Jalisco cumplirá sentencia para reparar camino en zona huichol

Se invierten hasta ahora casi 20 millones de pesos y el costo final es de 100 mdp; "mantendremos gestiones" para no detener proyecto, aseguran en la SIOP estatal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Nueve años después de que las obras ilegales de la carretera Bolaños-Huejuquilla fueron detenidas por los moradores de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), y a tres de que una sentencia de amparo quedó firme y obligó al gobierno de Jalisco a la restauración del área, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) asegura que el proyecto pactado de camino-jardín y las diversas compensaciones, no se detendrán.

"Los 39 millones de pesos que se mencionaron son de un recurso que gestionamos con la federación, para hacer 7.5 kilómetros [de un total de 19.2 km]; pero la obra completa andará por 100 millones de pesos. Ese recurso no llegó, por los recortes, pero estamos activos en busca del dinero, muy conscientes de que esa sentencia nos obliga, lo cual hemos comunicado a los dirigentes de la comunidad", dijo la directora general del jurídico de la SIOP, Elisa Julieta Parra García.

La funcionaria destacó que han aceptado la invitación de la comunidad para acudir el próximo sábado 28 de enero, en que se realizará una ceremonia en el Paso del Oso para despedir a los peregrinos que van al oriente, a Wirikuta; dijo que además de presentar sus respetos a la comunidad wixárika (huichola) y de abordar sus dudas sobre el proyecto, supervisarán el camino, pues en la actualidad se realizan dos kilómetros del camino, mediante un contrato con constructora Madison SA.

Descartó que haya anomalías, pues se trata de un proyecto en ejecución "y es hasta que se entrega" cuando se podría ver si no se cumplió lo acordado. Reconoció que hicieron falta los "alerones" de un puente en Paso del Oso y ubicar todos los monolitos (ver fotografía anexa) pero es algo que se va a incorporar antes de que entreguen los trabajos. Ese contrato cuesta alrededor de 14 millones 300 mil pesos, aunque la restauración del sitio sagrado es aparte.

"Hacemos las cosas en la medida de nuestras posibilidades presupuestales; no vamos a aflojar en nuestras gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener dinero", y se buscarán alternativas en caso de que esas gestiones se demoren, en busca de no detener el proyecto.

En ese sentido, el director de Infraestructura Rural de la SIOP, José Antonio Ampudia Torres, destacó que mientras el recurso a Madison por dos kilómetros rebasa 14 millones, hay alrededor de seis millones más invertidos: 1.4 millones en Paso del Oso, y 4.6 millones en los proyectos previos: el estudio de restauración de ese sitio, la manifestación de impacto ambiental (MIA) y el estudio técnico justificativo (ETJ).

ACUERDOS TRUNCOS
La reparación del daño se acordó entre la SIOP y los comuneros bajo las siguientes reglas: incorporar a la UdeG para realizar y supervisar la MIA , el ETJ, la restauración y la construcción del camino; sumar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el proceso; establecer criterios especiales para generar por parte de la misma Semadet un "camino certificado", ideal para zonas rurales y que preserve valores ambientales; la determinación del trazo se dio bajo la base de que no habría cambios de uso de suelo de consideración y se establecería un "camino-jardín": piedra "ahogada" en huellas de concreto con un paisaje totalmente restaurado; esto incluye que haya infraestructura para captar agua para jagüeyes (bordos), con cercado, con pasos de ganado; relocalizar una casa y establecer "señalética ecológico-cultural bilingüe".

Abarca además la restauración del sitio sagrado que se ubica en el ejido vecino de Tenzompa; el rediseño de camino en colindancia con el Cerro de la Puerta. Todo esto obliga a la generación de los permisos en las áreas ambientales del gobierno federal y del estado.

El problema es que todo esto se ha realizado con mucha lentitud, lo que exaspera a los representantes del pueblo aborigen. El recuento:

Entre octubre de 2014 y enero de 2015 se realizó el levantamiento topográfico del camino y se trabajaron las propuestas para el rescate del sitio sagrado. Ese levantamiento debió rectificarse en mayo de 2015 por defectos graves: no se habían incorporado las modificaciones en las curvas ni el cambio de uso de suelo. Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2015 se realizó el "caminamiento conjunto entre comunidad y autoridades"; el 12 de marzo se celebró un taller para elaborar "la ruta crítica" en la ejecución de la sentencia, todo lo cual fue aprobado por la asamblea general de comuneros, máxima autoridad agraria en Tuapurie, el 13 de marzo de 2015, lo que se hizo del conocimiento del juez.

Pero siguieron los retrasos: el anteproyecto ejecutivo se entregó 17 meses después, el 10 de agosto de 2016. El 10 de octubre siguiente, la Semadet otorgó autorización condicionada de impacto ambiental a la SIOP. Fue hasta el 14 de noviembre, hace poco más de dos meses, que se celebró reunión formal para arrancar obras.

Los huicholes y sus asesores han hecho saber al titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, sus quejas sobre todo este proceso: además de los retrasos, la restauración del Paso del Oso violó los acuerdos que tiene el juzgado y la dependencia debió rectificar; el levantamiento topográfico fue incorrecto pues "no consideraba las modificaciones en las curvas del paraje Ciénega de los Caballos ni en la zona denominada La Batalla"; el proyecto ejecutivo, además de tarde fue de "muy pobre calidad técnica" e incompleto –por ejemplo, se cambió el empedrado ahogado con huellas de concreto a un empedrado sencillo; además, el camino no fue estacado en zonas de curvas, lo que retrasó aún más los trabajos.

Todos estos detalles han colmado la paciencia de los comuneros. Como gesto de buena voluntad, esperan que este sábado haya un diálogo y compromisos sólidos para que finalmente la pesadilla de un camino destruido, nueve años después, se termine.

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Claves

Derechos huicholes, una cronología

1989
México firma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo "sobre pueblos indígenas y tribales", hasta ahora el máximo reconocimiento internacional hacia los derechos territoriales, ambientales y de identidad de los pueblos indígenas del mundo

1998
La Organización Internacional del Trabajo toma el conflicto de Bancos de San Hipólito –lucha por restitución de una comunidad huichola arrancada a San Andrés Cohamiata en el sur de Durango, y reconvertida a ejido con predominio mestizo- como caso paradigmático

2000-2016
Restituciones de la comunidad de San Sebastián en territorio nayarita invadido por ganaderos mestizos, juicios agrarios que recuperan más de 25 mil ha

2008
Santa Catarina Cuexcomatitlán decide detener la imposición de la carretera Bolaños-Huejuquilla e interpone juicios de amparo y penal contra el gobierno del estado.

2009
La OIT acumula tres recomendaciones al gobierno mexicano en busca de reconocer el derecho al territorio del pueblo Wixárika y asienta la jurisprudencia internacional de cómo se interpreta el convenio 169 con respecto a la retroactividad

2012
Los pueblos huicholes de la Sierra Madre Occidental logran victorias jurídicas para proteger su sitio sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí, con la suspensión de 72 concesiones mineras "ante la posible violación del derecho al consentimiento libre previo e informado" en un territorio que no poseen ni son propietarios pero es esencial en su cosmovisión

2014
Queda firme sentencia a favor de Santa Catarina por el caso de la carretera ilegal; en mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emite sentencia (amparo 596/2008) que confirma la obligación del gobierno de Jalisco de pagar y reparar los daños causados a la comunidad por la carretera impuesta por el gobierno de Emilio González Márquez.

SIOP debe reparar el daño a carretera

Es una sentencia firme la que obliga a invertir en la restauración de 19.2 km de la ruta Bolaños-Huejuquilla.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El incumplimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del proyecto de restauración del camino de 19.2 kilómetros de la comunidad de Tuapurie, eslabón esencial en la carretera Bolaños-Huejuquilla, no es opción, ante la firmeza de la sentencia del juicio de amparo 596/2008, la cual se quiso echar debajo de forma estéril por parte del jurídico de esta misma dependencia, de acuerdo a documentos del litigio en poder de MILENIO JALISCO.

Así, fue en mayo de 2014 cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emitió sentencia que confirmó la obligación del gobierno de Estado a pagar y reparar los daños causados a la comunidad, incluidos la recuperación de Paso del Oso, que se encuentra fuera de su territorio pero es sitio sagrado.

Tras ello, se abocó a una manifestación de impacto ambiental considerada “sin precedentes” por sus alcances, pues se buscaba dar certeza a Santa Catarina Cuexcomatitlán de que la nueva modalidad partiría de un diálogo intercultural entre un pueblo aborigen, la Universidad de Guadalajara y un gobierno que heredó un conflicto grave.

La imposición inicial de la carretera, por el gobierno de Emilio González Márquez y bajo la responsabilidad y gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP, incluyó la falsificación de un acta de asamblea y sus firmas, el intento de soborno a autoridades comunitarias, la represión a activistas comunitarios y la ocultación de información sobre el daño ambiental y la perturbación del paisaje, incluidos daños a lienzos, viviendas, conductos de agua y automotores de la comunidad que se negaron a restituir, como documentó ampliamente desde finales de 2007 este diario.

Por si fuera poco, combatieron las acciones de defensa de la comunidad hasta sus últimas instancias legales. Cuando entró el gobierno de Aristóteles Sandoval, se abrió el diálogo, pero los autos demuestran que la nueva dependencia también trataba de impedir la sentencia condenatoria en los tribunales, lo que dificultó alcanzar acuerdos hasta que la sentencia se emitió en forma definitiva, la cual quedó firme el 13 de mayo de 2014.

Dicha sentencia obliga a “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero comprometido dentro de los kilómetros 70+400 al 89+580”, lo que incluye la reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, “utilizando la vegetación prevaleciente en la zona”, la cual fue descrita de manera pormenorizada en los dictámenes en materia de “externalidades y recursos materiales”, rendidos por el perito de la parte quejosa oficial, lo que obliga además a el mantenimiento del arbolado plantado.

También se obliga a realizar la infraestructura necesaria “para conducir y encauzar, de manera adecuada, los escurrimientos que intersectan con el camino trazado”. Otra obligación es buscar los monolitos destruidos del Paso del Oso, pues se debe restituir ese daño a un sitio de ese simbolismo.

También obliga a un “cumplimiento sustituto” por los daños causados a la comunidad “que por su naturaleza ya no pueden ser reintegrado”; es decir: extracción de material pétreo por 95 mil metros cúbicos; tala ilegal de 1,388 metros cúbicos de madera en rollo de pino y 534 m3 en rollo de encino; el cambio de los patrones hidrológicos y la erosión de cinco millones 800,288.60 m3 de suelo.

Carretera en Tuapurie, nueve años de un daño no reparado

La SIOP amenaza con no dar presupuesto a la obra de restauración de sitios sagrados y camino-jardín, pese a que fue condenado el gobierno por un juez federal a reparar los daños

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La destrucción de 19 kilómetros del viejo camino de Bolaños a Huejuquilla, incluidos sitios sagrados, en territorio comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), fue detenida por la comunidad aborigen desde los primeros días de 2008. Nueve años después, el daño generado por el gobierno de Jalisco no se ha reparado.

Esto, no obstante que un largo juicio de garantías fue ganado en todas las instancias por los wixaritari, lo que no hace opcional sino obligatoria la inversión del gobierno estatal para restaurar la zona – si bien la tropelía se cometió durante la administración de Emilio González Márquez (no había permisos dela comunidad ni autorización de impacto ambiental), la responsabilidad es institucional-, y realizar un camino de características ecológicas y culturalmente aceptables para ellos.

Aunque la administración de Aristóteles Sandoval Díaz ha aceptado plenamente la sentencia, y ya existen proyectos de la obra y las restauraciones, esto se ha tropezado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con problemas presupuestales, que ponen en riesgo que este año se cuente con recursos, de acuerdo a lo que informó la dependencia a una comitiva de comuneros que asistió a reunión esta misma semana.

Son 39 millones de pesos el costo del camino, de acuerdo a información de los asesores de los huicholes. Un costo relativamente menor si se considera que un paso a desnivel en el área metropolitana de Guadalajara se lleva de 200 a 300 millones de pesos. El compromiso, tras casi siete horas de trabajo en la sede de la SIOP la tarde del 17 de enero, fue definir a finales de este mes si se pudo “priorizar” presupuesto, ambigüedad que irrita a los huicholes, según señalaron fuentes oficiosas a MILENIO JALISCO.

Los comuneros realizarán el próximo 28 de enero una ceremonia en el Paso del Oso, el principal sitio que fue afectado por los contratistas de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy SIOP. La ceremonia es para despedir a los peregrinos que se encaminan con rumbo al oriente, a Wirikuta, enclavado en el cerro El Quemado, San Luis Potosí, la zona sagrada más simbólica de su cosmovisión. Para el efecto, han invitado personalmente al titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, con la idea de que tome de forma directa el pulso del problema. La falta de un camino en condiciones óptimas genera mayores dificultades en las comunicaciones para los moradores de la sierra, que de por afrontan la marginación histórica más amplia y mejor documentada del estado de Jalisco.

El énfasis de la urgencia de los comuneros tiene tres aspectos esenciales: se trata de una sentencia ya incombatible de un juzgado de distrito, ratificada por un colegiado, y que no puede dejarse de ejecutar; están de por medio además la amplia gama de derechos indígenas que el gobierno mexicano ha reconocido en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y SIOP representa en última instancia una responsabilidad del gobernador en turno, que tiene “en bandeja” la oportunidad de demostrar que los indígenas no sólo le importan, sino que son prioridad.

LA HISTORIA
En noviembre de 2007, la asamblea de Tuapurie acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal a la que se anexaron firmas de asistencia (edición del 16 y 20 de febrero de 2008).

Eso los llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; asimismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”.

Tras la sentencia en contra, la todavía Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños. El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia.

El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial. El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial. El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología. El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades. La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos.

No obstante, el 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia de amparo. 20 meses después, el 19 de septiembre de 2013, se determinó cómo será ejecutada. Contra ello, el gobierno de Jalisco ya bajo la responsabilidad de Sandoval Díaz, interpuso un recurso de queja, el 8 de octubre de 2013 ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa. Ese tribunal determinó, el 14 de mayo de 2014, que no procede la queja, lo que deja la sentencia firme y obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.

El 14 de agosto de 2015, se terminó el conflicto. En una ceremonia en el mismo Paso del Oso, las autoridades comunales y la SIOP acordaron retomar un proyecto de camino ecológico muy distinto a la obra que quiso ser impuesta por el gobierno de González Márquez.

“Hemos logrado llegar ya al acuerdo del cumplimiento sustituto de la sentencia 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la secretaría a reparar los daños ocasionados por las obras; hubo mucha voluntad de las partes, logramos recuperar la confianza de los comuneros, y el pasado 13 de marzo, en el poblado Pochotita, la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir los 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas que facilitará el tránsito de vehículos; también hemos dado preferencia a dar empleo a personas de la propia comunidad […] la ceremonia es para pedir perdón a la madre Naturaleza, al tiempo de también obtener su permiso para hacer los trabajos, de lo que ellos han llamado un camino-jardín”, dijo ese día la responsable jurídica de la SIOP, Julieta Parra.

Pero a partir de entonces, todo comenzó a retrasarse. La idea era que los trabajos de restauración permitieran reconstruir el Paso del Oso en los siguientes tres meses, y después el trazo completo de la carretera. Han pasado más de 18 meses, y sólo se ha avanzado sobre 1.5 kilómetros, con bastantes problemas en la fidelidad al proyecto aprobado. Ahora les dicen que quizás no haya dinero para terminar con el compromiso.

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CLAVES

Entresijos jurídicos

Amparo, el mandato judicial: “se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa…”, dijo el juez I de Distrito de esta ciudad el 26 de mayo de 2014

Delitos cometidos por funcionarios de la Sedeur por alterar actas comunales. Para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que generó malestar en los comuneros de Tuapurie

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO

Arranca consulta de ANP de El Cuale

La Semadet confía en que los ejidatarios y pequeños propietarios se convenzan de las enormes ventajas del esquema.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

No obstante que ejidos de Cabo Corrientes y de la parte sur de Puerto Vallarta - Emiliano Zapata, Juntas y Veranos, Boca de Tomatlán, Mismaloya y Pedro Moreno-, han manifestado su oposición a la nueva área natural protegida de El Cuale, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, espera que la adhesión mayoritaria de otros ejidos y de pequeñas propiedades, así como grupos ecologistas y ciudadanos, permita cimentar el proyecto de protección con legislación estatal más ambicioso de la historia de Jalisco.

Porque la sierra de El Cuale no es cualquier sitio. Es el grupo de montañas que rodea a la bahía de Banderas en su parte sur y da sustento con sus servicios ambientales al emporio turístico de Puerto Vallarta, que ocupa entre el segundo y tercer lugar nacional como generador de divisas por turismo. La “venta” de paisaje, de biodiversidad, de aventura, de clima y de agua son parte del paquete que el visitante nacional y extranjero busca en el antiguo Puerto Las Peñas. Y justamente la contemplación de esos acantilados y el disfrute de esa selva y esos arroyos que bajan de la sierra, son la inevitable exigencia de los visitantes. Es decir, la funcionaria piensa que es al destino turístico, con su poderosa economía, al primero que le debería importar mantener el área, y en lógica llana, debería tener razón.

Pero hay un grupo tradicional de usuarios de bosques que no ven las cosas igual, si bien, hay un extenso trabajo previo de consulta y convencimiento que el responsable de la gestión del proyecto, Antonio Ordorica Hermosillo, confía sea un fundamento sólido. Los ejidos que manifestaron su oposición se ubican en el lindero sur del polígono, y su superficie afectada es menor en relación con las 111,633 hectáreas a proteger. No obstante, se seguirá trabajando con ellos, “queremos que entiendan que no se cancelan sus aprovechamientos y que por el contrario, ser parte de un área natural protegida y contribuir a conservarla con actividades productivas es una marca que pueden explotar, además de las prioridades en programas de pagos de servicios ambientales y proyectos productivos de que gozarán por estar en un área protegida”, sostiene.

Hoy, en la ciudad costera, la secretaria y su equipo presentaron el proyecto y animaron a participar en la consulta pública, que incluirá foros en los que se puede participar in situ o vía el sitio de Internet.

El Gobierno de Jalisco destinará este año cuatro millones de pesos a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de la sierra, es decir, la demarcación protegida nace con presupuesto y con programa de conservación y manejo.

“El proceso de consulta pública tendrá una duración de 60 días naturales y permitirá que todos los actores involucrados en el tema entre ellos propietarios y poseedores de predios dentro del polígono propuesto como ANP, conozcan el proyecto de conservación y emitan sus opiniones y recomendaciones sobre el tema”, añadió.

Las opciones para participar “son vía telefónica al 30 30 82 65; en la página jalisco.gob.mx/elcuale; al correo electrónico conservemossierraelcuale@jalisco.gob.mx”, o las oficinas de la Semadet en Guadalajara o en Puerto Vallarta. Ésta última se ubica en avenida de los Grandes Lagos 236, colonia Fluvial Vallarta (código postal 48312 y teléfono 01 32 22 23 18 01).

Del 10 de enero al 11 de marzo se llevarán a cabo mesas de trabajo con organizaciones civiles, ejidos y pequeños propietarios para socializar detalles del proyecto. El 9 de febrero se realizará el Panel de Análisis Socioambiental para la Conservación y Manejo de la Sierra El Cuale, en el Auditorio del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara; otros foros de consulta son el 10 de febrero en la Casa de la Cultura de Talpa de Allende, el 16 de febrero en la Casa de La Cultura del municipio de Mascota y el 17 de febrero en la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta.

La figura legal es de área estatal de protección hidrológica y el polígono a proteger son 111,633.74 ha en los municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Talpa de Allende y Puerto Vallarta.

“La creación de esta ANP representa una oportunidad para mantener comunicación entre los ecosistemas presentes en las sierras y el área marítima, contribuyendo así a que esta área se convierta en una zona que no sólo preserve sus recursos naturales, sino que permita revertir los efectos más graves de las perturbaciones y las amenazas que actualmente enfrentan sus ecosistemas, al tiempo de promover y fortalecer proyectos productivos alternativos y de desarrollo forestal sustentable. Es uno de los sitios prioritarios para la conservación no solamente a nivel estatal, nacional, sino declarados como prioritarios a nivel continental y por lo tanto entonces también planetario”, explicó Ruiz Mejía, acompañada del presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos.

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CLAVES

Inventarios

9 tipos de vegetación: bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque de Pinus, bosque de Quercus, bosque de Pinus y Quercus, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo (acantilados), bosque de Byrsonima, Curatella o Crescentia (pastizal-sabana), bosque de galería

403 especies de fauna, tanto de especies marinas y terrestres: 41 de peces dulceacuícolas, 31 de anfibios, 80 de reptiles, 314 de aves, y 20 de mamíferos

Certificarán contaminación en arroyo de San Pancho

Vecinos documentan daño ambiental y a la salud por omisiones del gobierno de Nayarit y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El laboratorio certificado del Seapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado) de Puerto Vallarta ha sido contratado por los vecinos de San Francisco, Nayarit, para ponerle cifras y rigor científico al grave problema de las descargas no tratadas que se vierten en el arroyo de Los Izotes, tributario de su estero.

Esta información será la base de las denuncias que la comunidad pretende hacer valer en las instancias oficiales del gobierno del estado de Nayarit y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, pues existe un planta de tratamiento que está debidamente conectada, pero que tanto la Comisión Estatal del Agua como el Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oromapas) se han negado a echar a andar, arguyendo que no es prioridad.

"Tenemos un problema muy serio de contaminación en toda la zona, aunque no es época de calor ya hay brotes de lirio y a la primera lluvia se va a llenar esto de mosquitos; en el pueblo hay problemas con el dengue, es un asunto de salud pública que está provocando esta omisión", dijeron vecinos a MILENIO JALISCO.

Los afectados han acudido tanto a la cabecera municipal como a la capital del estado, en busca de que se reactive la operación de la planta, luego que se ha podido realizar la conexión que impedía que llegaran las aguas residuales y estas se vertían crudas a la corriente. En ambos casos, les han dado largas. "En la CEA nos contestaron que tienen más de 100 peticiones en distintos pueblos, y que todas son importantes", un modo de decirles que deberán esperar a que llegue el turno y haya presupuesto, ironizaron.

Los quejosos consideran que hay elementos legales suficientes para responsabilizar a las autoridades. Los servicios de agua y saneamiento son obligación de los municipios de acuerdo al artículo 115 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales. Además, hay un evidente incumplimiento de la norma oficial mexicana NOM 001 SEMARNAT 1996, que "establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas".

Dicha norma precisa: "el responsable de la descarga de aguas residuales: 1) que cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, está obligado a operar y mantener dicha infraestructura de saneamiento, cuando su descarga no cumpla con los límites máximos permisibles de esta Norma. Puede optar por cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, o los establecidos en sus condiciones particulares de descarga, previa notificación a la Comisión Nacional del Agua", añade.

Al problema de la calidad del agua se agrega el de la alteración del arroyo por la invasión de un fraccionamiento que pretendió desecar parte de la corriente con un bordo. En ese caso, sigue pendiente el proyecto de remediación para regresar el cauce a su estado previo.

Fue conformada una “comisión de verdad” del caso 22 de abril

La Red Jalisciense de Derechos Humanos ya tiene seis personas que han aceptado integrarse; se busca identificar “verdaderos responsables” de tragedia.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos ha conformado ya una "comisión de verdad" que, tras 25 años de los acontecimientos trágicos que mataron a más de 200 personas por el estallido de los colectores del sector Reforma, que se cumplen el próximo 22 de abril, defina de forma correcta y documentada los hechos y las responsabilidades, de acuerdo al informe anual de la agrupación, emitido en diciembre pasado.

"Durante la conmemoración del 24 aniversario [...] nos reunimos con un grupo de líderes de la zona siniestrada del Sector Reforma, encabezados por los ciudadanos David Méndez, Ricardo Villarroel, Sonia del Carmen Solórzano y J. Fernando Acosta; nos reunimos y acordamos para la celebración, en abril de 2017, realizar una conmemoración digna y diferente a las anteriores –'amnésicas'-", lo que derivó en reuniones mensuales en el kiosko del templo de San Sebastián de Analco.

El 21 de mayo y 25 de junio se dieron primeras reuniones de trabajo, se instaló un comité organizador "a fin de integrar una Comisión de Verdad que actuando como un comité ciudadano y de conciencia, pudiera esclarecer las causas y responsables de la tragedia provocada por Pemex-SIAPA-Sedue [Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, federal]-Bomberos Guadalajara, señalando la responsabilidad inocultable del Estado mexicano en su criminogénesis".

Para el efecto, se lanzó convocatoria a una docena de jaliscienses, que conocieran del tema y que tuvieran trayectoria de lucha por derechos humanos. Los convocados: Rosana Reguillo Cruz, Jorge Rocha Quintero y Miguel Baszdrech Parada, del Iteso; Jorge Regalado y Jaime Preciado Coronado, de la UdeG; Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea); Manuel Villagómez Rodríguez de la Fundación Lerma Chapala Santiago; el presbítero católico Ignacio Virgen Buenrostro, de las comunidades eclesiales de base; Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Manuel Falcón Morales, periodista, y los ciudadanos Martín Márquez Carpio y Juan Lanzagorta Vallín.

"Hasta la fecha de la realización de este informe contamos con la aceptación de seis convocados [no precisa cuáles]. En el próximo aniversario, presentaremos en asamblea pública o popular a los integrantes de la comisión, protestarán el cargo, y trabajarán en la investigación del caso hasta integrar un veredicto final, que se publicará como libro" en 2018.

La red también integró una comisión de derechos humanos en el seno del Consejo de Abogados del estado de Jalisco; enfrentó problemas políticos internos en la Red Mexicana de Afectados Ambientales (REMA) – de la que fue excluida por influencia "del cacicazgo colimote" que trata de sacar adelante los proyectos mineros en la zona indígena de Manantlán- y se articuló dentro del Grupo de Amigos de Fray Antonio Alcalde, "para impulsar la causa de canonización del actual siervo de Dios, en la óptica dela tradición iberoamericana de derechos humanos".

Otra actividad esencial fue la gira anual que realizan miembros de la agrupación en la zona de los límites en conflicto entre Jalisco y Colima. "La mayor novedad de los brigadistas fue constatar [...] ante la presencia de 1,700 nahuasy líderes de la comunidad, el consenso alcanzado para desactivar el ejido cenecista, creado en agosto de 1963 por el presidente Adolfo López Mateos, con los obvios auspicios del general Marcelino García Barragán y su cacicazgo regional [PRI-Gobierno], a fin de regresar o reconstituir el régimen de usos y costumbres de la comunidad indígena originaria".

Claves

La tragedia del 22 de abril de 1992 no sólo es el mayor desastre registrado en la historia de Guadalajara, sino el parteaguas de cambios políticos decisivos

Si bien, el gobierno federal reconoció tácitamente la responsabilidad de la paraestatal Pemex, y de instancias estatales, nunca se formalizó judicialmente

Los sobrevivientes señalan que los sucesivos gobiernos estatales escatiman recursos pese a que les dejó daños de por vida que los imposibilita laboral y económicamente

Auge de cotos demuestra la incapacidad gubernamental

Seguridad y servicios se mantienen como renglones de baja calidad en los municipios; los vecinos apuestan por remediarlo en núcleos cerrados.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El auge explosivo del fenómeno de los desarrollos urbanos cerrados, o "cotos", deriva de la falta de regulación por parte del Estado, y de la explotación por el sector inmobiliario de la búsqueda primaria de seguridad de los ciudadanos, una preocupación tan creciente, que ha derivado en que muchas de esas urbanizaciones ya no existan solamente en las zonas más pudientes de la metrópolis, sino incluso en zonas socialmente deprimidas, como Tonalá, sostiene el geógrafo Bernd Pfannenstein, catedrático e investigador en la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El especialista presentó la tarde de ayer una ponencia sobre el tema, fruto de un trabajo a detalle a nivel de planos para determinar los sitios de los aproximadamente 2,500 fraccionamientos de esas características que se ubican en el área metropolitana de Guadalajara, más de la mitad de los cuales están en Zapopan.

"Como otros municipios del AMG, Zapopan se encuentra en el camino a una ciudad fortificada, además, el grado de marginación muestra un patrón de ciudad socialmente desigual, polarizado y fragmentado, esto como consecuencia de la división territorial y las implicaciones que tiene la interacción social en el mismo [...] se requiere llevar a cabo una regularización del crecimiento de las urbanizaciones cerradas residenciales y un fortalecimiento del concepto de la ciudad abierta pues, la presencia de uno y la ausencia del otro, desarticulan la ciudad oponiéndose a los objetivos de funcionalidad e inclusión que los países latinoamericanos buscan lograr. Las políticas neoliberales que rigen la fase de urbanización actual están impactando en la forma como se ha venido construyendo la ciudad [...] la realidad urbanística que significan no ha sido incluida en el marco normativo", dijo a MILENIO JALISCO en un resumen del trabajo, que también fue presentado en octubre de 2016 en la ciudad de Madrid, España.

Si bien, se trata del análisis más actual del fenómeno, y no abundan estudios de ese tipo, una década y media atrás, los investigadores Luis Felipe Cabrales Barajas, del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, y Elia Canosa Zamora, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, hicieron un estudio pionero.

"Independientemente del grado de legalidad, el modelo de los fraccionamientos cerrados puede resultar legítimo para los promotores y usuarios de esos espacios. También es perfectamente entendible que resuelva problemas que el Estado no puede enfrentar y por lo tanto se magnifiquen sus beneficios. Los organismos de planeación urbana y la propia ciudadanía deberían hacer un ejercicio de evaluación de costos y beneficios que esta modalidad urbana supone para la ciudad en su conjunto. Se puede argumentar, por ejemplo, que genera espacios de alta calidad ambiental que permiten la infiltración de agua e incrementan la masa forestal, lo cual genera beneficios indirectos para toda la ciudad. Pero al mismo tiempo dificultan la circulación vehicular puesto que los largos muros cerrados entorpecen la fluidez vial y obligan a realizar trayectos más largos con el consiguiente gasto en tiempo y combustible", lo que contribuye a una peor calidad del aire, destacaban.

El análisis se titula "Segregación residencial y heterogeneidad urbana: los fraccionamientos cerrados en Guadalajara". Añaden un aspecto que puede ser medular: "no cabe duda que la expansión de este tipo de espacios puede resultar cómoda para el Estado desde el momento en que se desentiende de una parte de la ciudad, pero también se necesita evaluar sus efectos sobre la fiscalidad municipal [...] aunque esto forma parte de las libres fuerzas del mercado y aun reconociendo que es difícil de corregir, sería pertinente conocer su lógica de funcionamiento".

En 2017, se mantiene como un fenómeno urbano extendido sobre cerca de 10 mil hectáreas citadina, pero precariamente reflejado en la ley y las acciones públicas.

La otra cara

"No dudo que haya casos de cotos mal planeados o que privaticen espacios púbicos, pero creo que hay muchos lugares comunes en torno a este asunto. Por ejemplo, el coto donde vivimos es propiedad privada en condominio, hay seguridad, buena vecindad, un centro comunitario, alberca y jardines para los niños, servicios de limpieza y otros. Es propiedad privada —como la de una escuela, un hospital, un edificio— donde hay 'comunidad', por decirlo en los términos que les gustan a los académicos. No se obstruye ninguna avenida; hay ciclistas dentro y fuera del coto y la mayoría de los vecino nos llevamos bien, hay juntas periódicas para tratar problemas, como la poca ayuda del ayuntamiento de Tlajomulco para mantener camellones y banquetas. Hace falta reflejar la visión de los habitantes de estos lugares [...] creo que estos espacios, si se construyen con acuerdo con la ley y ofrecen ventajas a sus habitantes, son una opción muy válida para enfrentar una ciudad hostil, insegura. Creo que estos académicos exageran cuando dicen que la ciudad se fragmenta, como si fuera un todo orgánico y armonioso". Testimonio de un morador de fraccionamiento Nueva Galicia.