Tepatitlán de Morelos. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 2 de junio de 2011
De forma ríspida y accidentada se realizó ayer la última mesa del diálogo de dos meses entre los vecinos de Temacapulín y los gobiernos federal y estatal, dedicada a las resoluciones en torno a la presa El Zapotillo. La obra seguirá. José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), fue enfático en la urgencia de terminar el megaproyecto para que a finales de 2012 aporte agua a 2.4 millones de habitantes.
Así, aunque no les guste, los quejosos están obligados a ser solidarios con la nación, pero mantendrán a salvo sus derechos y podrán acceder a mejores niveles de vida con las grandes oportunidades que se les abren al tener un embalse a la orilla de sus casas, aseguró ante una multitud de escépticos y algunos vociferantes que discordaban de sus recuentos optimistas, en el salón del casino Olimpo, a la entrada de la ciudad alteña de Tepatitlán, donde se realizó la reunión.
Como las protestas e interrupciones no cesaban, el discurso duro vino del subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, quien les quiso dejar tres lecciones a los detractores: que los derechos humanos “son para todos”, no nada más para los mil habitantes afectados por la presa; que el agua es de la nación y no un bien propiedad de Temaca, y que la decisión de levantar el embalse está bien sustentada técnicamente y ha cumplido con todos los requisitos legales. No hay pues, nada que hacer, y “en lo que atañe al gobierno federal, la obra seguirá”, añadió tajante.
El padre Gabriel Espinoza, vocero del movimiento opositor, puso en relieve que el sector oficial está aferrado a las soluciones de siempre, mientras se permite el dispendio de agua en las ciudades y se asegura un recurso barato para la economía urbana.
No se han respetado los derechos de las personas, se les ha tratado de obligar a firmar su acuerdo con la reubicación, jamás tuvieron interés en dialogar —hasta que la toma de las obras de la cortina forzó las mesas de trabajo— y la última prueba de la incongruencia gubernamental es que les escondieron el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que señala que 70 por ciento del poblado debe ser preservado.
Luege Tamargo intentó ser conciliador; dijo que entendía la molestia, pero que hay una justificación en la planeación nacional, y en modo alguno es un capricho. “Arcediano no se puede hacer, no tiene solución su problema geológico, por eso se determinó elevar en 25 metros la cortina de la presa, lo cual desgraciadamente inunda Temacapulín”.
Añadió que “piedra por piedra” se moverán los edificios históricos que son de gran valor patrimonial, y que se tiene previsto gastar en la reubicación del poblado más de 1,600 millones de pesos, esto es, dos tercios de lo que cuesta la propia presa, cuyo avance es de 27 por ciento.
También cuestionó el argumento de que no se hacen más presas en el mundo. “He recibido muchos correos electrónicos sobre todo de personas de Estados Unidos y Europa, y les puedo decir que en este momento, allí se edifican presas, y tienen al menos 70 por ciento de sus recursos hídricos aprovechados en ese tipo de obras”.
Más tarde, en la rueda de prensa, dijo a los reporteros que los opositores son minoría: la información que tiene es que 100 por ciento de los vecinos de Palmarejo, 70 por ciento de los propietarios de Acasico y 50 por ciento de Temaca, ya firmaron su conformidad, lo que contrasta con los datos de los opositores; a Luege se lo dijo César Coll, director de la Comisión Estatal del Agua. El problema es que ese expediente está “reservado” y la veracidad de sus datos es responsabilidad del funcionario jalisciense. En todo caso, ya se tiene en marcha un expediente de expropiación, que barre con las causas de tirios y troyanos a nombre de la “utilidad pública”.
Abigail Agredano, presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el vocero Gabriel Espinoza Íñiguez, calificaron la “imposición” de la edificación como “desplazamiento forzoso” que será reclamado ante las diversas instancias internacionales.
“Antes de proceder a la realización de un proyecto de desarrollo que implique el desplazamiento y desalojo de personas se deben elaborar estudios amplios e integrales sobre sus efectos sociales y sus consecuencias, lo que no se hizo”, refirió Espinoza Iñiguez.
“¿Por qué las minorías no tenemos derechos?”, secundó Abigail Agredano. Los opositores prometieron aumentar las acciones de resistencia contra la obra. Luege les prometió mantener el diálogo, e ir a Temaca en fecha próxima. Los quejosos no saben para qué.
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Lo que viene
Los opositores a El Zapotillo acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas para impugnar la edificación de la obra, que nunca previó los impactos ambientales y sociales.
La CEA está preparando el expediente de expropiación para garantizar la propiedad federal del embalse, lo que incluye los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo
La Conagua pretende que la obra sea terminada en diciembre de 2012, pero el llenado comenzará alrededor de julio del mismo año. Esto significa que para esa fecha los pueblos deberían estar desalojados.
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Segob se la piensa para retirar denuncias penales
Desde hace semanas, el gobierno federal se comprometió a retirar las denuncias penales contra los opositores a la presa El Zapotillo, como condición previa al diálogo que ayer llegó a su fin. Sin embargo, dichas querellas no han sido retiradas y para el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, no es un asunto de prioridad.
“Lo vamos a analizar”, dijo escuetamente al final de la conferencia de prensa, tras haber tenido un desgastado encuentro con los quejosos, a quienes, tras reiterar que la megaobra se construirá, les advirtió que no cayeran en la tentación de alguna acción ilegal. “Comprendemos perfectamente cuál es su posición, y les digo que están a salvo sus derechos para presentar acciones legales; entiendo que ya algunos han optado por ese camino, vía de impugnación como son los juicios de amparo, pero pido que no se caiga en opciones al margen de la ley”, les dijo a los manifestantes, irritado porque interrumpían las alocuciones de la parte gubernamental.
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