En el ánimo de contribuir en el debate de la situación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde se ha dado un divorcio entre las dos entidades fundamentales para su conservación, UdeG y la Conanp, este espacio reproduce íntegro un cuestionario que le solicitamos a Enrique Jardel Peláez, experto forestal de la casa de estudios en el Centro Universitario de la Costa Sur, para abordar el tema. La fecha de entrega del texto al reportero fue el 4 de marzo de 2009, por vía electrónica. Se respeta totalmente las grafías del texto original
- ¿Cómo analizaría el proceso que ha sucedido los últimos cinco años en la reserva?
- Es difícil hacer de manera breve y concisa un análisis de la situación actual de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM). Para esto es necesario considerar sus antecedentes. La RBSM nació en 1987 con un enfoque conceptual basado en la propuesta del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO de poner en práctica una forma alternativa de la conservación de la naturaleza culado al desarrollo social, entendido este último como un proceso de organización social dirigido a mejorar las condiciones de vida de la gente sobre la base de un aprovechamiento sustentable (ecológicamente apropiado, socialmente justo y equitativo y económicamente viable) de los recursos naturales.
El enfoque de las reservas de la biosfera de MAB, refrendado en el Plan de Acción de Madrid en 2008, partió de un análisis crítico del modelo convencional de conservación, representado por los parques nacionales, que se había centrado en la protección de espacios naturales contra una serie de amenazas de origen humano, por lo cual en esencia se planteaba la exclusión de la gente excepto como visitantes ocasionales de las áreas protegidas. En contraste, el modelo de reserva de la biosfera de MAB planteaba “abrir la conservación a los seres humanos”. Dicho enfoque partía también de una crítica a los modelos de desarrollo centrados en el crecimiento económico y la explotación de la naturaleza. La idea era que las reservas de la biosfera sirvieran como sitios de experimentación de las posibilidades de una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza, y que el aprendizaje generado en su gestión trascendiera los estrechos límites de las áreas protegidas.
La propuesta de las reservas de la biosfera establece la necesidad de integrar objetivos de conservación y desarrollo, incorporando la investigación científica y la educación como medios para la generación del conocimiento y las capacidades necesarias para un manejo basado en principios de sustentabilidad. El manejo de las reservas de la biosfera se basa en un ordenamiento territorial o zonificación, definiendo zonas núcleo dedicadas a la protección de la naturaleza en sentido estricto, rodeadas de zonas de amortiguamiento dedicadas a distintas formas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y estas a su vez circundadas por una zona de transición que incluye la región de influencia de la reserva, donde se busca inducir mejoras en la gestión ambiental y el uso de los recursos. Es necesario comprender este enfoque como marco del análisis de la situación actual en las reservas de la biosfera mexicanas, que tienen la particularidad de ser decretadas (incluyendo zonas núcleo y de amortiguamiento), independientemente de su designación por MAB-UNESCO.
Partiendo de condiciones iniciales complejas y difíciles –conflictos sociales en torno a la tierra y los recursos naturales, marginación y pobreza, secuelas ambientales y sociales de una larga historia de explotación de recursos como la madera, falta de comprensión y apoyo de los sectores gubernamentales a una iniciativa como la reserva de la biosfera, medios financieros limitados, etc. –el proyecto de la RBSM comenzó a consolidarse hasta mediados de los noventa. Entre 1987 y 1993 hubo un vacío institucional: a pesar del mandato legal del decreto, el gobierno federal no asignó ni personal ni presupuesto para la gestión del área. Este vacío fue llenado parcialmente por la Universidad de Guadalajara a través del Instituto Manantlán (IMECBIO), que asumió la responsabilidad de mantener en marcha el proyecto de la reserva (es importante señalar que la participación de la U de G está establecida en el decreto de la RBSM).
Las cosas cambiaron a partir de 1993, cuando se crea la Dirección de la RBSM (que actualmente depende de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONANP), gracias al establecimiento de una relación de estrecha colaboración entre esta dependencia y los actores involucrados en la gestión del área protegida: la institución educativa y de investigación promotora del proyecto (la U de G), las comunidades agrarias de la Sierra de Manantlán (dueñas de las tierras de la reserva), y los gobiernos municipales, con el apoyo de organizaciones conservacionistas y algunos programas gubernamentales. La Dirección de la RBSM asumió su papel de sumar esfuerzos de esos actores e integrar de manera coordinada sus acciones. Para esto se construyó un espacio de planeación y evaluación, deliberación, resolución de conflictos, coordinación y concertación de acciones a través de los “Consejos Asesores” de la RBSM (uno en Jalisco y otro en Colima), como la principal instancia para la gestión del área protegida. Se elaboró también un programa de manejo, aún vigente, como guía para la gestión de la RBSM, que fue sometido a un amplio proceso de consulta, revisión y retroalimentación, y este programa se puso en práctica.
Es importante considerar estos antecedentes para entender como se ha ido deteriorando la situación en los últimos cinco años y como pasamos de la construcción de espacios de colaboración a situaciones de conflicto y confrontación.
- ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos cinco años?
- Quizá lo más notorio de los problemas de los últimos cinco años ha sido la inestabilidad en la Dirección de la RBSM que ha tenido tres cambios de director en este período, la confrontación de esta dependencia con la Universidad de Guadalajara por diferencias en la conducción de la gestión de la RBSM, y el resurgimiento de problemas no resueltos –conflictos de tenencia de la tierra, la presión de intereses en la explotación minera y demandas de las comunidades locales que no han sido resueltas – . Pero la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no solo de la RBSM, sino de las áreas protegidas en general, ya que los problemas que se presentan en Manantlán no son únicos en el contexto nacional.
-Cuando se habla de regresión, ¿específicamente en qué aspectos se ha dado?
- Hablo de regresión para referirme a una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturaleza poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y a una vuelta a la confrontación dejando a un lado las relaciones de colaboración.
Quiero dejar claro que si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta respecto a las áreas protegidas, podemos ver que de mediados de los noventa a la fecha han habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones (personal, infraestructura, financiamiento) para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran solo “áreas protegidas de papel”. Se creó una dependencia de alto nivel encargada de la gestión de las áreas protegidas, la CONANP, y un órgano ciudadano de consulta y deliberación sobre la política de conservación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CNAP). Y algo muy importante de los avances en estos años fue el establecimiento de relaciones de cooperación entre el gobierno, las ONG conservacionistas, organizaciones sociales e instituciones académicas. Ha habido muchos logros y estos están documentados en los anuarios que publica la CONANP (disponibles en su página de Internet). Pero al mismo tiempo hay muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano y a sectores como el forestal o el pesquero, y todo esto en medio de un creciente deterioro del ambiente y de la economía. Las áreas protegidas no son “islas” donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable. Y además, en situaciones de desigualdad e injusticia, las áreas protegidas muchas veces recrudecen las contradicciones y conflictos sociales existentes en el campo.
Parte de la regresión a la que me refiero, consiste en una vuelta a la “mentalidad de plaza sitiada” en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de “comando y control” en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común.
La “mentalidad de plaza sitiada” es considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidadad, excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno, sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de esta con las políticas públicas de desarrollo. Esto condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones.
El otro aspecto de la regresión es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de “comando y control”. Desde esta perspectiva la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños –comunidades agrarias, propietarios particulares – , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos. Esto contrasta con un enfoque de gestión basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales. Participación efectiva quiere decir que estos actores –comunidades agrarias, organizaciones sociales y asociaciones civiles, gobiernos municipales, instituciones académicas, etc. intervienen en la deliberación, la planificación y la toma de decisiones, y que la instancia gubernamental responsable de la conservación asume un papel de coordinación, promoviendo, concertando y apoyando las acciones de gestión del área protegida. La insistencia de la CONANP en reducir el número de integrantes de los Consejos Asesores de Manantlán y convertirlos en meras instancias de consulta, es una muestra de esa tendencia regresiva.
- ¿La representación social se ha perdido?
- Los Consejos Asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que si se ha limitado (no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas), y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la CONANP, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.
- En conclusión, ¿Cómo juzgar el papel jugado por la CONANP?
- Hay que reconocer la importancia de la tarea que cumple la CONANP como dependencia gubernamental responsable de las áreas protegidas. Ha tenido logros muy importantes, pero también hay que reconocer que estos logros han sido posibles gracias a la colaboración que involucra a múltiples actores y que hay aún muchas cuestiones no resueltas.
El problema es cuando no se reconoce el papel de los aliados en la conservación, o cuando no hay interés en resolver los problemas, o peor aún cuando se trata de excluirlos y se ignoran sus propuestas y planteamientos críticos. Por ejemplo, la CONANP ha mostrado muy poco interés (en la práctica y más allá de las simples declaraciones) en restablecer las relaciones de colaboración con la U de G. Tampoco ha mostrado su disposición para intervenir en ciertos problemas críticos que afectan a la RBSM y su región de influencia, como por ejemplo el caso de la resolución de un juez que otorga la propiedad de un terreno afectando a la Estación Científica Las Joyas (el principal sitio de investigación y educación de la reserva), y a dos predios (uno ejidal, Ahuacapán, y otro particular) que realizan actividades planificadas de aprovechamiento forestal en la zona de amortiguamiento.
Otro ejemplo es el caso de las presiones de explotación de recursos mineros y la situación de la dotación incompleta de las tierras del ejido Ayotitlán; la CONANP no ha intervenido en estas situaciones que afectan al principal núcleo de población indígena de la RBSM y su región de influencia. Y un caso mas es el alejamiento de la Dirección de la RBSM del trabajo de gestión ambiental intermunicipal en la cuenca media del Río Ayuquila, a pesar de que el 60% del área protegida está en dicha cuenca y de las implicaciones de ese trabajo para restaurar y conservar el principal ecosistema fluvial de la reserva.
- ¿Por qué se hizo difícil la relación entre la Conanp y la UdeG?
- La relación siempre fue difícil (cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones), pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista.
- La [dirección de la] reserva en el pasado se involucraba en apoyar a las comunidades de la zona de influencia frente a intereses poderosos como los mineros y los madereros ¿esto también se perdió?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP. Como lo señalé antes, la CONANP últimamente se ha mantenido al margen.
- El caso río Ayuquila, ¿cuál explicación de la retirada de la reserva en su gestión?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP.
- ¿Se ha intentado vencer las diferencias?
- Sí. La misma CONANP propuso un proceso de análisis y conciliación e incluso asignó a como mediador a un especialista en resolución de conflictos, pero a dejado de dar seguimiento al proceso. También la U de G, y la Fundación MABIO ha continuado colaborando en actividades conjuntas con la CONANP, como es el caso de la aplicación del programa de manejo del fuego de la reserva, pero la colaboración no ha sido fácil.
- ¿Cuál es la solución, cómo rescatar el proyecto, cómo vencer los conflictos?
- Antes de proponer soluciones, habría que hacer un análisis concienzudo de la situación actual en la RBSM y del contexto social, especialmente en una coyuntura difícil por las implicaciones que sin duda tendrá la recesión económica. Habría que empezar también por mostrar disposición para discutir y analizar conjuntamente los problemas para generar propuestas y acuerdos que sean resultado de un trabajo conjunto y no de imposiciones unilaterales.
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