Ejidatarios disidentes señalan que el amparo 147/2012 impide cualquier emisión de licencias en 44 hectáreas que busca intervenir la SCT para la obra.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El ejido San Juan Evangelista, de Tlajomulco de Zúñiga, interpuso un recurso de desacato en contra del ayuntamiento del lugar debido a la emisión de permisos para la construcción del Macrolibramiento de Guadalajara, dado que esta licencia se emitió cuando ya estaba vigente la suspensión judicial que impide intervenir en sus tierras que están dentro del trazo de la obra.
El asesor legal de los quejosos, Pedro León Corrales, dijo que tal evidencia se les presentó hasta que pudieron ver en las páginas de MILENIO JALISCO una reproducción de esa licencia, que otorga una sola licencia para todo el trazo por el municipio, sin observar la suspensión en la localidad amparada.
El 2 de marzo de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara, Luis Alfonso Hernández Núñez, concedió al ejido San Juan Evangelista la suspensión de plano en el juicio de amparo 147/2012, para que no se realice trabajo alguno en 44 hectáreas, que forman parte del trazo y la servidumbre del llamado Libramiento de Guadalajara.
Esta suspensión existía y se debía respetar cuando Tlajomulco entregó a la Constructora Ideal SA, de Grupo Carso, la licencia de construcción en la zona, que data del 20 de mayo de 2013, 14 mese después. El documento tiene el registro PCVP-0003, y de forma explícita abarca la construcción de la obra entre el kilómetro 36 y el 69, es decir, 33 kilómetros, sin excluir la superficie del ejido.
“El problema nace, como n el caso de muchos megaproyectos, por el efecto corruptor, en este caso del promovente [promotor] que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] que utiliza a los tres niveles de gobierno para imponer el proyecto, con una violación generalizada de los derechos de las comunidades afectadas en sus tierras; que impone representantes en las comunidades fuera del marco constitucional y agrario, es un robadero de dinero con mochada, a través de gestores, y los representantes ejidales apócrifos”, puso en relieve el ex diputado local.
Dijo que “se va a presentar el desacato porque el ayuntamiento violó el amparo dado que la suspensión era para que no se expidieran licencias de construcción en las 44 hectáreas; la explicación es muy simple: esta suspensión es de marzo del 2012, y en mayo del 2013 el ayuntamiento expide licencia para todo trazo en el municipio, pero al incluir las 44 hectáreas de San Juan comete delito federal, y eso nosotros lo vamos a hacer valer ante el juez”.
Por si fuera poco, consideró que la no renovación del periodo de vigencia de la manifestación de impacto ambiental para la obra, la cual se negó en abril de 2014, abre un compás aún más amplio de ilegalidad para la obra carretera, pues se trata de un solo permiso para los 11 kilómetros del trazo, que sin embargo, no ha dejado de construirse.
“Hay una omisión de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] que debería de clausurar la obra, y actúa a petición de la secretaría para ocultar la ilegalidad y solaparla; es una complicidad vergonzosa, la corrupción parece ser que está en el ADN, la genética de la clase política, porque en los tres niveles de gobierno documentamos corrupción de funcionarios de administraciones del PAN, del PRI, y de Movimiento Ciudadano, con gestores y comisariados que se roban los recursos, que participan en la política e incluso son funcionarios y candidatos”.
El desacato será sustentado por el presidente del comisariado ejidal Bernardo Flores Aguilar, quien mantiene un conflicto de representación con otro grupo del ejido, en el Tribunal Agrario número 15 de esta ciudad.
