Avanza la aeropista del “Cancún jalisciense”

Prevén conflicto jurídico con los campesinos de Morelos, en el municipio de Tomatlán. Desde el 2004 hubo un pago de cuatro millones de pesos

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 6 de febrero de 2010

Las negociaciones se cerraron en el año 2004. Según los contratos firmados entre el gobierno del estado, que encabezaba Francisco Ramírez Acuña, y los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, hubo un pago global de cuatro millones de pesos para que éstos cedieran la posesión de las parcelas ubicadas al oriente del humedal de Paramán, y permitieran el arranque de las obras de la aeropista de Morelos, uno de los proyectos de infraestructura clave para el desarrollo de la llamada Costalegre.

El argumento gubernamental fue pagar para evitar un posible conflicto, pues, aunque según sus documentos el predio de casi 134 hectáreas no era parte de la dotación del ejido, los ejidatarios lo poseían desde al menos medio siglo, cuando llegaron a estas tierras los primeros colonos con un decreto del presidente Adolfo López Mateos.

No obstante, la versión que cuenta el asesor de los campesinos, Pedro León Corrales, es distinta: “Son tierras contenidas en la resolución presidencial, y ésta sigue vigente […] si bien, hubo un amparo que se promovió y perdió con respecto a la ejecución —y se perdió porque las autoridades ejidales de ese entonces no respondieron en el tiempo y la forma adecuada—, nunca echaron abajo la resolución y permanecen vigentes los derechos de los ejidatarios”.

El ex diputado local ha sido testigo de las transformaciones en la zona. Le tocó apoyar a la comunidad cuando se enfrentaron por primera ocasión a este proyecto, a finales de los años ochenta, durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri.

“Fue un amparo de un solo ejidatario, Marcos Castillo Serna, en el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, gracias a eso se echó abajo la intención de ocupar los terrenos del aeropuerto […] después de que se echó abajo el proyecto en 1991, la venganza fue el abrir por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) un procedimiento de privación de derechos ejidales para un centenar de ejidatarios, por órdenes del entonces delegado de la SRA, Salvador Rizo Ayala, quien mandó en persona a su subdelegado; hubo tres asambleas y se rindieron, porque los ejidatarios rechazaron donar el terreno”, añade.

Hoy, el proyecto está en fase de conclusión. Don Adelaido se queja de que no los dejan pasar libremente a sus parcelas, y los ambientalistas atisban una fuerte presión para el estero contiguo. Pero la pista de 2.7 kilómetros está avanzada, por arriba de 60 por ciento de la superficie de rodamiento de los aviones. “Está enorme, aquí puede bajar cualquier avión”, señala Elías Sánchez. El tamaño de la ambición de los desarrollos de la Costalegre.

ONG del país lamentan destrucción de manglares

“Nada que celebrar” en el Día Mundial de los Humedales; devastación en Colima, Quintana Roo, Sinaloa y Baja California Sur, los que más preocupa

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 5 de febrero de 2010

La tala ilegal y la industria —no exclusivamente turística— “siguen atentando contra los manglares y violan la Ley General de Vida Silvestre”, denunciaron, a propósito del Día Mundial de los Humedales, que se celebró esta semana, las organizaciones Bios Iguana, de Colima; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife de México, Guardianes del Agua y Greenpeace México.

“A pesar de que el artículo 60 de la citada ley protege a los manglares del país desde el 2 de febrero de 2007, son constantes las iniciativas de ley que pretenden modificar este artículo a fin de autorizar que las empresas destruyan decenas de hectáreas de manglar en Baja California Sur, Colima, Sinaloa y Quintana Roo”, señalan en un documento de análisis preparado para la ocasión.

En referencia a Colima, aluden al caso de la laguna de Cuyutlán: “La Administración Portuaria Integral [API] de Manzanillo ha destruido más del doble del manglar autorizado. En su manifestación de impacto ambiental, solicitó la remoción de 30.07 hectáreas; sin embargo, información reciente obtenida de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [Conabio] revela que la API ya deforestó 66.65 ha, es decir, 35.95 ha más. La Semarnat debe revocar la autorización porque ha falseado información”, dijo Esperanza Salazar, de Bios Iguana.

En 2008, en ese mismo municipio, “la Semarnat —que interpretó de forma errónea el artículo 60 ter— autorizó a la Comisión Federal de Electricidad [CFE] la destrucción de ocho mil metros cuadrados de manglar para la construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo”. Son dos proyectos distintos presionando uno de los humedales más grandes de todo el Pacífico mexicano.

Pero la degradación y el desarrollismo afectan a todos los manglares del país. “En 2009, la Profepa clausuró las obras en el proyecto Punta Carey, en Quintana Roo, por deforestar manglar al delimitar un predio. Este mismo proyecto pretende ahora construir 1.4 ha de canales dentro de la zona de manglar, a pesar de que se encuentra dentro del predio de 156 ha de X’cacel-X’cacelito, que incluye el santuario de la tortuga marina, Zona Especial de Protección de Flora y Fauna, y de ser la principal playa de anidación de las tortugas caguama y blanca en el Caribe mexicano”, añade el texto.

Otro proyecto sin autorización es el Centro Integralmente Planeado (CIP) de la Costa del Pacífico, en Escuinapa, Sinaloa, inaugurado el 17 de febrero por el presidente Felipe Calderón. “Este CIP sería del doble de tamaño que el de Cancún, ya que contaría con una superficie de 2,381 ha y tendría una capacidad de 44,200 cuartos. El riesgo es que se ubicaría junto a los Marismas Nacionales, el sistema de manglares más importante del Pacífico mexicano, que posee 10 por ciento de los manglares del país y está catalogado como humedal de importancia mundial [sitio Ramsar]”. En 2009, Cemda y Greenpeace interpusieron una denuncia ante la Profepa por este hecho.

También está el proyecto Entre Mares, “que se pretende ubicar en 390.76 ha en la península de El Mogote, en La Paz, Baja California Sur. La construcción de complejos residenciales, turísticos y comerciales, con un total de 3,420 unidades habitacionales, o su equivalente de 6,840 cuartos hoteleros y un campo de golf profesional de 18 hoyos, afectaría dunas costeras y los flujos hídricos que alimentan al manglar”.

La destrucción de manglares está tipificada como delito en los artículos 418 fracción I, 420 fracción 5 y 420 bis fracción uno del Código Penal, con penas de hasta doce años de prisión cuando el delito se comete en un área natural protegida.

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Ya son ocho humedales costeros y cinco continentales del estado los inscritos a este protocolo de protección. Las trece zonas registradas suman una superficie de 156 mil hectáreas.

Festejan a La Vega como el 13° sitio Ramsar de Jalisco

Ayer fue día de fiesta para los moradores de los alrededores de la presa La Vega, en el corazón de la región Valles de Jalisco, pues las autoridades presentaron su designación como sitio Ramsar de importancia internacional, el número trece que se registra en esta entidad, que compite en ese renglón con Quintana Roo.

“La presa cumple con los tres criterios que establece la Convención Ramsar. Uno de ellos es que contenga un ejemplo representativo, raro o único, de un tipo de humedal natural o casi natural, encontrando dentro de esta región la nutria y el pez Ameca splendens, además de sustentar especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas [...] y porque se sustentan poblaciones de especies vegetales y animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región. Por ejemplo, la nutria es considerada como especie sombrilla, ya que es un elemento importante para la conservación de los ecosistemas completos, su presencia es un indicador de alta disponibilidad energética y de alta biodiversidad”, justificó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Martha Ruth del Toro Gaytán.

Con la incorporación de esta presa, Jalisco tiene ocho humedales costeros y cinco continentales bajo el esquema Ramsar, con una superficie conjunta de 156 mil hectáreas: la laguna de Sayula, la laguna de Atotonilco, la laguna de Zapotlán, el lago de Chapala, la laguna Barra de Navidad, los esteros Agua Dulce- El Ermitaño, El Chorro, Majahuas, Xola-Paramán, Chalacatepec y los humedales de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala; el estero de La Manzanilla y ahora, presa La Vega.

Chalacatepec, los terrenos “fueron muy bien pagados”

El empresario Ricardo Santacruz Mahoney, director del megaproyecto (Humberto Muñiz). Tres aspectos de la zona que será sitio del desarrollo, en To0matlán (Agustín del Castillo)

La inversión en tierra rebasa 75 mdd, según el desarrollador Ricardo Santa Cruz Mahoney, director del proyecto Chalacatepec y socio de Rasaland. Asegura que será “de muy baja densidad” y que se mejorará la calidad de vida de los vecinos, y no la historia de exclusión de siempre

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 5 de febrero de 2010

Ricardo Santa Cruz, responsable del megaproyecto turístico de Chalacatepec, de 1,200 hectáreas, asegura no tener preocupación por la tenencia de la tierra del sitio, pues se pagaron “seguramente” más de 75 millones de dólares a particulares y ejidatarios para establecer un paño de terrenos que, en cuanto se consolidó, subió de valor.

Ahora anda el precio entre trece y quince dólares por metro cuadrado, para totalizar los aproximadamente 157 millones de dólares que tiene como valor de inversión, lo que se dio a conocer en la presentación del desarrollo, hace una semana —tempranamente bautizado como “nuevo Cancún” por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez—.

El joven empresario de 38 años dice a Público que no llega a la costa jalisciense a hacer un proyecto más, sino a convertir el megaproyecto en un factor verdadero de desarrollo regional. “Queremos cambiar ese esquema antiguo de venir, y aquí yo construyo mi oasis y dejo al centro de población a un lado; y vamos escondiéndolo, barriéndolo abajo de la alfombra, eso es terrible; además, luego se dan cuenta que lo único que hacen es generarse problemas a futuro, porque por la falta de oportunidades y pobreza se viene luego la criminalidad y toda una serie de cosas negativas […] si lo quieren ver desde un punto de vista egoísta, a nosotros no nos queda de otra, más que involucrar a esas comunidades, porque de lo contrario, el mismo proyecto no va a tener éxito. Pero para nosotros es mucho más, es una filosofía”.

Así, promete que los poblados de José María Morelos y Campo Acosta verán mejorar su infraestructura y su imagen urbana en la medida en que avance el desarrollo; también se dará prioridad a los ejidatarios para que accedan a los más de dos mil puestos de trabajo que se requerirían en el complejo.

Tienen a su disposición “desde la dirección de un hotel hasta jardinería, cada quien según sus capacidades, porque muchos de ellos tienen hijos que trabajan fuera como gerentes de hoteles y nuestro compromiso es siempre primero contratar gente de la zona, que traerla de fuera”, afirma, a riesgo de parecer populista.

En el aspecto ambiental, dice que primero se hará el rescate de los humedales de Chalacatepec y Xola-Paramán, antes de que llegue el primer peso de los inversionistas que compren en la zona. Además, pretende establecer un museo de la tortuga marina, un mercado del mar para los pescadores y diversos negocios de los campesinos. El acceso a las playas, asegura, permanecerá libre, dentro de las restricciones propias de la zona federal marítimo terrestre (como no meter vehículos a la playa), considerando que es una zona de anidación de quelonios en peligro de extinción.

Sabe que esto se ha prometido mucho y se ha cumplido muy poco con los enclaves turísticos nacionales, y para ello está la pesadilla ambiental y social de Cancún, el del Caribe. Decir que se es diferente, a priori, “no hay forma de comprobarlo, sólo haciéndolo”, subraya.

La propiedad
Asesorados por el doctor en derecho Isaías Rivera Rodríguez, catedrático de la Universidad Panamericana y ex procurador agrario en el ámbito nacional, se llegó a la conclusión “sólida” de que las 1,200 hectáreas donde se planeaba construir el desarrollo eran de pequeña propiedad (ver recuadro anexo). Entonces se negoció por dos frentes: los pequeños propietarios, que no tenían la posesión pero sí el derecho, y los ejidatarios, cuya resolución presidencial les hizo ocupar las tierras desde el lejano 1960.

Con los campesinos, “que estaban ya informados que no estaban en tierras ejidales”, se hicieron convenios para que renunciaran a sus derechos posesorios. Ricardo Santa Cruz asegura que fueron acuerdos amistosos y nunca se pagó menos de 200 mil pesos por ha (esto es 20 pesos por metro cuadrado), hasta topar, en los casos de parcelas cercanas al mar, en 700 mil pesos (70 pesos por m2). La derrama debió ser “cuatro o cinco tantos más” respecto a los diez millones de dólares que se mencionan en el poblado (Público, 3 de febrero de 2010).

Con los particulares, la negociación también se llevó considerables dólares, cuyo monto no precisa. Pero el dinero que aportó en esa materia el socio del proyecto, el Instituto de Pensiones de Jalisco —75 de casi 89 millones de dólares; los otros catorce van a la bolsa de infraestructura— no amortizan completamente el costo.

¿Por qué entonces una tierra que costó seis o siete dólares por metro cuadrado, se afirma que vale hoy 157 millones de dólares? El empresario responde que es el resultado del proceso de compactación de la propiedad. Trajeron un valuador extranjero que definió el precio a trece dólares, “y eso da como total la cifra” anunciada.

Si Rasaland hubiera aportado la tierra solo, sería dueño de más de 80 por ciento del fideicomiso. Como Pensiones le entró con 48.5 por ciento, aportó cerca de la mitad de ese valor otorgado a los terrenos, “para lo cual también contrató una valuadora internacional de mucho prestigio, que le dio un valor de quince dólares por m2”. Allí están los millones de dólares que faltaban en las cuentas, precisa Santa Cruz.

Prejuicios
“La pobreza y el abandono deterioran más al medio ambiente que un desarrollo bien regulado, y muestra de ello es el mismo Chalacatepec, que al día de hoy tiene dos esteros que son de suma importancia, que están en el listado de sitios Ramsar, y que se están muriendo”, fruto de un mal manejo con agricultura de bajo rendimiento y ganadería extensiva de muchas décadas. Antes que otra cosa, se restaurarán esos sitios, para lo cual ya se ha invertido medio millón de dólares en una investigación que derivará en proyecto.

Santa Cruz añade: “Nuestro compromiso con el medio ambiente es tal que nosotros estamos todavía a un año de ingresar los permisos de la manifestación de impacto ambiental, y me preocupa este como prejuicio que existe porque están diciendo que va a ser devastador el proyecto, y ni siquiera hemos anunciado cómo es el proyecto […]”.

—Habría que aceptar que tenemos pocas experiencias nacionales en donde un plan se haya cumplido con un respeto pleno al medio ambiente y a los pueblos.
—De acuerdo, y no hay una forma de comprobarlo más que haciéndolo, porque de palabra coincido que ha habido muy malas experiencias; entiendo un poco ese prejuicio, pero aquí yo hago un compromiso: la calidad ambiental de Chalacatepec va a ser mejor cuando terminemos el desarrollo, a como está el día de hoy.

El Cancún caribeño aloja 48 mil cuartos de hotel. El del Pacífico jalisciense podría alojar diez mil. Santa Cruz promete, no obstante, que al final, difícilmente rebasará tres mil cuartos. “Es realmente baja densidad y una apuesta por el turismo de alto nivel y un desarrollo verdadero”.

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La historia del amparo, versión RSL

Las 1,200 hectáreas del proyecto Chalacatepec son pequeña propiedad y eso lo confirmaron juzgados federales desde el año 1966, advierte el ex procurador agrario y hoy asesor de la firma Rasaland, Isaías Rivera Rodríguez. Señala que, si bien la resolución del presidente Adolfo López Mateos a favor de los ejidos José María Morelos y Campo Acosta les entregó aparentemente ese “paño de terrenos” que colindan con el mar, el pequeño propietario afectado, Jimeno Serrano, hizo valer los derechos de su predio ante el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, expediente 2130/65, confirmado en 1966 por un colegiado en el expediente 2446/66.

“Así, el predio Paramán-Xola quedó excluido de la dotación presidencial, y se ordenó entregar materialmente la tierra, pero eso se demoró muchos años, y fue hasta 1970 o 1971 que se hizo la ejecución de la sentencia, si bien fue virtual, casi a pie de carretera […] la autoridad nunca tomó la decisión de desalojar a los ejidatarios”.

Por ello, en la compra de derechos posesorios que viene de 2007 a la fecha, “se plantearon compensaciones muy bien pagadas para los ejidatarios” (ver nota principal), pues “para nosotros es muy importante el aspecto social y queremos una solución pacífica e incluyente con el ejido”, añade el empresario.

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“El gobierno no sabe si se pagó lo justo por la tierra”, dice

El Gobernador se deslinda del “nuevo Cancún”

El gobernador Emilio González Márquez deslindó a su Administración del megadesarrollo turístico que se planea construir en Chalacatepec, Tomatlán, pues, aunque él lo presentó hace una semana, ayer precisó que se trata de un proyecto privado de la empresa Rasaland en asociación con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En entrevista con Público, el titular del Poder Ejecutivo dejó en claro que, si el IPE decidió invertir sus recursos en el proyecto, ésta fue una decisión tomada única y exclusivamente por el consejo de administración del organismo, que preside Óscar García Manzano, incluso “avalada por los trabajadores” al servicio del estado, representados en esa instancia por el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Guadalupe Madera Godoy, y su homólogo de la federación de sindicatos de burócratas, Juan Pelayo Ruelas.

Toda inversión de los recursos del IPE tiene que ser autorizada por consejo y de ahí “no sale nada si no está con el voto a favor de los maestros” y los burócratas, y “lo que voten ellos vota la gente que yo envío”, explicó el mandatario estatal, que dejó en claro que las decisiones del IPE son autónomas y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en ellas.

Por tal motivo, añadió Emilio González, “el gobierno no sabe si se pagó lo justo por el precio de las tierras”, pues el papel del Ejecutivo es el de vigilar que se cumplan con las leyes y normas de construcción y ambientales para preservar y respetar el entorno, que fue la parte en la que intervino y seguirá interviniendo su Administración en este caso.

Sobre la posibilidad de que Rasaland hubiera tenido información privilegiada sobre proyectos de infraestructura que se está construyendo en la región, con recursos públicos, Emilio González lo rechazó y aseveró que tanto el proyecto del nuevo aeropuerto de Tomatlán, así como la carretera 200 de Puerto Vallarta a Cihuatlán, o la carretera Villa Purificación-Chamela, eran ya del conocimiento de la opinión pública desde hace tiempo, información a la que cualquiera tenía acceso.

Explicó que decidió avalar el desarrollo en Chalacatepec, al que calificó como “un nuevo Cancún, pero bien hecho”, debido a que le parece que es un muy buen proyecto que podrá ayudar a detonar el empleo y el desarrollo para las comunidades de esa región de la costa de Jalisco. “Hasta donde entiendo, éste es un proyecto que incorpora a las comunidades”, añadió el mandatario.

Emilio González dijo que la postura del gobierno que encabeza, en cuanto a los proyectos de desarrollo comercial y turístico en la costa de Jalisco, es que los propietarios de la tierra (comuneros, ejidatarios y pequeña propiedad) no vendan la tierra y se queden sin nada, sino que se conviertan en socios de los desarrolladores.

Esto no ocurrió en Chalacatepec y no sabe por qué, pero sostuvo que, en otros pueblos donde se pretende levantar complejos turísticos, hay ejidatarios que se convertirán en socios de los desarrolladores.

Finalmente, Emilio González informó que en toda la costa jalisciense hay en este momento entre diez y doce proyectos de inversión turística en curso (Rubén Martín/ Jorge Valdivia).

Crece la controversia sobre “Nuevo Cancún”

Opositores al proyecto turístico advierten que habrá controversias legales. “Empresas cabildearon para ser favorecidas”, dicen pueblos y regidores. UdeG defiende planteamiento técnico y niega intromisión empresarial

Tomatlán, Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán (POEL) –que es base del megadesarrollo turístico en Chalacatepec— es materia de controversia entre distintos actores de la región. Por una parte, líderes de comunidades y regidores de oposición denuncian que es un supuesto “traje a la medida” de los intereses empresariales en la zona; por otro, la Universidad de Guadalajara (UdeG) defiende la calidad técnica del trabajo.

El documento está ya publicado en la Gaceta Municipal de Tomatlán, pero entrará en vigor a partir de que se publique en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Para sus detractores, esa será fecha clave para comenzar impugnaciones por la vía legal, como podrían ser juicios de amparo, pues los afectados con esa “cancelación de derechos” reclaman la violación de sus garantías. Tampoco se descarta reclamar el procedimiento administrativo ante los tribunales locales.

Arturo Cano, regidor por el Partido del Trabajo (PT) y ejidatario de La Gloria, así como Ricardo Serrano, regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denuncian que empresas como Sierra Vallarta y Rasaland (ésta última, socio del Instituto de Pensiones del Estado en el proyecto que el gobernador bautizó “Nuevo Cancún”) tuvieron un peso excesivo, fruto de la fuerte aportación económica que hicieron al POEL por medio de la ahora ex presidenta municipal, Soledad Meléndez González, de extracción priista.

Sin embargo, el coordinador del ordenamiento, Francisco de Asís Silva Bátiz, jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, aclara que los regidores se refieren a una fase anterior al ordenamiento, previa a la intervención de la UdeG; cuando la casa de estudios fue contratada, el dinero fue aportado por el Instituto Nacional de Ecología (INE), y la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) advirtió que aceptar dinero privado podía generar conflicto de intereses, por lo que la alcaldesa aceptó los nuevos términos. A partir de entonces, el trabajo fue escrupulosamente técnico, asegura (ver nota abajo).

Las quejas
Arturo Cano reconoce haber trabajado para sacar adelante un proyecto del grupo Palisca, de origen extranjero, para montar un desarrollo de 33 hectáreas en La Gloria. “Nos topamos desde el principio con mucha burocracia […] lo peor es que la presidenta municipal nos pidió colaborar para el POEL con un millón de pesos, aludiendo que Sierra Vallarta y Rasaland también habían aportado; el empresario le dijo que fuera proporcional esa cooperación, pues la superficie de este desarrollo no es ni 3 por ciento de la de Chalacatepec, y se enojó la presidenta”.

Asegura que ello derivó en un documento que técnicamente “castiga” a La Gloria y premia a esos megadesarrollos. “Les hicieron un traje a la medida”, secunda Ricardo Serrano. El ahora ex regidor por el PRD, José Zárate Camarillo, añade que los ediles no estaban debidamente informados, y que buena parte de los líderes sociales de la demarcación tampoco conocían mayor cosa del asunto.

“El primer borrador del programa beneficiaba a Sierra Vallarta; hubo un tremendo tráfico de influencias, y eso ayudó a quienes estaban comprando tierra barata, pues asustaban a la gente diciéndole, de todos modos te lo vamos a quitar; a quienes resistían, se los llevaron a comer a hoteles de lujo, para deslumbrarlos”, agrega Zárate Camarillo.

En José María Morelos, núcleo que tendrá de vecino al “Nuevo Cancún”, incluso el presidente ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, quien no se opuso a la venta de los derechos posesorios de sus ejidatarios, admite que nunca fue convocado a las reuniones informativas pese a que se iba a afectar el destino de las tierras de la comunidad agraria, lo que tiene un impacto sobre la economía local.

“Parece un negocio perfecto para las empresas; a los ejidos en sus tierras se les dan bajas densidades, para que su tierra sea barata y se propicie el negocio: los empresarios les compran barato y luego se modifican la densidades para que hagan sus proyectos”, dice el ejidatario Héctor Sánchez.

Más allá de la justicia de los planteamientos, queda claro que el futuro del POEL de Tomatlán será sometido a prueba.

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Departamento de Zonas Costeras de la UdeG defiende la solvencia técnica del documento

“El ordenamiento no obedece a intereses”

Puede haber cuestiones sociales y económicas que no resuelva el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tomatlán, pero en su materia, es un documento solvente en el cual no influyeron los cabildeos de los intereses empresariales, pone en relieve Francisco de Asís Silva Bátiz, jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara.

Se trata de una estrategia nacional de política ambiental que fue aterrizada en la costa de Jalisco, región prioritaria de la entidad.

“En el caso del POEL de Tomatlán, no hubo recursos para arrancar hasta mediados de 2008 […] las secretarías estatal y federal del Ambiente se encuentran con que [el] ayuntamiento ya había iniciado la elaboración del POEL a través de una consultoría ambiental privada, la cual era pagada a partes iguales por el municipio y por la empresa Sierra Vallarta [cuyo desarrollo se ubica 30 kilómetros al norte de Chalacatepec]. La Semades argumentó que la participación de una empresa podría generar muchas especulaciones acerca de la credibilidad de los resultados, y que lo mejor era que la UdeG retomara lo hecho hasta el momento y que el POEL fuera financiado por el gobierno federal al través del Instituto Nacional de Ecología, lo cual fue aceptado por la presidenta”, explica el investigador acerca de esa polémica.

A partir de la entrada de la UdeG, todo financiamiento fue con recursos públicos y, por tanto, no hay ningún peso de intereses, señala el científico.

Las zonas aptas para las distintas actividades económicas se definieron de acuerdo al tipo de ecosistemas. En las bitácoras disponibles en www.semades.jalisco.gob.mx, “se puede observar claramente cómo la costa se divide en dos porciones, la norte con mayor aptitud forestal y de conservación, y una porción centro y sur con mayor aptitud turística, de pesca y de conservación […] el sector conservación definió que las selvas baja y mediana, los manglares y los bosques templados de Tomatlán, tienen un alto valor para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ambientales, y que por lo tanto eran áreas prioritarias para la conservación. De acuerdo a este razonamiento, es obvio que un terreno que no tenga selvas o bosques, no son [sic] de gran interés para los fines de conservación, es decir, es de interés para la conservación pero no tanto como los terrenos con selvas y bosques. Por lo tanto, estos terrenos ya impactados sin un elevado interés para la conservación pueden ser más aptos para la agricultura, la ganadería o el turismo, dependiendo de otros factores y requerimientos de cada uno de esos sectores”.

Por eso se llegó a permitir campos de golf en zonas desmontadas, y baja densidad de ocupación en ecosistemas naturales.

En resumen, en Tomatlán ya no caben los desarrollos al viejo estilo, pero las densidades se definen según el grado de conservación y el tipo de ecosistema. Es éste y no un criterio “de intereses empresariales” lo que ha definido la vocación y las densidades de cada zona de Tomatlán, puntualiza Silva Bátiz.

“Nuevo Cancún”, fortuna para unos cuantos

Tierra barata, la clave del megadesarrollo en Chalacatepec. La historia oculta: por 1,200 hectáreas en posesión de ejidatarios de Morelos, que son la base del proyecto, los campesinos recibieron 100 mil pesos por ha, pues “se les convenció” que se ubicaban sobre una pequeña propiedad y de todos modos las perderían. El desarrollador dice que pagó hasta 700 mil pesos. En las fotos, de arriba abajo: las obras de la aeropista, la playa y la zona de manglar con la laguna

Ejido Morelos, Tomatlán. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO

Esta tierra debió ser defendida a punta de pistola por sus actuales habitantes, hace medio siglo, cuando arribaron a formar ejidos con el mandato presidencial de conquistar la feraz, bronca y remota costa mexicana del Pacífico. Ahora, desde las esferas gubernamentales, el mandamiento cambió, pues llegó la hora de los negocios, y de eso, los campesinos no saben nada.

Es la lógica que ha generado el megaproyecto Chalacatepec, “Nuevo Cancún” que lanzó oficialmente hace una semana el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en una coinversión del Instituto de Pensiones del Estado y el fondo de inversión Rasaland, con la bendición del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur).

Son 183 millones de dólares de arranque, la mayor parte invertido en terrenos (unos 157 millones de dólares). Pero ni siquiera 10 por ciento del monto llegó a manos de los ejidatarios de José María Morelos, núcleo agrario que tuvo por 40 años la posesión de las 1,200 hectáreas que alojarán el desarrollo.

No todos han vendido aún. La presión a los posesionarios se las aplica personal del gobierno de Jalisco, comprometido con la empresa desde al menos 2004, y los propios compradores privados, quienes aluden a una escritura de pequeña propiedad (llamada Xola-Paramán) que echaría abajo el régimen ejidal justamente en esa demarcación situada frente al mar, coinciden testimonios de diversos campesinos, con lo que converge la versión del gobierno y de la empresa Rasaland, encabezada en el proyecto por Ricardo Santacruz. El empresario asegura que el pago rebasó en algunos casos 700 mil pesos, pero niega las presiones, porque jurídicamente, los campesinos no estaban en sus tierras.

“O vendes ahora o te quedas sin nada”, les dijo Cola de Caballo, un agente de bienes raíces llamado Ignacio Moreno, a decenas de posesionarios, quien trabaja para Santacruz. A los que se aferran a su parcela, la amenaza de perderlo todo los mantiene sumidos en la preocupación.

Así, se ha comenzado a organizar una creciente disidencia interna que ve con recelo este Jauja prometido, con sus miles empleos y su derrama económica. El enclave turístico, que incluye casi trece mil cuartos, marina, campo de golf, entre las lagunas de Chalacatepec y Paramán, tiende a excluirlos, se queja el secretario del ejido, Elías Sánchez Vázquez.

La idea cada vez más dominante es que se les ha despojado de una tierra que les pertenece, y que el recién aprobado Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tomatlán fue “traje a la medida” para favorecer a los grandes inversionistas sobre los intereses de los pueblos. “Vamos a defender en los dos frentes los derechos del ejido”, les prometió el asesor del núcleo agrario, Pedro León Corrales.

Para el presidente del comisariado, Ricardo Vázquez Nájar, el caso de las ventas a bajo precio fue inevitable. “Nos llegaron con datos desde el gobierno del estado, de que esto era parte de una pequeña propiedad, y qué le hacemos, la gente mejor vendía antes de perderlo todo”. Reconoce que se sacó poco dinero, aunque en lo que va de sus casi tres años de gestión, ingresaron a las arcas del ejido cinco millones de pesos por concepto de un cobro de 5 por ciento con que se carga a cada operación de compraventa.

“Lo que yo hago es aconsejar que no vendan, porque están dando muy barato (…) que se esperen a que se termine el proceso de certificación del ejido, para que puedan vender a buen precio. Pero ya de esto, ni modo, no podemos hacer nada…”.

- ¿No cree que se debió defender esa tierra con tantos años de posesión?
- Lo que pasa es que todos los comisariados de antes decían, hay que defenderse de la pequeña propiedad, pero hubo un juicio que se perdió, y ya no había forma. Les dijeron que o vendían barato o se iban a terminar quedando sin nada.

Ya vendieron como 60 campesinos. Habría al menos otros 20 que se niegan a ceder, aunque el comisariado asegura que en el caso de las 1,200 ha, sólo dos están pendientes. Los pagos podrían promediar 100 mil pesos por hectárea, aunque a últimas fechas, las ofertas se han ido a un tope de 250 mil pesos, sin excluir las advertencias de perder todo si no se recapacita (en la Riviera Nayarit, la hectárea se cotiza entre 100 mil y 600 mil… dólares –ver Público, 29 de enero de 2008-).

Según León Corrales, el “truco” es que los promotores de la supuesta pequeña propiedad lograron en un juicio que no fue atendido en su momento por el comisariado ejidal, echar abajo la ejecución del ejido, bajo el argumento de que se había afectado de forma incorrecta una superficie privada ajena al latifundio de la hacienda La Nance o La Nanci -no hay pleno consenso sobre la grafía-, la cual fue entregada por el general Roberto Fierros Villalobos para la dotación de ejidos.

“Pero la resolución presidencial, que marca 12,400 hectáreas para Morelos, no ha sido cambiada; debo decir que en ningún sitio de esa resolución se habla de que la ex hacienda colinde con una propiedad llamada Xola-Paramán o algo parecido (…) nosotros creemos que se trata de una escritura que puede ser genuina, pero corresponde a una zona distinta, y allí está la trampa”, afirma.

De hecho, el 26 de junio de 2009, la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria ordenó a su delegado estatal intervenir para que se inscribiera el decreto presidencial que dotó a Morelos el 12 de abril de 1960, en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, delegación de Puerto Vallarta, lo que implicaba reconocer la resolución en plenitud y cancelar escrituras que contravengan ese decreto. La citada oficina se negó a hacerlo. Los ejidatarios ahora prometen no quedarse con los brazos cruzados; ayer ordenaron a su asesor establecer una estrategia legal para hacer valer su decreto, lo que los llevaría a comparecer ante la justica federal.

El avance del proyecto se ha dado de forma discreta desde 2004, cuando el gobierno de Francisco Ramírez Acuña lanzó su agresiva campaña para desarrollar la costa de Jalisco, retomando el concepto de Costalegre de Guillermo Cosío Vidaurri, cancelado trece años antes. El mandatario dio recursos a tres proyectos carreteros, dos de los cuales sólo ocasionaron los daños ambientales de rigor, pero no se concluyeron. También adquirió la propiedad de un conjunto de parcelas para edificar una aeropista de dimensiones notables: se habla de al menos 2.7 kilómetros de longitud. Esa infraestructura, junto con las ampliaciones de la carretera federal 200, es la base para que los turistas de alto nivel socioeconómico lleguen a Chalacatepec, el Cancún del Pacífico.

Las obras de la aeropista están avanzadas, y se enclavan a unos pocos metros de la laguna Paramán, lo que lleva a la ambientalista Raquel Gutiérrez Nájera a atisbar un indudable daño en el estero.

Además, “nos están dificultando el paso a nuestras parcelas”, se queja Adelaido González. El tránsito de las trocas es ahora por otros caminos que permanecen en mal estado, pese a la promesa gubernamental de darles mantenimiento.

En la adquisición de ese terreno se repite el patrón: compensan a ejidatarios por una presunta pequeña propiedad, que además, les dona la SRA, asegura León Corrales.

De este modo, los ejidatarios de José María Morelos no son los nuevos millonarios de la costa de Jalisco. Aunque en algunas casas ha entrado más dinero de lo que imaginaron nunca. Hay campesinos que recibieron de tres a tres y medio millones de pesos. Si pensaban que sería su felicidad, ese recurso ha tenido también un efecto perverso: incentivar la pequeña industria del secuestro. En los últimos meses se acumulan cuatro víctimas en esta zona. “Son gentes que habían vendido sus tierras, ellos lo sabían y decidieron aprovecharlo”.

Así termina un largo periodo de tranquilidad. Fue en 1978, recuerda Elías Sánchez, cuando se dispararon las últimas balas en la pelea con los posesionarios de Higuera Blanca, por tierras dotadas al ejido. El enfrentamiento venía desde 1960, y había cobrado varias vidas de migrantes. “Los soldados detuvieron al presidente del ejido y se lo llevaron a la penal después de la balacera (…) fue para ablandar a la gente, después se firmó un convenio y todos tranquilos”. Entonces se acabaron las viejas rencillas por la tierra. Esas que hoy parecen resucitar.

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Pescadores, en incertidumbre

Han vivido más de 30 años de lo que cosechan en los esteros y en las bahías, pero ahora su oficio está en riesgo ante la llegada de un megaproyecto que significa su reubicación.

“Somos 36 familias las que vivimos de la pesca, algunos son ejidatarios, otros sólo vecinos, pero tenemos derechos, permisos en regla como cooperativa y fuimos dados de alta ante la asamblea del ejido […] se produce lobina, mojarra, robalo, camarón, y muchos productos más, fundamentalmente para nuestras familias, no para comerciar, por eso nos preocupa tanto”, señala Adán Magaña Licea.

Ahora con el cambio de posesionarios en el entorno de las lagunas de Xola-Paramán y Chalacatepec, así como de la zona que colinda con la playa, les anunciaron que se deben cambiar de sitio, lo que ocasiona gran incertidumbre.

“No se les va a impedir su actividad; se trata solamente de que se reubiquen, pero podrán seguir pescando en toda el área, son zonas federales”, asegura el presidente ejidal, Ricardo Vázquez Nájar.

La tortuga marina “no está en riesgo” en Chalacatepec

El nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico Local impide dañar playas, advierte Francisco de Asís Silva Bátiz, principal consultor del proyecto

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 1 de febrero de 2010

Campamento en la playa La Cruz de Loreto, en Tomatlán. No hay riesgo de que los nuevos proyectos turísticos en Tomatlán alteren las playas de anidación de tortuga marina, y más allá de la polémica sobre cuáles son los límites del santuario protegido de Mismaloya, no se pueden “desincorporar” dichas zonas del sistema nacional de áreas naturales protegidas, advirtió ayer el director del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, Francisco de Asís Silva Bátiz.

“La protección y conservación de las tortugas marinas y de su hábitat de anidación en la playa Chalacatepec están consideradas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Tomatlán, y los proyectos turísticos en dicha playa deben de cumplir con estrictos criterios ecológicos indicados […] entre estos criterios se incluye que cualquier construcción cimentada debe de estar ubicada por detrás del primer cordón de dunas con vegetación, lo cual implica una distancia de al menos 50 metros a partir del límite de la zona federal marítimo terrestre, y en algunas zonas de la playa esta distancia es mayor a 100 metros”, es decir, lejos de la zona a donde los quelonios llegan a desovar.

En la zona se pretende albergar un megaproyecto turístico de baja densidad de las dimensiones de la zona turística de Cancún, el cual fue anunciado la semana pasada por el gobierno del estado, en una sociedad de coinversión del Instituto de Pensiones de Jalisco y el fondo privado RLD (Público, 27 de enero de 2010). Al conocerse, surgieron voces de alarma sobre la posibilidad de que se impactara el santuario de tortuga marina más grande del país: Mismaloya, con el que colinda al norte. Silva Bátiz consideró que serán menores.

En playa Chalacatepec, la zona de dunas tiene una extensión total de 135 hectáreas, “el POEL indica que sólo 35 por ciento de esta superficie puede ser aprovechada por proyectos turísticos, esto es, alrededor de 47 hectáreas; el resto deben conservarse en estado natural”.

En la superficie aprovechable “la densidad máxima permitida es de 13 cuartos/hectárea, por lo que a todo lo largo del frente de playa –cerca de siete kilómetros hasta la boca de la laguna Paramán–, puede existir un máximo de 611 cuartos, o su equivalente de 200 viviendas de tres recámaras, esto es, cuatro viviendas en cada diez mil metros cuadrados”, lo que significa una densidad baja de impactos mínimos.

En el primer cordón de dunas con vegetación y por delante de éste, “no deben existir construcciones cimentadas, únicamente se permiten estructuras no permanentes y que no obstaculicen los procesos de anidación de las tortugas marinas y de otras especies como invertebrados y aves. Además, las actividades en la playa no deben de provocar la alteración de la misma ni interferir con el proceso de anidación de las tortugas marinas, y las actividades deben de minimizarse en la temporada de anidación”. Estas actividades serían reguladas acorde con las indicaciones del campamento tortuguero de Chalacatepec, el cual opera la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Se prohíbe el acceso a las dunas y las playas de vehículos motorizados –con excepción de los que se usan en los campamentos tortugueros–; también, fuentes de luz artificial y fogatas, ganado y perros.

Silva Bátiz precisó que hay numerosas restricciones en el POEL a la contaminación, las fincas permanentes y los daños a los esteros contiguos, que son sitios Ramsar. Defiende la seriedad técnica del trabajo realizado justamente para preservar esta zona de la costa del daño ocasionado por el desarrollismo tradicional.

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Reserva protegida, intocable

El POEL “es un instrumento municipal para regular el uso del suelo cuya administración es de carácter municipal y no aplica a bienes nacionales que son administrados o regulados por la federación, como lo es la zona federal marítimo terrestre. El Santuario de tortugas marinas del Playón de Mismaloya comprende en tierra firme únicamente la zona federal marítimo terrestre; en este sentido es inviable legalmente que un instrumento de aplicación municipal como el POEL pueda desincorporar zona federal marítimo terrestre”, advirtió Silva Bátiz.

De hecho, el ordenamiento municipal “no puede tener mayor jerarquía jurídica que el Decreto Presidencial por el cual se decretaron los Santuarios de tortugas marinas en 1986, y es equivocado considerar que con la publicación del POEL se está desincorporando parte del Playón de Mismaloya como Santuario de tortugas marinas”.

Eso no obsta para que el POEL considere criterios de conservación en la zona aledaña que garantiza el mantenimiento de las arribazones milenarias del quelonio. “Hay que recordar que los proyectos que llegaran a plantearse en la playa Chalacatepec deberán presentar la Manifestación de Impacto Ambiental […] no existe ninguna duda de que si el proyecto presentado no fuera viable ambientalmente, la Universidad de Guadalajara sería la primera institución en manifestarlo públicamente”.

Medio ambiente, muchas cifras, pocos resultados

Se crearon más áreas protegidas, pero sin financiamiento; las cifras de cumplimiento de verificación de vehículos permanecen bajas; ocho de cada diez litros de aguas negras no se tratan

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 1 de febrero de 2010

El III Informe de Gobierno de Emilio González Márquez no señala que Jalisco sea una maravilla en el tema ambiental, pero sus cifras optimistas ocultan la realidad.

En cuanto a indicadores, el texto ofrece catorce, de los cuales, la mitad cumplieron las metas en 100 por ciento, tres tienen cumplimiento por arriba de 81 por ciento y sólo tres quedan bajo de 80 por ciento. Cuando se conocen los datos del grave deterioro que padece el estado, esto mueve al escepticismo, pero la explicación es simple: el informe no valora la situación del estado de Jalisco en la materia, sino la situación de las modestas metas que se plantearon en el tema de medio ambiente un año antes. Y si se promete poco, hay más posibilidad de sacar una alta calificación.

Ejemplos: la meta de aguas residuales tratadas se cumplió entre 80 y 99 por ciento. Pero resulta que la meta en 2009 era alcanzar una cobertura de 22.79 por ciento, mientras se llegó 20.9 por ciento. Entonces, se estuvo cerca de cumplir una meta que apenas abona frente al inmenso deterioro. La realidad: ocho de cada diez litros de aguas negras en Jalisco circulan libremente, contaminando sus cuerpos de agua.

Otro esquema aún más tramposo: áreas naturales “bajo esquema de protección”. Meta que se cumplió incluso por arriba de la meta, pues se creó un área natural protegida estatal en los bosques de niebla del Nevado de Colima (la cual no ha recibido un solo peso de asignación para llevar a cabo su programa de manejo y hacer realidad la protección), se tiene muy avanzado otro proyecto en Sierra del Águila, y pronto habrá propuestas para el bosque de arce de Talpa (ninguneado desde 2002 en que sus ciudadanos solicitaron la reserva federal), para Cerro Viejo-sierras de Chapala y para los cañones de los ríos Santiago y Verde (de carácter federal). Se supone que hay bajo esquemas protegidos poco más de 806 mil hectáreas, 10 por ciento del estado, pero con muy poco financiamiento, incluidos los trece sitios Ramsar. El dato relevante: hasta ahora, el gobierno de Jalisco ha apostado… por las reservas de papel.

¿Qué decir del caso de la deforestación? El indicador simplemente señala que se cumplió la meta trazada sembrando arbolitos. ¿Se evalúa su impacto contra el deterioro? Por principio de cuentas, ni siquiera hay certeza de una alta supervivencia de las plantaciones. Y Jalisco pierde cada año, según las cifras de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) —validadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO— alrededor de 23 mil hectáreas de vegetación natural, es decir, algo así como dos tercios del bosque La Primavera.

Tampoco hay buenos resultados en la verificación obligatoria de automotores, que no rebasa el tercio del padrón, al mismo nivel de los años en que no fue obligatoria.

Datos de la realidad

8 de cada 10 litros de aguas negras no reciben tratamiento

Ha crecido la superficie nominalmente protegida, pero la inversión dedicada a esa protección no creció desde 2006

Cerca de 23 mil hectáreas de vegetación natural, equivalente a dos tercios del bosque La Primavera o a 250 parques Los Colomos, desparecen cada año de Jalisco
El índice metropolitano de calidad del aire se ha mantenido por debajo de 100 puntos promedio anual en este trienio