Al menos tres de cada diez metros cúbicos de maderas que se consumen en la región no son legales, sean de bosques nativos o del extranjero.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Programa de Madera Legal surge en Jalisco ante la gravedad del problema de esta materia prima esencial para la economía: los bosques del estado producen 400 mil metros cúbicos por año pero el consumo alcanza casi nueve tantos: 3.5 millones de m3. De esta última cifra, la ilegalidad, calculada conservadoramente con los estándares nacionales de Reforestamos México AC, es de más de un millón de m3 por año.
“La ilegalidad del comercio de productos forestales, particularmente los madereros, se ha convertido en un problema asociado a los procesos de deforestación y degradación de nuestros bosques”. Por ello, “con el ánimo de cumplir con nuestra misión de asegurar los bosques, buscamos fortalecer la legalidad en el mercado de la madera a través del Programa de Madera Legal”, señala la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.
Lo que se busca: uno, “generar políticas públicas para usar madera legal en las obras contratadas por gobierno”; dos, “permitir al sector privado tomar mejores decisiones de compra y cumplir con las políticas públicas sobre compra de madera”.
De este modo, añade, “para generar la demanda pública, la propuesta es que las secretarías de Infraestructura y Obra Pública y la propia Semadet, con base en las atribuciones que otorga el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y conforme con las fracciones XV, XXI y XXXII del artículo 21 de la misma ley, determinen criterios claros para que la madera que se utilice en la construcción de obras públicas provenga de centros de almacenamiento y transformación [CAT] que se encuentren inscritos en el Registro Forestal Nacional [RFN], tal y como se establece en los artículos 51 y 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, refiere un documento elaborado por la dependencia.
El sector privado, “en cada una de las licitaciones que participe deberá señalar de forma expresa el procedimiento que utilizará para comprar madera de centros de almacenamiento y transformación inscritos en el RFN y así asegurar el uso de madera legal en la construcción de obra pública y satisfacer la demanda pública”.
Para asegurar el uso de madera legal en las obras licitadas, “se solicitará a través de una circular a las dependencias responsables de licitar la obra pública que establezcan las características de la madera usada en las construcciones licitadas […] dicha circular deberá incluir un párrafo en el que se establezca que las empresas que ganen las licitaciones y desarrollen los proyectos, deberán demostrar que cuentan con un procedimiento para verificar que sus proveedores de madera están inscritos en el RFN”.
Es necesario “asegurar la participación de sus proveedores, de tal forma que los CAT que suministren madera se encuentren inscritos en el RFN”.
El citado registro, “es un instrumento de política pública”; según la fracción XVIII del artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es responsable de administrar el registro conforme a la información que reciba de las delegaciones estatales. La Delegación del estado de Jalisco dará la información necesaria a la Secretaría para que ésta realice la inscripción de los CAT en el registro”.
er público el RFN tal como se establece en el artículo 51 de la Ley, además coordinarse con la delegación de Jalisco “con el fin de cumplir con el mandato de la Circular SGPA/DGGFS/712/004/13, que exhorta a las autoridades estatales a informar cotidianamente de las inscripciones, modificaciones, sanciones y cambios relevantes en el Registro Forestal Nacional, con el fin de mantenerlo actualizado”.
Es un modelo incipiente. Jalisco será el sitio de su ensayo, “y es una gran responsabilidad con el patrimonio natural del país lograrlo”, subraya la titular de la Semadet.
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