Una suspensión concedida a un ejidatario obligará a entrar en el análisis de quién posee el mejor derecho sobre los terrenos donde se edificará
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El megaproyecto de Chalacatepec ha recibido un nuevo freno: se trata de la suspensión concedida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, a favor de un ejidatario del núcleo agrario de José María Morelos, tendiente a dejar las cosas “en el estado que se encuentran” a fin de no afectar bienes del ejido reclamados, entre ellos, más de mil hectáreas que fueron incorporadas al proyecto por la desarrolladora Rasaland SA, en sociedad con el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).
El juicio de garantías 711/2013, interpuesto antes de que entraran en vigor las reformas a la Ley de Amparo promovidas por la Administración de Enrique Peña Nieto, establece al ser admitido “conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la afectación en los bienes del ejido impetrante de amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, salvo si es consumado, es decir, si los bienes se encuentran en posesión de terceras personas mediante cualquier acto jurídico o si ya existió un decreto expropiatorio”, esto, en tanto se resuelve “el fondo del asunto”.
El reclamo del campesino José Guadalupe Valadez Parra, en representación sustituta del ejido, es por “el incumplimiento de la resolución presidencial del 12 de abril de 1960 [publicada el 23 de mayo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación] relativa a la dotación de ejidos”, pues no se habría consumado su ejecución en todos los terrenos previstos por la resolución.
Además, “las consecuencias relativas a la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios del quejoso, así como la sustracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción del libre acceso a los terrenos, en una superficie aproximada de seis mil hectáreas y en otro predio de 136 ha y una superficie de 40 ha de un terreno de uso común del ejido”, destaca la resolución judicial.
En el caso del proyecto turístico, el predio en disputa se denomina Param-Chola, del cual, la desarrolladora Rasaland adquirió 1,200 hectáreas. En su momento, la explicación de los promotores fue que se trata de un terreno que es pequeña propiedad, aunque contaba con posesión ejidal de varias décadas, lo que llevó a implementar un plan de compra de las posesiones alterno al dominio pleno.
El empresario Ricardo Santa Cruz Dahoney, director del megaproyecto, aseguró en 2010 que los terrenos que se adquirieron no tienen problema jurídico de ningún tipo. Atribuyó las inconformidades en “algunas personas” del núcleo agrario al problema añejo de las posesiones en pequeña propiedad que se tienen allí: “Hay un grupo de campesinos que recibieron pagos de Rasaland por sus posesiones frente al mar, considerando que eran sólo posesionarios; otro grupo tiene parcelas contiguas pero no se les compraron sus predios y además tienen la precariedad de la posesión, lo que motiva sus quejas”, argumentó Santa Cruz.
La audiencia constitucional de este juicio se realizará el próximo 3 de mayo, en la sede del juzgado, de esta ciudad.
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IPEJAL VIGILA EL PROYECTO
El proyecto de Chalacatepec, que calificó como “Nuevo Cancún” el hoy ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, fue uno de los más polémicos de la anterior Administración porque fue objeto de una inversión de 89 millones de dólares por parte del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal). La nueva Administración vigila sus derroteros.
“Hasta ver los resultados de los beneficios se puede determinar si es bueno o es malo; hasta ahorita yo no podría decir que una inversión de estas características de entrada es mala, tiene su proceso y su desarrollo y en su momento vamos a estar vigilando que se llegue a buen término, con beneficios, desde luego, porque en su momento esa fue la intención, tener inversiones protegidas con resultados; la cuestión inmobiliaria sabemos que tiene su tiempo y sus formalidades […] sobre el tiempo se va a ir determinando si es lo adecuado, si se tiene que hacer alguna gestión para continuar o hacer alguna otra; pero son operaciones que considero en lo personal que están protegidas”, dijo el titular del Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas.
Otro de los casos que también demandan esa vigilancia es la inversión que se realizó en la Villa Panamericana, que también permanece detenida.
—¿De algún modo, estos dos proyectos les van a marcar un derrotero sobre si es correcto seguir en ese tipo de inversiones?
—Sí, puede no ser malo, pero siempre con prudencia, garantía, y certeza de que todo esté en regla.
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