran garantía de audiencia a la parte quejosa previa a la desposesión de terrenos materia de ese juicio. O que en caso de que la construcción por parte de las autoridades responsables en los terrenos del quejoso ya se hubiese concluido, dada la posible afectación que pudiera generar a la sociedad, indemnizara al ejido quejoso como pago sustituto de la sentencia de amparo.”

El 11 de mayo del 2016, el juez Cuarto de Distrito, “requirió a las autoridades responsables del gobierno del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días dieran cumplimiento al fallo protector, sin que hasta el treinta de junio del mismo año, hubiesen informado sobre el mismo, por tal motivo, y en ese mismo proveído determino remitir a los autos al Tribunal de Circuito en Turno para la tramitación del Incidente de Inejecución de Sentencia”.

El 5 de julio siguiente, el magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado requirió a la SIOP “para que acreditara el acatamiento de la Sentencia, o en su defecto expusiera las causas de su imposibilidad. Sin embargo, como se desprende de las constancias del juicio de amparo, la autoridad responsable no acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector, ni mucho menos, tener una imposibilidad jurídica para hacerlo, ya que no existe ninguna constancia que así lo demuestre”.


Esto, “porque de las constancias que obran en autos, se desprende que la autoridad responsable únicamente ha incurrido en evasivas, pues no obstante que el juez de Distrito ya le había señalado que no procedía tramitar incidentes innominados tendentes a determinar la imposibilidad jurídica alegada”.

De este modo, el citado tribunal, en el incidente de inejecución de Sentencia 3/2016, el pasado 12 de enero de 2017, resolvió: “Único. La separación del cargo de los funcionarios que al momento del incumplimiento del fallo protector se desempeñaba como Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por haber incumplido la ejecutoria de amparo derivada del expediente 1361/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y consignarlos al Juzgado de Distrito que corresponda”.

LO QUE DICE LA LEY DE AMPARO

Artículo 192

“Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

“Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico”.

“El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga”.

Artículo 193
“Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo”.

“En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo”.

“En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria”.

“El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos”.

“Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico”.


GPE

Ni UNAM, ni IPN ni UdeG apoyan la obra en Barra

Se trata de un proyecto que no forma parte del esquema de restauración definitiva de la playa, advierte la UdeG en carta al titular de la SIOP

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Universidad de Guadalajara (UdeG) desmiente al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco, Roberto Dávalos López, en relación con el remozamiento del malecón en Barra de Navidad: "se aprobó, sin estudios ni análisis científico y técnico previos, una obra que no guarda ninguna relación con las obras de emergencia identificadas por el Comité Técnico-Científico, ni estaba contemplada como elemento fundamental para brindar protección a la barra y a la infraestructura litoral".

En un oficio entregado ayer por la tarde, vía electrónica, al titular de la SIOP, el director del Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Francisco de Asís Silva Bátiz, advierte al funcionario que al imponerse una obra fuera del programa de restauración que aprobó el Comité Técnico Científico - que integraron desde 2013 la propia casa de estudios, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)- no sólo se ha dejado de avanzar en la solución definitiva del problema, sino que las características técnicas del proyecto actual resultan conflictivas para la infraestructura de resguardo que ya fue construida.

"Todos y cada uno de los permisos y exenciones de presentaciones de manifestaciones de impacto ambiental, que han emitido las autoridades ambientales para la realización de las  obras y acciones que se emprendieron desde el año 2013 con el carácter de urgentes, se han sustentado en los resultados de los estudios científicos y dictámenes técnicos que han realizado varias instituciones y grupos de investigadores con reconocimiento nacional e internacional [...] estas instituciones han apoyado ante las autoridades ambientales estas solicitudes de permisos y exenciones ambientales con el objetivo de que se realizaran dichas obras de emergencia, y también adquirieron compromisos ante dichas autoridades con el fin de llevar a cabo rigurosos seguimientos y monitoreos de cada una de estas obras contratadas", explica.

El propósito del monitoreo y alerta era detener a tiempo las malas decisiones que se pudieran tomar, como a su juicio, es el proyecto que actualmente ejecuta Grupo Cimentaciones Profundas con un costo de casi 20 millones de pesos.

Así, "excepto la actual obra que se está realizando en el malecón de Barra de Navidad, las demás obras y acciones han sido supervisadas ambientalmente por el IPN, la UNAM y la UdeG [...] cada una de las obras, excepto la actual, se han diseñado y ejecutado con base en los resultados de rigurosos estudios e investigaciones científicas desarrolladas por estas tres instituciones, entre otras, y en su conjunto están planteadas como una serie entrelazada cuyos resultados tienen como fin lograr la robustez necesaria para enfrentar esta etapa de emergencia; y simultáneamente tener tiempo para realizar más estudios e investigaciones necesarias para sugerir las soluciones definitivas", tal y como fue planteado en las conclusiones emitidas por el Comité Técnico Científico, cuya creación fue sancionada por los gobernadores de Jalisco y de Colima, Aristóteles Sandoval y Mario Anguiano Moreno, mismas que fueron presentadas en septiembre de 2013.

"Nos sorprende que la actual obra en el malecón de Barra de Navidad, no haya sido puesta a consulta de estas instituciones previa a su realización. Este departamento no emitió ninguna opinión positiva [...] también nos causa sorpresa que el gobierno del estado de Jalisco se haya tomado con tanta ligereza la normatividad ambiental en el caso de la obra en cuestión, así como la aparente falta de criterios y estudios científicos y técnicos", agrega.

El académico le toma la palabra a la invitación del secretario: pide revisar el proyecto ejecutivo y visitar la zona, pues corregir a tiempo es lo primordial, subraya.

Prometen paso deprimido de Periférico y el Tutelar

En conferencia de prensa, se compromete el gobierno estatal a una solución técnica y jurídica del conflicto por esa zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado, que institucionalmente perdió el amparo 1248/2007, promovido por los vecinos y campesinos contra el nodo tutelar, prepara en la actualidad el proyecto técnico y jurídico adecuado para resolver los problemas viales de la zona por medio de un paso deprimido por el anillo periférico, con lo que se pretende resolver los riesgos de accidentes que de forma permanente asuelan a la zona.

Mario Vladimir Avilés, director de Asuntos Agrarios del ejecutivo, informó “que ya tenían una solución técnica para resolver la problemática vial en la zona, reiterando que se impulsaría la solución vial ‘túnel por Periférico’ y que a finales del presente mes ya tendrían la solución integral técnica-jurídica, definitiva.

Y que a partir del día de mañana [martes 25 de agosto], se harían las mesas de trabajo, conjuntamente con los representantes de los ejidos El Colli y Santa Ana Tepetitlán, de la gasolinera [enclavada en la zona] y de los vecinos, para concretar la solución […] misma que se pondría a consideración de las asambleas de los ejidos y de los jueces que conocen de los asuntos”, explicó al respecto el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

En una conferencia de prensa realizada en el área de conflicto, también acudió Julieta Parra, directora Jurídica de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y Juan Carlos Hernández Ocampo, director jurídico de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, así como 150 vecinos, 40 representantes de colonias de la zona y los responsables de los comisariados  ejidales, según los datos aportados por el dirigente.

Cárdenas destacó “los riesgos, peligros y dificultades para cruzar de un lado a otro del periférico, lo que obliga a realizar un nodo vial que permita la accesibilidad universal, como es el túnel, en el que los carriles centrales del periférico se deprimen y permiten el flujo continuo y los movimientos locales se dejan a nivel; esto es, se conecta la calle Volcán Quinceo a la de Felipe Ruvalcaba, generando banquetas y andadores para que con toda facilidad transiten las personas de la tercera edad, con discapacidad, las bicicletas, motocicletas, triciclos y carriolas, similar al nodo recientemente construido en la propia ruta en su cruce con Alcalde, al norte de la ciudad”.

Igualmente “es necesario regresar el centro del Periférico a su lugar original y restaurar los tres carriles y acotamiento por sentido, en el tramo de avenida El Colli a Volcán Quinceo como solución inmediata para reducir los accidentes  en dicho tramo del periférico”. A finales de agosto se conocerán los resultados de  las mesas de trabajo que se instalarán sobre el asunto.

Historia judicial. A finales del 2011, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) perdió el juicio 1248/2007, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y fue sentenciada a regresar las cosas al estado que guardaban hasta antes de iniciar la obra. En junio del 2015, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió en forma definitiva y sin ulterior recurso, la Queja 332/2014, en la cual se confirma la sentencia del 2011, del juicio 1248/2007 y se ordena al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y a la de Movilidad, que el Periférico debe restablecerse al estado que tenía.

Siete años después, destrabaron conflicto Tuapurie y Ejecutivo

Una ceremonia en el Paso del Oso pondrá fin a la controversia judicial que enfrentó a indígenas con autoridades por una carretera que se les quiso imponer.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Siete años y medio después de que comenzó el conflicto, parece que la resolución de las profundas diferencias entre la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) y el gobierno de Jalisco, comienzan a llegar a su fin. Hoy, una ceremonia sagrada en el sitio denominado Paso del Oso, las autoridades comunales y los ingenieros de Infraestructura y Obra Pública retomarán un proyecto de camino ecológico con el que dan vuelta a la hoja del conflicto desatado por una obra que quiso ser impuesta por el gobierno anterior, y que destruyó justamente esa estación mística del periplo anual a Wirikuta.

“Hemos logrado llegar ya al acuerdo del cumplimiento sustituto de la sentencia 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano [hoy SIOP] a reparar los daños ocasionados por las obras; hubo mucha voluntad de las partes, logramos recuperar la confianza de los comuneros, y el pasado 13 de marzo, en el poblado Pochotita, la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir los 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas que facilitará el tránsito de vehículos; también hemos dado preferencia a dar empleo a personas de la propia comunidad”, dijo a MILENIO JALISCO la responsable jurídica de la SIOP, Julieta Parra.

La funcionaria viajó con un grupo de trabajo de la secretaría a la ceremonia de este mediodía, que se prolongará al domingo. La pretensión es que los trabajos de restauración permitan reconstruir primero el Paso del Oso, donde demorarán unos tres meses,  y después se atienda el trazo completo de la carretera. La SIOP cuenta para arrancar los trabajos con 20 millones de pesos. “La ceremonia es para pedir perdón a la madre Naturaleza, al tiempo de también obtener su permiso para hacer los trabajos, de lo que ellos han llamado un camino-jardín”.

La trascendencia de este acuerdo rebasa el ámbito de la propia comunidad wixárika; al poder reabrirse a la circulación 19 km, se logra completar el trazo de la carretera Bolaños-Huejuquilla y habitantes de las inmediaciones, huicholes y mestizos, tendrán oportunidad de comunicarse con más rapidez, además del ingreso de servicios públicos esenciales para zonas con problemas de pobreza extrema.

Las autoridades que recibirán a los visitantes las encabeza el presidente del comisariado de bienes comunales, Minjares Valdés Bautista, y el gobernador tradicional, José Bautista Dominguez. Los participantes arrancarán la ceremonia por la tarde y velarán hasta el amanecer.

El mandato judicial: “se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa…”, dijo el juez I de Distrito de esta ciudad el 26 de mayo de 2014.

El asunto nació en noviembre de 2007, cuando una asamblea de Tuapurie rechazó las obras que ya realizaba la Sedeur. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera; pero en realidad se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal  a las que se anexaron firmas de asistencia. La ceremonia de hoy pretende dejar atrás esa historia de fraude y abusos.

El Itei avala opacidad en el pago de la playa

Prácticamente terminada la obra de reconstrucción, no hay datos claros del dinero ejercido; niegan información SIOP y Sepaf

Barra de Navidad / Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO. 

En dos determinaciones contradictorias firmadas por el mismo secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco –una niega lo que la otra afirma con una diferencia de doce días-, el organismo ha determinado no obligar a las secretarías de Infraestructura y Obra Pública, y la de Planeación, Administración y Finanzas, a transparentar el pago de 170 millones de pesos que, de acuerdo a declaraciones de la SIOP, se hicieron por la primera etapa de reconstrucción de la playa de Barra de Navidad.

De forma extraoficial trascendió que dicho pago no se ha hecho más que en un porcentaje menor (alrededor de 15 por ciento del monto total), pero tanto la SIOP como la Sepaf se declararon incompetentes ante la solicitud presentada por MILENIO JALISCO –adjudicando una a la otra la responsabilidad de informar-, situación que resolvió respaldar el secretario ejecutivo del Itei, Miguel Ángel Hernández Velázquez, sin reparar en la contradicción.

Como un ejemplo más de la típica historia de “se echaron la bolita”, este medio solicitó vía Infomex Jalisco, la presentación de copias de cheques y descripción de partidas de las cuales se financió una de las obras más importantes del año, que tuvo como propósito restaurar una playa desaparecida por la erosión propiciada por obras de dos desarrollos turísticos que modificaron el funcionamiento hidrológico que permití formar playa en la desembocadura de la laguna de Navidad hacia el mar, efecto acentuado sobre todo a partir del paso del huracán Jova, en octubre de 2011 (MILENIO JALISCO, 16 de julio de 2013).

La solicitud expresa de este diario fue la siguiente: “los cheques y partidas de dónde se han pagado por parte del gobierno de Jalisco las obras de restauración de la playa de Barra de Navidad, que incluye dragado parcial de la laguna de Navidad, establecimiento de geotubos a 80 metros en el mar, inyección de polímeros para construcciones afectadas y rehabilitación de la playa en general”.

La primera petición data del 7 de julio de 2013;  diez días después, el responsable de transparencia de la SIOP se declaró incompetente y sugirió hacer la petición en la Sepaf, dado que se trata de dineros que vienen de esa dependencia del Ejecutivo. El 21 de julio, se hizo la solicitud respectiva ante la Sepaf, la cual también se dijo incompetente para entregar la información solicitada. Fue cuando el secretario ejecutivo del ITEI le dio la razón a ese sujeto obligado y pidió al solicitante que acudiera a la SIOP (oficio fechado el 22 de julio).

Este medio de comunicación hizo lo propio y volvió a acudir ante transparencia de la SIOP, anexando el oficio en que el Itei señalaba su competencia. Pero insistió que era la Sepaf. La tercera banda de este juego de billar está fechada el 4 de agosto pasado. Sorpeesivamente, el ITEI le dio la razón a la Sepaf aunque eso contradijera su anterior opinión (ver recuadro anexo).

De este modo, la playa ya recibe turistas y el dragado de la laguna continúa, pero los dineros no fluyen o no se ejercen con la claridad que exige la ley, aunque el gobierno del estado presente esta inversión como un logro más de la Administración en funciones, y el Itei se diga garante de la transparencia en un estado que se supone es de avanzada en ese renglón.

CLAVES

¿Cuál es la buena?

22 de julio de 2014

“…en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al numeral 28 fracción III del reglamento de la citada ley, se ordena notificar al solicitante […] para hacerle de su conocimiento que esta Secretaría Ejecutiva estima que el sujeto obligado competente es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco, toda vez que dicha dependencia tiene la atribución de programar, proyectar, ejecutar o adjudicar y contratar, controlar y vigilar la realización de toda obra y la infraestructura públicas a cargo del estado…” Exp.Competencia 1759/2014

4 de agosto de 2014

“…en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al numeral 28 fracción III del reglamento de la citada ley, se ordena notificar al solicitante […] para hacerle de su conocimiento que esta Secretaría Ejecutiva estima que el sujeto obligado competente es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco, toda vez entre sus atribuciones se encuentran el efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados; vigilar las aplicaciones presupuestales de recursos humanos en todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo, así como intervenir en los convenios y contratos que celebre el gobierno del estado con el gobierno federal, organismos crediticios públicos y privados…”. Exp. Competencia 1856/2014<

70 obras por 14,600 mdp son la apuesta de la SIOP

Dominan obras de ampliación, modernización y nuevas carreteras, además de inversiones de infraestructura al interior de la zona conurbada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las metas de inversión que se plantea la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que preside Roberto Dávalos López, se acercan a 14,600 millones de pesos para ejecutar setenta proyectos; 90 por ciento del dinero a aplicar tiene que ver con carreteras.

En una amplia presentación hecha ayer en el marco del primer taller de integración de proyectos que realizó el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU), la dependencia expuso las principales líneas de trabajo para detonar infraestructura que permita generar nuevas oportunidades económicas y un mejor marco de calidad de vida y desarrollo social de los moradores de los 125 municipios de la entidad.

Son las carreteras las que se llevan el grueso de la inversión prevista, con 9,864 millones de pesos canalizados a 40 tramos distintos de la entidad, así como 3,200 millones de pesos necesarios para la conservación “rutinaria, periódica y reconstrucción de la red estatal carretera”.

1,175 millones de pesos son para 25 proyectos que han sido validados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, 145 millones para la red estatal de espacios públicos y 170 millones de pesos para la primera etapa de rehabilitación de Barra de Navidad.

De las inversiones carreteras, aparte del amplio recurso de mantenimiento y reconstrucción, las apuestas más fuertes de inversión son la ampliación y modernización de 116 kilómetros de la carretera federal 200, entre Melaque y El Tuito, en la costa del estado: se trata de establecer un trazo de cuatro carriles que permita ampliar las oportunidades para las nuevas inversiones privadas y públicas en el ramo del turismo, así como mejorar las oportunidades de comercialización para el sector agropecuario de la zona. Se trata de un proyecto delicado porque atraviesa por algunas de las zonas de mayor diversidad biológica en Jalisco.

La otra megainversión es el libramiento de Puerto Vallarta, que se construirá sobre la selva mediana contigua al importante núcleo turístico, a lo largo de 45 kilómetros de longitud, otra zona delicada por sus valores naturales. Allí se aplicarían dos mil millones de pesos más.

Otras obras notables son las modernizaciones de las carreteras Mascota-Las Palmas y Mascota-Ameca (también con el objetivo de incrementar las inversiones privadas hacia la zona de la costa), y obras carreteras de gran calado en otras zonas turísticas como la ribera de Chapala, la sierra de Tapalpa y la sierra del Tigre. Dentro de la ciudad, destaca la red de parques lineales, diversas interconexiones viales, la ampliación de la carretera urbana Tesistán-Colotlán y la mejora de los parques metropolitanos, entre otras.

Libramiento de Puerto Vallarta: 45 kilómetros sobre la selva subcaducifolia que rodea al puerto, con 2,000 millones de pesos de inversión. “Se construirá sobre una sección de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m en terreno de lomerío y montañoso”

Modernización carretera federal 200: 116.6 km sobre selva seca, tierras agrícolas y bosques de pino y encino, en los municipios de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, con 1,735 millones de pesos de inversión. “ampliación de la sección transversal con un ancho de corona de 12 y 21 metros para alojar dos y cuatro carriles de circulación”

Modernización carretera Mascota-Las Palmas-Las Juntas: 91 km de mejora de la obra, que pasaría de un camino tipo C a uno tipo A2, con más seguridad para el viajero, con una inversión de 620 millones de pesos

Modernización carretera Ameca-Mascota: 40 km con 480 millones de pesos para mejorar el trazo de esa ruta que conduce a Puerto Vallarta, en la zona montañosa

Ampliación de la carretera federal 23, Zapopan-Colotlán: 10.2 kilómetros que pasan a cuatro carriles desde el entronque con la ruta a Tesistán hacia el norte, zona con gran expansión urbana e industrial

Ampliación de la carretera de la parte sur de la ribera de Chapala:

Dos obras; la primera por 32.5 km para ampliarla a cuatro carriles, por 373 millones de pesos, entre Jocotepec y Tizapán; la segunda, 3.5 km entre el entronque de Acatlán y Jocotepec, también a cuatro carriles por 170 mdp.

El gobierno acepta reparar los daños causados a Tuapurie

Podría costar más de 82 millones de pesos el “error” de la Sedeur en tierras huicholas, al imponer una obra carretera y dañar el ambiente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado no se meterá en más conflictos legales con la comunidad indígena de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, en la región Norte de Jalisco, a propósito de los daños ocasionados por la obra  carretera Bolaños-Huejuquilla entre 2007 y 2008 y pagará la reparación, sea con un proceso de restauración de los sitios o sea con dinero en efectivo, dijo el responsable jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Arturo César Leyva González.

Es consecuencia de la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, en el juicio de amparo 596/2008, confirmado en todas sus condiciones el pasado 14 de mayo, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez el toca de la queja 165/2013 (promovida por el gobierno contra la reparación del daño), en que dicho procedimiento se declaraba infundado, es decir, era indispensable ejecutar la sentencia adversa a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP.

Las obras se hicieron sin respaldo de los comuneros wixaritari (huicholes), ocasionaron severos daños ambientales y a sitios sagrados, lo que derivó además en una denuncia penal que a diferencia de este juicio de garantías, no ha prosperado.

Leyva González explicó los gastos realizados del proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla-Bolaños, en esa zona, que va del kilómetro 70.4 al 89 –terrenos de la comunidad- ascienden a 22 millones 603,404 pesos, incluidos gastos de obras  y gastos de estudios ambientales. Es decir, las demoliciones y reparaciones significarán, además del costo que haya que aplicar, la pérdida de ese dinero que ejerció la anterior Administración. Según peritajes ambientales realizados por la Universidad de Guadalajara, a solicitud de Tuapurie, el costo de restauración asciende a 60 millones de pesos (MILENIO JALISCO, 17 de septiembre de 2012), lo que tasaría en 82 millones de pesos el “error” de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).

El director jurídico de la SIOP detalló a este diario que la sentencia favorable a los comuneros data del 30 de junio de 2011, y que se confirmó el 13 de febrero de 2012 ante la no procedencia del recurso de revisión interpuesto por el estado. Posteriormente, en octubre de 2013, la nueva Administración interpuso queja, contra los términos planteados para ejecutar la reparación del daño, pero no procedió, lo que deja la sentencia firme.

El funcionario reconoce la obligación señalada en la sentencia de dejar “insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto […] que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”.

Es decir, se deben “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero […] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial […] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de ‘camino de terracería’ que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros…”.

Además, “realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevaleciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes…”.

Otra tarea es “realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua]  que intersectan con el camino trazado”, así como “realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika”.

Lo que no se puede reparar por imposibilidad material, se va por vía de un “incidente innonimado” para determinar los valores. Los cálculos previos datan de dos años atrás, por lo que se deben actualizar. Si no hubiere dinero en las arcas, se debe reestructurar el gasto para cubrir a satisfacción la demanda judicial, puntualizó el director jurídico de la SIOP.

Las estrategias

El gobierno del estado pretende que se le reconozca como parte de la ejecución de sentencia, las inversiones que se hicieron para reparar daños tras procedimientos instaurados en 2008 por la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que clausuró varios tramos del proyecto por no contar con autorización de impacto ambiental.

Para ello, deberá establecerse vía perito lo que realmente ha quedado de las reparaciones, que incluyeron corrección de trazos, restauraciones de taludes, reforestación y obras para contención de erosión.

Las afectaciones por pérdida de suelo y materiales debido a procesos erosivos también se deben cuantificar otra vez, pues el juicio maneja datos sólo para cuatro años, y han pasado seis desde que se instauró el juicio de amparo.

La Profepa ordenó instalar señales para la protección de la flora y la fauna, pero la SIOP tiene en expedientes que en su momento, la comunidad rechazó esos letreros.

La SIOP no descarta que en un nuevo clima de buena voluntad, al dialogar con las autoridades huicholas, se pueda convenir en nuevos acuerdos para garantizar la comunicación terrestre de la zona, tal vez no demoler el total de la obra; pero eso deberá cubrir todos los requisitos que plantean los usos y costumbres de Tuapurie.

Comuneros se reúnen para discutir reparación de daños

La SIOP no ha emitido la respuesta formal a dos requerimientos que le ha hecho el juez para restaurar las alteraciones en tierras huicholas de Tuapurie

Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Las autoridades y miembros de la asamblea comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), comunidad wixárika (huichola) del norte de Jalisco, se reunieron ayer en el paraje de la Ciénega de los Caballos, sitio donde hace más de siete años detuvieron las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, para discutir sobre la reparación de los daños que debe realizar el gobierno de Jalisco como fruto de un proyecto ilegal que violó los derechos comunitarios y la norma ecológica vigente.

“En la discusión se analiza todo lo que tiene que ver con el incidente innonimado y el de cumplimiento sustituto de la sentencia, dado que en algunos casos se puede restaurar el daño, pero hay bienes que ya no se pueden restituir”, señaló la abogada Nora Lorenzana Aguilar, quien acudió a la cita como integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), asesora de los indígenas.

Los miembros de la comunidad establecerán acuerdos para acudir al juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que vigila el cumplimiento de la sentencia de amparo que les fue favorable (expediente 596/2008) y que debe ser cumplimentada por la hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), antes Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).

El juez citado refirió en la notificación del 26 de mayo pasado: “además de dejar insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, se dejen las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada y, al no contar este órgano de control constitucional con los conocimientos técnicos necesarios en materia topográfica y ambiental que nos lleven a determinar la afectación […] se ordena la apertura delñ incidente innominado, a fin de esclarecer cuáles son los daños y las dimensiones ocasionados [sic] por los actos reclamados en este sumario, por los avances realizados de la multicitada carretera, en donde podrá  este juzgador allegarse de todos los elementos necesarios, todo ello, insístase a efecto de estar en posibilidad legal de precisar los alcances del fallo protector”.

A esta demanda, la entidad de gobierno acudió al juez el 3 de junio por medio de un oficio firmado por Julio César García Mújica, “delegado de la autoridad responsable […] por medio del cual en atención del requerimiento que se le efectuó por oficio 3236, de fecha 26 de mayo de 2014, solicita se le aclare los alcances de los mismos, ya que por una parte se le formuló un requerimiento de 24 para dar cumplimiento al fallo protector y por otra, se ordenó la apertura de un incidente innonimado”.

El juez insiste en esa segunda comunicación en la necesidad de acreditar cumplir el fallo con acciones de restauración y de un cumplimiento sustituto en el caso de bienes que ya no se pueden restaurar, como la madera extraída y millones de toneladas de suelo perdido. Es así como llega el capítulo final de un conflicto legal de más de siete años. Está pendiente la respuesta de la SIOP.

Tuapurie ganó en definitiva el pleito contra el Estado

Por las obras carreteras que dañaron territorio comunal en 2008, el gobierno debe restaurar y pagar afectaciones.

Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Ya es sentencia firme la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, que en el juicio de amparo 596/2008, determinó, el 19 de septiembre de 2013, condenar al gobierno del estado por las obras ilegales que ejecutó en los años 2007 y 2008 en territorio de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán).

De este modo, la Administración estatal deberá restaurar la zona que dañó con las obras carreteras y pagar los bienes que ya no se pueden restituir.

El pasado 14 de mayo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez referido el toca de la queja 165/2013 (promovida por el gobierno contra la sentencia), adjunta a los cinco tomos y 21 cuadernos de prueba del juicio de amparo. Los magistrados resolvieron el asunto con un lacónico: “Único. Se declara infundada la queja” que ratifica en todos sus términos la sentencia adversa a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Joel Fernando Tinajero Jiménez, juez primero de Distrito, ya ha procedido a notificar, en al menos dos ocasiones (26 de mayo y 2 de junio pasados), a la autoridad estatal, de las consecuencias de esta sentencia. Se debe comenzar a ejecutar, pues de lo contrario, tanto el secretario del ramo como su superior, el gobernador del estado, pueden incurrir en responsabilidad penal. La respuesta oficial no se conocía hasta ayer a mediodía, como lo confirmó MILENIO JALISCO con los abogados de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), asesores de los comuneros.

¿Cómo se debe cumplir con el mandato judicial?

“Se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”, dice el juez en el oficio de hace quince días (26 de mayo).

El juez demanda “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero […] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial […] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de ‘camino de terracería’ que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros…”.

Además, “realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevalecienciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes…”.

Un tercer aspecto a cubrir es “realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua]  que intersectan con el camino trazado”, y señala las coordenadas geográficas.

Una cuarta acción es “realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika”.

Hay diversos actos “que causaron afectación” irreparable a la comunidad: la extracción de material pétreo estimada en 195,022 metros cúbicos, para alimentar la obra carretera; la extracción de 1,338 metros cúbicos de madera de pino y 534 m3 de Quercus (encino), una parte de la cual era de alto valor comercial. También se erosionó el suelo por el desvío de cauces, por cinco millones 800,288 toneladas entre 2008 y 2012. En este caso, se plantea el “cumplimiento sustituto” de la sentencia, ante la “imposibilidad material” de resarcir esos bienes.

¿Qué consecuencias tiene para el gobierno, no cumplir el mandato judicial?

“Bajo el apercibimiento de que en el supuesto de incumplir con lo anterior […] se le requerirá [al secretario de la hoy SIOP]  por conducto de su superior jerárquico [el gobernador Aristóteles Sandoval] para que la obligue a cumplir, según lo estipula el artículo 105 [de la Ley de Amparo]”; en caso de que no se obedezca ni por el superior, se remite el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar lo que señala el 107 constitucional, fracción XVI: “Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte procederá en los términos primeramente señalados”.

Una historia de casi siete años

En noviembre de 2007, una asamblea comunal acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur en tierras de Tuapurie. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal; pero se le anexaron firmas de asistencia.

Eso llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; asimismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”.

Los peritajes del amparo. Tras la sentencia en contra, la todavía Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños. El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia.

El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial. El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial. El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología. El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades. La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos.

El 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia de amparo. 20 meses después, el 19 de septiembre de 2013, se determinó cómo será ejecutada. Contra ello, el gobierno de Jalisco interpuso un recurso de queja, el 8 de octubre de 2013 ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa. Ese tribunal determinó, el 14 de mayo pasado, que no procede la queja, lo que deja la sentencia firme y obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.

En cuanto al tema penal, para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que generó malestar en los comuneros de Tuapurie.

FUENTE: Archivo de MILENIO JALISCO