Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Cabezas de ejidos metropolitanos comienzan a acordar una estrategia común para enfrentar los problemas que se dan tanto en la invasión de sus tierras patrimoniales, como con la gran infraestructura, caso del macrolibramiento de Guadalajara, dijeron ayer Juan Martínez López, asesor del grupo disidente de Santa Ana Tepetitlán, y Pedro León Corrales, asesor del ejido El Zapote.
A propósito de la decisión que tomó el grupo de campesinos que lidera desde hace más de 20 años el ejidatario Tranquilino Flores Aguilar, de incluir el tema del macrolibramiento en su amparo contra el aparcelamiento y el fraccionamiento del bosque de Las Lomas, de uso común, que formaba parte del área natural protegida La Primavera, pero fue cercenado por una acción judicial cuestionada por el grupo disidente, el representante legal de los campesinos destacó ayer que el sólo juicio de garantías es insuficiente para enfrentar los grandes intereses.
Acusó a los tres niveles de gobierno, a partir del presidente de la república y sus dependencias agrarias: “Él está fomentando esta división, la individualidad, rompiendo al ejido, porque fue el que autorizó que se expidieran los certificados de manera individual, siendo que está protegido por la Ley Agraria en su artículo 59, [...] tenemos conocimiento que el cambio de uso de suelo aparece en la realidad, en los hechos, no jurídicamente, de una forma o de otra se ampara la gente y los invasores, los que invaden el bosque de La Primavera, está supuestamente la firma en una sesión, pedida por alguien que le dieron un certificado, por órdenes del presidente de la república, y así empiezan a moverse, tienen un pretexto para empezar a invadir”.
En el caso del megaproyecto, los campesinos se han enterado de los daños que podría ocasionar en la salud del bosque, empobreciendo su flora y fauna.
“Estamos lanzando una convocatoria a todos los grupos agrarios que de una forma o de otra han sido perjudicados, de manera directa o indirecta, y ya estamos recibiendo llamadas. Algunas representantes quieren saber de qué forma se puede llevar a cabo esta estrategia de defensa, y parece que están reaccionando bien estos núcleos agrarios, y esperamos en poco tiempo informar si se logró esta defensa en común, una defensa unida, para evitar a como dé lugar que este macrolibramiento se incorpore, y no es que se esté en contra del macrolibramiento, sino que primero deben de subsanar toda esta serie de omisiones, para hacerlo de la manera correcta, respetando los derechos de cada uno de los propietarios y los bienes de la naturaleza”, añadió Martínez López.
Miembros de los ejidos y comunidades indígenas de El Zapote del Valle, Santa Ana Tepetitlán, San Juan Evangelista, Zapotlanejo, Toluquilla, San José del Valle y Santa María Tequepexpan, acordaron ayer unirse para impugnar los daños económicos, sociales y naturales que les han ocasionado diversas obras de infraestructura, entre las que destacan las expropiaciones para el aeropuerto de Guadalajara y el macrolibramiento de la ciudad.
“Una cosa es la afectación directa sobre la tierra de los ejidos para el macrolibramiento y otra cosa es la afectación indirecta, entonces aquí la cuestión es que no debemos apropiarnos de una actitud de a mí no me afecta, porque a todos nos afecta, a todos, y la invitación es para todos; entonces pregunto si estamos de acuerdo en ir en la defensa contra el macrolibramiento, hay que detenerlo, estoy de acuerdo en no ser tan frontales, para decir vamos a detener el macrolibramiento a ojos cerrados, pero primero debemos pararlo para que se reconozcan los derechos, que hagan las cosas como se deben hacer y que, luego, continúen con el macrolibramiento...”, subrayó el representante de los ejidatarios disidentes de Santa Ana Tepetitlán, Juan José Martínez López.
El asesor de El Zapote del Valle, Pedro León Corrales, dijo que la intención es que todos los intereses converjan, tanto en el tema de la tierra como en el de los llamados “derechos de tercera generación”, como son en especial, los ambientales.
“Esta es una unión de todos los que hayan sido afectados en cualquier nivel, federal, estatal o municipal, por obras de infraestructura como el aeropuerto de Guadalajara, como la carretera a Chapala, como otras carreteras y el macrolibramiento [...] estamos aquí confluyendo para hacer una causa común, para buscar un paquete de demandas en conjunto, pues queremos, primero, el derecho a ser consultados, antes de imponer cualquier obra; dos, participar en el desarrollo para el beneficio del dueño de la tierra, y tres, que se revisen las obras, pues en el caso del macrolibramiento hay una afectación ambiental a toda la ciudad, como lo dice Santa Ana”.
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