En el ánimo de contribuir en el debate de la situación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde se ha dado un divorcio entre las dos entidades fundamentales para su conservación, UdeG y la Conanp, este espacio reproduce íntegro un cuestionario que le solicitamos a Enrique Jardel Peláez, experto forestal de la casa de estudios en el Centro Universitario de la Costa Sur, para abordar el tema. La fecha de entrega del texto al reportero fue el 4 de marzo de 2009, por vía electrónica. Se respeta totalmente las grafías del texto original
- ¿Cómo analizaría el proceso que ha sucedido los últimos cinco años en la reserva?
- Es difícil hacer de manera breve y concisa un análisis de la situación actual de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM). Para esto es necesario considerar sus antecedentes. La RBSM nació en 1987 con un enfoque conceptual basado en la propuesta del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO de poner en práctica una forma alternativa de la conservación de la naturaleza culado al desarrollo social, entendido este último como un proceso de organización social dirigido a mejorar las condiciones de vida de la gente sobre la base de un aprovechamiento sustentable (ecológicamente apropiado, socialmente justo y equitativo y económicamente viable) de los recursos naturales.
El enfoque de las reservas de la biosfera de MAB, refrendado en el Plan de Acción de Madrid en 2008, partió de un análisis crítico del modelo convencional de conservación, representado por los parques nacionales, que se había centrado en la protección de espacios naturales contra una serie de amenazas de origen humano, por lo cual en esencia se planteaba la exclusión de la gente excepto como visitantes ocasionales de las áreas protegidas. En contraste, el modelo de reserva de la biosfera de MAB planteaba “abrir la conservación a los seres humanos”. Dicho enfoque partía también de una crítica a los modelos de desarrollo centrados en el crecimiento económico y la explotación de la naturaleza. La idea era que las reservas de la biosfera sirvieran como sitios de experimentación de las posibilidades de una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza, y que el aprendizaje generado en su gestión trascendiera los estrechos límites de las áreas protegidas.
La propuesta de las reservas de la biosfera establece la necesidad de integrar objetivos de conservación y desarrollo, incorporando la investigación científica y la educación como medios para la generación del conocimiento y las capacidades necesarias para un manejo basado en principios de sustentabilidad. El manejo de las reservas de la biosfera se basa en un ordenamiento territorial o zonificación, definiendo zonas núcleo dedicadas a la protección de la naturaleza en sentido estricto, rodeadas de zonas de amortiguamiento dedicadas a distintas formas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y estas a su vez circundadas por una zona de transición que incluye la región de influencia de la reserva, donde se busca inducir mejoras en la gestión ambiental y el uso de los recursos. Es necesario comprender este enfoque como marco del análisis de la situación actual en las reservas de la biosfera mexicanas, que tienen la particularidad de ser decretadas (incluyendo zonas núcleo y de amortiguamiento), independientemente de su designación por MAB-UNESCO.
Partiendo de condiciones iniciales complejas y difíciles –conflictos sociales en torno a la tierra y los recursos naturales, marginación y pobreza, secuelas ambientales y sociales de una larga historia de explotación de recursos como la madera, falta de comprensión y apoyo de los sectores gubernamentales a una iniciativa como la reserva de la biosfera, medios financieros limitados, etc. –el proyecto de la RBSM comenzó a consolidarse hasta mediados de los noventa. Entre 1987 y 1993 hubo un vacío institucional: a pesar del mandato legal del decreto, el gobierno federal no asignó ni personal ni presupuesto para la gestión del área. Este vacío fue llenado parcialmente por la Universidad de Guadalajara a través del Instituto Manantlán (IMECBIO), que asumió la responsabilidad de mantener en marcha el proyecto de la reserva (es importante señalar que la participación de la U de G está establecida en el decreto de la RBSM).
Las cosas cambiaron a partir de 1993, cuando se crea la Dirección de la RBSM (que actualmente depende de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONANP), gracias al establecimiento de una relación de estrecha colaboración entre esta dependencia y los actores involucrados en la gestión del área protegida: la institución educativa y de investigación promotora del proyecto (la U de G), las comunidades agrarias de la Sierra de Manantlán (dueñas de las tierras de la reserva), y los gobiernos municipales, con el apoyo de organizaciones conservacionistas y algunos programas gubernamentales. La Dirección de la RBSM asumió su papel de sumar esfuerzos de esos actores e integrar de manera coordinada sus acciones. Para esto se construyó un espacio de planeación y evaluación, deliberación, resolución de conflictos, coordinación y concertación de acciones a través de los “Consejos Asesores” de la RBSM (uno en Jalisco y otro en Colima), como la principal instancia para la gestión del área protegida. Se elaboró también un programa de manejo, aún vigente, como guía para la gestión de la RBSM, que fue sometido a un amplio proceso de consulta, revisión y retroalimentación, y este programa se puso en práctica.
Es importante considerar estos antecedentes para entender como se ha ido deteriorando la situación en los últimos cinco años y como pasamos de la construcción de espacios de colaboración a situaciones de conflicto y confrontación.
- ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos cinco años?
- Quizá lo más notorio de los problemas de los últimos cinco años ha sido la inestabilidad en la Dirección de la RBSM que ha tenido tres cambios de director en este período, la confrontación de esta dependencia con la Universidad de Guadalajara por diferencias en la conducción de la gestión de la RBSM, y el resurgimiento de problemas no resueltos –conflictos de tenencia de la tierra, la presión de intereses en la explotación minera y demandas de las comunidades locales que no han sido resueltas – . Pero la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no solo de la RBSM, sino de las áreas protegidas en general, ya que los problemas que se presentan en Manantlán no son únicos en el contexto nacional.
-Cuando se habla de regresión, ¿específicamente en qué aspectos se ha dado?
- Hablo de regresión para referirme a una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturaleza poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y a una vuelta a la confrontación dejando a un lado las relaciones de colaboración.
Quiero dejar claro que si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta respecto a las áreas protegidas, podemos ver que de mediados de los noventa a la fecha han habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones (personal, infraestructura, financiamiento) para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran solo “áreas protegidas de papel”. Se creó una dependencia de alto nivel encargada de la gestión de las áreas protegidas, la CONANP, y un órgano ciudadano de consulta y deliberación sobre la política de conservación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CNAP). Y algo muy importante de los avances en estos años fue el establecimiento de relaciones de cooperación entre el gobierno, las ONG conservacionistas, organizaciones sociales e instituciones académicas. Ha habido muchos logros y estos están documentados en los anuarios que publica la CONANP (disponibles en su página de Internet). Pero al mismo tiempo hay muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano y a sectores como el forestal o el pesquero, y todo esto en medio de un creciente deterioro del ambiente y de la economía. Las áreas protegidas no son “islas” donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable. Y además, en situaciones de desigualdad e injusticia, las áreas protegidas muchas veces recrudecen las contradicciones y conflictos sociales existentes en el campo.
Parte de la regresión a la que me refiero, consiste en una vuelta a la “mentalidad de plaza sitiada” en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de “comando y control” en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común.
La “mentalidad de plaza sitiada” es considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidadad, excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno, sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de esta con las políticas públicas de desarrollo. Esto condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones.
El otro aspecto de la regresión es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de “comando y control”. Desde esta perspectiva la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños –comunidades agrarias, propietarios particulares – , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos. Esto contrasta con un enfoque de gestión basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales. Participación efectiva quiere decir que estos actores –comunidades agrarias, organizaciones sociales y asociaciones civiles, gobiernos municipales, instituciones académicas, etc. intervienen en la deliberación, la planificación y la toma de decisiones, y que la instancia gubernamental responsable de la conservación asume un papel de coordinación, promoviendo, concertando y apoyando las acciones de gestión del área protegida. La insistencia de la CONANP en reducir el número de integrantes de los Consejos Asesores de Manantlán y convertirlos en meras instancias de consulta, es una muestra de esa tendencia regresiva.
- ¿La representación social se ha perdido?
- Los Consejos Asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que si se ha limitado (no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas), y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la CONANP, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.
- En conclusión, ¿Cómo juzgar el papel jugado por la CONANP?
- Hay que reconocer la importancia de la tarea que cumple la CONANP como dependencia gubernamental responsable de las áreas protegidas. Ha tenido logros muy importantes, pero también hay que reconocer que estos logros han sido posibles gracias a la colaboración que involucra a múltiples actores y que hay aún muchas cuestiones no resueltas.
El problema es cuando no se reconoce el papel de los aliados en la conservación, o cuando no hay interés en resolver los problemas, o peor aún cuando se trata de excluirlos y se ignoran sus propuestas y planteamientos críticos. Por ejemplo, la CONANP ha mostrado muy poco interés (en la práctica y más allá de las simples declaraciones) en restablecer las relaciones de colaboración con la U de G. Tampoco ha mostrado su disposición para intervenir en ciertos problemas críticos que afectan a la RBSM y su región de influencia, como por ejemplo el caso de la resolución de un juez que otorga la propiedad de un terreno afectando a la Estación Científica Las Joyas (el principal sitio de investigación y educación de la reserva), y a dos predios (uno ejidal, Ahuacapán, y otro particular) que realizan actividades planificadas de aprovechamiento forestal en la zona de amortiguamiento.
Otro ejemplo es el caso de las presiones de explotación de recursos mineros y la situación de la dotación incompleta de las tierras del ejido Ayotitlán; la CONANP no ha intervenido en estas situaciones que afectan al principal núcleo de población indígena de la RBSM y su región de influencia. Y un caso mas es el alejamiento de la Dirección de la RBSM del trabajo de gestión ambiental intermunicipal en la cuenca media del Río Ayuquila, a pesar de que el 60% del área protegida está en dicha cuenca y de las implicaciones de ese trabajo para restaurar y conservar el principal ecosistema fluvial de la reserva.
- ¿Por qué se hizo difícil la relación entre la Conanp y la UdeG?
- La relación siempre fue difícil (cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones), pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista.
- La [dirección de la] reserva en el pasado se involucraba en apoyar a las comunidades de la zona de influencia frente a intereses poderosos como los mineros y los madereros ¿esto también se perdió?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP. Como lo señalé antes, la CONANP últimamente se ha mantenido al margen.
- El caso río Ayuquila, ¿cuál explicación de la retirada de la reserva en su gestión?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP.
- ¿Se ha intentado vencer las diferencias?
- Sí. La misma CONANP propuso un proceso de análisis y conciliación e incluso asignó a como mediador a un especialista en resolución de conflictos, pero a dejado de dar seguimiento al proceso. También la U de G, y la Fundación MABIO ha continuado colaborando en actividades conjuntas con la CONANP, como es el caso de la aplicación del programa de manejo del fuego de la reserva, pero la colaboración no ha sido fácil.
- ¿Cuál es la solución, cómo rescatar el proyecto, cómo vencer los conflictos?
- Antes de proponer soluciones, habría que hacer un análisis concienzudo de la situación actual en la RBSM y del contexto social, especialmente en una coyuntura difícil por las implicaciones que sin duda tendrá la recesión económica. Habría que empezar también por mostrar disposición para discutir y analizar conjuntamente los problemas para generar propuestas y acuerdos que sean resultado de un trabajo conjunto y no de imposiciones unilaterales.
viernes, 6 de marzo de 2009
Juez protege a la UdeG vs particulares por Las Joyas
No se podrá registrar sentencia polémica contra la posesión del terreno que ostenta la UdeG. El administrador de justicia deja pendiente analizar sentencia civil que afecta a la casa de estudios
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
El juez tercero de distrito en materia civil con sede en Guadalajara, Ricardo Guevara Jiménez, concedió la suspensión definitiva a favor de la Universidad de Guadalajara, en su reclamo de que la sentencia que lo despoja como posesionario del predio de Las Joyas no sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán.
La resolución judicial, de la cual este diario posee copia, señala que la entidad publicadora de escrituras, que depende del gobierno de Jalisco, no podrá dar entrada al registro de la sentencia del juicio civil 749/2006, que concedió a un grupo de particulares de Ahuacapán la usucapión o prescripción positiva de 2,580 hectáreas de la sierra, dentro de las cuales está la estación científica de Las Joyas, completa (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
Dicha sentencia del juez segundo de lo civil de Autlán fue recurrida también formalmente por el gobierno de Jalisco, que es el propietario del terreno que ocupa la estación científica.
El argumento es que no se puede dar una prescripción cuando quien se beneficia no tiene una posesión (la condición de la usucapión es la posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño), que es el caso, lo cual, a juicio de los abogados de la Universidad y del gobierno, revela un juicio simulado y fraudulento.
La casa de estudios interpuso desde enero denuncia penal contra los particulares por “simulación de juicio”, y un “interdicto” para retener la posesión; la tercera acción legal fue este juicio de amparo indirecto, que lleva el número 85/2009-II, en el que reclama sus derechos violentados como posesionarios (bajo el régimen de comodato). A este reclamo se agregó otro amparo del Ejecutivo de Jalisco, que acude como dueño del terreno, que fue adquirido en 1984 por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo.
Y si bien el juzgador le dio la razón a la UdeG en el caso del RPPC, no determinó en esa resolución, que data del 26 de febrero de 2009, proteger a la casa de estudios contra la sentencia recurrida, pues no habían comparecido el juez y el secretario impugnados.
Así, queda pendiente de analizarse y resolverse “la cancelación de los registros que aparezcan a nombre de la parte demandada, y cuyo inmueble involucrado es el predio rústico denominado Las Joyas…”, señala la resolución del 26 de febrero.
La estación científica Las Joyas es el corazón del proyecto Manantlán, que la UdeG creó a partir de 1979, con el descubrimiento del Zea diploperennis, y consolidó en 1987, con el decreto de reserva de la biosfera. El juez civil de Autlán también perjudicó a un predio particular, ex hacienda de Ahuacapán, y tierras del ejido Ahuacapán.
El juez tercero de distrito en materia civil con sede en Guadalajara, Ricardo Guevara Jiménez, concedió la suspensión definitiva a favor de la Universidad de Guadalajara, en su reclamo de que la sentencia que lo despoja como posesionario del predio de Las Joyas no sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán.
La resolución judicial, de la cual este diario posee copia, señala que la entidad publicadora de escrituras, que depende del gobierno de Jalisco, no podrá dar entrada al registro de la sentencia del juicio civil 749/2006, que concedió a un grupo de particulares de Ahuacapán la usucapión o prescripción positiva de 2,580 hectáreas de la sierra, dentro de las cuales está la estación científica de Las Joyas, completa (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
Dicha sentencia del juez segundo de lo civil de Autlán fue recurrida también formalmente por el gobierno de Jalisco, que es el propietario del terreno que ocupa la estación científica.
El argumento es que no se puede dar una prescripción cuando quien se beneficia no tiene una posesión (la condición de la usucapión es la posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño), que es el caso, lo cual, a juicio de los abogados de la Universidad y del gobierno, revela un juicio simulado y fraudulento.
La casa de estudios interpuso desde enero denuncia penal contra los particulares por “simulación de juicio”, y un “interdicto” para retener la posesión; la tercera acción legal fue este juicio de amparo indirecto, que lleva el número 85/2009-II, en el que reclama sus derechos violentados como posesionarios (bajo el régimen de comodato). A este reclamo se agregó otro amparo del Ejecutivo de Jalisco, que acude como dueño del terreno, que fue adquirido en 1984 por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo.
Y si bien el juzgador le dio la razón a la UdeG en el caso del RPPC, no determinó en esa resolución, que data del 26 de febrero de 2009, proteger a la casa de estudios contra la sentencia recurrida, pues no habían comparecido el juez y el secretario impugnados.
Así, queda pendiente de analizarse y resolverse “la cancelación de los registros que aparezcan a nombre de la parte demandada, y cuyo inmueble involucrado es el predio rústico denominado Las Joyas…”, señala la resolución del 26 de febrero.
La estación científica Las Joyas es el corazón del proyecto Manantlán, que la UdeG creó a partir de 1979, con el descubrimiento del Zea diploperennis, y consolidó en 1987, con el decreto de reserva de la biosfera. El juez civil de Autlán también perjudicó a un predio particular, ex hacienda de Ahuacapán, y tierras del ejido Ahuacapán.
jueves, 5 de marzo de 2009
Manantlán, auge y crisis de una reserva
Hoy, hace 22 años, el Presidente firmó el decreto de una de las 25 reservas de la biosfera más importantes del país; además, hoy cumple un lustro la crisis de relaciones entre los socios principales en su conservación: la UdeG y la Conanp
Desde 2004 se sucedieron cinco directores o encargados de despacho y se limitó severamente la colaboración entre la Conanp y la UdeG: hoy se han reducido los consejos asesores, la reserva no sale de sus linderos, surgen liderazgos opuestos a la gestión universitaria o gubernamental y hasta existe la amenaza de perder el laboratorio de Las Joyas, en un juicio de propiedad donde la Conanp se ha quedado al margen
Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La espectacular riqueza biológica de las montañas de Manantlán, donde se descubrió hace casi 31 años un pariente primitivo del maíz (Zea diploperennis) y con el tiempo se documentaron más formas de vida que las registradas en Francia o Canadá, no ha sido suficiente aliento para mantener el ambicioso proyecto de su conservación, que hoy pasa por momentos difíciles, a 22 años de la firma del decreto presidencial que le dio la categoría de reserva de la biosfera.
El modelo de gestión “no se actualizó” y quedó rebasado, advierte Alberto Elton Benhumea, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para la región Occidente. Piensa que la Universidad de Guadalajara debe asumir su papel de investigación y dejar al organismo federal realizar el suyo, de administración de la demarcación protegida, pues, pese a los “divorcios”, deben ser aliados fundamentales en el proyecto.
Sin embargo, tres connotados investigadores-fundadores del proyecto Manantlán desde la UdeG, Enrique Jardel Peláez, Eduardo Santana Castellón y Ramón Cuevas Guzmán, señalan directamente a la Conanp como responsable de diversos retrocesos.
A juicio de estos miembros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), los daños más importantes son: la precaria institucionalidad de la dirección de la reserva, que ha tenido cinco encargados en igual número de años cuando tuvo uno los nueve anteriores; la merma en la representación social y académica de los consejos asesores y el bajo perfil asignado a esos órganos; una dirección que a la postre abandonó a sus vecinos de la región de influencia, tanto con modelos exitosos, como es la gestión de la cuenca del río Ayuquila, como en casos de disputas desiguales, que son las presiones de las mineras sobre los nahuas de Ayotitlán.
Por si fuera poco, responsabilizan al organismo por sostener una campaña de “desprestigio” que siembra desconfianza sobre el papel de la casa de estudios en la sierra.
La crisis parece diálogo de sordos, pues donde los científicos ven que se retrocede en el antaño generoso papel de la reserva como entidad facilitadora de procesos sociales y económicos amables con el ambiente, la Conanp presume logros de eficiencia administrativa, de respeto a la legalidad y de ampliación de la consulta a los dueños de la sierra. Y esas opiniones opuestas reflejan un divorcio que ni la asesoría profesional ha podido conciliar.
El modelo de gestión “no se actualizó” y quedó rebasado, advierte Alberto Elton Benhumea, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para la región Occidente. Piensa que la Universidad de Guadalajara debe asumir su papel de investigación y dejar al organismo federal realizar el suyo, de administración de la demarcación protegida, pues, pese a los “divorcios”, deben ser aliados fundamentales en el proyecto.
Sin embargo, tres connotados investigadores-fundadores del proyecto Manantlán desde la UdeG, Enrique Jardel Peláez, Eduardo Santana Castellón y Ramón Cuevas Guzmán, señalan directamente a la Conanp como responsable de diversos retrocesos.
A juicio de estos miembros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), los daños más importantes son: la precaria institucionalidad de la dirección de la reserva, que ha tenido cinco encargados en igual número de años cuando tuvo uno los nueve anteriores; la merma en la representación social y académica de los consejos asesores y el bajo perfil asignado a esos órganos; una dirección que a la postre abandonó a sus vecinos de la región de influencia, tanto con modelos exitosos, como es la gestión de la cuenca del río Ayuquila, como en casos de disputas desiguales, que son las presiones de las mineras sobre los nahuas de Ayotitlán.
Por si fuera poco, responsabilizan al organismo por sostener una campaña de “desprestigio” que siembra desconfianza sobre el papel de la casa de estudios en la sierra.
La crisis parece diálogo de sordos, pues donde los científicos ven que se retrocede en el antaño generoso papel de la reserva como entidad facilitadora de procesos sociales y económicos amables con el ambiente, la Conanp presume logros de eficiencia administrativa, de respeto a la legalidad y de ampliación de la consulta a los dueños de la sierra. Y esas opiniones opuestas reflejan un divorcio que ni la asesoría profesional ha podido conciliar.
Los críticos
Eduardo Santana Castellón dice que las políticas de la Conanp frustraron “un proceso dinámico e innovador que percibía la reserva como entidad para experimentar nuevas formas de gestión del territorio”; hoy, hay un corrimiento del protagonismo hacia las fronteras geográficas de la reserva de la biosfera, de 139,577 hectáreas de superficie.
“La Conanp dejó de jugar el papel de catalizador de nuevos procesos, de construcción de alianzas, de creación de nuevas institucionalidades. Se anquilosó la gestión a escala local”, sostiene en un cuestionario que contestó para Público.
A su juicio, el organismo federal “concibió que la experiencia de la UdeG pesaba demasiado y, al no poder desarrollar debates de nivel, difundieron que el interés de la Universidad era controlar la reserva. Esto se ha visto en los últimos cinco años que es falso”. Por si fuera poco, “la Conanp cae en procesos de desprestigio a investigadores y la negación de sus logros”.
Por su parte, Ramón Cuevas Guzmán advierte que, con la pérdida de las relaciones, ambas instituciones pierden. “En los últimos años consideramos que no se ha entendido el papel de socios de ambas instituciones, pues el serlo representa compromisos de comunicación y de toma de decisiones conjuntas […] Lo anterior lo ha dejado de lado la Conanp, porque considera que cualquier sugerencia y acuerdo con el personal de la UdeG se trata de una imposición”, subraya el director de la división de desarrollo regional del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).
En el fondo, “no hay una política clara del papel de las áreas naturales protegidas en México […] el papel que ha tomado la dirección de la reserva es ser un ente administrativo más del gobierno, y no facilitador y buscador de recursos para mejorar el nivel de vida de la población de la reserva y mantener las funciones de servicios ambientales del área natural protegida. Se ha incrementado la superficie de área quemada por incendios forestales, hay aperturas de nuevos caminos, no hay una posición clara en torno a los problemas mineros, no hay interés por la cuenca del río Ayuquila, y lo peor es que se ha perdido credibilidad del papel de la dirección entre las comunidades de la reserva”.
—¿Por qué se hizo difícil la relación entre el gobierno federal y la UdeG?
—Por la ineptitud y la poca capacidad de gestión de los últimos directores nombrados por la administración central de la Conanp y por diferencias conceptuales del papel que deben jugar los consejos asesores […] Se ha dado un fuerte golpe al papel que deben jugar éstos, pues, de órgano de planeación y de toma de acuerdos, se quiere restringir a un mero cuerpo consultivo, además de quitar personal que representa los legítimos intereses de las comunidades.
Enrique Jardel Peláez, experto forestal del Imecbio y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pone en relieve que el origen del proyecto Manantlán es el generoso planteamiento del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, que abrió el nuevo paradigma de conservación con desarrollo para los seres humanos. La Conanp pretende regresar al modelo exclusionista, donde las demarcaciones protegidas terminan en los polígonos de los decretos, y los humanos sólo son aceptados como huéspedes ocasionales.
“Parte de la regresión consiste en una vuelta a la mentalidad de plaza sitiada en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de comando y control en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común”, advierte.
Esto “condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones”.
No se engaña, “la relación siempre fue difícil, pues cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones, pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista”, y eso ya no existe.
Eduardo Santana Castellón dice que las políticas de la Conanp frustraron “un proceso dinámico e innovador que percibía la reserva como entidad para experimentar nuevas formas de gestión del territorio”; hoy, hay un corrimiento del protagonismo hacia las fronteras geográficas de la reserva de la biosfera, de 139,577 hectáreas de superficie.
“La Conanp dejó de jugar el papel de catalizador de nuevos procesos, de construcción de alianzas, de creación de nuevas institucionalidades. Se anquilosó la gestión a escala local”, sostiene en un cuestionario que contestó para Público.
A su juicio, el organismo federal “concibió que la experiencia de la UdeG pesaba demasiado y, al no poder desarrollar debates de nivel, difundieron que el interés de la Universidad era controlar la reserva. Esto se ha visto en los últimos cinco años que es falso”. Por si fuera poco, “la Conanp cae en procesos de desprestigio a investigadores y la negación de sus logros”.
Por su parte, Ramón Cuevas Guzmán advierte que, con la pérdida de las relaciones, ambas instituciones pierden. “En los últimos años consideramos que no se ha entendido el papel de socios de ambas instituciones, pues el serlo representa compromisos de comunicación y de toma de decisiones conjuntas […] Lo anterior lo ha dejado de lado la Conanp, porque considera que cualquier sugerencia y acuerdo con el personal de la UdeG se trata de una imposición”, subraya el director de la división de desarrollo regional del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).
En el fondo, “no hay una política clara del papel de las áreas naturales protegidas en México […] el papel que ha tomado la dirección de la reserva es ser un ente administrativo más del gobierno, y no facilitador y buscador de recursos para mejorar el nivel de vida de la población de la reserva y mantener las funciones de servicios ambientales del área natural protegida. Se ha incrementado la superficie de área quemada por incendios forestales, hay aperturas de nuevos caminos, no hay una posición clara en torno a los problemas mineros, no hay interés por la cuenca del río Ayuquila, y lo peor es que se ha perdido credibilidad del papel de la dirección entre las comunidades de la reserva”.
—¿Por qué se hizo difícil la relación entre el gobierno federal y la UdeG?
—Por la ineptitud y la poca capacidad de gestión de los últimos directores nombrados por la administración central de la Conanp y por diferencias conceptuales del papel que deben jugar los consejos asesores […] Se ha dado un fuerte golpe al papel que deben jugar éstos, pues, de órgano de planeación y de toma de acuerdos, se quiere restringir a un mero cuerpo consultivo, además de quitar personal que representa los legítimos intereses de las comunidades.
Enrique Jardel Peláez, experto forestal del Imecbio y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pone en relieve que el origen del proyecto Manantlán es el generoso planteamiento del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, que abrió el nuevo paradigma de conservación con desarrollo para los seres humanos. La Conanp pretende regresar al modelo exclusionista, donde las demarcaciones protegidas terminan en los polígonos de los decretos, y los humanos sólo son aceptados como huéspedes ocasionales.
“Parte de la regresión consiste en una vuelta a la mentalidad de plaza sitiada en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de comando y control en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común”, advierte.
Esto “condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones”.
No se engaña, “la relación siempre fue difícil, pues cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones, pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista”, y eso ya no existe.
La otra cara
En cambio, Alberto Elton Benhumea, coordinador regional de la Conanp, pide a la casa de estudios que mantenga su confianza en la institución, pero dentro de los límites establecidos para cada cual.
“Hay momentos en la historia de las áreas naturales protegidas, y Manantlán los ha tenido […] honestamente, en su momento, los primeros diez años de administración fueron a cargo de la Universidad […] Ese primer modelo fue muy exitoso, muy reconocido internacionalmente, pero tiene lo que todo modelo tiene: si no se actualiza, queda en desuso; creo que no se actualizó y empezó a generar conflictos”, explica en conversación telefónica desde Morelia, sede regional de la Conanp.
Así, emergieron liderazgos en la sierra que comenzaron a cuestionar el papel de la UdeG y a exigir la entrega de los dineros que gestionaban los investigadores, pues parecía que ese dinero “no llegaba” a las comunidades.
“Alguien reacciona y dice: ‘Dónde están todos los millones’, hasta que se le paró en seco… Les dijimos: no se puede, los investigadores lo consiguen para su investigación, no son necesariamente gestores de las comunidades. Pero esto fue un detonante”.
Después, “el divorcio o el distanciamiento de que se habla se dio por la perspectiva de cómo administrar la reserva […] no se puede mantener un modelo intacto, debe actualizarse. Eso es lo que está pasando. ¿Qué buscamos? Que cada quien acepte, tome y se responsabilice de su ámbito de competencia. No soy quién para decirle a la UdeG qué investigar, ni ellos lo son para decirme cómo manejar mi personal. Pero, en sentido fino, si vamos a hacer programa manejo de fuego, ellos tienen experiencia y conocimiento; nosotros, el programa, pues nos sentamos a trabajar…”.
La aparente regresión, agrega, es simplemente un respeto al marco legal y administrativo. La Conanp no puede actuar fuera del polígono protegido, ni puede crecer por encima de lo que la ley señala, los consejos asesores, ni darles atribuciones excesivas. “Pero hay un proceso de creación de subconsejos que van a ampliar esa participación, y una revisión del programa de manejo que garantiza que el proyecto Manantlán tiene futuro”. Es decir, asegura que el famoso divorcio es sólo temporal.
En cambio, Alberto Elton Benhumea, coordinador regional de la Conanp, pide a la casa de estudios que mantenga su confianza en la institución, pero dentro de los límites establecidos para cada cual.
“Hay momentos en la historia de las áreas naturales protegidas, y Manantlán los ha tenido […] honestamente, en su momento, los primeros diez años de administración fueron a cargo de la Universidad […] Ese primer modelo fue muy exitoso, muy reconocido internacionalmente, pero tiene lo que todo modelo tiene: si no se actualiza, queda en desuso; creo que no se actualizó y empezó a generar conflictos”, explica en conversación telefónica desde Morelia, sede regional de la Conanp.
Así, emergieron liderazgos en la sierra que comenzaron a cuestionar el papel de la UdeG y a exigir la entrega de los dineros que gestionaban los investigadores, pues parecía que ese dinero “no llegaba” a las comunidades.
“Alguien reacciona y dice: ‘Dónde están todos los millones’, hasta que se le paró en seco… Les dijimos: no se puede, los investigadores lo consiguen para su investigación, no son necesariamente gestores de las comunidades. Pero esto fue un detonante”.
Después, “el divorcio o el distanciamiento de que se habla se dio por la perspectiva de cómo administrar la reserva […] no se puede mantener un modelo intacto, debe actualizarse. Eso es lo que está pasando. ¿Qué buscamos? Que cada quien acepte, tome y se responsabilice de su ámbito de competencia. No soy quién para decirle a la UdeG qué investigar, ni ellos lo son para decirme cómo manejar mi personal. Pero, en sentido fino, si vamos a hacer programa manejo de fuego, ellos tienen experiencia y conocimiento; nosotros, el programa, pues nos sentamos a trabajar…”.
La aparente regresión, agrega, es simplemente un respeto al marco legal y administrativo. La Conanp no puede actuar fuera del polígono protegido, ni puede crecer por encima de lo que la ley señala, los consejos asesores, ni darles atribuciones excesivas. “Pero hay un proceso de creación de subconsejos que van a ampliar esa participación, y una revisión del programa de manejo que garantiza que el proyecto Manantlán tiene futuro”. Es decir, asegura que el famoso divorcio es sólo temporal.
----------------------------------------------------------
CLAVES
Una reserva que se hizo problemática
El presidente Miguel de la Madrid firmó el 5 de marzo de 1987 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente: “Se declara la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales, con una superficie de 139,577-12-50 hectáreas, ubicadas en los municipios de Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco en el estado de Jalisco, y Minatitlán y Comala en el estado de Colima”.
En estas montañas se han registrado cerca de tres mil especies de plantas vasculares y 560 especies de vertebrados. Se llevan a cabo estudios ecológicos a largo plazo y monitoreo sobre la dinámica de la vegetación, ecología de comunidades de plantas y animales, ecohidrología y calidad de agua, por parte de la UdeG.
La reserva estuvo siete años abandonada por el gobierno federal, pero la UdeG la sostuvo. Luego, entre 1994 y 2004, contó con un director pagado por el gobierno federal, pero que contó con la valiosa colaboración de la casa de estudios, pues sus recursos eran escasos.
En ese clima de colaboración salieron adelante proyectos como la gestión integral del río Ayuquila, que hoy es un modelo exitoso de asociación intermunicipal para el medio ambiente, así como trabajo legal con las comunidades de la zona nahua, en su larga lucha desigual con madereros y mineros
En ese clima de colaboración salieron adelante proyectos como la gestión integral del río Ayuquila, que hoy es un modelo exitoso de asociación intermunicipal para el medio ambiente, así como trabajo legal con las comunidades de la zona nahua, en su larga lucha desigual con madereros y mineros
Desde 2004 se sucedieron cinco directores o encargados de despacho y se limitó severamente la colaboración entre la Conanp y la UdeG: hoy se han reducido los consejos asesores, la reserva no sale de sus linderos, surgen liderazgos opuestos a la gestión universitaria o gubernamental y hasta existe la amenaza de perder el laboratorio de Las Joyas, en un juicio de propiedad donde la Conanp se ha quedado al margen
Preparan Xalisco Biodiverso
La pasada semana se reunió el consejo asesor de Xalisco Biodiverso, el cual tiene como objetivo inmediato montar una gran exposición fotográfica sobre las riquezas naturales del estado, el cual posee una flora más rica que la de Francia o Canadá, y una presencia elevada de especies endémicas (exclusivas) vegetales y animales. Es tierra de jaguar, puma, ocelote, venado, coatí, cocodrilo de río, tortuga marina y boa constrictor. Xalisco Biodiverso se expondrá en espacios públicos de Guadalajara desde finales de mayo y todo junio con conferencias, talleres, pláticas y conciertos en torno a la protección del medio ambiente. Agustín del Castillo
miércoles, 4 de marzo de 2009
CRISIS AMBIENTAL, RECUENTO DE ERRORES Y HORRORES
Agustín del Castillo, revista FOLIOS, año II, número 11
No puede tener tono optimista un artículo que evalúa someramente lo que el sector público de México y de Jalisco, por vía de presupuestos, de estímulos y de aplicación de la ley, están aportando para resolver el tremendo problema ambiental, que ha pasado de un asunto casi de ornato –así lo veían 99 por ciento de los políticos hace menos de dos décadas- a un auténtico desafío para el desarrollo y la viabilidad de nuestro modelo de civilización. Ni más ni menos.
El problema es que a los políticos sólo les cayó parte del veinte –metáfora impropia, los veinte ya ni siquiera existen, pero todo mundo la entiende- y se dieron cuenta de que lo “verde” vendía: se hizo recurrente tema de propaganda electoral. Luego se quedaron en la idea de que plantando árboles por todos lados se afrontaba responsablemente esa realidad. Tenemos también como veinte años en que hemos plantado tal vez entre 800 y mil millones de arbolitos, con miles de millones de pesos del erario, y el problema no ha hecho sino aumentar, además de que la mayor parte de esos arbolitos están muertos (y qué decir de algunos ingeniosos servidores públicos que se hicieron ricos con ese rodar perverso; la corrupción es la marca de la casa).
¿Nadie les enseñó, hombres brillantes que son, que había que atacar las causas del deterioro, y no algunas manifestaciones de la superficie? El fracaso en atisbar siquiera una metodología racional para alcanzar ese conocimiento elemental, sólo es revelador de otro de nuestros grandes desastres como nación: el educativo. Y no es menor factor la insufrible frivolidad de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que en México han detentado el poder, con un compromiso casi nulo con la generación de conocimiento científico, clave de éxito para otras naciones a las que se admira como ejercicio retórico, pero casi nadie sabe en realidad por qué (y ad nauseam, rueda el círculo vicioso…).
Así cómo se le puede pedir a la clase política si quiera un planteamiento adecuado del problema, y que el gasto público sirva para algo más que aspirinas. No hay que ser. Y mucho menos esperar que el asunto lo dejen en manos de los que los que saben y de los que lo viven: eso equivale a perder parcelas de poder y dárselas a científicos y ciudadanos, cúmulo de horror para todas las burocracias. Por eso aportan modestos presupuestos al sector ambiental –donde trabajan algunos técnicos capaces y muchos burócratas- y por eso bloquean iniciativas ciudadanas para afrontar casos específicos.
En Jalisco tenemos asuntos emblemáticos para ilustrarlo: la gestión del río Ayuquila, siempre frenada en las esferas públicas y dotada de presupuestos magros; los movimientos ciudadanos por el saneamiento del río Santiago y por el rescate del bosque del Nixticuil, cuya descalificación ha llegado a un intento de criminalizar a sus líderes; la promoción de una reserva de la biosfera en Talpa de Allende para proteger valiosísimos bosques de niebla, únicos en el Pacífico mexicano, a la cual simplemente han ninguneado (por ser pobres y por ser rurales, lo que se traduce en muy pocos votos).
La necia realidad
Pero los datos allí están. Este es un resumen de la destrucción que afrontamos, pese al autismo de nuestros políticos:
México produce al año riqueza por alrededor de 900 mil millones de dólares (cifras de 2007), pero más de 100 mil millones (12 por ciento) son lo que cuesta la destrucción ambiental que provocan los modos para generar esa riqueza (estimación de un análisis de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, 2001).
¿Cuáles son esos modos? Destruyendo bosques, selvas y desiertos naturales (unas 225 mil hectáreas al año según el gobierno; entre 600 mil y 800 mil ha, según diversos analistas), contaminando cuerpos de agua (de 160 mil a 180 mil litros de aguas negras o grises por segundo, 65 por ciento del total descargado), arrojando desechos a la atmósfera (una ciudad como Guadalajara es responsable de 1.4 millones de toneladas de emisiones anuales; la zona metropolitana del valle de México emite cuatro millones de toneladas, según el Instituto Nacional de Ecología), generando basura (unas 200 mil toneladas diarias en todo el país).
Además de lo que se contamina directamente, están los efectos: pérdidas de fuentes de captación de agua, de sumideros de carbono, de suelo fértil y de diversidad biológica, lo que en primer lugar, es un desastre para la vida campesina, pero a las ciudades las obliga a acceder a servicios más caros, a traer el agua de lugares más distantes (Saqueando otras regiones), a pagar más en servicios médicos y en seguridad pública (pues nuestras distopías urbanas pierden los espacios públicos a favor de los intereses especulativos privados). Daños económicos: la tierra rinde menos productivamente; los peces y crustáceos desaparecen como dieta de los rurales más pobres; los riesgos de desastres se acrecientan por avalanchas (el bosque desaparece y la tierra queda a merced de la gravedad y los elementos), inundaciones (ríos y lagos invadidos, que al cabo el agua iba a tardar en regresar), sequías y epidemias. En el campo, la migración o la siembra de enervantes (“narco o norte”, dicen los rancheros) terminan como únicas salidas. En la ciudad, los caminos también se cierran.
Así, México ha logrado convertirse en una de las 15 zonas “bajo amenaza crítica” del mundo, según la propia CCAAN.
En el documento Prioridades en el reforzamiento de la capacidad de gestión ambiental en México, la organización multinacional señalaba en 2001 que para que el agotamiento de los recursos naturales se reflejen en la economía, se constituyó el Producto Interno Neto Ecológico (PINE), que es resultado de restar de la contabilidad de la riqueza nacional (o PIB: producto interno bruto) los costos anuales de este agotamiento: ahora oscila entre 11 y 14 por ciento del PIB.
Pero “si las condiciones observadas durante los últimos diez años se mantienen, en el año 2030, mientras el PIB podría ser 14.6 veces mayor que el de 2000, los costos de agotamiento y degradación serían 37.4 veces más elevados (...) es decir, el ajuste por costos ambientales alcanzaría 25.6 por ciento del PIB, lo que significa que entre 2000 y 2030, cada dos años se estaría sumando un punto porcentual del PIB en deterioro ecológico”.
¿Hace falta ofrecer más detalles que demuestran com la crisis ambiental es social, económica y política, y en suma, se ha convertido en la crisis esencial de nuestra civilización?
El organismo de América del Norte llega a la conclusión obvia: para afrontar este reto, la nación requiere incrementar el gasto de protección ambiental.
El gasto sí aumentó
México gasta más dinero que nunca en la protección ambiental, no se puede negar. Pero mientras el gasto federal aprobado para 2009 rebasa tres billones de pesos (3,045 millones de millones de pesos), la asignación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ronda 30 mil millones, esto es, uno por ciento del presupuesto y como 0.3 por ciento del PIB. Conafor tiene más de cuatro mil millones, Comisión Nacional del Agua, unos 32 mil millones (pero los recursos para sanemiento no rebasan el 15 por ciento), y la Comisión Nacional de Áreas Natuales Protegidas, 1.250 millones. En resumen, contra PIB, apenas se aplica un modesto uno por ciento de gasto en protección ambiental (si somos hombres de buena fe y creemos que completan el punto la nada generosa aportación de estados y municipios al tema); un abismo ante el 11 a 14 por ciento del costo del deterioro.
¿Cuál sería la solución? Simple, la lógica ambiental indica que no se trata de un asunto especial. Justamente, como todo está inserto en un ambiente, lo ambiental debe ser transversal a todos los asuntos: política, economía, sociedad, cultura, costumbres… para acabar pronto, religión. La visión de mundo de cada cual entraña, sin duda, un efecto ambiental, pues se trata de cómo vemos al mundo y cómo vamos a participar de él.
Si esto es verdad, lo correcto es que el componente ambiental siempre sea considerado en los proyectos de todas las carteras de un gobierno. La realidad siempre fue otra: el ambiente tenía costo cero. El bosque estaba para ser talado, el lago para ser contaminado, el corredor biológico para cortarse ante la urgencia de la carretera o la presa hidroeléctrica. Eran “costos inevitables” en el camino al desarrollo.
Ese desarrollismo alemanista o echeverrista, sigue siendo el camino de los gobiernos de la alternancia. Horror, pero real. Felipe Calderón es ahora el presidente “de la infraestructura”; Emilio González Márquez será este 2009 el gobernador jalisciense que construya decenas de obras para sacar del atraso a sus gobernados. Muy bien, pero dónde están las consideraciones ecológicas para hacer que esas obras sobrevivan (las carreteras de la costa de Jalisco, orgullo de la Administración de Francisco Ramírez Acuña, siguen cayéndose), para que realmente saquen del atraso a sus presuntos beneficiarios (¿hay que recordar el caso de Riviera Nayarit, donde los ejidatarios venden y son expulsados por los capitales privados?), para que el capital natural, que pretenden usar como fundamento de nuevos proyectos, no se arruine.
Jalisco nunca se raja
Pero Jalisco es emblemático en esto. En la entidad no sólo no se ha consolidado un solo proyecto ecológico importante desde 1995, sino que ha habido un retroceso real en relación con periodos de gobierno anteriores.
Qué puede pensar un ciudadano cuando ve que se construyen obras públicas violando todas las disposiciones legales y concediendo migajas de financiamiento a lo ambiental. Cómo olvidar ese humor involuntario del exsecretario de Desarrollo Urbano, Claudio Sáinz David, quien adujo como prueba de su ardiente ecologismo el que “hemos sembrado arbolitos” en las vías carreteras que promovió sin permisos federales, que hoy son el factor principal de presión y destrucción de ecosistemas cuya riqueza ni él ni otros actores de gobierno pueden imaginar.
Qué decir del caso de la planeación ambiental de la zona metropolitana. La misma Sedeur aplicó por años un plan de obras que sólo deteriora más la calidad del aire y de vida de los tapatíos. Si revisamos el padrón de vehículos que había en 1997 contra el actual, constatamos que creció… 98 por ciento. En el mismo periodo, ni un solo metro de tren eléctrico, reestructuraciones a medias del transporte público —por temor a las mafias políticas que lo controlan—, un programa de afinación controlada con resultados risibles, áreas verdes reducidas por “prioridades públicas” e intereses privados, árboles que se podan (“talar” es una palabra más honesta), ríos que se borran… ¿El gobierno tiene la culpa de esto? Por supuesto, somos un país donde el sector público históricamente ha sido grande y poderoso, y ha definido los destinos particulares. La ley es clara: ninguna casa, ningún cimiento, ningún negocio, se pueden instalar si la anuencia de un gobierno. Y los árboles se quitan si tienen un permiso municipal. No hay mucho para dónde hacerse. El egoísmo de los particulares es un problema normal en todas las sociedades… lo que no es normal es que los gobiernos se les plieguen, pero en nuestro entorno sucede, sobre todo si esos particulares cuentan “con poder de lobby”, como les gusta decir a los economistas.
Lo lamentable es que por primera vez en la historia del estado, se contaba con los instrumentos legales para lograr el desarrollo sustentable. Y bueno, hay desarrollo para todos, hay carreteras, hay espacio para autos, hay fraccionamientos, hay algo de inversión. Todo fincado en dudosas bases ambientales, y fuera de duda, violando los derechos más elementales de las mayorías. Pero además, es un esquema terriblemente miope: el desarrollo de hoy destruye las bases del futuro. Sin natura no hay cultura, como nos enseñaron los maestros de las primarias donde muchos de los funcionarios se supone que estudiaron.
Ahora se pretende cambiar la historia y entrarle al toro por los cuernos, con leyes que obligan a separar basura, a afinar y reducir emisiones, y que buscan reducir la enorme, descomunal, impunidad ambiental. También hay planes de nuevas áreas protegidas, pagos por servicios ambientales y proyectos forestales, un programa de transporte que se supone, ahora sí apoyará al ciudadano de a pie, y evitará la manía de comprar carros, por necesidad o por pretensiones, para que nos parezcamos a Barcelona o a Londres…
Eppur si mouve, dijo Galileo (“y sin embargo, se mueve”). Las inversiones más urgentes en el tema ambiental demandaban 800 millones de pesos como presupuesto en 2009 para Jalisco, pero el Ejecutivo se limitó a plantear un gasto ligeramente superior a 130 millones. La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) es la que cuenta con menos dinero. Un patito feo que no se ve para cuándo se hará cisne.
Nueva área protegida del volcán Nevado, en su fase final
Bosque mesófilo de montaña vecino del volcán; el calentamiento global podría acabarlo; durará 60 días la consulta pública de los documentos sustantivos
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Se busca decretar a 7,212 hectáreas del Nevado como parque estatal. Foto: Público
Ayer se abrió el proceso de consulta de los documentos sustantivos para decretar como parque estatal cuatro polígonos de más de siete mil hectáreas de bosques de niebla (o mesófilos) del Nevado de Colima; los ciudadanos tendrán acceso a esa información y podrán incorporar sus observaciones, anunció ayer la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).
La propuesta de declaratoria es “Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima”. El Estudio Técnico Justificativo, el programa de aprovechamiento y los polígonos a protegerse pueden ser consultados en la página web de la dependencia, http://www.semades.jalisco.gob.mx;/ también están disponibles en su sede, en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Plan de San Luis, en la colonia Mezquitán Country.
La superficie total es de 7,212 hectáreas, dentro de los municipios de San Gabriel, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande.
Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación y Desarrollo Sustentable de la Semades, subrayó que “con esta declaratoria no sólo se protegerá la zona, sino que las comunidades que integran los cuatro polígonos a protegerse tendrán la oportunidad de canalizar mayores apoyos económicos […] los ejidos colindantes al bosque podrán participar en programas de conservación y desarrollo organizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp], programas de empleo temporal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], así como por la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; podrán concursar con un mayor puntaje en la selección de programas”.
Del total del territorio nacional, 0.8 por ciento corresponde a bosque mesófilo, un ecosistema que enfrenta retos severos de supervivencia ante el calentamiento global. En Jalisco, además puede encontrarse en la Sierra Madre del Sur, en la zona “bosque de maple”, en Talpa de Allende, donde está también en proceso de protección. También hay manchones importantes ya protegidos en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán. Superficies importantes de este ecosistema se ubican en la franja del eje neovolcánico y en algunos puntos de la Sierra Madre Occidental, sin protección. El bosque mesófilo llega a tener densidades de diversidad de especies similares a la selva húmeda perennifolia. Es una de las comunidades más ricas del planeta.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Se busca decretar a 7,212 hectáreas del Nevado como parque estatal. Foto: Público
Ayer se abrió el proceso de consulta de los documentos sustantivos para decretar como parque estatal cuatro polígonos de más de siete mil hectáreas de bosques de niebla (o mesófilos) del Nevado de Colima; los ciudadanos tendrán acceso a esa información y podrán incorporar sus observaciones, anunció ayer la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).
La propuesta de declaratoria es “Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima”. El Estudio Técnico Justificativo, el programa de aprovechamiento y los polígonos a protegerse pueden ser consultados en la página web de la dependencia, http://www.semades.jalisco.gob.mx;/ también están disponibles en su sede, en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Plan de San Luis, en la colonia Mezquitán Country.
La superficie total es de 7,212 hectáreas, dentro de los municipios de San Gabriel, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande.
Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación y Desarrollo Sustentable de la Semades, subrayó que “con esta declaratoria no sólo se protegerá la zona, sino que las comunidades que integran los cuatro polígonos a protegerse tendrán la oportunidad de canalizar mayores apoyos económicos […] los ejidos colindantes al bosque podrán participar en programas de conservación y desarrollo organizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp], programas de empleo temporal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], así como por la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; podrán concursar con un mayor puntaje en la selección de programas”.
Del total del territorio nacional, 0.8 por ciento corresponde a bosque mesófilo, un ecosistema que enfrenta retos severos de supervivencia ante el calentamiento global. En Jalisco, además puede encontrarse en la Sierra Madre del Sur, en la zona “bosque de maple”, en Talpa de Allende, donde está también en proceso de protección. También hay manchones importantes ya protegidos en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán. Superficies importantes de este ecosistema se ubican en la franja del eje neovolcánico y en algunos puntos de la Sierra Madre Occidental, sin protección. El bosque mesófilo llega a tener densidades de diversidad de especies similares a la selva húmeda perennifolia. Es una de las comunidades más ricas del planeta.
-----------------------------------
CLAVES
Los cuatro polígonos a protegerse en la primera área natural estatal son los siguientes, en su respectivo municipio: San Gabriel, 408 hectáreas; Tuxpan, 2,538 ha; Zapotitlán de Vadillo, 3,682 ha, y Zapotlán el Grande, 584 ha. Total: 7,212 hectáreas
De este modo, la zona protegida en la montaña más alta del occidente mexicano se duplicará, pues actualmente el parque nacional ubicado en su cumbre alcanza menos de siete mil ha. Los tipos de vegetación protegidos en la zona serán así el bosque de pino-encino, el bosque mesófilo de montaña, fragmentos de bosque de oyamel, de aile, de Pinus hartwegii y zacatonal. Quedan pendientes amplios manchones de bosque de Abies religiosa
martes, 3 de marzo de 2009
Mujer suprema, oceáno moreno, amor ígneo
.jpg)
¿Quién dijo que no se pueden tomar bellezas en el puerto de Manzanillo?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)