Es una sentencia firme la que obliga a invertir en la restauración de 19.2 km de la ruta Bolaños-Huejuquilla.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El incumplimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del proyecto de restauración del camino de 19.2 kilómetros de la comunidad de Tuapurie, eslabón esencial en la carretera Bolaños-Huejuquilla, no es opción, ante la firmeza de la sentencia del juicio de amparo 596/2008, la cual se quiso echar debajo de forma estéril por parte del jurídico de esta misma dependencia, de acuerdo a documentos del litigio en poder de MILENIO JALISCO.
Así, fue en mayo de 2014 cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emitió sentencia que confirmó la obligación del gobierno de Estado a pagar y reparar los daños causados a la comunidad, incluidos la recuperación de Paso del Oso, que se encuentra fuera de su territorio pero es sitio sagrado.
Tras ello, se abocó a una manifestación de impacto ambiental considerada “sin precedentes” por sus alcances, pues se buscaba dar certeza a Santa Catarina Cuexcomatitlán de que la nueva modalidad partiría de un diálogo intercultural entre un pueblo aborigen, la Universidad de Guadalajara y un gobierno que heredó un conflicto grave.
La imposición inicial de la carretera, por el gobierno de Emilio González Márquez y bajo la responsabilidad y gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP, incluyó la falsificación de un acta de asamblea y sus firmas, el intento de soborno a autoridades comunitarias, la represión a activistas comunitarios y la ocultación de información sobre el daño ambiental y la perturbación del paisaje, incluidos daños a lienzos, viviendas, conductos de agua y automotores de la comunidad que se negaron a restituir, como documentó ampliamente desde finales de 2007 este diario.
Por si fuera poco, combatieron las acciones de defensa de la comunidad hasta sus últimas instancias legales. Cuando entró el gobierno de Aristóteles Sandoval, se abrió el diálogo, pero los autos demuestran que la nueva dependencia también trataba de impedir la sentencia condenatoria en los tribunales, lo que dificultó alcanzar acuerdos hasta que la sentencia se emitió en forma definitiva, la cual quedó firme el 13 de mayo de 2014.
Dicha sentencia obliga a “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero comprometido dentro de los kilómetros 70+400 al 89+580”, lo que incluye la reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, “utilizando la vegetación prevaleciente en la zona”, la cual fue descrita de manera pormenorizada en los dictámenes en materia de “externalidades y recursos materiales”, rendidos por el perito de la parte quejosa oficial, lo que obliga además a el mantenimiento del arbolado plantado.
También se obliga a realizar la infraestructura necesaria “para conducir y encauzar, de manera adecuada, los escurrimientos que intersectan con el camino trazado”. Otra obligación es buscar los monolitos destruidos del Paso del Oso, pues se debe restituir ese daño a un sitio de ese simbolismo.
También obliga a un “cumplimiento sustituto” por los daños causados a la comunidad “que por su naturaleza ya no pueden ser reintegrado”; es decir: extracción de material pétreo por 95 mil metros cúbicos; tala ilegal de 1,388 metros cúbicos de madera en rollo de pino y 534 m3 en rollo de encino; el cambio de los patrones hidrológicos y la erosión de cinco millones 800,288.60 m3 de suelo.
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