domingo, 30 de septiembre de 2012

Taras de municipios: faltan incentivos para poder cambiar



El experto del CIDE, Enrique Cabrero, advierte que sólo gestiones de Administración a largo plazo resuelven los grandes problemas de las ciudades

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El municipio en México y en Jalisco significa gobiernos locales de corto plazo y cuyas miras se detienen en sus linderos con otros municipios; con escasa planeación y transparencia; con nóminas obesas y endeudados; sin ingresos propios de consideración y sin la sanción ciudadana que significaría la reelección, admite Enrique Cabrero Mendoza, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y experto en el tema.

El problema es la falta de incentivos para que los partidos políticos cambien este panorama de ineficiencia y minoría de edad que se padece en ese nivel de gobierno.

“Creo que está claro a estas alturas el balance de la gente que nos dedicamos al estudio de las administraciones municipales; el asunto de los periodos sin reelección inmediata, que cada vez es más preocupante en el país, y todo porque hablamos de ciudades, de espacios locales, que requieren planes de mediano y corto plazo, y con estos cambios tan rápidos de tres o en algunos estados cuatro años, no alcanzan a consolidarse; en otros países, los gobiernos locales son donde los gobernantes duran más tiempo, se permite la reelección en varios periodos, y algunos tienes alcaldes que llevan 15 años, que han logrado consolidar totalmente el proyecto de ciudad que tenían, cosa que en México desafortunadamente no se puede”, señaló en entrevista telefónica con MILENIO JALISCO.

Si a esto se añade “cabildos que en realidad no funcionan, que no tienen las herramientas para tomar las decisiones, los bajos recursos fiscales y la baja profesionalización de funcionarios locales, todo eso te hace un coctel en el que es muy difícil que encontremos administraciones municipales que realmente logren sus objetivos en tres años”.

—Esto parece ser aún más crítico con los municipios enclavados en áreas metropolitanas, como es el caso de Guadalajara…

—Creo que es un caso que nos ha llamado favorablemente la atención, dado que ha habido iniciativas, como lo es el Instituto Metropolitano de Planeación, y también un consejo; no se ha consolidado todavía, no es una realidad, pero ya hay un conjunto de actores preocupados; nosotros hemos insistido en todas las zonas metropolitanas que se requieren estos institutos para así garantizar la coordinación de los servicios, y eso es lo que pasa en todas las ciudades del mundo […] creo que ahí el Congreso local de Jalisco, tienen posibilidades de avanzar bastante en la normatividad, y aceptar la existencia de un instituto, promover la profesionalización de los servidores municipales, y ojalá que Jalisco se ponga a la vanguardia en estos temas.

—¿Qué es lo que impide que estos cambios se lleven a cabo, cuando se tienen años discutiendo su conveniencia?

—Tenemos un grave problema ahí: no hay incentivos en los actores políticos para generar acuerdos de largo plazo, obviamente porque sus periodos son cortos, pero también el problema es que al interior de los partidos […] ellos saben que sólo van a estar tres años, y ya están ocupados por dar el siguiente paso, que es moverse a una candidatura, una diputación, al gobierno del estado; cuando uno platica con los partidos políticos, la conclusión ya en corto de los partidos es la misma, nosotros necesitamos la movilidad de nuestros militantes, el hecho de que las administraciones y gobiernos municipales sean cada tres años, y que cambien los alcaldes y cambien los regidores, nos da a nosotros como partidos políticos la oportunidad de mantener a nuestra militancia con expectativas de que van a tener oportunidades de tener campaña y de gobernar, es decir, hay una visión de los partidos totalmente centrada en los beneficios de ellos mismos, y no pensada en los beneficios para los ciudadanos; y mientras no hagan un compromiso más fuerte con la sociedad y eviten esta rotación, pues entonces vamos a seguir en una situación muy grave.

Según el investigador del CIDE, “cada año, en este país se cambian entre 60 mil y 70 mil funcionarios municipales”.

Esto es fruto, admite, de “una visión muy corta, inmediatista, miope, porque en el fondo lo que puede ayudar a los partidos políticos a consolidarse son las buenas gestiones y el referendo del electorado para que sigan al frente de estas gestiones”.

Otro problema es la deuda y la falta de recursos. “Se quejan mucho en las administraciones municipales de la falta de recursos, y creo que tienen la razón, también es cierto que con el impuesto predial, que es una de las fuentes más importantes de ingreso del nivel municipal en todo el mundo, México es uno de los países que peor recauda y administra, lo cual hace que las administraciones municipales tengan pocos recursos, pero también hacen pocos esfuerzos por una recaudación más ordenada en esa materia”.

En cuanto a la deuda, es sano y normal tenerla si se usa de forma adecuada; “en México estamos en el peor de los mundos porque son municipios con pocos ingresos propios, que dependen mucho del nivel federal, y que además tienen el incentivo de endeudarse porque al final lo que ha pasado siempre es que el gobierno federal acaba salvando a los municipios con mayor nivel de endeudamiento”.

Así, Cabrero Mendoza espera que el nuevo gobierno y la legislatura que acaba de comenzar actividades a nivel federal, asuman una responsabilidad para mejorar el marco de la gestión local y contribuir a gobiernos de largo plazos, sanos y maduros en la óptica del servicio público.

sábado, 29 de septiembre de 2012

Semarnat avaló daños a las dunas en El Tule, en la bahía de Navidad



Emitió exención de impacto ambiental a desarrolladores. La playa de esta laguna, junto al poblado Villa Obregón, es ahora modificada contra lo que establece el ordenamiento ecológico local

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

De su puño y letra, el delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Luis Gerardo González Blanquet, firmó el pasado mes de abril una “exención de manifestación de impacto ambiental” a favor de los ciudadanos Fidel Díaz Alcantar y Blanca Estela Valdez, para que pudieran alterar las dunas contiguas a la laguna de El Tule, en la bahía de Navidad, a un costado del poblado de Villa Obregón.

Y lo han hecho, al sembrar pastos sobre la duna y establecer con claridad que como beneficiarios de la concesión de la playa, la dedicarán a la recreación, por encima de la conservación y sin considerar los riesgos de ese punto inestable de la bahía.
El hecho es una clara violación del Ordenamiento Ecológico Local de Cihuatlán, denunció ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el director del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, Francisco de Asís Silva Bátiz.

“Para emitir dicha exención, fechada el día 1 de abril del año 2011, la delegación federal de la Semarnat no observó lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cihuatlán, el cual fue aprobado por el pleno del H. Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2010 y publicado en la Gaceta Municipal en el mes de marzo del año 2011”, explica.

“En dicho instrumento, la zona de la obra y/o actividad está ubicada dentro de la UGA [Unidad de Gestión Ambiental] Ff221 denominada Laguna del Tule, la cual tiene un uso Predominante de flora y fauna [conservación]; uso compatible: pesca; uso condicionado: turismo; uso incompatible: agrícola, pecuario.

En la ficha técnica de la UGA 221, se establece que la vegetación de dunas costeras es un recurso vulnerable a la actividad humana, y se establece que el lineamiento para esta UGA es mantener la integralidad funcional de los humedales costeros a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, agrega el texto enviado al delegado de la Profepa, José Manuel Galindo Jaramillo.

De este modo, “por sí mismo, el hecho de que la delegación de la Semarnat en Jalisco haya omitido considerar el POEL del Municipio de Cihuatlán para la aprobación de la autorización de la exención multicitada, constituye un incumplimiento de la aplicación de la normatividad vigente por parte de esa Secretaria, lo cual dejaría sin efecto dicha exención”.

En cuanto a las irregularidades de carácter técnico que presenta la excención, “llama la atención que se mencione que el cultivo de pasto en la zona de dunas de arena brindará una mayor seguridad a las actividades recreativas que se realizan en la zona, toda vez que se trata de una zona de alto riesgo al tratarse de una barra de arena de aproximadamente 70 metros de ancho que separa el mar de la laguna del Tule”, añade el director del departamento.

En agosto pasado, la Profepa inspeccionó la zona y determinó que todo estaba regular, pues le presentaron la citada exención de la MIA.

MILENIO JALISCO buscó la versión del delegado de la Semarnat, pero éste le pidió a su vocero, Alfredo Romo, informar que “no se había emitido” en esas oficinas de la Semarnat, aunque el documento SGPARN.014.02.01.01759/11 está a la vista de la Profepa y de los denunciantes.

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claves

Los ordenamientos

La exención de la manifestación de impacto ambiental, que emitió la delegación Semarnat, se basa en los lineamientos del Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la costa de Jalisco

Sin embargo, el ordenamiento local es más específico y debe ser considerado como rector del uso de suelo, situación que omitió la secretaría pese a haber financiado ese documento a nivel municipal

martes, 25 de septiembre de 2012

Un mundo hambriento, “la oportunidad del campo”



Entrevista: Francisco Javier Mayorga Castañeda. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

La escasez ha aumentado los precios agrícolas y ganaderos, una crisis que demanda aumentar la productividad, al tiempo que es la oportunidad de rescatar socialmente al agro del país, sostiene el jalisciense.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La pesadilla maltusiana amenaza con cumplirse por primera vez en la historia. Los alimentos aumentan de precio en la medida en que el cambio climático provoca desastres naturales o epidemias y se pierden zonas productivas, lo que ocasiona escasez y riesgos de desabasto para amplias capas de la población humana.

El hambre creciente representa una paradójica oportunidad, sostiene el secretario de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda: a partir de 2007 ocurrió un cambio drástico como no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, y los productos del campo dejaron de ser deficitarios. Ese año, la tonelada del maíz de Sinaloa rondaba 1,400 pesos y el gobierno debía aportar 400 pesos para que los maiceros no perdieran. Hoy ronda 4,200 pesos y tiene amplios márgenes de utilidad.

“Los inventarios de los principales productos agrícolas a nivel mundial están muy bajos, entonces, cualquier fenómeno que altere la oferta es ampliamente reflejado en los mercados, a través de los precios, y eso le pega al consumidor más pobre”, señala en entrevista para MILENIO JALISCO.

¿Qué debe hacer el campo mexicano? Capitalizarse, recibir inversiones en bienes públicos, manejar el riesgo, incrementar su producción y su calidad, fortalecer sus cadenas productivas, “se ha dicho que el cooperativismo alimenta a la humanidad”, dice en busca de disipar los fantasmas de que este cambio termine a favor de las grandes corporaciones.

- Aumentar la producción en el campo mexicano es muy complejo.

- Es muy complejo porque hay una serie de restricciones estructurales: el sistema de tenencia de la tierra en México ya no da, ya no permite la inversión necesaria para aumentar la productividad, porque la productividad implica inversión, capacitación, asistencia técnica, cambio de insumos […] también tenemos otras restricciones jurídicas, la ley del agua, toda la parte forestal que también tienen muy poco margen de maniobra porque están demasiado regulados; cuando hay sobrerregulación lo que se propicia es, o un mercado negro, o la inhibición de las inversiones […].

- ¿Entonces hablaría de una tercera generación de reformas en el campo tras la agraria de los 30, y la de Salinas de 1992?

- Sí, definitivamente; estamos ante una nueva realidad mundial, y si repasamos la historia, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2007, la oferta de alimentos creció más rápido que la demanda, y los precios reales de los alimentos se fueron a la baja […] a partir de 2007, 2008, con la primera crisis, y luego con lo del cambio climático, la demanda está aumentando más rápido que la oferta, y eso hace que la agricultura y la ganadería se vuelvan más rentables, pero a la vez más riesgosas; entonces tiene que haber una serie de instrumentos diferentes a los que hubo, herramientas enfocadas a bienes públicos, a manejo de riesgos, más que a transferencias directas; los cambios son para que podamos realmente avanzar a la velocidad que necesitamos aquí, no se pueden dejar las cosas para mañana o pasado mañana.

- ¿Evidentemente el ejido y la comunidad indígena no pueden ser objeto de inversión o de préstamos de la banca en las condiciones en que están ahorita?

- Es correcto, creo que en el tema de la comunidad indígena tenemos que ser cuidadosos, cuando hay una comunidad indígena con su propia cultura, yo ahí no propongo que se hagan cambios, definitivamente eso se tiene que dar en los sistemas ejidales, o en las comunidades que son de papel pero que ya están inscritas totalmente en una economía de mercado.

- ¿Convertir finalmente la tierra en parte del mercado?

- Sí, porque ya existe ese mercado de tierra, lo que pasa es que es un mercado negro o hasta cierto punto gris, porque en la práctica se vende, se renta, se compra, se hereda el ejido, pero siempre de una forma fuera de la ley; y también pasa algo parecido con la propiedad privada, está sobrerregulada, porque los impuestos, los cambios patrimoniales, las inscripciones ante el Registro Público son costosísimas, y también ahí hay mucha simulación […] todo eso traba el financiamiento, traba los apoyos, porque a la hora de cotejar documentos se dan las inconsistencias, y entonces se traban las inversiones, el crédito, se traba el mercado, y eso nos tiene en un nivel de estancamiento o de no desplegar todo el potencial que el país podría desplegar.

- ¿Nuestros mitos nacionalistas o comunitarios, son un escollo?

- Claro que hay toda una carga histórica, ideológica, política, pero yo creo que no podemos plantearnos las cosas como disyuntivas, porque está muy claro y la FAO va a organizar un encuentro con el Día Mundial de la Alimentación, que se llama Las Cooperativas Alimentan al Mundo; o sea, cuando se propone a veces este paso a la propiedad plena se piensa que el pequeño campesino va a quedar ahí a merced de los grandes capitales, de los tiburones, y no es así necesariamente, se pueden formar verdaderas cooperativas para que se logre la sinergia de las economías en escala, el financiamiento, el crédito, la promoción del productor, y esa formula ha estado vigente en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Argentina, Brasil, India, y es la manera de compensar el poder de las grandes trasnacionales […].

A partir de 2008, “todo mundo se puso a trabajar, y de ahí salió la meta que de aquí a 2050 se tiene que incrementar en 70 por ciento la producción de alimentos en el mundo, y hasta el 100 por ciento en algunos países en desarrollo, y tiene que darse con menos tierra disponible, con menos agua disponible, y con el cambio climático encima […] entonces, la tijera es muy poderosa”.

Es más o menos el mundo del profeta Robert Malthus: el hambre, desafío de todos, pero oportunidad para algunos que hace mucho fueron olvidados.

sábado, 22 de septiembre de 2012

El automóvil, monstruo que contamina


No creo que haya algún invento que produzca mayor huella ecológica, señala la responsable del programa de Verificación Vehicular de Semades.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En la zona conurbada de Guadalajara, 1.7 millones de automotores particulares generan 87.8 por ciento de la contaminación atmosférica que se registra en la red de monitoreo atmosférico de la ciudad, mientras que las empresas aportan el 3.3 por ciento y el resto diversas fuentes, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).

Por esta razón, y que en todo Jalisco la cifra de vehículos registrados suman 2.7 millones es que la dependencia centra parte de su atención en los autos particulares.

“Al auto se le considera de las máquinas más ineficientes que se han inventado; le metes un litro de gasolina y las estimaciones más favorables indican que 30 por ciento de ese litro es el que se aplica en el movimiento del vehículo, lo demás se transforma y se vuelve contaminante”, argumenta Dulce María García Bogarín, responsable del programa de Verificación Vehicular de Semades.

Añade que del 100 por ciento del padrón vehicular, menos del 2 por ciento son unidades del transporte público y en cifras redondas el 98 por ciento son vehículos particulares.

“…es decir, son los que principalmente generan la problemática ambiental…, recordemos que 83 por ciento de nuestro parque vehicular tiene más de 15 años, y evidentemente se tiene que estar al pendiente de si tiene su convertidor catalítico, si hay escurrimientos del motor, si hay mantenimiento preventivo, que es el que nos va garantizar una mejor calidad del aire”.

El hecho de que se maneje un auto “del año”, no implica estar fuera de culpa en lo que se refiere a emisiones contaminantes.

“En promedio, los vehículos 2012 y 2011 arrojan, según una estimación de parte de la secretaría, cerca de 56 kilos por año de contaminantes. Los vehículos modelo 2010 a 1994, que tienen convertidor catalítico, promedian 260 kilos, y los de 1993 para atrás, que no tienen el convertidor, andan en 800 kilogramos al año”., argumenta García Bogarín.

Los datos aplican siempre y cuando se trate de vehículos debidamente afinados. Si carecen de éste servicio, las emisiones pueden multiplicarse hasta por tres.

El 4 por ciento de los vehículos que circulan en Jalisco son modelo 2011 y 2012, y les corresponde un holograma de verificación vehicular de color verde. Este grupo tiene un promedio de cumplimiento de verificación que ronda arriba del 70 por ciento.

A los vehículos modelo 1994 a 2010 les corresponde un holograma de color amarillo. Son el 42 por ciento del padrón vehicular y cumplen en alrededor del 52 por ciento.

Los autos que deben portar un holograma color rojo son los modelo 1993 para atrás, que con el 52 por ciento del padrón vehicular, grupo del que sólo el 17 por ciento cumple con el programa de verificación.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Nuevas tarifas de uso medido reducen subsidio


Los tapatíos que consuman menos de 21 mil litros al mes pagarán de cero a 67 por ciento de aumento por agua, alcantarillado y saneamiento. 83% de la cartera doméstica mantiene parcialmente el beneficio otorgado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nuevo esquema tarifario del agua que regirá durante 2013 en la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto al servicio medido a nivel doméstico, le da un fuerte golpe a los subsidios, sin eliminarlos completamente.

Así, el precio real se aplicará a partir de 22 metros cúbicos mensuales (un m3 equivale a mil litros), mientras que por debajo de ese consumo, sólo lo reduce en 25 por ciento, en tanto que no se cobrará en un consumo entre cero y 6 m3, aunque en todas las cuentas hay un pago fijo de 35 pesos por concepto de administración.

De este modo, 83 por ciento de la cartera doméstica del SIAPA mantiene parcialmente el beneficio del subsidio.

Aparte, se debe agregar el concepto de saneamiento, por lo cual, se pagará extra un peso con 50 centavos por cada metro cúbico consumido después de los 6 m3.

Esto significa que si usted paga por 10 m3, en este momento, 52 pesos con 36 centavos mensuales, en 2013 pagará 64 pesos con 22 centavos por agua y alcantarillado, más seis pesos por saneamiento. En un consumo de 15 m3 pasará de 74 pesos con 41 centavos a cien pesos con 75 centavos de agua, a lo que se suman 13.50 pesos por saneamiento. Y si fueran 20 m3 al mes, el pago actual es de 99 pesos con 22 centavos contra 137 pesos 27 centavos en 2013, más 21 pesos de saneamiento, por citar tres casos distintos.

Así, los aumentos para el usuario van, de forma progresiva, de 15 a 67 por ciento en el rango de 7 a 21 m3.

Integrantes del Consejo Tarifario del SIAPA señalaron enfáticamente que se trata de reducir de forma progresiva los subsidios ciegos que han hecho del agua un servicio barato que ha puesto en predicamento su sostenibilidad económica y ambiental. La idea es lograr en cuatro años la eliminación total de los subsidios, sin dejar de apoyar a las zonas de pobreza así como a la población en situación de fragilidad por edad o discapacidad, dijo el titular del SIAPA, José Luis Hernández Amaya.

Este desmonte del subsidio traería 240 millones de pesos extra a las exhaustas finanzas del organismo operador. Se trata de un recurso que será etiquetado para atender las necesidades de agua y alcantarillado de 60 asentamientos humanos metropolitanos. Hay también la conformación de una bolsa de 125 millones de pesos para el pago por el saneamiento de las plantas de El Ahogado y Aguaprieta. Esta segunda se espera sea puesta en operación en agosto de 2013, añadió el funcionario.

Esto es, en resumen, el primer acuerdo alcanzado al seno del cuerpo colegiado que se creó en agosto pasado, como resultado de las reformas a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda pendiente definir el caso de otros usos, como el comercial, el industrial y el de edificios públicos. Se da por un hecho que se mantendrán los apoyos a personas de la tercera edad, discapacitadas y pensionadas.

“Debe darse una comunicación muy clara de los cambios, porque en todos los casos, si bien se trata simplemente de un retiro de subsidios, va a llevar a pagar más por él, tal vez promedie 50 por ciento por arriba de lo que pagaron este año”, dijo al respecto el consejero ciudadano Rodrigo Flores Elizondo, investigador del ITESO.

“Lo que quisimos primero fue que los rangos fueran claros, ahorita ya hay rangos y hay progresividad, y mientras más consumes, más pagas [...] pero se trata de realmente estimular que se sancione el alto consumo, esto no es un negocio, es un servicio público”, puso en relieve.

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De rangos y costos

► 83% de los usuarios domésticos del agua potable consumen entre cero y 21 mil litros mensuales; ese segmento de 660 mil cuentas activas en el SIAPA será el único que conservará subsidios, aunque con una reducción general de 25%, en la tarifa que entra en vigor para 2013.

► De cero a 6 mil litros mensuales, el agua no se paga en correspondencia a la declaratoria de derecho humano básico que determinó la ONU en 2011. Sin embargo, el SIAPA considera esencial que las 218,591 cuentas bajo ese rango de consumo paguen la administración y el mantenimiento del servicio, es decir, $35 al mes.

► De 6,001 litros en delante comienza a cobrarse el agua, con una regla simple: $35 de administración más $7.31 por m3 consumido por arriba del mínimo, más $1.50 por m3 arriba de 6 m3, por concepto de saneamiento.

► Así, de las 447,183 cuentas en este rango, la que menos pague será la que registre 7 mil litros al mes: $42.31 por agua y alcantarillado, más $1.50 por saneamiento. En la parte más alta quedan los consumidores de un máximo de 21 m3: $144.58 por agua y alcantarillado, $22.50 por saneamiento.

► Después de 21 mil litros, las cuentas se disparan: cada m3 por arriba de ese límite se cobra a precio real, es decir, $12.72, mientras la variable de saneamiento permanece igual. La situación vuelve a cambiar a partir de 59 m3 mensuales, en que cada m3 extra se cobrará a $15.26.




jueves, 20 de septiembre de 2012

Mascota, las memorias de un largo cacicazgo


El cuñado del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) afincó su poder en el municipio enclavado entre la costa Norte y la montaña del Oeste de Jalisco, donde ejercía control total hasta antes de su detención

Agustín del Castillo, Guadalajara. MILENIO JALISCO

Misteriosos los caminos del bien y el mal en el intrincado cacicazgo de Mascota, entre la montaña y el mar del norte de Jalisco. Rubén Zuno Arce ostentó este pequeño reino desde mediados de los años 70 —antes de que declinara la estrella de su cuñado, el “compañero” Echeverría, en la presidencia de la república— hasta su detención como presunto conspirador en la muerte de Enrique El Kike Camarena Salazar en 1985, cuando se presentó a declarar de forma voluntaria a una corte estadunidense para jamás recuperar su libertad.

“Es un riquillo de pueblo”, dijo entonces su hermano Álvaro —otro familiar envuelto en la polémica— al señalar sus escasas propiedades como prueba de su nula vinculación con los celebérrimos narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, autores intelectuales y materiales del secuestro y la tortura de El Kike, agente de la DEA, y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

Pero en el poblado de montaña, aislado hasta comienzos de los años 90 del siglo XX, los testimonios de amigos y enemigos coinciden en que su palabra era la ley. Más de tres lustros de control territorial en que sus gendarmes no pudieron haber evitado a las milicias colonizadoras de Caro Quintero, quien es recordado en la costa no sólo por haber llevado la siembra de Cannabis indica, sino como mejorador de su calidad de vida (en La Alcíhuatl, de Villa Purificación, y Bramador, de la vecina Talpa, les llevó agua y empleos). “Todos los ranchos andaban en el cultivo de mariguana y amapola y nadie los molestaba, hasta que cayó el Ejército, en 1985, y quemó todo antes de que lo cosecharan”, recordaba en 2004 Manuel García Bravo, habitante de Bramador.

Tras el asesinato de Camarena, en 1985, decae la estrella de Rafael Caro, quien huye del país después de avergonzar a las elites de Guadalajara conquistadas, no por su glamour, pero sí por sus dólares. Rubén Zuno permanecerá en su feudo, que se lo respetan sucesivamente cuatro gobernadores de Jalisco: Alberto Orozco Romero, Flavio Romero de Velasco, Enrique Álvarez del Castillo y Guillermo Cosío Vidaurri, y ejerce un poder, a juicio de sus enemigos, de señor feudal.

Las historias más o menos comprobadas o legendarias se suceden: que tenía un laboratorio para drogas en la laguna de Juanacatlán, que arrojaba cadáveres de sus enemigos en esa represa famosa rodeada de pinos y Abies guatemalensis, abeto en peligro de extinción; que imponía los presidentes municipales, que encarcelaba a sus enemigos, que los despojaba de sus bienes.

Al menos de los últimos casos aún viven testigos: el primer presidente municipal panista de la demarcación, Humberto Rodríguez Rodríguez (1992-1995), a quien le sembraron drogas policías estatales; su caso fue llevado a la tribuna de San Lázaro por la diputación panista, y se logró su liberación.

La viticultora estadunidense Shirley Bocaccio, habitante de El Agostadero, a quien le quería quitar su finca, dejó su testimonio de las presiones y amenazas en una obra denominada Buying the ranch (Comprando un rancho).

El ex diputado panista Abel Santana, quien durante su campaña política en 1988 acudió a la cárcel municipal a liberar a una dirigente del Partido Socialista Unificado de México, que había sido encarcelada “sin méritos”.

Estos y más testimonios fueron ofrecidos al reportero en el año 1992, y publicados en el diario Siglo 21. Pero también fue defendido por el ex alcalde Hugo Montes, quien aseguró que “este pueblo no tenía nada hasta que llegó Rubén; él trajo la luz, las escuelas, los caminos...”.

Hoy, el viejo cacique ya no regresará. Manuel Bartlett Díaz, senador poblano, quien también fue señalado en el escándalo Camarena, dictaba ayer una especie de epitafio: “fue una víctima [de Estados Unidos], sin duda, por ser cuñado del presidente Echeverría...”.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Restaurar el bosque huichol costará 60 mdp


Peritos de la Sedeur niegan daños por carretera Bolaños-Huejuquilla en comunidad de Tuapurie, pero análisis del juzgado habla de grandes alteraciones sobre 30 hectáreas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El daño ecológico ocasionado a los bosques de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) está tasado en 60 millones de pesos, si se exige a la Secretaría de Desarrollo Urbano que haga una restauración correcta, concluye el peritaje del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), realizado por petición del juez federal que lleva el juicio de amparo 596/2008.

En relación con la fallida construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, que se hizo sobre poco más de 19 kilómetros de la comunidad huichola, sin contar con la anuencia de ésta ni con los permisos ambientales requeridos, por constructoras contratadas por el gobierno del estado, la autoridad judicial pidió dictámenes periciales a instituciones con solvencia técnica, en tres aspectos: ambiental, geológico y antropológico.

La otra condición fue que no cobraran ante la imposibilidad de los indígenas en soportar ese gasto. Aceptaron las condiciones el Imecbio de la UdeG, el Iteso y el CIESAS Occidente (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social).

Eduardo Santana Castellón, del Imecbio, detalló algunos aspectos del peritaje ambiental:

“Las autoridades siguen representando a los principales violadores de las leyes ambientales, y violando los derechos humanos y la reglamentación ambiental como cuando el ex gobernador Ramírez Acuña abrió la carretera de San Sebastián a Vallarta, ilegalidad por la que nadie fue a la cárcel; ahora fue el gobierno de Emilio González el que falsificó las firmas de asamblea y quiso imponerle al pueblo huichol un camino por dentro de su territorio”.

No obstante, fueron más violaciones que en el caso de la carretera de la costa, “porque violaron la ley de muchas formas, un camino sin evaluación de impacto ambiental y todo el contubernio para falsificar las firmas de asamblea, y además trataron de amedrentar y amenazar a los huicholes”.

Los huicholes ganaron el juicio de amparo y ahora los funcionarios y el gobierno del estado y municipal deben responder penal y civilmente, y resarcir el daño. “Para evaluar el daño tuvieron que establecerse tres peritajes independientes: uno por la comunidad wixarika (los quejosos), otro por la Sedeur del gobierno del estado, y otro por el juzgado. Éste escogió a tres instituciones públicas que lo hicieron sin cobrar.

“El peritaje de la Sedeur “dijo que no hubo ninguna afectación, ya que el arbolado derribado fue por clandestinaje, y no se afectó geológicamente el camino porque se hicieron las modificaciones sobre el camino anterior, y tampoco se afectaron los cursos de arroyos ni hubo daño por erosión”.

No obstante, el análisis del Imecbio señala otra cosa: “Para lo ecológico se determinó que ocasionó cambio de uso del suelo, es decir, destrucción de vegetación, en poco más de 30 hectáreas donde se cambió la ruta del camino original o donde se abrieron caminos auxiliares secundarios; donde siguió la huella del camino anterior solo se removió la vegetación a los lados en los derechos de vía del camino”.

También hubo afectación a ocho arroyos (temporales), y un aumento en la erosión potencial por un factor de mil; todo esto implica que los culpables deben rehabilitar y restaurar las zonas que ellos afectaron”.

¿Qué significa restaurar estos daños? “Primero, rehabilitar el suelo orgánico que se deslavó, se compactó o se removió mecánicamente, trayendo suelo orgánico de otros lugares, ya que toma más de medio siglo el que se recupere in situ por procesos naturales”.

Segundo, “reforestar con especies nativas para reponer la vegetación afectada y recuperar también el hábitat de fauna que se perdió: suelo, hojarasca y ramas del suelo”.

También se debe recuperar el valor comercial de la madera que se perdió.

Así, “esta rehabilitación y restauración ecológica se estima que si se hace bien, cuesta unos 60 millones de pesos”, añade Santana Castellón.

Otros costos se llevarán la restauración geológica de cárcavas, montañas de material y zanjas, lo que se determinará en el estudio del Iteso; el peritaje del CIESAS analiza otro proceso: la restauración del daño del sitio sagrado denominado La piedra del Oso.

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Claves

Los antecedentes

► El 2 de julio de 2007, el pequeño propietario Marco Montaño Ayala, vecino de los huicholes, presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, denuncia en contra de la Sedeur por hacer tala inmoderada de arbolado durante el reinicio de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el caso de los predios Las Azucenas y Aguamilpa

► El 31 de Octubre de 2007, Montaño Ayala entrega a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación recurrente de la clausura y el desacato a la misma, por parte de la Sedeur y las empresas contratistas, que reinician una vez más la construcción de la carretera

► El 10 de noviembre de 2007, la asamblea de la Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie, cuestiona el proyecto carretero que atravesaría su propiedad comunal, localizada en Mezquitic, toda vez que las obras de construcción daban inicio en las inmediaciones y dentro de su propiedad; los comuneros señalan que no se les ha consultado debidamente por las autoridades responsables, incluyendo a la Sedeur y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como propietarios del territorio comunal; que no se les ha presentado los estudios de impacto ambiental; advierten de los daños ambientales, sociales y culturales que implicaría el proyecto carretero y las violaciones a acuerdos internacionales, entre los que destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

► El 8 de febrero del 2008 se abre la primera asamblea ordinaria del año que celebra la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, que analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas obras de construcción ya se realizan en distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro del territorio de Tuapurie. Se hace notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma comunidad, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco existe autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat (federal)

► 12 de febrero de 2008. Comienza el plantón de comuneros, que detienen la maquinaria e impiden las obras, y rompen relaciones con el gobierno estatal, con los municipios del área y con la CDI, interponen denuncia popular, amparo y denuncias penales

Fuente: archivo de MILENIO

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El efecto del amparo

Ley de Amparo, artículo 80.

“La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”.