CIP, los negocios de un exgobernador

Antonio Toledo Corro vendió el predio Las Cabras para megadesarrollo turístico. Mandatario sinaloense en los años 80, señalado por la DEA por vínculos con narcos, es un hombre con gran influencia en la vida de su natal Escuinapa

Agustín del Castillo, enviado / Escuinapa, Sinaloa. MILENIO JALISCO

El nombre de Antonio Toledo Corro suscita vivos debates entre los moradores de este municipio del sur de Sinaloa, del que es nativo el ex gobernador que alguna vez estuvo en la mira de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Que el mandatario en funciones, Mario López Valdés, Malova, se decidiera a rehabilitar al también llamado “Tigre de Escuinapa”, no ha apagado las viejas polémicas. Y ahora, con el centro integralmente planeado (CIP) del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), en la isla del Palmito del Verde, menos.

El 23 de junio de 1987, Los Angeles Times publicaba: “Agentes antidrogas estadounidenses en ambos lados de la frontera hablan amargamente del papel desempeñado por el ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro para tolerar el contrabando de drogas en su estado. Según una fuente de la DEA, "recibió el dinero en una gran escala" de los traficantes de drogas” (artículo completo, en http://articles.latimes.com/1987-06-23/news/mn-10162_1_drug-trafficker/2). En el México de esa época, Proceso número 650 documentaba la discutida gestión del gobernador y su relación con el legendario capo Félix Gallardo (reportaje de Francisco Ortiz Pinchetti, 15 de abril de 1989).

“Cuando estaba Toledo de gobernador conocimos al Cochiloco [Manuel Salcido Unzueta, asesinado en Guadalajara en 1991]; ese rancho de Los Ángeles que está en la isla, lo compró a los Escutia, lo levantó con caballos de raza, se construyó una casa de playa y le daba empleos a la gente; Toledo lo invitó a invertir, hasta hicieron una pista de conchas, aeropista o narcopista”, señala irónico un morador de Teacapán, en la punta del territorio insular.

No se apaga el eco ni con el tema del narco –“Toledo es dueño del único Cadillac de Escuinapa, y nomás trae a su chofer; se pasea libre porque todos los capos lo respetan”, secunda otro isleño- ni con el de sus negocios personales, que por caminos escabrosos conducen al megadesarrollo en el predio Las Cabras, frente a la playa de El Espíritu, al que se accede por la carretera estatal que va de la cabecera municipal hacia el poniente, por el único puente que une la isla al continente.

“El ex gobernado le vende al Fonatur 2,284 hectáreas, pero resulta que el señor no comprueba la situación jurídica de al menos la mitad de esa superficie; se excedió con terrenos que nosotros fijamos con base en títulos virreinales para la Comunidad Indígena de San Pedro Chametla, que datan de entre 1715 y 1762”, denuncia el profesor Óscar Crespo, uno de los voceros del comité que reclama el presunto despojo.

La venta del político es hecho consumado desde 2009, lo que ha llevado al Fonatur a actuar directamente para consolidar su adquisición. El asunto está empalmado a una diferencia de límites que tiene décadas congelada entre los municipios de El Rosario y Escuinapa, pues cuando estaba el proceso de aclaración a punto de culminar, fue frenado en instancias de gobierno, durante los años ochenta del siglo XX.

Chametla es parte del primero, y sus tierras llegaban hasta la isla, que según el representante, era compartida con Escuinapa. Pero el mandatario usó su poder durante sus años de mandato, evitó una aclaración que ya se había promovido a nivel catastral y del Congreso local, y acomodó el lindero para quedarse con las tierras comunales, con base en un certificado de inafectabilidad ganadera. Las Cabras es el nombre para la pequeña propiedad, pero los comuneros lo reclaman como predio Montijo y/o Llano de Mar.

Cuando se hizo la compra-venta, los quejosos de la comunidad se metieron al predio, lo que suscitó una acción policiaca de desalojo en agosto de 2011, pero también le tumbó parte del negocio al político, pues el Fonatur se acogió a una cláusula del contrato en la cual se advertía que no pagaría una fracción de la operación en caso de problemas. Quedaron “volando” 800 millones de pesos, calcula Crespo.

Los solicitantes de las tierras virreinales han debido enfrentar las “mañas” de los representantes judiciales, de la Procuraduría Agraria y del gobierno estatal, que han operado completamente a favor del proyecto del gobierno federal. Hay una denuncia penal por despojo, y el proceso agrario está en suspenso. De hecho, los manejos caciquiles de la comunidad en el pasado, provocaron que se vendieran de facto sus terrenos, pero ello no cancela los derechos agrarios, aclara.

La influencia de Toledo Corro, con casi 95 años de edad, parece aumentar con la edad, gracias al gobernador Malova, quien dijo públicamente en agosto de 2011: “los sinaloenses ya quisiéramos muchos de estos tigres y no bestias que andan destruyendo”.

Así, sus detractores piensan que se mantiene como “el cacique de la región; pone y dispone; cuando estaba de gobernador quiso llenar el valle de palmeras cocoteras, y le repartió a los ejidos dos vacas y cinco puercos para que aguantaran los siete años que tardan en producir; aquí en el ejido nadie lo quiso, pero tenía incondicionales por todos lados”, recuerda don Juventino Vargas, veterano pescador.

Esa huella autoritaria permanece en los que apoyan al Fonatur, agrega. “En una reunión de información, allá por 2009, un ejidatario con la guayabera típica de los años de Toledo, nos acusó de cobardes a los que cuestionábamos el proyecto por los daños al ecosistema, a la pesca y a la agricultura; que no tuviéramos miedo, que si nos íbamos a morir, nos muriéramos de una vez”, añade el viejo, mientras el agricultor Antonio Vargas confirma con la cabeza.

El ex gobernador tiene incluso un instituto educativo que lleva su nombre. Y para que nadie se olvide de este viejo “hombre fuerte” de la era populista, hoy devenido en civilizador por el discurso oficialista, una estatua de frío estaño o bronce despide a los visitantes que dejan la cabecera rumbo a la isla del Palmito del Verde. Es el punto más septentrional de las asediadas Marismas Nacionales. El recio cacique está entre dos niños con su sombrero campirano y apunta sereno hacia el horizonte. Lo acompaña una inscripción en letras plateadas, de indeleble tufo echeverrista: “con educación y trabajo al progreso”.

----------------------------------------

CLAVES

Los detalles

Antonio Toledo Corro fue gobernador de Sinaloa entre los años 1980 y 1986, elegido por su amigo José López Portillo. Había ostentado previamente la cartera de la Reforma Agraria, que heredó al jalisciense Javier García Paniagua

MILENIO JALISCO buscó entrevistar al político, que según los habitantes de Escuinapa, tiene su residencia en Mazatlán. Una llamada a un teléfono celular que una fuente entregó como el personal del hombre nonagenario, no fue respondida

Los políticos que hoy gobiernan Sinaloa lo consideran un civilizador. En mayo de 2011, autoridades y directores de organismos educativos le hicieron un homenaje junto a la comunidad educativa en Escuinapa. Ahí, el gobernador llegado por el Partido Acción Nacional, pero de vieja militancia priista, Mario López Valdez dijo que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido la entidad

El apoyo de Malova y de Toledo Corro al CIP del Fonatur, denominado Playa de Espíritu, tiene en predicamento un importante emporio productivo (ver edición de este diario, del 11 de enero de 2014), por el uso del agua, la contaminación y la destrucción del sistema hidrológico con la apertura de al menos una marina que ya aprobó la Semarnat como primera etapa

Según la Asociación de Agricultores del río Baluarte –cuyas aguas serían extraidas para el megadesarrollo-, el ecosistema sustenta una superficie agrícola de 24 mil hectáreas y más de 106 mil toneladas de producción, nueve agroindustrias, casi cinco mil empleos, diez mil cabezas de ganado para una inversión total anual que se acerca a 300 millones de pesos

En el caso del acuífero Laguna Agua Grande, en la isla del Palmito del Verde, el riesgo es para 8,500 hectáreas, casi 19 mil empleos anuales, 506 mil toneladas de producción y una inversión anual total del orden de 931 millones de pesos

El gobierno de la república decidió en 2013 respaldar de nuevo el CIP de Fonatur, que era proyecto estrella de turismo en la presidencia de Felipe Calderón. No ha sido obstáculo la carretada de opiniones técnicas en contra, y la postura de la convención Ramsar de la ONU, que señala el riesgo para este humedal prioritario a nivel internacional

5 jueces analizan amparos vs OPD del bosque La Primavera

De seis juicios, cinco están en trámite y uno desechado; en integración, nuevos expedientes. La Semadet ha acudido ante los jueces, entre varias autoridades demandadas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Al menos cinco jueces federales han recibido desde noviembre pasado, demandas de amparo contra la decisión del Congreso de Jalisco y del gobernador del estado, de dotar para la gestión del bosque La Primavera –que la entidad recibió en coadministración del gobierno federal, desde 1995-, de un organismo público descentralizado (OPD).

Hay cinco en trámite, otros seis estarían en proceso de integración, pero al menos uno más ya fue desechado, pues el juez cuarto de Distrito consideró improcedente el reclamo del particular.

“Este órgano jurisdiccional estima que, respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se crea la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado Bosque La Primavera, se actualiza la causal de improcedencia […] ello, porque la lectura del numeral que se tilda de inconstitucional se corrobora que se trata de una norma general que requiere de un acto de aplicación, posterior al inicio de su vigencia, que afecte de manera cierta y directa la esfera jurídica del quejoso”, es decir, tendrá que realizarse una acción específica del OPD que signifique un riesgo probable para los derechos del afectado.

Se trata del juicio de amparo 2301/2013, presentado por Antonio Vázquez Cruz, y que fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo. A diferencia de sus similares de los juzgados Primero, Segundo Quinto y Sexto, este juez, Juan Manuel Villanueva Gómez, dijo que ni siquiera las reformas del artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo eliminan la necesidad de acreditar la posibilidad del perjuicio.

“La reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo, acuda al juicio de amparo. Sobre todo si se toma en consideración que, el interés legítimo es el interés personal cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; por lo que dicho presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: a) el interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo); y, b) debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra”.

La reforma citada permite que no sea necesario acreditar el “interés legal” del demandante de una violación de derechos humanos, pero según el juzgador, ello no exime de presentar elementos que acrediten la posibilidad del daño.

En el caso de los otros jueces, el expediente 2474/2013, que se ventila ante el Juzgado Quinto, corresponde al ejido La Primavera, que recibió “suspensión de plano” que se otorga en automático a los núcleos agrarios; en el caso de los juicios 2456, 2453, 2530 y 2458, todos del 2013, y que conocen respectivamente los juzgados Segundo, Primero, Quinto y Sexto, tienen a favor una suspensión provisional para efecto de no ser privado de la propiedad y sus derechos, pero se pronunciarán respecto a la constitucionalidad del OPD hasta entrar al fondo del caso.

Según Marisol Anglés, experta de la UNAM, “la propiedad estatal de las aguas nacionales y los recursos naturales es inalienable e imprescriptible; sin embargo, los particulares podrán explotar algunos recursos por medio de una concesión otorgada por el Ejecutivo Federal […] asimismo, el gobierno federal puede establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean”.

De ese modo, “la Nación mexicana puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país…”.

--------------------------------------

LOS DERECHOS DE PROPIETARIOS “ESTÁN A SALVO”

El director interino (encargado de despacho) del bosque La Primavera, Antonio Ordorica Hermosillo, reiteró ayer que el organismo público descentralizado (OPD) “no afecta la propiedad privada ni ejidal, ni limita sus derechos”.

En su postura, entregada a MILENIO JALISCO, sobre los amparos interpuestos, subrayó: “El OPD es una instancia de administración del área natural protegida. Lo que hará es administrar el área de acuerdo a un programa de manejo que aprueba la federación, y que es el instrumento que determina las actividades y acciones que se pueden y deben realizar en las diversas subzonas, de manera que garanticen el cumplimiento de los objetivos de conservación del decreto”, señaló.

El OPD, añadió, “no está creado para afectar las propiedades al interior del bosque, es una estructura prevista para hacer frente a las obligaciones que contrajo el gobierno del estado al recibir en administración el área protegida”.

El OPD, así, “no está pensado en razón de un reparto de los lugares en la junta de gobierno, sino en un sistema de corresponsabilidades, en donde todos los interesados y autoridades están presentes para la administración y manejo del área natural protegida”.

La junta de Gobierno del OPD “tiene como finalidad ayudar a dirigir la administración del área, con base en lo que se establece el programa de manejo, coordinar y canalizar los esfuerzos y sinergias que se generen y establezcan en beneficio del bosque y por ende de todos los ciudadanos”, puntualizó.

Lluvia de amparos contra OPD del bosque La Primavera

Ejidatarios y parvifundistas se quejan de la imposición del organismo público descentralizados que a su juicio vulnera sus derechos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nacimiento del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, a partir de la publicación de su ley en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 12 de octubre de 2012, ha sido accidentado: sus opositores tienen formalizados cinco juicios de amparo ante la justicia federal en su contra, pero prometen decenas más.

“No iremos contra el decreto de 1980, eso está perfectamente aclarado, no nos interesa dejar de proteger el bosque y no queremos mandar un mensaje equivocado a la sociedad, pero sí lucharemos porque el OPD, que pensamos es ilegal, que es fruto de una ausencia de consulta y de consenso, y de las mentiras del gobierno, sea echado abajo”, señalan los representantes de los propietarios privados y ejidales, respectivamente, Juan Diego Covarrubias y Francisco Olmos.

Como no se trata de un planteamiento meramente negativo, sino que incluye propuesta, alrededor de 250 pequeños propietarios, y once ejidos, constituirán en unas semanas más un consejo regulador por medio del cual se pretende ejercer el reclamo de coadministración que han hecho al gobierno federal.

Los cinco juicios de amparo fueron presentados entre noviembre y diciembre del año pasado, y tienen como efecto inmediato otorgar la suspensión de plano, esto es, que no sean desposeídos de sus bienes muebles e inmuebles que tienen al interior del bosque (ver tabla anexa). El tema de la presunta ilegalidad del organismo será materia del “fondo” de los juicios. Según los entrevistados, habrá en las siguientes semanas decenas de amparos más: unos 60 por parte de la pequeña propiedad, y al menos ocho de la tenencia ejidal.

“Nosotros estando decididos a seguir por este espaldarazo que da el señor gobernador, los diputados no hicieron caso de incluirnos en el mentado OPD, y aunque decidimos inicialmente irnos en contra del decreto de 1980 junto al OPD, porque lo podemos hacer y estábamos seguros que los íbamos a tumbar; platicando varias veces con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera y con el señor Juan Diego Covarrubias, nos decían que no era prudente ni conveniente, no por el gobierno ni por nosotros, sino por darle la calidad de vida a los ciudadanos y seguir conservando el bosque, y estamos de acuerdo, entonces nuestro problema no es el bosque protegido, sino el organismo que de forma abusiva pretende mandar sobre nuestros bienes y nuestros derechos”, pone en relieve Francisco Olmos, presidente saliente de la Unión de Ejidos de La Primavera.

A su juicio, la campaña de promoción del OPD redundó en mentiras porque siempre se les prometió un espacio de participación que hoy les parece insuficiente: dos asientos, compartidos con los pequeños propietarios, que no pesan frente a otros 19 consejeros de origen gubernamental y académico. Dice que no es lo mismo tomar decisiones desde un escritorio si estas no afectan directamente el patrimonio del tomador de decisiones, “como pasa con los burócratas”, a que esté en juego el patrimonio propio involucrado, como sucede con los poseedores del bosque.

“Quienes los conservamos y lo cuidamos somos los que vivimos ahí, es un mito lo de la gestión del gobierno […] desgraciadamente muchas gentes y partidos políticos se suben al carro para hacer y deshacer en documentos; la gente del gobierno dice que no, pero para nosotros es una expropiación maquillada, dice que el OPD es la única instancia que va a poder bajar recursos económicos nacionales, internacionales, estatales y municipales, y eso estaba bien si nos daban 50 por ciento de la administración, pues se trata de recursos que son de nosotros, que son del bosque, que son de los dueños, pero no así, que van a obtener dineros y seguirán sin llegar para la mejora del bosque”, añadió el también ejidatario de Jocotán.

El dirigente cuestionó la decisión del ejido de San Agustín, en particular, del ejidatario Sergio Ontiveros Gómez, de quedarse con la representación ejidal ante la junta de gobierno de la OPD. “Como no quisimos ocupar la silla que era para nosotros, sin ninguna ventaja y nomás por cubrir un requisito, ponen a un individuo que no nos conoce, que no lo conocemos, y que tiene pocas tierras en el bosque; pero como es conveniente que les cubran esa silla, hacen una aberración”.

- ¿El reclamo de ustedes es que quieren participar en la gestión del bosque La Primavera como dueños y actores Sí, es correcto, no pedimos ni oro, ni estrellas, ni maravillas, solamente que sean incluyentes y estar participando en la administración de nuestras tierras; no les decimos a los del gobierno que se vayan, no, se trata de hacer el trabajo en conjunto, ponernos de acuerdo, y no como esta vez que hicieron esto, en que arrasaron, no entendieron razones y nos quisieron imponer esto.

Juan Diego Covarrubias dice que costó trabajo convencer a los campesinos de no objetar el decreto del presidente José López Portillo, del 6 de marzo de 1980, como lo hizo en el pasado, de forma exitosa, el ejido Santa Ana Tepetitlán (Público-Milenio, 7 de julio de 2008).

“Costó convencerlos que no se fueran, como es su derecho, en contra del decreto; el decreto de 1980 en su artículo segundo estipula que por ser un área natural protegida de propiedad privada y social, cualquier actividad que se realice deberá ser autorizada por los ejidatarios y por los propietarios; este decreto no fue homologado con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; no lo tocaron, de tal manera que entendimos que como está es nuestro principal apoyo; también entendieron que no queremos que pase como con el ejido de Santa Ana, ¿ellos por qué lo hicieron?, porque pudieron, pero imagínese usted que miles de ejidatarios se salgan del decreto, qué va quedar del bosque, y no, eso es lo que quisiera el gobierno para decir, son los malos los ejidatarios y los propietarios, y les estamos demostrando lo contrario, somos los principales interesados en que se mantenga el bosque”, subraya el parvifundista.

A su entender, una de las primeras tareas en la gestión del bosque será definir el polígono para realmente blindarlo contra invasiones y contra tentativas de echar abajo el decreto. Es fundamental que, junto con la ciencia y el trabajo de conservación, se construyan alternativas viables para que los dueños sean los aliados en todo el proceso.

“Los estudios los hicimos hace muchos años, no cierra, es un polígono que no existe, y no lo quieren enderezar; yo personalmente hablé con la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, y le dije, Magda, vamos alineando primero para que esto se resuelva, es la primera vez que los propietarios estamos de acuerdo en firmar un polígono, y eso dará seguridad al esfuerzo del área protegida”, añade.

- ¿Ustedes no quieren fraccionar el bosque?

Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo.

-------------------------------------

Los cuatro mayos para la OPD


2005, mayo
Tras el incendio más devastador del que se tenga registro en la historia de protección de La Primavera, el consultor Rafael González Franco y su equipo, en un estudio contratado por la dirección de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, propone un replanteamiento jurídico de la gestión y administración del gobierno del estado en el bosque: construir un organismo público descentralizado que le dé solidez jurídica a los actos de autoridad y que otorgue seguridad laboral a los combatientes de incendios, que ni siquiera tienen seguro social


2008, mayo
José Luis Gámez Valdivia, ex titular de sustentabilidad de la Seder, asume la dirección ejecutiva del bosque. Crea el cuerpo de guardabosques, la dirección de conocimiento de flora y fauna, pero se topa con la realidad: no hay manera de hacer actos de autoridad contra invasores y depredadores del bosque


2012, mayo
Tras el nuevo megaincendio, y tras siete años de abandono, se retoma la idea del OPD; mientras el gobierno de Emilio González Márquez se limita a hacer promesas, llegan recursos para reconstituir la zona afectada, se escandaliza a la opinión pública con la precariedad del sistema laboral de quienes cuidan el bosque y su falta crónica de recursos económicos para hacer frente a sus tareas

2013, mayo
Ya en el gobierno de Aristóteles Sandoval, se retoma el asunto del OPD y se hacen consultas entre diversos actores. Los ejidatarios y pequeños propietarios manifiestan inconformidad por lo que consideran fue información escasa y una visión autoritaria de la nueva autoridad del bosque, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que sólo les dio dos asientos de 21 en la junta de gobierno. El 5 de junio se presenta propuesta al Congreso del estado para hacer una ley del OPD (se pudo pasar como decreto del ejecutivo), y se autoriza en octubre. La guerra legal se desata por medio de amparos.

Amenazado, un emporio de horticultura y pesca

La isla del Palmito del Verde atrae hasta 18 mil jornaleros por temporada. Megadesarrollo del Fonatur provocaría la salinización de acuífero que sustenta esta vida económica. En la foto, el predio Las Cabras desde la playa, adquirido por esa entidad del gobierno federal

Agustín del Castillo, enviado / Escuinapa, Sinaloa. MILENIO JALISCO

El invierno es tiempo de cosechas en la isla del Palmito del Verde, cuando miles de migrantes de piel cobriza, indígenas provenientes del centro y del sur de México o mestizos de esta región, han llegado a sus pacíficos poblados para trabajar en la pizca de tomates, chiles y otras hortalizas, bajo un sol de furias aplacadas por las sucesivas olas de frío, que en esta temporada, mantendrán jornadas completas entre nieblas difusas y un mar picado.

La actividad es el eje de la economía local: casi 18 mil trabajadores obtienen su sustento de este frágil entorno irrigado por un acuífero cuyo nivel depende críticamente de las lluvias variables del verano.

La inseguridad de la precipitación ha obligado a hacer multimillonarias inversiones en tecnología para aprovechar mejor las aguas erráticas: temporal, riego rodado, aspersión y goteo sintetizan medio siglo de desarrollo. La otra área económica sustantiva se da en las ricas aguas interiores: unos 3,500 pescadores capturan a partir de septiembre camarón (70 por ciento del volumen) y otras especies entre las calzadas acuosas cuyos camellones son morada de los últimos manglares de las vastas Marismas Nacionales; aquí es el límite norte de ese reino natural.

Este emporio está en riesgo por la posible ejecución del proyecto de centro integralmente planteado (CIP) Playa Espíritu, del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), cuyo uso del agua dulce, cambio de uso de suelo y modificación de la geografía insular podría tener efectos devastadores.

“Son entre 8,500 y diez mil hectáreas anuales para la siembra de hortalizas; el año pasado [2012] fueron como 280 mil toneladas de tomate rojo, y esos son millones de pesos en derrama económica; nosotros generamos empleos, desde septiembre hasta junio llegan jornaleros de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, porque no, aquí no hay suficiente mano de obra, […] dice el Fonatur que va a generar 35 mil empleos en 50 años; nosotros los generamos en dos a tres años; en la temporada anterior, nada más en Teacapán hubo como 15 mil habitantes que llegaron del sur, y hay que sumar la gente que viene de Escuinapa, de Rosario, de otros pueblos y de Nayarit; a mí se me hace ilógico que si lo que más se va a demandar en el futuro son alimentos, no se le esté dando la importancia que merece este asunto”, señala el agricultor Antonio Vargas.

El islote, unido por un puente vehicular a tierra firme del municipio de Escuinapa, fue abierto al menos desde los años 50 del siglo XX, en que se dotaron los primeros ejidos, ha vivido entre los cambios de modelo de desarrollo nacional y de los mercados locales y mundiales.

“Ahorita estamos en suspenso, y no sabemos qué va a pasar, pero seguimos con la preocupación como agricultores, por el riesgo que representa abrir la marina, contemplada en la primera etapa del proyecto, que es a diez años y ya está aprobada, […] son predios que se van a salinizar, hay una franja cerca del estero, como de kilómetro y medio, donde el agua dulce escasea por noviembre y diciembre, empieza a bajar el nivel freático, lo que significa que se está sobreexplotando; conforme el agua del estero se viene, se va recorriendo el lugar de donde sacamos agua dulce, y si a eso le agregamos el canal de seis metros de profundidad y 40 metros de ancho que se quiere hacer para la marina, la franja va a aumentar como 12 kilómetros, es un hoyo para que se vacíe el acuífero…”.

El pescador Juventino Ramos secunda a su vecino: “Los temores de nosotros no son infundados, tenemos bastante experiencia en las obras del gobierno mal hechas, las hemos sufrido, como prueba está el canal de Cuautla, como 30 kilómetros al sur; se abrió de 40 metros, y ahora ya tiene varios kilómetros de ancho, y se sigue erosionando, y aumentando la salinidad”. Primero desapareció el ostión. El agua, que debe ser salobre, una mezcla de agua dulce continental e intrusión marina, se hizo totalmente salada. “Ahora, con este desarrollo, la recomendación de las autoridades que dieron el permiso es que hay que monitorearla, pero eso me suena a que nos piden que hay que estar viendo morir a alguien”, añade irónico.

Lo cierto es “que no han valorado la magnitud del daño que pudiera ocasionarse si se hace; esta isla del Palmito está sobre un banco de arena que viene desde Chametla, es esponja en época de lluvias para el acuífero, se recarga y luego empieza a hacer escurrimientos hacia las marismas, la descarga se manifiesta con la aparición del mangle blanco, es un indicador de baja salinidad […] esto permite el desarrollo de muchas especies que desovan en las orillas, y que entran para protegerse; el camarón y otras especies de talla pequeña que duran un mes adentro y luego salen a alta mar; al salinizar el acuífero le van a dar en la madre a toda la cuestión ecológica, a la biodiversidad, y sería una afectación de proporciones gigantescas para los pescadores y para los agricultores, que sólo tendrán agua salada para regar sus siembras”.

Hacer la marina también significa poner espigones (muros de piedra) que se meten al mar y provocan desvío de las corrientes y sus arrastres.

“La base de la desconfianza son las obras que han hecho en el pasado; una cosa que se les dijo a estos tipos del Fonatur es que al meterse al mar donde hay arena, hay un riesgo tremendo de erosión, […] deberían ir a Chametla a ver el espigón; tiene dos funciones, de un lado azolva y del otro lado socava, y por lo regular del lado sur socavan, porque las mareas van de sur a norte; recuerdo que hace ocho o diez años yo llevaba a unos pescadores a Mazatlán, y los llevé allí a pescar con cañas; teníamos a 200 metros el espigón, pegado a la playa; ahora está dentro del mar, se hizo una isla, y lo mismo que pasó en Cuautla, los espigones se quedaron en el mar, son pura arena, y por si fuera poco, aquí el mar se está comiendo la playa, son siete a ocho metros por año […] lo mismo pasaría con la nueva marina, no van a poder contener al mar, la barra de arena es milenaria, pero muy delicada, y si la rompen así nos va a ir…”.

En Teacapán, el extremo de la isla, penetra un brazo de mar que comunica con la laguna Agua Grande. El malecón está embellecido, pero los embates oceánicos dejan huella: trozos de muelles bajo el agua, lozas de concreto quebradas, lanchas hendidas en el reino submarino.

-----------------------------

Un mar de riesgos

Dependencias oficiales alertaron sobre los riesgos para el ecosistema de Marismas Nacionales por el CIP de Fonatur en el marco de la consulta de impacto ambiental del proyecto. Aquí, un resumen de sus observaciones, fechadas en 2010, hecho por la asociación Voces por el Agua:

Conabio
Bajo el principio precautorio no se debe realizar el proyecto, dado que es prioridad la restauración, rehabilitación, mitigación y protección de ecosistemas

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Inconsistencias y omisiones relacionadas con la calidad del agua, la construcción del acueducto, la insuficiencia del agua, los tanques de regulación superficiales, la red de alcantarillado, los coeficientes de ocupación del suelo, la falta de vinculación con la convención Ramsar, el impacto en la zona federal marítimo terrestre, y la infraestructura requerida para conducir el agua. La metodología de evaluación está sobresimplificada, incompleta, pobre y sesgada

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre

El Fonatur requiere permisos de obras para terrenos ganados al mar, pero se deben proteger playas y dunas, se tienen que establecer y respetar los accesos públicos a las playas, y que se considere como mejor la propuesta de que la marina se ubique en Teacapán para no alterar el entorno

Comisión Nacional del Agua
El canal de la marina alterará el equilibrio y sería un dren del acuífero; se debe monitorear de forma previa y modelar los efectos

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
La marina alterará el sistema de dunas y modificará la línea de costa 2 km a cada lado de la escollera; los canales de navegación provocan la intromisión de la cuña salina. El proyecto no es congruente con el ordenamiento ecológico del Golfo de California

Conanp
Daños irreversibles al sistema ambiental regional, incluidos lagunas, manglares y seres vivos

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos
13 omisiones graves en el documento, desde la ausencia de calendario hasta del análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos

Dirección General de Vida Silvestre
Los sistemas de iluminación pueden alterar arribazones de tortuga marina; las especies marinas serán afectadas por los cambios en la línea del litoral

El OPD buscará el desarrollo integral de La Primavera

Los derechos de los propietarios y ejidatarios están a salvo, advirtió el mandatario, pero la conservación que manda el decreto de 1980 no es negociable

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

A más de 18 años de la transferencia de la reserva ecológica federal de La Primavera, para su gestión y administración por parte del gobierno de Jalisco, éste formalizó la junta de gobierno del organismo público descentralizado que se encargará de hacer cumplir el decreto de protección de 1980, en medio de no pocas controversias por los alcances legales de la nueva institución.

En un acto celebrado en el patio de los naranjos de palacio de gobierno, el mediodía de ayer, 18 de 21 vocales protestaron ante el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien los exhortó a dar vida a un nuevo pacto que permita la conservación de los valiosos servicios ambientales de la caldera volcánica enclavada al oeste de Guadalajara, que permiten una calidad ambiental única para la zona conurbada, a la par de respetar los derechos de al menos un centenar de propietarios y once ejidos localizados en su interior.

“Como tema urgente tenemos la obligación de atender la problemática de nuestro bosque La Primavera, que por años ha sido desatendido y descuidado”, señaló el mandatario ante los vocales, y decenas de ciudadanos. Algunos pararon las cejas ante la frase contundente: en tres sexenios de coadministración hubo desde dos desastres naturales de gran calado (los megaincendios de 2005 y 2012) hasta proyectos ambiciosos como el establecimiento de un cuerpo de guardabosques que cumple cinco años, y una consolidación del conocimiento científico sobre los ecosistemas y sus habitantes que ha demostrado la presencia de animales emblemáticos como el puma; también se pusieron las bases para generar un mercado local de captura de carbono. Es decir, se siembra sobre suelo previamente preparado.

Sin embargo, los problemas del área no son menores: invasión urbana irregular por todos sus linderos –caso crítico en El Colli y Santa Ana Tepetitlán-, corte de los corredores de fauna por carreteras contiguas, introducción de fauna exótica, cacería y extracción de flora silvestre, y toda una gama de actividades ilegales propiciada por la escasa fortaleza jurídica del viejo esquema de gobierno.

El encargado de despacho de la dirección ejecutiva del bosque, Antonio Ordorica Hermosillo, señaló los primeros puntos a resolver por la incipiente institución: sacar adelante el reglamento interno, aprobar el nuevo comité científico integrado por siete personalidades notables, y aprobar la convocatoria nacional para seleccionar candidatos a la triada de propuestos para encabezar las tareas de la dirección ejecutiva. Corresponderá al gobernador del estado escoger de entre los tres seleccionados.

Ordorica Hermosillo precisó que está previsto que esta convocatoria se publique el próximo 18 de enero.

Durante la reunión fue notoria la ausencia del representante de los pequeños propietarios cuyo proceso de elección fue abortado dos semanas atrás; además, la representación ejidal quedó en manos del único ejido que acudió a la convocatoria respectiva, San Agustín, de Tlajomulco de Zúñiga, en la persona de Sergio Ontiveros.

Con la entrada en vigor del OPD, cuyo decreto de ley fue publicado en el periódico oficial el pasado 12 de octubre, los empleados de este organismo adquieren derechos laborales por primera vez desde 1995.

La entrada en funciones del nuevo organismo “se va a notar, sobre todo en el ejercicio de la autoridad. Ahora sí hay una solvencia jurídica. Antes, la dirección ejecutiva no tenía forma de generar denuncias, procedimientos, obligar o a generar corresponsabilidades con Proepa [Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente], con Profepa [la instancia análoga a nivel federal] o con todas las instancias”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía.

----------------------

Claves

Los integrantes del comité científico

- Estos son los integrantes propuestos para el nuevo comité científico del bosque La Primavera, que tiene como misión dar un soporte técnico a las decisiones que se tomen en la gestión de la reserva, y prevenir que los impactos ambientales de los proyectos productivos sean minimizados

- Dr. Arturo Curiel Ballesteros, Universidad de Guadalajara

- Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, Pontificia Universidad Gregoriana

- Dr. Jorge Regalado Santillán, Universidad de Guadalajara

- MC Enrique José Jardel Peláez, Universidad de Guadalajara

- Arq. Javier Díaz Reynoso, ITESO

- Dr. Javier Esteban Clausen Silva, ITESO

- Lic. Carla Delfina Aceves Ávila, Universidad de Guadalajara

OPD, "un viraje en la vida institucional de La Primavera"

La secretaria de Medio Ambiente destaca la importancia de que los actos de inspección y vigilancia están revestidos de autoridad por el personal del área protegida, a diferencia del pasado

ENTREVISTA POR AGUSTÍN DEL CASTILLO / MILENIO JALISCO

MAGDALENA RUIZ MEJÍA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL DE JALISCO

Guadalajara. La entrada en funciones del nuevo organismo público descentralizado "se va a notar, sobre todo en el ejercicio de la autoridad. Ahora sí hay una solvencia jurídica. Antes, la dirección ejecutiva no tenía forma de generar denuncias, procedimientos, obligar o a generar corresponsabilidades con Proepa [Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente], con Profepa [la instancia análoga a nivel federal] o con todas las instancias. Ahora como todas están involucradas en la junta de gobierno, hay una corresponsabilidad directa de todas las instancias obligatoria, por decirlo de esta manera, a participar en el manejo, gestión y conservación del bosque de La Primavera", dijo la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía.

Entrevistada a la salida de la reunión en que se tomó protesta de la junta de gobierno del OPD, en palacio de gobierno, destacó que "es el órgano rector y el que ayuda ya a acompañarse de la toma de decisiones de la dirección ejecutiva de una manera más formal. Esta junta de gobierno ya procede a convocar al nuevo director general del Bosque de La Primavera que va a ser una convocatoria abierta con perfiles especializantes en áreas en manejo de áreas naturales protegidas. Y a partir de aquí ya empieza la administración del bosque con su programa de manejo como instrumento rector de política pública dentro del bosque como área natural protegida. El organismo Público Descentralizado, simplemente es una forma para administrar el concepto del bosque como área natural protegida, como lo dicta la ley. Entonces esto ya formaliza la Junta de Gobierno la toma de decisiones hacia adentro del bosque La Primavera".

La dirección estará respaldada por "cinco direcciones que están en concordancia justo con el programa de manejo, nuevamente los programas de manejo son los instrumentos rectores que ayudan a ejecutar la conservación, el manejo, la gestión y el desarrollo sustentable dentro del bosque La Primavera. En concordancia con esto hay direcciones que van protegiéndolo. Es una estructura administrativa que propicia su manejo como área natural".

- ¿Qué acciones, por ejemplo, ya se pueden implementar en lo inmediato?

- Lo más importante va a ser en dos rubros, por supuesto los incendios forestales una fuerte coordinación para que haya un mejor manejo en esta temporada de estiaje, pero yo creo que lo más importante es el concepto de desarrollo comunitario y el desarrollo sustentable del propio bosque. Una vinculación ya directa institucional con los propietarios, tanto privados como ejidales, generar todos estos mecanismos que apoyen proyectos productivos que sean acordes al bosque de la Primavera. Además, vamos a hablar de esquemas por pago de servicios ambientales, de esquemas de silviculturas comunitarias; de turismos alternativos, ecoturismos, de turismos de naturaleza bien sustentados. Va a haber un acompañamiento muy certero de que así va a ser, de un comité científico-técnico con personas que han acompañado la relación del bosque con la ciudad; qué es lo que armonizar. Se reconoce que este gran bosque es la herencia para nuestra ciudad, pero también reconocemos que el bosque es patrimonio de personas; entonces hay que hay que armonizar estos dos conceptos.

- ¿Acciones tangibles en cuanto invasiones al bosque y construcciones al interior del mismo?

- Así es, el bosque tiene una zonificación que dice perfectamente en dónde y cómo se puede o no algún tipo de desarrollo y esa zonificación es la que rige si o no se puede generar este tipo de proyectos.

La funcionaria subrayó la importancia de crecer la red de videovigilancia. "La vigilancia se hace ya más en coordinación, sobre todo con los municipios. Va a haber una temporada muy fuerte; ya tenemos una cámara, este proyecto de cámaras se va a extender incluso para todo el estado, en particular para el Bosque, pero esto es a mediano y a largo plazo, pero sobre todo lo que vamos a hacer son esquemas de retribución de la ciudad, de los municipios hacia los propietarios del bosque de La Primavera ya ahora sí de manera institucionalizada [...] nosotros tenemos ahorita una suficiencia presupuestal de 15 millones de pesos que garantiza el Gobierno del Estado, más lo que se sume de los municipios que es lo que vamos también a buscar una fórmula basada en territorio-presupuesto-población para generar esquemas ya de retribución de manera también concertada y permanente, porque antiguamente dependía de la buena voluntad de los municipios si daban o no una aportación al bosque.

- Los propietarios siguen en desacuerdo con la instalación del OPD y en unas semanas estarían instalando un consejo regulador...

- Pero no se opone al OPD. Nosotros históricamente reconocemos que el bosque de La Primavera ha tenido una relación justo con sus propietarios, por esta relación tan fuerte que tiene la ciudad con el bosque. Nosotros vamos a ir propiciando todos los caminos de diálogo, de gestión y con los hechos iremos viendo que sí hay una compatibilidad del Organismo Público Descentralizado con los propietarios. Los vamos a estar invitando todo el tiempo a que trabajen de manera conjunta. Que ellos establezcan cualquier mecanismo está bien solventado y nosotros vamos a seguir con los marcos de ley, tanto la relación que tenemos del Gobierno del Estado con este instrumento que es el OPD La Primavera, así como el Consejo Asesor que por obligación marca ley para todas las áreas naturales protegidas.

- El comité de técnicos y científicos, ¿qué garantía le da a la sociedad?

- De que sean decisiones científicas con rigor, profundamente revisadas; que tengan una visión integral y que acompañen a todos los tomadores de decisiones en sus resoluciones. Así va a haber un organismo que ayude y acompañe a que las decisiones de las juntas de gobierno sean más adecuadas con una visión: integral, de sustentabilidad ambiental, económica y social, pero también con visiones a mediano y a largo plazo.

Ruiz Mejía negó que sea una expropiación disfrazada. "No, en realidad yo creo que sí tenemos que reconocer que históricamente no había los instrumentos y no había una relación positiva de los propietarios con lo que se instaló de manera histórica; sin embargo, este OPD va a poner a trabajar un componente que es el componente de desarrollo comunitario y de sustentabilidad productiva que no había funcionado históricamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir propiciando los caminos para que esta tensión que ha habido con los propietarios tanto privados como ejidales, se vaya distendiendo y vaya generando caminos de diálogo".

Detalló que hay una inversión de pago por servicios ambientales. “Un modelo que va iniciar a trabajar con ocho millones de pesos. Estos ocho millones de pesos van a ser justo para empezar a sembrar la semilla, se va ir aumentando la inversión en el concepto de pago de servicios ambientales. Antes solamente la federación tenía el concepto de pago por servicios ambientales, ahora el Estado va a sumar este concepto y entonces se suman fondos, fondos internacionales. Nosotros reconocemos el bosque como que tiene dueños y nosotros reconocemos también que existen modelos donde por fin el bosque va a tener una justa retribución a estos dueños del bosque. Entonces estamos seguros de que vamos a encontrar estos caminos positivos para con el bosque”.

A su juicio, el OPD es la cristalización de una vieja demanda de eficiencia y eficacia en la gestión del área boscosa. "Por fin, así es. La ciudad debe estar de manteles realmente largos porque esta armonización de un gran bosque para una macrorregión de importancia a nivel internacional, el bosque es la sustentabilidad de la ciudad y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero también nos va a hacer el laboratorio de mostrar de que existe la posibilidad de incorporar un desarrollo productivo, acorde a las vocaciones del bosque con sus propietarios y la ciudad [...] estoy hablando de turismos ambiental, turismo alternativo, turismo de montaña, silviculturas comunitarias, productos no forestales, no maderables, o sea hay infinidad de opciones que históricamente nunca se habían vislumbrado ni analizado y por supuesto el esquema de pago por servicios ambientales". El organismo "va a ser una fórmula compartida con los presidentes municipales de manera permanente y consensuada con los municipios, ya no va a ser a nivel de voluntad", concluyó.

La ciudad paga ya el saneamiento de agua

Con la entrada en operación de Aguaprieta, sólo faltarán de limpiar 2,700 litros por segundo de las cuencas del oriente y el sur; se llegará a casi 80 por ciento de cumplimiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La buena noticia para 2014 es que la planta de tratamiento de Aguaprieta ya está en fase de estabilización, lo que significa que a mediados de este año, se tratarán casi 80 por ciento de los desechos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero el anverso de ello es que hay que pagarlo: 335 millones de pesos le costará a la ciudad este cumplimiento que llega con catorce años de retraso.

El director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Aristeo Mejía Durán, dijo que esta nueva infraestructura significa que los tapatíos promedio pagarán –en cuenta doméstica- 2.90 pesos por cada metro cúbico (mil litros) que consuman, contra 1.50 que pagaron en 2013. Pero en el caso de grupos vulnerables, como los pensionados y las zonas de pobrezas, la tarifa por m3 es de 1.45 y 1.16 pesos, respectivamente; en todos los casos, cuando el consumo mensual rebasa seis m3.

“Aguaprieta nos está costando a partir de este mes de enero, quince millones 717 mil pesos, pero es por el periodo de estabilización de la planta. A partir de abril, la cuota sube a 23 millones 361 mil pesos, y si a eso agregamos 74 millones 347 mil pesos a pagar por el uso de la planta de El Ahogado, entonces la suma total son 335 millones 466,835 pesos”, explicó.

¿Este recurso para qué alcanza? La ciudad está pagando alrededor de 1,400 litros por segundo saneados en El Ahogado, y quedan pendientes de sanear unos 600 litros por segundo “para lo que se necesita terminar la red de colectores de la zona”; en cuanto a Aguaprieta, el saneamiento en abril alcanzará alrededor de seis mil litros por segundo, pero dejan pendiente 2,125 litros que se generan en las cuencas del oriente de la ciudad, agua que requiere del túnel-colector de diez kilómetros que obliga a una inversión extra cercana a mil 100 millones de pesos.

A esto hay que sumar el agua que se limpia en la planta de tratamiento de río Blanco, que son apenas 150 litros por segundo. De este modo, en abril, Guadalajara saneará entre 75 y 80 por ciento de sus aguas residuales.

Las normas oficiales mexicanas en la materia de saneamiento datan, en su primera generación, de 1996; estas marcaban como fecha límite de cumplimiento de los parámetros fijados, a más tardar el 1 de enero de 2000. El tema de los recursos y la falta de acuerdos respecto al modelo más adecuado, retrasó seriamente la solución del grave problema, pues en promedio, la ciudad llegó a contaminar con más de nueve mil litros por segundo las aguas de la cuenca del río Santiago. Los pueblos ribereños murieron de forma progresiva entre Arcediano y San Cristóbal de la Barranca, la pesca desapareció y las huertas de frutales, sobre todo mangos, fueron deshabitadas.

El saneamiento deberá de permitir la resurrección de la vida rural de esta zona, pero siguen en la agenda diversos temas pendientes, como es el reuso del agua.

“Primero tendremos que resolver de forma completa el manejo adecuado del organismo, mejorar su eficiencia comercial, hacer que todos paguen y que se cumplan todos los parámetros establecidos, además de integrar al servicio a las colonias que todavía carecen del mismo; eso nos dará recursos para pasar a los proyectos de reutilización del agua, aunque en el caso de El Ahogado, ya estamos gestionando un mercado interesante de agua tratada entre las empresas del corredor industrial de El Salto, y la idea es que sea la primera etapa de la reutilización del agua saneada”, puso en relieve Mejía Durán.

La planta de El Ahogado cumple con normas de calidad para cuerpo receptor “tipo C”, es decir, agua apta para recreación humana.

------------------------------------------
Claves

Incompleto

-La planta de tratamiento de Aguaprieta es, según datos de sus constructores, una de las cinco mayores de América Latina, y su construcción generó 1,500 empleos directos y más de cuatro mil indirectos

-Su edificación en la ceja de la barranca del río Santiago se financió por parte del gobierno federal, con 1,29 millones de pesos (39%), y el resto fue aportado por el concesionario privado (1,584 millones de pesos), que recibe la concesión por 25 años para recuperar su gasto y realizar su negocio

-Aguaprieta está en fase de estabilización, pero tiene problemas para el depósito de los lodos activados que generará su proceso, dado que no tiene sitio de disposición; tampoco recibe 2,125 litros por segundo de las cuencas de San Gaspar, Coyula, San Andrés y Oriente, por la falta de túnel-colector que debe transportar estos desechos

SIAPA recaudará 300 mdp más con la tarifa de 2014

Están publicadas aparte de leyes de ingreso, en el periódico oficial. El consejo tarifario del organismo aprobó el esquema de cobro desde el 30 de octubre, pero se demoró en gacetas municipales

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Los usuarios de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara empezaron a recibir en sus domicilios, a partir del pasado 27 de diciembre, boletas de pago de agua y saneamiento del SIAPA con cobros al alza en relación con 2013. Ello se debe a la entrada en vigor de las nuevas tarifas, que fueron publicadas en el periódico oficial El estado de Jalisco un día antes.

El director del sistema, Aristeo Mejía Durán, aclaró a este diario que la meta es recaudar 300 millones de pesos extra en relación con 2013 para resolver la falta del servicio en 98 asentamientos humanos de la metrópoli, pero la nueva tarifa se explica además por una inflación de 8.83 por ciento acumulada en el año en los diferentes insumos que requiere el agua para ser potabilizada, y por tratarse del segundo año del cambio a un esquema de pagos que elimine los subsidios al consumidor, salvo en los casos que se justifiquen.

Así, los usuarios de agua de la ciudad tienen hoy solo la mitad de los subsidios con que contaban en 2012 y pagarán el incremento inflacionario que padece el SIAPA, que tiene actualmente un costo de producción por metro cúbico (mil litros) de 13 pesos con 34 centavos contra 12 pesos con 72 centavos de un año atrás. Otro aspecto importante del incremento es que la ciudad deberá pagar 335 millones de pesos por saneamiento, pues ha comenzado a operar, en fase de estabilización, la macroplanta tratadora de Aguaprieta, lo que eleva la tarifa de saneamiento casi al doble.

“El consejo tarifario ciudadano, dentro de la planeación que tenía prevista para reducir en cuatro años la totalidad del subsidio, y con los datos que reflejan el costo real del agua, tomó la decisión, que realmente es de un impacto menor, apenas un peso diario en promedio para cada usuario de agua de la ciudad”, dijo Mejía Durán.
En 2013, los subsidios se redujeron en 25 por ciento, y este año se aplicó un criterio similar.

De 820,507 usuarios domésticos, 685,014 permanecen con subsidios. Los poseedores de 200 mil cuentas que consumen hasta seis mil litros (seis metros cúbicos) al mes sólo pagarán un incremento de 4.9 por ciento (1.72 pesos más); las casi 382 mil cuentas que se ubican entre 6,001 y 21 mil litros mensuales pagan entre 3.40 y 53 pesos más, y 134 mil más, podrían pagar incrementos mensuales de 55 hasta 600 pesos.

El caso especial es el de 77,118 cuentas de pensionados y 26,757 cuentas de usuarios en “extrema pobreza”. En el primer caso, el incremento va de un peso con 37 centavos hasta casi 27 pesos (topados en 21 mil litros); en el segundo, de 1.37 a 21.86 pesos, con techo a los mismos 21 m3.

El titular del SIAPA señaló que se contaba con nuevas tarifas aprobadas por el Consejo Tarifario Ciudadano desde el 30 de octubre de 2013, pero debió pasar por la publicación en las gacetas municipales de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, antes de que su publicación en el periódico oficial les diera la plena legalidad. “Al día siguiente comenzaron a entregarse los recibos, y aunque estamos conscientes de que hay un retraso, estamos seguros que a más tardar el 15 de este mes se hace la entrega completa, para que los usuarios aprovechen el descuento de 10 por ciento por el pago del estimado anual”, agregó. Ese descuento se puede aprovechar hasta el 28 de febrero del año en curso.

La explicación de que no aparezcan en las leyes de ingreso municipales aprobadas por el Congreso del estado, se debe a que la atribución de las tarifas de agua es exclusiva de los municipios, los cuales validan el trabajo del consejo tarifario. Por eso aparecieron espacios en blanco en las leyes referidas, mientras la publicación específica se daba aparte con fecha 26 de diciembre, y está disponible en la siguiente liga: http://app.jalisco.gob.mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada/E70D285D0B76A19686257C4D0069FF19/$FILE/12-26-13-V.pdf.

Megadesarrollo condenado, en busca de resurrección

Documentados los daños que ocasionaría sobre la región de marismas en el sur de Sinaloa y fuertemente cuestionado en el país y a nivel mundial, el gobierno federal inyecta recursos para revivir el centro integralmente planeado de Playa de Espíritu, en Escuinapa. El presidente asignó 530 millones de pesos al desarrollo del Fonatur

Agustín del Castillo, enviado / Escuinapa, Sinaloa. MILENIO JALISCO

La playa del Espíritu está en una isla que alberga una de las zonas más ricas en producción agrícola y pesquera del sur de Sinaloa, justo en el lindero norte de las Marismas Nacionales. Vive desde 2009 una versión pesadillesca, históricamente frecuente, del desarrollismo mexicano: la implantación del centro integralmente planeado de Escuinapa, presentado con bombo y platillo por el entonces presidente Felipe Calderón, el 3 de febrero de 2009, y que hasta hace unas semanas parecía condenado.

No lo está. No obstante ser proyecto estrella de su antecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido respaldar con un presupuesto de 530 millones de pesos para fortalecer los casi 2,300 millones, que según los datos del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), ya están enterrados en la zona, lo que lleva al optimista pronóstico de que a finales de este año, se abrirá el campo de golf y quizás un primer hotel en la zona.

Lo de “pesadilla” es el vaticinio pesimista de los pobladores de la ínsula enclavada al extremo oeste del municipio de Escuinapa.

Joel Amarillas López, delegado del Fonatur en Sinaloa, dijo a los medios locales que no obstante las fuertes críticas de los ambientalistas, y los resultados de la misión Ramsar que en 2010 consideró inviable el proyecto, “no tenemos ninguna modificación. Fonatur siempre ha sido responsable y los proyectos los ha llevado a feliz término” (ver http://208.43.0.58/dwd/pdf/20131219/MAZ_NAC_008_20131219.pdf).

Con ello, resucitan los fuertes cuestionamientos. En 2010 se hizo público el señalamiento de la misión especial a Marismas Nacionales realizada por expertos de la Convención Ramsar de humedales prioritarios de las Naciones Unidas, pues este vasto ecosistema que abarca casi 200 mil hectáreas está en el listado mundial.

“La misión considera que dada la importancia ambiental del área para el Estado mexicano y la comunidad internacional por ser un humedal Ramsar, […] no es viable tener un desarrollo turístico en la magnitud, densidad de ocupación y diseño planteado por Fonatur”, señala el informe final, fechado el 9 de agosto de 2010, elaborado por María Rivera, Claudia González y Rolain Borel, quienes visitaron el área entre el 21 y el 26 de junio de 2010. “Con la delimitación realizada se desconoce y se subvalora el real efecto de las actividades existentes sobre los ríos Presidio y Baluarte que abastecen las marismas, proyectos que tendrán un impacto acumulativo como son la construcción de las presas Picachos, Santa María y posteriormente del distrito de riego 111, que afectan la hidrodinámica del área y en calidad de agua” (Público-Milenio, 15 de diciembre de 2010).

Para el CIP Costa del Pacífico, renombrado Playa de Espíritu, el entonces presidente Calderón anunció la inversión de 500 millones de dólares en hoteles tipo resort, villas, condominios, residencias turísticas y urbanas, por un total de 43,981 cuartos, tres campos de golf, dos marinas, obras marítimas -dársena, canales, espigones- infraestructura y servicios de urbanización.

Los mayores temores han sido en torno al agua. Según los ambientalistas regionales, reunidos en la agrupación Voces por el Agua, se utilizarán todos los días 70 millones de litros de agua –agua suficiente para una ciudad de 280 mil habitantes-, que provendrían del río Baluarte, que abastece a la población de Rosario y una amplia zona agrícola que se vería desplazada, lo que ha movilizado a las organizaciones locales. Hay también la seria amenaza de que la marina cambie los flujos de mareas y se dejen de alimentar las playas de la zona (algo similar al caso de Barra de Navidad, en Jalisco, ver edición del 16 de julio de 2013), y se altere el movimiento de larvas de crustáceos, que dejarían de ingresar al sistema lagunar.

El agua de mar salinizará seriamente el sistema lagunar interior y el acuífero.

Las críticas a la MIA del Fonatur fueron tan sólidas, que la Semarnat debió reducir el proyecto en febrero de 2011, cuando sólo autorizó una primera etapa, con apenas diez mil cuartos, una superficie hotelera de nueve hectáreas, un campo de golf y una marina.

Esto redujo considerablemente las expectativas puestas. En 2012 se dejaron de pagar proveedores y como resultados de las auditorías al Fonatur, se detectaron malos manejos. De hecho, el dato actual revela que se invirtieron 2,300 millones pero de acuerdo a un análisis del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se asignaron 3,467 millones de pesos del presupuesto federal (http://www.cemda.org.mx/10/fracasa-el-proyecto-turistico-mas-grande-de-calderon/).

Hoy, la Fonatur asegura haberse puesto al corriente y estar lista para relanzar el CIP, aparentemente, sin corregir sus problemas.

La CFE oficializa su intención de represar el río San Pedro

Acaba de presentar su manifestación de impacto ambiental para edificar la polémica hidroeléctrica que afecta las Marismas Nacionales. Más 5 mil hectáreas de la zona serían alcanzadas por el proyecto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Tras cuatro años de especulaciones y de entrega de información parcial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental (MIA), modalidad regional, del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que tiene por objetivo generar electricidad con costos ambientales que podrían ser elevados para la preservación de las Marismas Nacionales que comparten Nayarit y Sinaloa.

El procedimiento ha sido recibido el pasado 13 de diciembre de 2013. La obra se ubicaría sobre el río San Pedro [Mezquital en la parte alta] en su cruce con el arroyo Rancho Viejo. “Su área de influencia abarcaría los municipios de Rosamorada, Ruiz, El Nayar y Acaponeta; las localidades afectadas serían: San Pedro Ixcatán, Presidio Los Reyes, San Juan Corapan y San Blasito. El área total comprende un total de cinco mil 349 ha, de las cuales, 4,506 corresponden al embalse”, más del 84 por ciento de la superficie global.

El estudio fue realizado por un grupo interdisciplinario que incluye investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nayarit.

“Se trata de un proyecto conformado por distintas obras para generar electricidad, el esquema de obras propuesto está integrado por una cortina de concreto compactado con rodillo de 188 metros de altura [incluyendo desplante de 20 m], obra de desvío compuesta por dos túneles excavados por margen izquierda; vertedor controlado por compuertas por margen izquierda; planta hidroeléctrica exterior a pie de presa en el cauce del río equipada con tres grupos turbogeneradores con capacidad de 80 MW cada uno, generando un total de 751 GWh/año mediante un factor de planta de 0,36 [8.64 horas al día en promedio al año]”, destaca el resumen ejecutivo, que se puede consultar en http://goo.gl/2qgztp.

La inversión será de 7,995 millones de pesos, un periodo de construcción de 49 meses, con generación de cinco mil empleos directos más otros cinco mil indirectos durante el proceso.

A juicio de los investigadores, los daños que sus colegas han previsto para la región marismeña se dan con o sin presa. “De no ocurrir un reordenamiento del territorio que sea congruente con su integridad funcional y capacidad de carga, las tendencias del sistema ambiental regional y del área de influencia del proyecto son extremadamente negativas con o sin el proyecto”; y hasta adelantan que éste puede ser positivo, pues “la discusión generada por el proceso de evaluación de impacto ambiental y los recursos [de información y financieros]) que puede generar el proyecto pueden contribuir a que el territorio que rodea al área natural protegida y sitio Ramsar de Marismas Nacionales sea ordenado de manera efectiva y con consecuencias positivas para la región”.

Una opinión que ya genera polémica entre los defensores del ecosistema, que rebaten esa idea: sin las aportaciones de agua y limos del río San Pedro, se podría alterar la composición del pantanal costero de casi 200 mil hectáreas, como ya se ha documentado cuando el flujo del río Santiago fue cortado, hace 20 años (MILENIO JALISCO, 26 y 29 de octubre; 9 de noviembre y 14 de diciembre de 2014).