Antonio Toledo Corro vendió el predio Las Cabras para megadesarrollo turístico. Mandatario sinaloense en los años 80, señalado por la DEA por vínculos con narcos, es un hombre con gran influencia en la vida de su natal Escuinapa
Agustín del Castillo, enviado / Escuinapa, Sinaloa. MILENIO JALISCO
El nombre de Antonio Toledo Corro suscita vivos debates entre los moradores de este municipio del sur de Sinaloa, del que es nativo el ex gobernador que alguna vez estuvo en la mira de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Que el mandatario en funciones, Mario López Valdés, Malova, se decidiera a rehabilitar al también llamado “Tigre de Escuinapa”, no ha apagado las viejas polémicas. Y ahora, con el centro integralmente planeado (CIP) del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), en la isla del Palmito del Verde, menos.
El 23 de junio de 1987, Los Angeles Times publicaba: “Agentes antidrogas estadounidenses en ambos lados de la frontera hablan amargamente del papel desempeñado por el ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro para tolerar el contrabando de drogas en su estado. Según una fuente de la DEA, "recibió el dinero en una gran escala" de los traficantes de drogas” (artículo completo, en http://articles.latimes.com/1987-06-23/news/mn-10162_1_drug-trafficker/2). En el México de esa época, Proceso número 650 documentaba la discutida gestión del gobernador y su relación con el legendario capo Félix Gallardo (reportaje de Francisco Ortiz Pinchetti, 15 de abril de 1989).
“Cuando estaba Toledo de gobernador conocimos al Cochiloco [Manuel Salcido Unzueta, asesinado en Guadalajara en 1991]; ese rancho de Los Ángeles que está en la isla, lo compró a los Escutia, lo levantó con caballos de raza, se construyó una casa de playa y le daba empleos a la gente; Toledo lo invitó a invertir, hasta hicieron una pista de conchas, aeropista o narcopista”, señala irónico un morador de Teacapán, en la punta del territorio insular.
No se apaga el eco ni con el tema del narco –“Toledo es dueño del único Cadillac de Escuinapa, y nomás trae a su chofer; se pasea libre porque todos los capos lo respetan”, secunda otro isleño- ni con el de sus negocios personales, que por caminos escabrosos conducen al megadesarrollo en el predio Las Cabras, frente a la playa de El Espíritu, al que se accede por la carretera estatal que va de la cabecera municipal hacia el poniente, por el único puente que une la isla al continente.
“El ex gobernado le vende al Fonatur 2,284 hectáreas, pero resulta que el señor no comprueba la situación jurídica de al menos la mitad de esa superficie; se excedió con terrenos que nosotros fijamos con base en títulos virreinales para la Comunidad Indígena de San Pedro Chametla, que datan de entre 1715 y 1762”, denuncia el profesor Óscar Crespo, uno de los voceros del comité que reclama el presunto despojo.
La venta del político es hecho consumado desde 2009, lo que ha llevado al Fonatur a actuar directamente para consolidar su adquisición. El asunto está empalmado a una diferencia de límites que tiene décadas congelada entre los municipios de El Rosario y Escuinapa, pues cuando estaba el proceso de aclaración a punto de culminar, fue frenado en instancias de gobierno, durante los años ochenta del siglo XX.
Chametla es parte del primero, y sus tierras llegaban hasta la isla, que según el representante, era compartida con Escuinapa. Pero el mandatario usó su poder durante sus años de mandato, evitó una aclaración que ya se había promovido a nivel catastral y del Congreso local, y acomodó el lindero para quedarse con las tierras comunales, con base en un certificado de inafectabilidad ganadera. Las Cabras es el nombre para la pequeña propiedad, pero los comuneros lo reclaman como predio Montijo y/o Llano de Mar.
Cuando se hizo la compra-venta, los quejosos de la comunidad se metieron al predio, lo que suscitó una acción policiaca de desalojo en agosto de 2011, pero también le tumbó parte del negocio al político, pues el Fonatur se acogió a una cláusula del contrato en la cual se advertía que no pagaría una fracción de la operación en caso de problemas. Quedaron “volando” 800 millones de pesos, calcula Crespo.
Los solicitantes de las tierras virreinales han debido enfrentar las “mañas” de los representantes judiciales, de la Procuraduría Agraria y del gobierno estatal, que han operado completamente a favor del proyecto del gobierno federal. Hay una denuncia penal por despojo, y el proceso agrario está en suspenso. De hecho, los manejos caciquiles de la comunidad en el pasado, provocaron que se vendieran de facto sus terrenos, pero ello no cancela los derechos agrarios, aclara.
La influencia de Toledo Corro, con casi 95 años de edad, parece aumentar con la edad, gracias al gobernador Malova, quien dijo públicamente en agosto de 2011: “los sinaloenses ya quisiéramos muchos de estos tigres y no bestias que andan destruyendo”.
Así, sus detractores piensan que se mantiene como “el cacique de la región; pone y dispone; cuando estaba de gobernador quiso llenar el valle de palmeras cocoteras, y le repartió a los ejidos dos vacas y cinco puercos para que aguantaran los siete años que tardan en producir; aquí en el ejido nadie lo quiso, pero tenía incondicionales por todos lados”, recuerda don Juventino Vargas, veterano pescador.
Esa huella autoritaria permanece en los que apoyan al Fonatur, agrega. “En una reunión de información, allá por 2009, un ejidatario con la guayabera típica de los años de Toledo, nos acusó de cobardes a los que cuestionábamos el proyecto por los daños al ecosistema, a la pesca y a la agricultura; que no tuviéramos miedo, que si nos íbamos a morir, nos muriéramos de una vez”, añade el viejo, mientras el agricultor Antonio Vargas confirma con la cabeza.
El ex gobernador tiene incluso un instituto educativo que lleva su nombre. Y para que nadie se olvide de este viejo “hombre fuerte” de la era populista, hoy devenido en civilizador por el discurso oficialista, una estatua de frío estaño o bronce despide a los visitantes que dejan la cabecera rumbo a la isla del Palmito del Verde. Es el punto más septentrional de las asediadas Marismas Nacionales. El recio cacique está entre dos niños con su sombrero campirano y apunta sereno hacia el horizonte. Lo acompaña una inscripción en letras plateadas, de indeleble tufo echeverrista: “con educación y trabajo al progreso”.
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CLAVES
Los detalles
Antonio Toledo Corro fue gobernador de Sinaloa entre los años 1980 y 1986, elegido por su amigo José López Portillo. Había ostentado previamente la cartera de la Reforma Agraria, que heredó al jalisciense Javier García Paniagua
MILENIO JALISCO buscó entrevistar al político, que según los habitantes de Escuinapa, tiene su residencia en Mazatlán. Una llamada a un teléfono celular que una fuente entregó como el personal del hombre nonagenario, no fue respondida
Los políticos que hoy gobiernan Sinaloa lo consideran un civilizador. En mayo de 2011, autoridades y directores de organismos educativos le hicieron un homenaje junto a la comunidad educativa en Escuinapa. Ahí, el gobernador llegado por el Partido Acción Nacional, pero de vieja militancia priista, Mario López Valdez dijo que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido la entidad
El apoyo de Malova y de Toledo Corro al CIP del Fonatur, denominado Playa de Espíritu, tiene en predicamento un importante emporio productivo (ver edición de este diario, del 11 de enero de 2014), por el uso del agua, la contaminación y la destrucción del sistema hidrológico con la apertura de al menos una marina que ya aprobó la Semarnat como primera etapa
Según la Asociación de Agricultores del río Baluarte –cuyas aguas serían extraidas para el megadesarrollo-, el ecosistema sustenta una superficie agrícola de 24 mil hectáreas y más de 106 mil toneladas de producción, nueve agroindustrias, casi cinco mil empleos, diez mil cabezas de ganado para una inversión total anual que se acerca a 300 millones de pesos
En el caso del acuífero Laguna Agua Grande, en la isla del Palmito del Verde, el riesgo es para 8,500 hectáreas, casi 19 mil empleos anuales, 506 mil toneladas de producción y una inversión anual total del orden de 931 millones de pesos
El gobierno de la república decidió en 2013 respaldar de nuevo el CIP de Fonatur, que era proyecto estrella de turismo en la presidencia de Felipe Calderón. No ha sido obstáculo la carretada de opiniones técnicas en contra, y la postura de la convención Ramsar de la ONU, que señala el riesgo para este humedal prioritario a nivel internacional
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