Expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reunidos en esta ciudad, reconocen el gran déficit democrático que lleva a las comunidades a oponerse a los proyectos, como ocurre en Jalisco con El Zapotillo o el Macrolibramiento de Guadalajara
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
No es solamente Jalisco, no nada más se trata de El Zapotillo, Arcediano o el Macrolibramiento de Guadalajara. Pasa en San Luis Potosí, en Nayarit, en Guerrero, en Oaxaca, lo mismo que en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Colombia o en Brasil: es la oposición de comunidades y grandes núcleos de población a megaproyectos, pues están excluidos de esas decisiones que cambian sus vidas y afectan sus patrimonios; ni tienen información ni reciben justicia expedita.
Esta situación alarma a expertos latinoamericanos que se reunieron en esta ciudad la semana pasada, bajo el cobijo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fue el tema central del encuentro: promover la participación democrática de los pobladores en los grandes proyectos económicos, sociales y ambientales.
En la mesa de trabajo final de la reunión de dos días, Luisa Pilar Arauz, de una organización no gubernamental de Panamá, destacó la importancia “del afianzamiento del proceso de consulta en los estudios de impacto ambiental para los proyectos de desarrollo que afectan a personas que están en un grave estado de vulnerabilidad social, lo cual en nuestro país y en muchos países de América representa una amenaza que está en auge […] no debemos tener miedo en conseguir un documento que sea vinculante, ya que mandaría un mensaje a toda la región, para las compañías y promotores de este tipo de proyectos, de que efectivamente hay una protección a nivel internacional”.
El chileno José Luis Balmacea Serigos, embajador ambiental del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó el retraso de al menos dos décadas en ese esfuerzo. “El empeoramiento de la conflictividad es un hecho, tenemos movimientos en Chile diariamente, y esa situación debe constituir un poderoso aliciente para que nos apliquemos más en el trabajo que comenzamos en Río de Janeiro, que continuamos en Santiago de Chile y ahora hacemos aquí; no me queda duda que esto será un importante referente de negociaciones futuras, con objetivos de desarrollo sostenible”.
Coincidieron los asistentes en que lo que debe activarse al interior de cada país es una intensiva negociación con los congresos, pero también los poderes ejecutivos, además de los propios grupos de la sociedad civil; “creo que eso demuestra madurez, responsabilidad, y esto es algo que nosotros debemos de capitalizar para lo que van a ser las futuras negociaciones que vamos a implementar, en temas tan complejos como los que nos convoca a esta mesa”, añadió el embajador.
La presidencia de la reunión correspondió al mexicano Dámaso Luna Corona, director general adjunto para temas ambientales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien convino con los presentes en la necesidad de ser concretos y específicos en los términos y las metas planteadas.
La idea de un acuerdo vinculante es que se generen obligaciones a los estados, a los empresarios y a la propia sociedad de cada país.
No obstante, “los estados actualmente tienen unos estándares nacionales, o sea que no estamos partiendo de cero, ya hay garantía constitucional, garantía legal, acuerdos, bases nacionales, para tratar de fijar los estándares en temas como el acceso a la información, la participación social y el acceso a la justicia, todo esto va a producir importantes trasformaciones”, dijo la colombiana Ana Lucía Maya.
Luisa Pilar Arauz añadió: “Yo creo que éste es un proceso de creación regional, a través de un diálogo político sobre los derechos fundamentales de la democracia; en segundo lugar está la cuestión social en la región, que es una realidad que hay que enfrentar, y claramente la hipótesis que está detrás, la cuestión social y la injusticia; y por último crear una región que tenga una especie de sello de trasparencia, que tenga un convenio, tenga reglas claras, para sus habitantes, para los inversionistas, y para los mismos gobiernos, y en eso sin duda hay un consenso global en que el mundo tiene que avanzar hacia esa dirección”.
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Qué es la CEPAL
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de la ONU, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el consejo decidió que la comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó “para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social”.
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Del éxito social depende el futuro de la democracia regional de Latinoamérica
Los países industriales no pueden pedir a AL que pague su cuenta por el deterioro que desataron con el cambio climático, advierte experto de la Cepal. En la foto, el megadesarrollo minero de Peña Colorada, también impugnado
AC
América Latina no puede sacrificar a su población en pobreza ni evitar la explotación de sus amplios recursos naturales ante la presión de los países industrializados por evitar la deforestación de la región, con la tasa más elevada del planeta, reconoció el experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-ONU), Marcos Orellana.
Entrevistado la pasada semana por MILENIO JALISCO durante la última reunión de la comisión en esta ciudad, destacó que es necesario que los países del primer mundo incrementen sus transferencias de recursos para compensar el tema del desarrollo; de esto depende además el futuro de la
democracia regional, reconoció.
Los problemas con los megaproyectos se dan en todo el planeta. “Son situaciones donde las personas que sufren de la contaminación ambiental o de la extracción de sus recursos naturales no se benefician de los avances de ese tan prometido desarrollo; entonces el principio 10 de Río [de Janeiro, 1992] postula que las decisiones ambientales deben ser adoptadas por los ciudadanos, con participación, con acceso a la información, donde debe haber justicia ante incumplimientos en la cuestión ambiental; este es un tema que va al corazón de la democracia, el principio de inclusión”.
— En AL tenemos gobiernos campeones en firmar tratados ambientales y de derechos humanos que suelen no respetar.
— En AL tuvimos regímenes autoritarios, dictaduras militares donde las decisiones se imponían desde arriba sin ninguna posibilidad de un diálogo social; pero esa situación ha ido cambiando en los 20 últimos años, hay un renacimiento en la articulación de la sociedad civil, y esa nueva articulación impone un desafío en fortalecer las capacidades públicas de la administración pública, así como en las capacidades de la sociedad civil, para ejercer sus derechos de participación; todo esto lleva a una reconceptualización de lo que significa el desarrollo sostenible, que no es un desarrollo impuesto
desde arriba hacia abajo...
— No obstante, se detecta un desencanto de los valores democráticos, como añorando la vieja eficiencia de los regímenes autoritarios.
— Creo que en América se esté redescubriendo el valor de la democracia […] ese tal desencanto pasa por desmesuradas expectativas que hay cuando ocurre una transición, como si la democracia de un momento a otro fuera a resolver todos los problemas, y eso no es así, también la democracias tiene sus falencias, no es un sistema perfecto, pero es un sistema que le permite a los ciudadanos actuar en la cuestión publica, en el interés público, y es vital que los ciudadanos organizados pueda participar en la toma de decisiones.
— Con la mayor superficie de puvliselva tropical en el mundo, la región tiene un compromiso enorme con la sociedad humana para conservar estos ecosistemas, ¿estamos preparados para eso?
— Pero en este tema hay una responsabilidad compartida, de todos los miembros de la comunidad internacional, tanto los países megadiversos que tenemos, como en los países industrializados que provocaron el incremento de los gases de efecto invernadero. No se les puede pedir a los países más pobres que sean los que paguen solos la cuenta de lo que significa resolver los problemas ambientales.
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