Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Algunos líderes sociales de la comunidad nahua de Ayotitlán y activistas de derechos humanos reclaman ser considerados como “terceros perjudicados” en el conflicto por la propiedad de la estación científica de Las Joyas, en la sierra de Manantlán.
En diversos escritos entregados a este diario, firmados por el presidente de la red jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí; por líderes de la zona indígena, como Víctor Manuel Ramírez, Juan Mancilla, Daniel Ramos Elías, Roberto Covián y Héctor Campos; por el ex director de Manantlán, Martín Gómez García, entre otros, establecen la necesidad de que se reconozcan derechos de las comunidades agrarias, pues insisten —contra la opinión del gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara— en que Las Joyas es un área natural protegida estatal, y no sólo un predio enclavado al interior de la principal zona núcleo de esta reserva de la biosfera federal.
El primer escrito, firmado por indígenas, fue entregado el pasado mes de febrero tanto al gobernador Emilio González Márquez como al rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, “pues en su demanda de amparo se olvidaron, como es ya costumbre, de llamarlos a comparecer [a los nahuas] como lo que son en este último litigio: terceros perjudicados. Al no ser llamados por el racismo subliminal y explícito de dichas autoridades al juicio, ellos han decidido comparecer y apersonarse directamente para acreditar su legítimo derecho, personalidad e interés jurídico”, advirtió González Garí.
La alusión es al amparo contra el juicio civil que “despojó” legalmente de la propiedad de Las Joyas al estado, en favor de un grupo de propietarios con una escritura espuria y actos de posesión precarios (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
El activista explicó que la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Silvicultores de la Sierra de Manantlán, AC, “seguimos también con nuestro amparo contra el decreto del Congreso que autorizó la transferencia de Las Joyas del gobierno del estado a la UdeG, mediante un comodato a 99 años. El amparo está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, desde el año 2007 y no ha sido resuelto todavía”.
En una carta posterior, critican “la visión que exponen los dos grupos de poder antagónicos de la UdeG y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], en torno al control de la reserva […] como si la conservación de los valores naturales dependiera de un arreglo entre las dos facciones y no de mecanismos públicos y democráticos de representación de las comunidades dueñas de las tierras que forman la sierra (en alusión al tema aparecido en Público el pasado 5 de marzo de 2009).
Estos mecanismos, agregan, “son indispensables para acordar, evaluar y validar o rectificar las formas de preservar la riqueza natural de esta región, asegurando el desarrollo a los dueños ancestrales de este territorio […] la visión de los derechos que tienen las dos facciones, es la de disponer de recursos sin rendir cuentas, ni entregar los resultados obligados”.
Cuestionan a la Conanp, pues “se arroga atribuciones excesivas, para imponerse por la fuerza, de manera ilegal y sin la legitimidad de la eficacia en la solución de problemas, violentando derechos elementales de las comunidades e incumpliendo reiteradamente obligaciones generales para toda la administración pública: la de la transparencia, la probidad, la atención y en general, la solución de los problemas que son de su competencia. Es indispensable preguntarse cuáles son los resultados de la administración de la reserva, frente a las atribuciones y los recursos ejercidos y por qué no se han trasparentado las auditorías realizadas por desvío de recursos”.
Por su parte, “los representantes del grupo de académicos que han usufructuado el manejo de la reserva, buscan presentar a la Conanp como los responsables únicos del desastre que es la gestión de la principal área natural protegida del occidente del país. Hasta ahora no han presentado los resultados de las obligaciones que asumió la UdeG, para generar conocimiento aplicado al manejo sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”, añaden.
En diversos escritos entregados a este diario, firmados por el presidente de la red jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí; por líderes de la zona indígena, como Víctor Manuel Ramírez, Juan Mancilla, Daniel Ramos Elías, Roberto Covián y Héctor Campos; por el ex director de Manantlán, Martín Gómez García, entre otros, establecen la necesidad de que se reconozcan derechos de las comunidades agrarias, pues insisten —contra la opinión del gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara— en que Las Joyas es un área natural protegida estatal, y no sólo un predio enclavado al interior de la principal zona núcleo de esta reserva de la biosfera federal.
El primer escrito, firmado por indígenas, fue entregado el pasado mes de febrero tanto al gobernador Emilio González Márquez como al rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, “pues en su demanda de amparo se olvidaron, como es ya costumbre, de llamarlos a comparecer [a los nahuas] como lo que son en este último litigio: terceros perjudicados. Al no ser llamados por el racismo subliminal y explícito de dichas autoridades al juicio, ellos han decidido comparecer y apersonarse directamente para acreditar su legítimo derecho, personalidad e interés jurídico”, advirtió González Garí.
La alusión es al amparo contra el juicio civil que “despojó” legalmente de la propiedad de Las Joyas al estado, en favor de un grupo de propietarios con una escritura espuria y actos de posesión precarios (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
El activista explicó que la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Silvicultores de la Sierra de Manantlán, AC, “seguimos también con nuestro amparo contra el decreto del Congreso que autorizó la transferencia de Las Joyas del gobierno del estado a la UdeG, mediante un comodato a 99 años. El amparo está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, desde el año 2007 y no ha sido resuelto todavía”.
En una carta posterior, critican “la visión que exponen los dos grupos de poder antagónicos de la UdeG y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], en torno al control de la reserva […] como si la conservación de los valores naturales dependiera de un arreglo entre las dos facciones y no de mecanismos públicos y democráticos de representación de las comunidades dueñas de las tierras que forman la sierra (en alusión al tema aparecido en Público el pasado 5 de marzo de 2009).
Estos mecanismos, agregan, “son indispensables para acordar, evaluar y validar o rectificar las formas de preservar la riqueza natural de esta región, asegurando el desarrollo a los dueños ancestrales de este territorio […] la visión de los derechos que tienen las dos facciones, es la de disponer de recursos sin rendir cuentas, ni entregar los resultados obligados”.
Cuestionan a la Conanp, pues “se arroga atribuciones excesivas, para imponerse por la fuerza, de manera ilegal y sin la legitimidad de la eficacia en la solución de problemas, violentando derechos elementales de las comunidades e incumpliendo reiteradamente obligaciones generales para toda la administración pública: la de la transparencia, la probidad, la atención y en general, la solución de los problemas que son de su competencia. Es indispensable preguntarse cuáles son los resultados de la administración de la reserva, frente a las atribuciones y los recursos ejercidos y por qué no se han trasparentado las auditorías realizadas por desvío de recursos”.
Por su parte, “los representantes del grupo de académicos que han usufructuado el manejo de la reserva, buscan presentar a la Conanp como los responsables únicos del desastre que es la gestión de la principal área natural protegida del occidente del país. Hasta ahora no han presentado los resultados de las obligaciones que asumió la UdeG, para generar conocimiento aplicado al manejo sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”, añaden.
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